Número 10                                               Época IV                                     Octubre 2006


FORO HISTÓRICO

Sindicalización, huelga y contratación:
Derechos Inalienables

(Extracto)

Sólo los sindicatos pueden celebrar contratos colectivos de trabajo, y la obligatoriedad de su celebración impuesta por la ley a los patrones descansa, en lo esencial, en que la petición consiguiente pueda ser ejercida con apoyo en los emplazamientos a huelga .

Néstor De Buen

El siguiente documento, presentado por el doctor Néstor De Buen en la sesión del lunes 13 de septiembre en la Secretaría de Gobernación, con relación al proyecto de adición al artículo 123 presentado por el doctor Guillermo Soberón, representa un alegato serio y fundado sobre la anticonstitucionalidad de dicho proyecto. Dado que los periódicos de circulación nacional no dieron a conocer este importante documento, hemos considerado necesario reproducirlo como material fundamental para el conocimiento de las discusiones que tuvieron lugar en torno al mencionado proyecto.

5º REFERENCIA ESPECIAL A LOS PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO.

Al margen de las consideraciones básicamente formales que se han hecho en los incisos anteriores, consideramos indispensable analizar los aspectos sustanciales que están en juego con la medida propuesta por el Sr. Dr. Soberón. Al efecto, seguimos la clasificación antes sugerida:

a) Limitaciones que implica respecto de la libertad sindical.

La libertad sindical, consagrada en la fracción XVI del Apartado "A" se desarrolla en tres direcciones. En primer término, la libertad individual que se traduce en el derecho de los trabajadores para formar o no sindicatos, para adherirse a los formados o para separarse de ellos, de acuerdo a las clasificaciones sindicales previstas en el artículo 360 de la ley; en segundo lugar, en el sentido de ser un derecho de necesario ejercicio colectivo, de clase. Por último, en la autonomía de los sindicatos respecto del Estado, del patrón y de otros organismos sindicales de superior jerarquía: las federaciones y confederaciones.

La libertad colectiva implica el predominio del interés colectivo respecto del individual y por esos se consagra legalmente la cláusula de exclusión en sus dos aspectos: de admisión y de separación. Esta es una cláusula esencial a la vida sindical, independientemente de lo criticable que pueda ser su uso indebido. Pero puestos a elegir entre la aceptación de la cláusula y su rechazo sólo podrá admitirse, de mantener una postura congruente con los fines propios del sindicalismo, la admisión de la cláusula.

Pretende la UNAM , en homenaje a un principio de selección académica que no se limite a las universidades o institutos el derecho a la libre admisión de su personal académico y que no se establezca la exclusión forzosa de cualquier tipo de persona (inciso VIII). ¿Es esta postura, acaso, congruente, con la política observada por la Universidad a lo largo de su vida autónoma?

Soy ya a estas alturas -y ruego se me disculpe por esta referencia personal- un viejo catedrático universitario, ahora un poco en receso, pero que ha vivido intensamente los problemas universitarios, a través de la Facultad de Derecho. Puedo afirmar que la preocupación por seleccionar adecuadamente al personal académico sólo ha tenido vigencia en la época en que siendo Rector el ilustre Dr. Ignacio Chávez, la Facultad de Derecho fue dirigida por un hombre extraordinario: el Maestro César Sepúlveda, quien realizó una tarea inconmensurable al llevar a cabo los concursos de méritos y las oposiciones que permitieron a mi Facultad integrar su cuadro de profesores sobre bases firmes.

Ahora, la dirección eficaz de Pedro Astudillo, hombre valioso si los hay, ha renovado parcialmente esas tareas. Con esas dos ilustres excepciones, los catedráticos de derecho éramos elegidos a capricho del Director en turno, sin mayores consideraciones técnicas. Yo ingresé así al claustro de profesores. ¿Por qué ahora esa pretensión, esa exigencia de atribuir a las autoridades un derecho de selección en base a decisiones unilaterales, fundado en el miedo aparente de que la cláusula de exclusión otorgue a los incapaces el derecho a ocupar las cátedras?

No puede olvidarse -y quien tenga alguna experiencia en contratación colectiva puede dar fe de ello- que la cláusula de exclusión de ingreso puede funcionar racionalmente. Ningún sindicato consciente, y mucho menos un sindicato académico universitario, podrá oponerse a una selección objetiva de los candidatos a los puestos docentes en y de investigación. Pero aun cuando fuera lo contrario, el supremo juez de las universidades que son los alumnos habrá de excluir a los incompetentes e irresponsables. Por más que la cláusula de exclusión imponga al maestro su rechazo por los alumnos hará imposible su permanencia al servicio de la Universidad. Conozco sobrados ejemplos de ello.

