Número 12                                               Época IV                                     Septiembre 2007


El Servicio Nacional de Empleo
frente al trabajo en México

Mientras no haya una reactivación económica capaz de generar empleos productivos, que vaya con el paso del tiempo satisfaciendo una oferta de mano de obra que cada vez se acrecienta más y que no se ha agudizado porque cientos de miles de compatriotas emigran año con año a los Estados Unidos, en búsqueda del trabajo que en el país no existe, la laxitud en el mercado laboral seguirá y la migración persistirá.

Jaime Gallegos Gómez             

En el Artículo 123 constitucional se establece que es competencia del gobierno federal todo lo relacionado con la obligación de los patrones de proporcionar capacitación a sus trabajadores, y que para ello contará con el auxilio de las autoridades estatales “cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local”; para el efecto, la ley reglamentaria ”determinará los sistemas, métodos y procedimientos” a los cuales deberán ajustarse los patrones; además de que “el servicio de colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular”.(1)

Por esa disposición corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del Servicio Nacional de Empleo (SNE), encargarse de instrumentar los programas que en materia de capacitación se derivaron del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la aportación del gobierno federal, así como de la administración, supervisión y fiscalización de los recursos que se otorgan a cada una de las entidades de la república.

El SNE se fundó a partir de las reformas que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en el año de 1978. Su objetivo fundamental “es facilitar la vinculación entre oferentes y demandantes de empleo orientando a los buscadores de empleo hacia las vacantes existentes; apoyando la calificación de la población desempleada y subempleada, de acuerdo con las necesidades del aparato productivo, así como auxiliando a las empresas para cubrir sus requerimientos de personal”.(2)

Esta afirmación es falsa. El trabajo genera valor. Constituye la fuente de creación de la riqueza social. Es útil y socialmente necesario. Su concreción evidencia que encierra el trabajo abstracto que no se ve ni se toca pero hace posible la existencia de todos los bienes materiales que se producen en sus múltiples manifestaciones para satisfacer las necesidades del hombre en sociedad.

El producto del trabajo es consecuencia del desgaste físico y mental que sufre el individuo todos los días laborables durante su jornada de trabajo. Al producto del trabajo, una vez puesto en circulación y destinado al consumo se le denomina mercancía; al desgaste físico y mental que se da durante los procesos productivos se le llama fuerza de trabajo. Ésta es también una mercancía que se compra, se vende, se alquila, se desecha e incluso se aniquila. A diferencia de las demás, la fuerza de trabajo cuenta con dos cualidades de las cuales carecen el resto de las mercancías: es la única que se reproduce a sí misma, y es la única que primero se aprovecha y se consume para después ser remunerada.(3)

Si esto es así, la mercancía fuerza de trabajo se ve sujeta a los vaivenes de la mano invisible de la que hablara Adam Smith en “La riqueza de las naciones”, casi un siglo antes de que Marx escribiera “El capital”. Sí, en una economía de mercado ni las asociaciones civiles, ni las organizaciones sociales, ni las instituciones del Estado son responsables de satisfacer las necesidades de nadie, ni de resolver los problemas económicos de persona alguna. Esa responsabilidad queda en manos de millones de consumidores y miles de empresas que de manera libre y voluntaria realizan intercambios orientados a mejorar su economía, bajo la coordinación de “la mano invisible” de un sistema de precios y mercados.(4)

En este sistema de precios y mercados, la mercancía fuerza de trabajo está sujeta a la ley de la oferta y la demanda; en consecuencia, si la oferta de empleo es poca y la demanda mucha, el precio del salario disminuye.

Desde una perspectiva supuestamente humanística y con una clara tendencia religiosa, ningún ser humano puede ser visto como mercancía, sobre todo cuando todos los seres humanos tienen derechos iguales ante dios y jurídicamente están consagrados en nuestra constitución. Todos somos iguales. Si los excluidos del trabajo demandan empleo y quien habrá de satisfacer su necesidad de trabajo es un individuo que abre fuentes de trabajo para ayudar y ayudarse, esta relación es sencillamente humana.

