Número 12                                               Época IV                                     Septiembre 2007


¿Muere el IPN cardenista?

La actual Dirección General del Instituto se ha gastado un dineral en campañas para promoción de la imagen de su titular en los medios, llegando hasta otorgar un Premio Nacional de Periodismo… ¡sin tener licenciatura o posgrado alguno en periodismo!

Dr. Manuel Servín Massieu
www.cienciaysociedad.blogspot.com

Tan pronto “los villistas” tomaron por asalto los puestos clave del Instituto Politécnico Nacional, desde el sexenio de Fox, se hizo evidente que era un cuento eso de la iniciativa para “la autonomía del Instituto”, o su chipote, el “nuevo modelo académico”, que abanderaron para llegar al poder. No nos referimos a “villistas” seguidores contemporaneos de Doroteo Arango, revolucionario como Lázaro Cárdenas del Río, sino a los cuates del doctor Enrique Villa Rivera, actual Director General del Instituto, elevado al cargo durante la administración gubernamental actual.

El siempre confortable doctor Villa –“a mí el Poli no me quita el sueño” – alcanzó el máximo puesto de la jerarquía politécnica gracias a lo acrítico de sus colaboradores, a la indiferencia de muchos polis timoratos y a la ignorancia de algunos políticos (y políticas) con quienes Villa es siempre simpaticón; Josefina es una de ellas. Aunque buen chico Enrique, su único mérito para llegar al cargo, no obstante, fue haber calentado un sillón de escritorio en oficinas de Zacatenco por mas de 20 años. Mire usted, de los 25 directores generales que ha tenido el IPN en toda su historia, 16 fueron ingenieros que destacaron antes del cargo en la vida social y política del país, siete doctores en Ciencias, con trayectoria de años como investigadores, y dos han sido sólo burócratas, uno de los cuales es el actual.

Lamentablemente, los dislates de Villa pronto se hicieron aparentes desde el inicio de su gestión; por ejemplo, cuando declaró –eso si siempre con aplomo–, por allá de principios del año 2004 (La Jornada 25/IV/04), que “para formar 20,000 doctores al año (para investigación científica, se supone) se requería una inversión económica importante...” ¡Al año!, ¿se da usted cuenta, amable lector, de lo que esto significa? En toda la historia del “sistema nacional de investigadores” –dos décadas– ¡ no pasamos de uno 10 mil a 15 mil ¿Entonces? ¿20,000, al año? ¿Y quién los va a contratar? ¿Dónde están las plazas? ¿Y los presupuestos correspondientes para el ejercicio de cada uno? ¿Y los ayudantes? ¿Y el espacio?

Esa declaración mas bien sonó a vacilada y se dejó pasar (eran tiempos del “Gran Salto Atrás de la Ciencia Mexicana en Tiempos de Fox”). Lo mas serio, sin embargo, es que se han sucedido otras ideas igualmente descabelladas: “Con una inversión del 1 % del PIB”... palabras mas o palabras menos del doctor Villa, “dejaríamos de ser un país subdesarrollado en ciencia y tecnología...” ¡Sopas!, ¡qué confusión! ¿Usted cree que se pueda ser o dejar ser subdesarrollado SÓLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA? Para empezar, el 1, 2, 3 o más porcentaje del PIB que gastan algunas sociedades industrialmente mas avanzadas que nosotros, lo es PUNTUALMENTE para investigación y desarrollo tecnológico, no para otra cosa, como recursos humanos o aspectos diferente de ciencia y tecnología.

¿Que no propuso el doctor Villa, hace un año y aunque usted no lo crea, que “los títulos profesionales CADUCARÁN antes de los cinco años” ? ¡Hágame usted favor!, con el éxodo de técnicos y profesionales a economías mas saludables, con la escasez de personal calificado, con la repulsa generalizada a la educación del Estado y de los jóvenes hacia las carreras científico-técnicas, ¿proponer esa aberración?