En cuanto a la cláusula de exclusión por separación, invoco también a los expertos en derecho laboral para que testifiquen respecto de su viabilidad. En rigor, esta cláusula ha sido sólo un instrumento que fundándose en la convivencia repugnante de patrones y líderes sindicales ha permitido separar a los trabajadores que luchan verdaderamente por los derechos de su clase, pero no ha sido nunca un instrumento de venganza para eliminar trabajadores sólo por discrepancias de opinión respecto de las asambleas mayoritarias de los sindicatos democráticos. Quiero dejar constancia que en mi calidad de asesor jurídico de una Universidad privada del más alto nivel, recomendé y fue aprobado por sus autoridades, que se aceptara en un contrato colectivo recientemente celebrado y, respecto del personal académico, la cláusula de exclusión, en sus dos aspectos. Quedó establecido al consagrarlo que su ejercicio: no podrá fundarse en razones de ideología, raza, sexo o afiliación política, de tal manera que queden a salvo los principios de libertad de cátedra, expresión o investigación por ser esenciales a la Universidad.

No veo por qué motivos las Universidades públicas autónomas estén imposibilitadas para incluir en los contratos colectivos que hayan de celebrar, cláusulas de tenor semejante.

b) Limitaciones que implica respecto del derecho de huelga

Este punto ya ha sido tratado incidentalmente en las líneas anteriores. Sólo quiero agregar que, salvo respecto del Estado, la huelga tiene por objeto esencial apoyar la celebración, cumplimiento y revisión de los contratos colectivos de trabajo, o de los contratos-ley, al exigir el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de participación en las utilidades o expresar la solidaridad con otros movimientos de huelga. En el Proyecto se le atribuyen, en cambio, fines distintos, típicos en nuestro país del derecho burocrático y ajenos, supuesta su condición autónoma, a la problemática de las universidades públicas.

En los términos del Proyecto, la huelga, como instrumento jurídico, se vincula al sistema de arbitraje previo que exige la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en sus artículos del 99 al 109, por lo que pierde totalmente, la eficacia de instrumento coactivo legítimo que le atribuye el Apartado 2A del artículo 123. Esta fórmula, discutible en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, resulta deleznable cuando se trata de los trabajadores que contempla el Apartado A y entre los que sin duda se encuentran los universitarios. En esa medida, y por cuanto se regula una huelga desvinculada de la contratación colectiva, el Proyecto resulta inadmisible.

c) Separación entre las organizaciones gremiales, administrativas y académicas.

Este es, tal vez, uno de los pecados menores del Proyecto. Obviamente rompe con la idea reglamentaria acerca de la existencia de los sindicatos de empresa que agrupan a trabajadores de distintas especialidades que prestan sus servicios a una misma empresa (art. 360-II), pero no implica un atentado esencial a la libertad sindical. Podría aceptarse, pero a nivel reglamentario.

d) Nueva concepción de la contratación colectiva.

En nuestro país, la dinámica del progreso compartido, así sea precariamente compartido, se ha basado sin lugar a dudas en la combinación de las tres instituciones fundamentales del derecho colectivo del trabajo: el sindicalismo, el derecho de huelga y la contratación colectiva. Sólo los sindicatos pueden celebrar contratos colectivos de trabajo, y la obligatoriedad de su celebración impuesta por la ley a los patrones descansa, en lo esencial, en que la petición consiguiente pueda ser ejercida con apoyo en los emplazamientos a huelga. Pero la huelga no es un arma insuperable en manos de los trabajadores. Su ejercicio es riesgoso y comprometido, en la misma medida que es incómodo para la estabilidad patronal. De ahí que la huelga, en nuestro país, haya sido mucho más instrumento de equilibrio que de presión desconsiderada o de venganza.

Estos tres instrumentos han propiciado el desarrollo razonable de las empresas, que se armoniza a través de la función conciliatoria tan magistralmente realizada por los organismos administrativos del Estado. La huelga no ha sido un instrumento ciego, sino un buen medio para llegar a la conciliación.

En el Proyecto se pretende modificar estas reglas que han sido tan convenientes para la paz social, respecto de las universidades públicas autónomas. Se intenta consagrar un derecho sindical a la celebración de convenios colectivos desprendidos de la huelga. Posiblemente el Proyecto se inspira en las formas tradicionales de la contratación civil cuya ineficacia para regular las relaciones laborales ya no requiere de prueba. Esto, señores, es una pretensión absurda en los años finales del sigo XX. Admisible, por razones "históricas, en los albores de las revoluciones sociales de principios del Siglo, hoy se antoja anacrónica, por no decir cosas más duras.

e) Ruptura del principio fundamental de la estabilidad en el empleo respecto del personal académico.