El benefactor que necesita contratar personal es una persona empeñada en crear más y mejores puestos de trabajo para ayudar a los que menos tienen y contribuir al desarrollo de la sociedad. Su esfuerzo se expresa en crear oportunidades para los demás, para los más necesitados, y se materializa cuando contrata a una persona para que labore en su empresa. Se trata de un oferente de empleo.

Todas las personas que carecen de empleo y aquellas que año con año se ven en la necesidad de sumarse a los otros en la búsqueda de un empleo, encuentran oportunidades en los anuncios de periódico, publicaciones especializadas, la Internet y en las bolsas de trabajo privadas y públicas que tienen muchas opciones a elegir. Si no trabajan es porque no quieren. Trabajo hay; si no lo encuentran es porque buscan trabajo con ganas de no encontrarlo. Es una pena que con tantos esfuerzos que realiza el gobierno para “vincular a los oferentes y demandantes de empleo” los segundos desprecien lo que se les ofrece y prefieran vivir sin trabajar. De nada sirven los esfuerzos que realizan los inversionistas para crear más y mejores fuentes de trabajo.

No, no es cierto: el millón 800 mil desempleados que hay en el país y el millón 200 mil que año tras año se incorporan a la PEA, no trabajan no porque no quieran sino porque tienen dignidad y se esfuerzan por preservarla a pesar de las contingencias que viven. En su diario trajinar en la búsqueda de un empleo digno se encuentran frente a una realidad que los agobia: los salarios son nimios, la gran mayoría de empleos que se les ofrecen carecen de estabilidad laboral y de prestaciones sociales

En realidad el desempleado no es un demandante de empleo sino un oferente de empleo. Dejado atrás el problema religioso y humano del empleo, si fuera cierto que el oferente es el empresario, frente a tan poca oferta y tanta demanda de empleo, el precio del salario sería muy alto. Ocurre lo contrario porque el desempleado es el oferente de la mercancía fuerza de trabajo. Es tal la oferta de empleo y tan poca la demanda que el precio del salario se depauperiza y las condiciones de trabajo se flexibilizan, a pesar de lo consagrado en las leyes. En síntesis, a mayor número de desempleados, menores niveles salariales. El desempleo responde a una necesidad de la sociedad capitalista. Entre más opulencia exista, mayores serán los niveles de miseria. La concentración de la riqueza en unas cuantas manos es una condición sine qua non de este sistema.

Empleo y desocupación, ingresos y poder de compra

Durante el sexenio anterior se generaron menos plazas de empleo formal que en los 25 años anteriores, a una tasa promedio menor del 22%; lo anterior significa que de un promedio anual de 290 mil plazas, en el sexenio del cambio hubo un promedio de 228 mil; esto es, señala Carlos Fernández-Vega, aproximadamente un millón 370 mil plazas frente a una demanda de 7.2 millones, sin contar a los 3 millones 253 mil 663 personas que emigraron a los Estados Unidos en búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida que las existentes en su país natal. Esta cantidad representa el 8% de la PEA.(5)

Si en los primeros 45 días de gobierno del “Presidente del empleo” fueron despedidos 256 mil trabajadores; en los primeros 30 hubo una pérdida de empleos formales de 180 mil, divididos en 94 mil puestos con “estabilidad laboral” y 86 mil eventuales. Esta cancelación de plazas representa “el 15% de los empleos formales generados y registrados” en el IMSS durante todo el sexenio anterior; de tal suerte, que solamente 16 de cada 100 mexicanos en edad laboral pudieron ubicarse en el empleo formal.(6)

En los cinco lustros de neoliberalismo la desigualdad social se ha acentuado. La polarización entre la riqueza y la pobreza es cada vez mayor. No puede ser de otra manera si la tasa de crecimiento anual del producto en ese periodo es del 2% en promedio, si en los últimos seis años existe una demanda de plazas de 1.2 millones anualmente, si el incremento del desempleo es desmesurado y si hay una pérdida constante en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores.