Ante estas confusiones tan elementales, sería altamente recomendable en estos tiempos de alta y seria competitividad, que Villa realmente se pusiera a estudiar y empezara a tratar de recuperar para el Poli más CALIDAD académica (olvidemos la demagogia esa de “excelencia”), creando –no requiere de mucho dinero–- un centro, unidad, sección, grupo o como le quiera llamar, de ESTUDIOS SOBRE POLÍTICA CIENTÍFICO-TECNOLOGICA al estilo de la internacionalmente famosa SPRU –­Science Policy Research Unit– de la Universidad Sussex de Gran Bretaña.

Antes que otras cosas, debería empezarse por estudiar al propio Instituto en el contexto actual del país y el orbe, por informar (¿capacitar?) adecuadamente a sus directivos y al propio Director General en la materia y por mantener actualizadas, oportunas y veraces las estadísticas de ciencia, tecnología y enseñanza superior del propio IPN; en el mundo civilizado suele hacerse este trabajo acorde a “la Biblia” del caso, que se llama “Manual Frascati”, en sus versiones antiguas o modernas, pero elaborado por la OCDE en que fuimos sambutidos. Diremos, de pasada, que no existe un grupo así en el país y que mucho se necesita a nivel nacional.

Después de la derrapada villista de la “autonomía”, el llamado “nuevo modelo académico” que promovió el actual Director General del Instituto en un tiempo, no trascendió mas allá de la granja de burros blancos de Zacatenco. No podía haber sido de otra manera, toda vez que se partió, como muchas cosas en el Poli, de una iniciativa de arriba hacia abajo y no al revés; tampoco se partió de un preciso, exhaustivo y honesto DIAGNÓSTICO o AUDITORÍA ADMINISTRATIVA a detalle de la situación en el Instituto; situación que ha llevado a observadores externos del Instituto a exclamar “el Poli no tiene remedio” o “cuando les conviene el CINVESTAV es del Poli y cuando no les conviene, pues no”. Abundan los ejemplos de problemas y situaciones irregulares que parecen pasar inadvertidos para el doctor Villa, su Jefe anterior o la actual, y decimos “parecen” porque a veces el doctor le hace al Tartufe de Moliere.

Aunque es sistemático, el reclamo del doctor Villa (como antes otros directores generales del IPN) por obtener fondos adicionales para proyectos de investigación, nunca gestionó desde sus cargos académicos anteriores un análisis completo de las causas por las que es tan bajo el nivel de aprobación de fondos para proyectos del Poli por parte del CONACYT –generalmente solo un 10% de los aprobados para la UNAM–. ”Abundan los proyectos plagados con faltas de ortografía y, claro, los comités los retachan desde el principio...”, me decía en una ocasión un alto funcionario del Consejo.

¿Y qué ha hecho al respecto Don Enrique? Nada. ¿Cómo va a hacer algo? Si el financiamiento INTERNO, con fondos del propio Instituto para proyectos de investigación, NO exige a los apoyables ni buena ortografía ni que publiquen algo, digamos, en revistas nacionales del padrón de calidad del Consejo. De esta manera, Villa, experto en flotar en las aguas turbulentas del statu quo, como todo buen burócrata, no tiene problemas. Ni a los investigadores se les exige que publiquen ni se controla la simulación del quehacer investigativo que abunda en el Instituto.

Aclaro, por supuesto, que HAY MUCHOS INVESTIGADORES SERIOS Y HONESTOS en las distintas escuelas y centros de investigación del IPN, que publican mucho y en revistas con arbitraje internacional, frecuentemente sufragando de su bolsillo el costo del trabajo. Este es el caso, por ejemplo, de compañeros en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que es la que conozco mejor. El reciente traslado de esta Escuela –la única con estatus de NACIONAL en el IPN– al campus de Zacatenco, implicará en todo caso un cambio de “hábito”, mas control político e la escuela, pero no de mayor apoyo.

Sí, sí hay investigadores serios y con su vida entregada a la ciencia y a la docencia en el Poli, pero esto no es óbice para que abunde la simulación y... la piratería en materia de investigación (los puntitos que dan las evaluaciones académicas cuentan para becas-pecuniarias, usted sabe). ¿Revistas de ciencia y tecnología en el IPN? Debe haber decenas, sí, pero sólo UNA está incluida en el padrón de revistas de calidad del CONACYT, ¿Y a quién le importa, como cantaba Alaska y Dinarama y luego Thalía? ¿No habrá mas recursos para mejorarlas acorde a los lineamientos del organismo “Rector de la técnica” en el país?