En las fracciones III y VII del Proyecto se propone un sistema de contratación que dejaría en manos patronales la definitividad del personal académico, esto es, su derecho al trabajo quedaría supeditado a prolongadísimas experiencias previas: se sugieren tres años de servicios ininterrumpidos y a fin de cuentas los candidatos se someterían a una posterior y condicionante evaluación académica.

Sin duda, lo anterior rompe con el texto y el espíritu de la original fracción XXII del Art. 123 constitucional que consagró un derecho absoluto a la estabilidad en el empleo, tal como lo reconoció en 1936 la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la ejecutoria Gustavo Adolfo de la Serna , si bien, al cambiar los aires políticos, la ejecutoria Oscar Cué , dictada en 1941, vino a modificar el criterio, haciendo depender del patrón, exclusivamente, el derecho a conservar el empleo.

En 1962, el Presidente López Mateos intentó devolver a la fracción XXII , al menos parcialmente, su tendencia original, pero consagró una serie de excepciones que hoy se pueden ver en el Art. 49 de la ley.

En ningún caso, sin embargo, ni en 1941, ni en 1962, ni ahora, a partir de la ley de 1970, se ha pretendido que la facultad patronal de separar al trabajador pueda ejercerse sin responsabilidad. Esta puede ser grave si no hay causas justificadas para la separación de quienes no tienen el derecho a la estabilidad.

El Proyecto a debate consagra, en cambio, una terminación unilateral, de la relación laboral del personal académico y para ello invoca, en los considerandos previos que en otras universidades del mundo el término de prueba es, incluso, más prolongado. Aun cuando no lo diga, del texto se desprende que esa terminación decretada por el patrón, habrá de ser sin responsabilidad económica alguna.

Es obvio que no podrá admitirse tal criterio. La injusticia que supone es incompatible con los derechos esenciales de los trabajadores y no se justifica en aras de una pretendida selección académica. Ésta puede y debe lograrse de mejor y más justa manera.

6º CONSIDERACIONES FINALES.

El problema que plantea el Sr. Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el distinguido Maestro e Investigador Dr. Guillermo Soberón, parte de un supuesto que se plasma en las consideraciones preliminares del Proyecto. Allí se dice "que la relación laboral universitaria no encuadra en forma completa ni en el Apartado A' ni en el Apartado B' del artículo 123 constitucional... porque las universidades no organizan los factores de la producción -capital y trabajo- en la finalidad de algún propósito lucrativo, ni persiguen ningún provecho económico".

Es falsa la conclusión y ello deriva de la falsedad de la premisa. La problemática laboral universitaria, señores, sí encaja en forma completa en el Apartado "A" del artículo 123 constitucional, que en ningún momento limita su aplicación, ni tampoco lo hace la ley, a las empresas que persiguen fines lucrativos o provechos económicos.

Olvida el Proyecto que suscribe el Dr. Soberón que el proemio del Art. 123 de la Constitución , en el encabezado del Apartado "A" ordena que el Congreso de la Unión expida leyes sobre el trabajo que regirá "Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de trabajo". Allí no se exige ni se condiciona la aplicabilidad de dicho apartado, ni de su ley reglamentaria a ningún propósito de lucro, ni a exigencias de provecho económico.

Pero es más: la Universidad Nacional Autónoma de México ha fundado su negativa a reconocer relaciones colectivas en base a la afirmación de sus representantes de que no es una empresa y ciertamente esto es falso, al menos para los efectos laborales, ya que empresa es, en términos del artículo 16 de la ley laboral, la unidad económica de producción o distribución de servicios, concepto que es aplicable, sin duda alguna, a la Universidad.

Señor Secretario de Gobernación, señoras y señores:

Estamos conscientes de los problemas universitarios y somos los primeros en desear para ellos una solución congruente con los altos fines de justicia social que persigue el Art. 123 de nuestra Constitución y no estableciendo regímenes de excepción. De otra manera podrán producirse conflictos sociales irreversibles. Las leyes limitan la fuerza social por algún tiempo, pero fracasan a lo largo si no reconocen los derechos esenciales de los hombres. Y en nuestro país, señores, los derechos de sindicalización, de huelga y de contratación colectiva son ya, dentro de la ley, al margen de la ley y si es preciso en contra de la ley, derechos inalienables.

México, D. F, a 9 de septiembre de 1976.