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo dada a conocer por el INEGI en diciembre pasado, se registra que en el país hay un millón 784 mil 910 desempleados; de éstos, el 32.77% son profesionistas o han concluido sus estudios de bachillerato, 37.24% cuentan con secundaria, 19.34% tienen primaria y 10.63% no cuentan con ella. Es alarmante; sobre todo si se considera que en la encuesta del INEGI se dice que 4 millones 921 mil personas “disponibles para trabajar no buscaron empleo, por considerar que no tenían posibilidades de conseguirlo” y que 111 mil 124 disponibles para trabajar “han desistido de buscar empleo”.(7)

Es así como 5 millones 32 mil 124 personas consideran cerradas sus posibilidades de colocarse en un empleo porque al contratarse no cuentan con seguridad social, carecen de estabilidad laboral porque casi todas las vacantes son eventuales; en aquellas empresas donde les garantizan estabilidad en el empleo existe rotación de turnos de personal y, lo más grave, en todos los casos los salarios son exiguos.

El Artículo 25 constitucional establece que al Estado corresponde “la rectoría del desarrollo nacional... mediante el crecimiento económico y el empleo” para fortalecer la soberanía del país y su régimen democrático,(8) y en la fracción XX del Artículo 27 se señala que también le corresponderá al Estado promover “el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional”.(9)

Desarrollo que debe tener como prioridad el desarrollo social y luego el desarrollo económico, porque éste tardará en darse, será la consecuencia de una lucha social y política; implica la recuperación toda del proyecto constitucional, la reivindicación de la empresa pública, la dignificación y necesaria reestructuración de las instituciones, así como democracia y libertad política.

El contenido del Artículo 123 de la Constitución es famoso, polémico y transgredido. Famoso por su profundo contenido social; polémico, porque trastoca las fibras más sensibles de las relaciones entre el capital y el trabajo; transgredido, porque en la hora del cambio estructural desde un principio fueron evidentes la postración de las dirigencias sindicales y la claudicación del gobierno en la defensa de los bienes nacionales, siendo omisos de sus reminiscencias históricas en su cumplimiento.

Este artículo en su fracción sexta dispone que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”,(10)  correspondiéndole a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos establecer el monto de los mínimos salariales. Esta comisión es tripartita. La integran representantes de los trabajadores, el gobierno y los empresarios, cuya connivencia coadyuva al deterioro constante del salario y al permanente incremento de la Canasta Básica con respecto a los precios generales al consumidor.

En los últimos siete años, y tomando como base la zona económica A, considerada la más cara,(11) el aumento al salario mínimo fue de $10.22 porque en el año 2001 era de $40.35, en el 2002 de 42.15, en el 2003 de 43.65, en el 2004 de 45.25, en el 2005 de 46.85, en el 2006 de 48.67 y en el 2007 de $50.57.

En México, hay 23 millones 197 mil 214 trabajadores en activo. Perciben hasta un salario mínimo 5 millones 460 mil, el 23.53%; entre uno y dos salarios mínimos 8 millones 530 mil, el 36.77%; con más de dos salarios mínimos 9 millones 207 mil 214, el 39.69%; esto significa que la gran mayoría de los trabajadores del país ganan hasta dos salarios mínimos porque sumados los que ganan entre uno y dos representan 13 millones 990 mil, el 60.30%.(12)

El año pasado, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue de 4.05% por encima de los precios de la Canasta Básica que fueron de 4.18%. Durante todo el sexenio anterior los precios de ésta crecieron más que los precios generales al consumidor, porque los primeros aumentaron un 33.2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 29.8%. Es así como “el aumento acumulado de precios, señala Márquez Ayala, entre 2000 y 2006 de la canasta básica fue de 44.8%, mientras que los aumentos a los salarios mínimos del primero de enero de 2006 al primero de enero de 2007 acumulan únicamente 39.2%... La pérdida mencionada se adiciona a la merma de más de 2/3 partes de su poder adquisitivo en el último cuarto de siglo”.(13)