Creemos que sí, toda vez que la actual Dirección General del Instituto se ha gastado un dineral en campañas para promoción de la imagen de su titular en los medios, llegando hasta otorgar un Premio Nacional de Periodismo… ¡sin tener licenciatura o posgrado alguno en periodismo!

No es posible hacer una pepena de toda la basura acumulada por años en el pasado y presente del Politécnico, pero tampoco podemos permanecer indiferentes ante la seriedad de la situación y la frialdad de las autoridades encargadas de ayudar al IPN a resolver sus problemas, más llevadas por la simpatía hacia el Director General que por la razón. No resistimos mencionar sólo algunos problemas más. Mire usted, con fines comparativos podemos citar que la Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene en proporción 25 trabajadores administrativos por cada 100 académicos, frente al Poli que tiene 100 administrativos por cada 100 académicos, y, más aún, del total de administrativos del Instituto en toda la nación, ¿es Nacional, no? –unos 12,000– la mitad ¡está adscrita a oficinas centrales en Zacatenco!

La burocracia crece y crece, pero no la productividad ¿Por qué? En el Poli no se corre a nadie, sólo se le cambia de adscripción; abundan los entramados de complicidades mutuas como el clásico “como que no te quejas de mí con el SNTE y como que no veo tus irregularidades, eh?” Mientras tanto, se continúa corroyendo la institución...

Otra: ¿a quién importa que el tabú cardenista de puerta cerrada politécnica a la Embajada estadounidense y los intereses que representa se haya roto? ¿Bajo que condiciones y con cuanto dinero apoyan los yanquis proyectos dentro del Poli actual? Y no nos referimos a los de índole académica, con fondos de fundaciones filantrópicas, que siempre han existido, sino a los financiados directamente por la Embajada vía la AID –­Agency for International Development–, punta de la lanza de la CIA. ¿A quien importa que el proyecto de Museo de Tecnología y Ciencia del Politécnico, en el Campus de Zacatenco, haya mandado al caño 200 millones de pesos al dejarlo colgado sin el apoyo final prometido por el entonces Presidente Zedillo?

En un país como México, que a lo largo del tiempo ha transitado desde regímenes autoritarios –a veces francamente despóticos– hacia la democracia y que dolorosamente trata hoy de consolidarla, qué pena es ver que hay todavía en la nación reductos institucionales tan trascendentes como el Instituto Politécnico Nacional que funcionan gracias al disimulo en el autoritarismo de su Director General, soslayando la carencia de un órgano de gobierno realmente democrático, que concite y proyecte, acorde a los tiempos, la fuerza y crítica de todos sus sectores.

La comunidad académica del IPN, igual que su mítico Consejo General CONSULTIVO, son instancias enmudecidas por el miedo. Al respecto, cómo recuerdo a Bertolt Brecht con aquello de “El hombre libre dice lo que piensa y come lo que puede”. No es trivial agregar el siempre presente temor a represalias y vengancitas, que obligan al silencio entre los académicos de esa noble institución politécnica, fundada por el enorme Lázaro Cárdenas del Río. Es inaceptable que hoy y detrás de todo, estén políticos de los gobiernos panistas más interesados en alinear a una institución “incómoda”, como es el IPN. que ratificarla en los hechos como una institución popular, social y democrática.

No debe permitirse mas deterioro en la máxima institución de enseñanza técnica del país, que tanto ha contribuido con su “saber hacer” y su hacer saber, a la soberanía de la República Mexicana sobre sus recursos naturales y a la educación técnica de la mayoría de la población que menos tiene...

¿Donde estás Lázaro? ¡¡Levántate y anda...!!


 

¿Fracasó la política educativa de Vicente Fox?

El menosprecio de la educación impartida por el Estado forma parte, sin duda, de una estrategia más general de los abogados del neoliberalismo con la que se intenta demostrar que todo lo público es ineficiente y de mala calidad, mientras que se atribuye al mercado la más elevada eficiencia y la máxima calidad.
Jaime Ornelas Delgado

Introducción.

A lo largo del gobierno de Vicente Fox, la educación pública fue sometida, entre otras cosas, a un continuo recorte financiero que le impidió superar el bajo nivel académico que se le atribuye, y en el que se hace continuo énfasis para demeritarla contrastando su situación con la prevaleciente en las escuelas privadas, que se han fortalecido no sólo por la importancia que tiene el sistema educativo como campo de negocios, sino también por el reconocimiento del papel fundamental de la educación formal en la construcción y consolidación del consenso de la dominación y la hegemonía.

El menosprecio de la educación impartida por el Estado forma parte, sin duda, de una estrategia más general de los abogados del neoliberalismo con la que se intenta demostrar que todo lo público es ineficiente y de mala calidad, mientras que se atribuye al mercado la más elevada eficiencia y la máxima calidad.

De esa manera, la política educativa al tiempo de hacer ver como prescindibles a las universidades públicas, ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios el fortalecimiento de un conjunto de instituciones de educación superior del sector privado, donde se forma a las élites que deben administrar el sistema económico y el aparato de la dominación. Al tiempo que se impulsa la ampliación de la cobertura en el nivel básico (preescolar, primaria y secundaria), con el fin de capacitar para el trabajo manual a las masas portadoras de la fuerza de trabajo con las características requeridas por el capital: barata, saludable y adiestrada de manera tan elemental que sea incapaz de reflexionar sobre su situación subordinada y acepte como natural el dominio del capital sobre la sociedad.

Con el propósito de corroborar las anteriores afirmaciones, las siguientes líneas son una primera aproximación a la situación que guarda el sector educativo en México al concluir el gobierno de Vicente Fox.

El proyecto económico–político foxista y la educación pública

Como parte del proyecto económico–político neoliberal, iniciado en México en los años ochenta del siglo pasado, la educación pública ha sido sometida a un continuo acoso financiero, político e ideológico.

En el aspecto económico, se ha decidido apoyar prioritariamente la universalización del ciclo básico y reducir los recursos fiscales destinados a la educación media y, particularmente, los canalizados hacia las universidades públicas a las que, además, se le exige ser autofinanciables. Esto las obliga a buscar fuentes alternas de ingresos realizando o utilizando con frecuencia sus instalaciones en actividades que desvirtúan su esencia, en tanto tienen poco o nada que ver con la actividad académica. (1)

Los aspectos políticos e ideológicos de la acción educativa del régimen de Vicente Fox, han ido desde la eliminación del “monopolio educativo que ejerce el Estado” hasta las propuestas de imponer el libre mercado y la abrir totalmente el sector educativo al capital privado (incluido el extranjero). Estrategia que conlleva la privatización de la enseñanza y el conocimiento, lo que significa transformar el derecho a la educación en un servicio mercantil, dejando que sea el mercado quien decida no sólo la orientación de la educación formal en su conjunto, sino también, particularmente en el nivel superior, las carreras profesionales y los precios a los que se ofrecen los estudios, así como las instituciones que participan en la formación de la oferta total del servicio educativo.

Con la convicción de la supuesta superioridad del mercado sobre lo público, el gobierno de Vicente Fox ha mantenido una actitud para generalizar, entre la población, la certeza de que la educación impartida por el Estado en todos los niveles es de mala calidad. El énfasis de esta ofensiva se ha puesto en la educación universitaria, motivo por el cual se han restringido continuamente los recursos con que se les dota y se ha estimulado la participación del sector privado en la educación universitaria.

El gasto federal en educación

La estrategia gubernamental seguida, de limitar los recursos fiscales destinados a financiar la educación pública en todos sus niveles, ha sido efectiva en la medida que sus objetivos se imponen sigilosamente y sin la oposición de una población escasamente informada, a la que además se le ha hecho reconocer que no le corresponde enjuiciar, o enfrentar, las decisiones gubernamentales.