Una breve síntesis de lo que ha ocurrido con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios mínimos en el mismo periodo “resultante de una inflación cuatro veces superior”, la presenta Fernández-Vega cuando dice que “el incremento acumulado para el salario mínimo (promedio) ronda 20 mil por ciento, contra un crecimiento inflacionario cercano a ochenta mil por ciento”, a pesar de que cada año al autorizarse el incremento salarial se dice que se recuperan los salarios mínimos; si así fuera, estos salarios debieran ser de cuando menos 196 pesos diarios“.(15)

Los gobiernos de los últimos cinco lustros han dejado de lado la función del Estado de ser rector de la economía para procurar el desarrollo social y económico del país, garantizar el crecimiento, resguardar la soberanía y preservar y desarrollar la democracia; en su lugar, se dieron a la tarea de adelgazar al Estado vendiendo al capital nacional e internacional la empresa pública, dándoles facilidades fiscales a los nuevos propietarios; todo ello con el prurito de incentivar la inversión, estimular el ahorro interno, generar más y mejores fuentes de trabajo, modernizar la planta productiva e insertar a México en la economía mundial sobre nuevas bases.

El saldo es negativo. Los problemas sociales se acrecientan, la desigualdad se hace cada vez más grande y la economía parece tambalearse. En vez de hacer frente a esta situación, el nuevo presidente sostiene que el principal problema del país es el de la seguridad, que debe afrontarse para mantener el orden y dar garantías a las nuevas inversiones, como si la delincuencia y todo lo que trae y arrastra consigo fueran resultado de la generación espontánea.

No, no es así. Los magros salarios, el aumento desmesurado del desempleo, la falta de oportunidades y, entre otras, el abandono de la función social del Estado son causantes del aumento de la delincuencia y de que se presenten perturbaciones sociales. No se trata de justificar, pero tampoco de ser omisos frente a una realidad que nos agobia por su gravedad.

Uno de los problemas más acuciantes es el del empleo. La norma constitucional en su Artículo 123 establece que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo”.(15)

Esta disposición no se cumple porque no existe ninguna posibilidad de que el gobierno cree nuevas fuentes de trabajo; porque la generación de obra pública solamente puede generar empleos temporales, aunque -y es importante- incentiva la producción en diferentes ramas industriales; porque prácticamente no hay inversión productiva, los grandes capitales prefieren invertir en la bolsa de valores y estimular el consumo dando grandes facilidades para la obtención de tarjetas de crédito, antes que invertir en capital de riesgo

El gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo

Para paliar la crisis del empleo y apoyar a las empresas privadas, el gobierno desde hace casi treinta años viene estableciendo convenios con la banca internacional para promover la capacitación en y para el trabajo. La primera orientada a los trabajadores en activo, la segunda dirigida a los trabajadores desempleados o subempleados. Los primeros convenios fueron establecidos con el Banco Mundial. En el año 1996, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno federal suscribieron tres contratos de préstamo para instrumentar un proyecto de Normas y Certificación de Aptitudes, el llamado CONOCER, y el Programa de Modernización del Mercado Laboral que, a su vez, incluye el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (PROBECAT) y el Programa de Calidad Integral y Modernización (CIMO).

El 10 de marzo de 2002, el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribió con el BID el Contrato de Préstamo N° 384/OC-ME por 300 millones de dólares para el Programa Multifase de Apoyo a Capacitación y Empleo, Fase I, dando inicio a un proyecto general de tres fases a nueve años, por un monto total de mil 800 millones de dólares, correspondiéndole a cada una de las partes aportar el 50%.(16) Este documento está integrado por Estipulaciones Especiales, Normas Generales y los Anexos A, B y C; del mismo se derivó un Contrato de Mandato y Ejecución de Proyecto para la Administración, Ejecución y Supervisión del Préstamo.