El resultado de esa taimada estrategia ha sido que en estos momentos el gasto federal en educación en 2006 sea apenas del 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), monto ligeramente menor al de 2005 que fue 4.3%. Conviene recordar que la UNESCO y los especialistas recomiendan, a países como el nuestro, destinar de manera sostenida un mínimo de 8% del PIB al sector educativo para superar carencias y sostener un continuo mejoramiento en el nivel académico del sistema.

Tal y como se puede observar en la gráfica 1, la limitación de recursos fiscales destinados a la educación pública ha sido una constante a lo largo del sexenio. En efecto, al cierre de 2006, según información proveniente del VI Informe de Gobierno del presidente Fox, el presupuesto federal en educación aprobado para este año es de 372 mil 518 millones de pesos, lo que en términos reales significa una contracción real de 0.9% respecto al presupuesto ejercido el año anterior.
Gráfica 1

Bajo los criterios foxistas de escatimar los recursos a lo que es un derecho social y obligar su conversión a servicio mercantil, ha sido imposible frenar la desigualdad educativa existente en el país; por el contrario, mientras la diferencia en años cursados entre los hogares más ricos y los más pobres, en 1986, era de 6 años, en cambio en 2005 esa diferencia se amplió a casi 8 años. (Cuadro 1.)

En el cuadro 1 se muestra que las diferencias de escolaridad se han acentuado debido a que los sectores con mayores ingresos han elevado más rápidamente su promedio de años cursados (aumentaron 4.3 años en los últimos 20 años), mientras que entre la población pobre la escolaridad ha crecido lentamente (2.5 años en las últimas dos décadas.) Así, en tanto la diferencia de escolaridad hace dos décadas era de seis años, en 2006, al concluir el gobierno de Vicente Fox, esa diferencia pasó a ser de casi ocho años.

Cuadro 1
México: Escolaridad en años de la población según ingreso (1986 y 2006)

Población

1986

2006

Diferencia

Más rica

9.00

13.23

4.23

Más pobre

2.96

5.50

2.54

Diferencia

6.04

7.73

1.69

Fuente; Vicente Fox, VI Informe de Gobierno, septiembre de 2006. El Financiero, Sección Mercados, “Análisis Económico”, 6 de septiembre de 2006: 3A.

Pero si lo anterior resulta lamentable, lo es también el hecho de que a lo largo de los gobiernos neoliberales la escolaridad de la población mexicana creciera con lentitud alarmante y desesperante, pues entre 1986 y 2006 la escolaridad promedio de la población pasó de 6 años en 1986 a 8.3 años al finalizar el gobierno de Vicente Fox, apenas dos años en dos décadas.

Esta situación permite llegar a una primera conclusión, en el sentido de que uno de los objetivos de la estrategia neoliberal en materia educativa ha consistido en reforzar la educación de las élites y adiestrar para el trabajo manual a las masas portadoras de la fuerza de trabajo, cancelando la educación que libera y forma ciudadanos preocupados por la democracia y el bienestar social. Se trata, pues, de formar trabajadores que aceptan como natural la dominación social del capital y que siga siendo la clase dominante la que gobierne.

Distribución del gasto educativo.

Además de que el gasto federal en educación en 2006, según la propia Presidencia de la República, mostró una reducción de 0.9 por ciento respecto del monto ejercido en 2005, su distribución muestra variaciones importantes a medida que el nivel académico es más avanzado.

Esto es coherente con los criterios economicistas (por ejemplo, hacer el análisis reducido al costo/beneficio que soslaya el carácter multidimensional de la educación), mediante los cuales el neoliberalismo maneja el sector educativo y que terminan por determinar la “baja rentabilidad social de la educación superior”, en contraste con la del ciclo básico que se considera muy elevada. De acuerdo con la “baja rentabilidad social” atribuida a la educación universitaria, ésta, se concluye, debe ser financiada por el único beneficiario de obtenerla –el estudiante–, quien al concluir sus estudios estará en condiciones de obtener mayores ingresos con el ejercicio de su profesión sin que esto se traduzca en algún beneficio para la sociedad.

Con información contenida en el Sexto Informe de Gobierno, entregado al Congreso por el presidente Vicente Fox el primero de septiembre de su último año, se puede observar que en términos generales todos los rubros educativos resintieron restricciones presupuestarias; restricciones que, por cierto, el gobierno foxista no quiso o no pudo aplicar a su gasto corriente, o al rescate bancario, por sólo citar algunos rubros que hablan del derroche presupuestal ocurrido durante el sexenio.

En el ciclo básico, el gasto de la federación, en términos reales, creció en 2006 apenas 1% respecto del año pasado; pero en el caso del nivel medio, el gasto se contrajo 3.1% real respecto al asignado en 2005, y las condiciones empeoran en la educación superior, cuyos recursos asignados por la federación en 2006 se contrajeron 4.1% en términos reales; finalmente, los recursos federales destinados a la educación de adultos, deporte y cultura cayeron en términos reales 5.5%. (Gráfica 2.)

Gráfica 2

La estrategia foxista de restricciones financieras a la educación pública, ha significado que el gasto por alumno en México sea el más bajo de entre los 30 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organización a la que pertenece nuestro país.

Así, el gasto por estudiante en el ciclo básico en México ascendió a mil 656 dólares anuales, cifra que representa apenas un tercio del gasto promedio en los países de la OCDE, que es de 5 mil 450 dólares; por su parte, en el nivel medio el gasto por estudiante en nuestro país es de 2 mil 790 dólares mientras que en la OCDE alcanza los 7 mil 582 dólares en promedio anual; finalmente, la diferencia de gasto por estudiante en el nivel universitario entre la OCDE y México es también notoria, pues mientras los gobiernos de las naciones integrantes de esa organización destinan en promedio al año 11 mil 254 dólares por estudiante, el gobierno foxista destinó apenas 5 mil 334 dólares, la mitad exactamente. (Cuadro 2.)

Cuadro 2
Gasto educativo por alumno y por nivel educativo en la OCDE y México en 2006 (dólares)

Nivel Educativo

México

OCDE*

Básico

1,656

5,450

Medio

2,790

7,582

Superior

5,774

11,254

* Promedio del gasto de los países miembros.
Fuente: OCDE, Panorámica de la Educación 2006, Paris, 12 de septiembre de 2006.

La educación superior

Observar las cifras del cuadro 2 llevaría a decir que el gobierno de Vicente Fox fracasó en materia educativa, particularmente en el nivel universitario. Sin embargo, respecto de los apoyos otorgados a las universidades públicas podemos decir que el gobierno foxista logró cumplir a cabalidad sus propósitos; baste considerar que en los últimos seis años: “Las universidades particulares han venido creciendo en cuanto a su participación, hasta representar 33% de la matrícula de licenciatura y 42% del posgrado en 2005”, con el agravante que en el gobierno de Vicente Fox las universidades públicas perdieron el 5% de participación en la matrícula total de licenciatura”. (Foro, 2006: II.)

Aún más, lo reducido de los recursos fiscales ha hecho –y justificado– que la cobertura de las instituciones públicas sea baja, en términos de la demanda, y que aparezcan “universidades” y escuelas con limitada y dudosa calidad educativa que, con frecuencia, ofrecen el servicio educativo en instalaciones inadecuadas e improvisadas.

De acuerdo con un estudio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval, 2006), entre 1993 y 2003 la matrícula de las universidades e institutos de tecnológicos (UIT) creció 1.8%, al pasar de un millón 146 mil 200 alumnos a dos millones tres mil 391, que son atendido en las más de mil 200 instituciones públicas distribuidas en el territorio de la República. Este número de alumnos significa que la educación superior (licenciatura, especialización, maestría y doctorado), atiende a sólo el 9.3% de la población del país que va de los 19 a los 29 años de edad.

En su caso, los estudios de licenciatura son proporcionados al 18.3% de la población entre 19 y 23 años de edad. En las universidades autónomas está inscrito el 45% de los estudiantes, mientras el 33% cursa sus estudios de licenciatura en escuelas privadas. En el nivel de especialización, las instituciones de régimen autónomo se hacen cargo del 60% de la matrícula y las empresas privadas del 31%; en cambio, en los estudios de maestría la matrícula mayor corresponde a las universidades privadas, con el 46% del total, mientras que las autónomas atienden al 36%, en tanto que las federales y estatales absorben el 18% de los estudiantes inscritos en este nivel. Finalmente, en 2003 cursaban estudios de doctorado 10 mil 564 alumnos, de los cuales el 57% lo hacia en instituciones autónomas; 24% en federales y el 19% en escuelas particulares. (Cuadro 3.)

Cuadro 3
Distribución de la Matricula de Educación Superior (2003)

Tipo de Institución

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Autónoma

45

60

36

57

Federal

17

9

15

24

Estatal

5

0

3

0

Particular

33

31

46

19

Totales

100

100

100

100

Fuente: Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. La educación superior en elrior en el nuevo milenio: una primera aproximación, Ceneval, México 2006.

El sector privado

La situación de estrangulamiento financiero a las instituciones de educación públicas, así como la campaña ideológica sobre la superioridad de la enseñanza privada, ha significado la multiplicación de escuelas particularidades desde el ciclo básico hasta el superior creadas por “emprendedores privados”, nacionales y extranjeros, que han encontrado una importante fuente de ganancias en la atención educativa a los estudiantes que, o pueden pagar la colegiatura impuesta, o bien, como en el caso de la educación superior, no logran un sitio en las instituciones públicas.

Incluso, es de hacer notar que la educación se convirtió con Vicente Fox en una de las actividades que atrajeron una mayor participación de la inversión privada. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, entre 2001 y 2006 el gasto privado en educación acumuló un crecimiento de 52.5% en términos reales, lo que significó 10 puntos porcentuales por encima del aumento de 41.6% real del gasto público.

Pero los efectos han ido más allá de los negocios. Con la proliferación de las empresas privadas en el campo educativo, la matrícula en las escuelas particulares del sistema educativo nacional pasó de 9% del total en 2000 a 13% en 2006. Tan sólo en este sexenio, los alumnos inscritos en las escuelas privadas pasaron de 3,67 millones a 4,26 millones.

Asimismo, se observa un mayor dinamismo en el número de escuelas privadas que en los últimos seis años han avanzado 37%, en contraste con el número de escuelas estatales que sólo avanzaron 6.4% y las federales que lo hicieron todavía con mayor lentitud: apenas 5.6%. (El Financiero, Suplemento “Análisis Económico”, 21 de agosto de 2006: 3A.)

Conclusión

Finalmente, podemos decir que en materia educativa la estrategia foxista de ninguna manera se puede decir que fracasó, pues los resultados alcanzados cumplen estrictamente con los afanes privatizadores de los gobiernos neoliberales, y el de Vicente Fox lo fue, sin duda.

Notas
1. A finales de octubre de 2006: “Rectores de universidades públicas denunciaron que la falta de financiamiento provocó crisis severas en dichas instituciones al grado que la de Sinaloa está prácticamente en quiebra y las de Guerrero, Zacatecas y Oaxaca arrastran pasivos millonarios […] La situación se agravó luego de que la Secretaría de Ecuación Pública no canalizó la ayuda extra que aprobó la Cámara de Diputados en 2005” para las universidades con dificultades financieras. (La Jornada, 27 de octubre de 2006: 50.) Esta situación que se generaliza, ha hecho que algunas universidades públicas, con el fin de elevar sus ingresos, hayan decidido entre otras cosas algunas verdaderamente insólitas, como ofrecer en alquiler algunas de sus instalaciones para “bautizos, comuniones, bodas y 15 años”.

Fuentes
Ceneval (2006). La educación superior en el nuevo milenio: una primera aproximación, Centro
Nacional de Evaluación para a Educación Superior, México.
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2006). “Ciencia, Tecnología e Innovación en México; Hacia una Política de Estado”, en Investigación y Desarrollo, suplemento de La Jornada, septiembre.
Fox, Vicente (2006). VI Informe de Labores, Poder Ejecutivo, México, septiembre.
González Casanova, Pablo (2001). La Universidad necesaria en el siglo XXI, Ediciones ERA, México.