El objetivo general del Proyecto era “promover el desarrollo, el potencial de empleo, la movilidad laboral, y la productividad del trabajador de tal forma que sea más competitivo, y la capacidad en materia de planeación, análisis y programación de políticas de mercado laboral del sector… Los objetivos específicos del Proyecto son: (i) mejorar las actividades de vinculación laboral para trabajadores subempleados y desempleados; (ii) mejorar la productividad del trabajador en activo para aumentar su competitividad; y (iii) fortalecer la evaluación de políticas de mercado laboral y desarrollo institucional”.(17) Para lograr todos estos objetivos se establecen los lineamientos generales de los programas que habrán de denominarse: Programa de Apoyo al Empleo (PAE) y Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC).

En el Programa de Apoyo al Empleo se invertirán 239 millones de dólares, orientados a reducir costos en la búsqueda de trabajo de los desempleados y en la contratación de personal por parte de los empresarios; se pretenden hacer más eficientes los servicios de empleo y ampliar significativamente la cobertura de beneficiarios. “Las metas de atención anual se incrementarán de 630,000 a 1.2 millones de trabajadores desempleados y subempleados lo cual le permitirá al programa atender hasta 7.5 millones de buscadores de empleo en un periodo de nueve años”.(18)

En el Programa de Apoyo a la Capacitación se realizará una inversión de 56 millones de dólares con la finalidad de incrementar la productividad y la competitividad de las empresas pequeñas, medianas y microempresas. La capacitación en el centro de trabajo “permitirá incrementar la atención de 50,000 empresas por año a aproximadamente 100,000 empresa por año y capacitar a alrededor de 350,000 de sus trabajadores…; se introducirán nuevas acciones de capacitación a distancia que influirán en 200,000 empresas adicionales.(19)

Algunos gastos específicos que habrán de realizarse son: seis millones de dólares para contratar los servicios del INEGI para la realización de “encuestas de población y situación laboral”; tres millones de dólares para contratar a la empresa de telecomunicaciones Avantel para la línea de teléfono 01-800 del Programa Chambatel; dos millones 800 mil dólares para publicidad en televisión; un millón 200 mil dólares para publicidad en radio; y un millón 500 mil dólares para publicidad en prensa y material escrito.(20) La distribución económica total del programa en millones de dólares es la siguiente: 478 para el Programa de Apoyo al Empleo, 106 para el Programa de Apoyo a la Capacitación, 11 para la Evaluación de Políticas de Desarrollo Institucional, dos para Auditorías y tres por el Costo Financiero.

El programa de apoyo al empleo

El Programa de Becas de Capacitación para el Trabajo (BECATE) se sostiene con los recursos económicos fiscales y una aportación del presupuesto federal. Las entidades federativas por cada peso que aporten recibirán dos de la federación. El monto máximo de la aportación económica estatal es de 24 millones 700 mil pesos. La máxima contribución de la federación es de 49 millones 400 mil pesos.

Sin embargo, la federación establece condiciones a los estados porque considera “que los recursos que la Federación otorga a las entidades federativas para operar el PAE no pierden su carácter federal al ser entregadas a las mismas y, por tanto, su ejercicio esta sujeto a las disposiciones federales aplicables”, y por supuesto a las convenidas con el banco porque el BID se reserva “el derecho de realizar inspecciones cuando lo considere necesario de acuerdo a lo establecido en la cláusula 5.01 del Contrato de Préstamo 1384/OC-ME”.(21)

Este programa se orienta a brindar capacitación para el trabajo a personas que se encuentren en situación de desempleo y subempleo con el propósito de que estén en condiciones de colocarse en un trabajo; para ello se diseñaron varias modalidades de capacitación, a saber: “Capacitación Mixta” en las grandes empresas, “Capacitación en la Práctica Laboral” en las micros, pequeñas y medianas empresa; “vales” de capacitación para impartir cursos sólo en escuelas privadas, porque el presupuesto federal excluye a las escuelas públicas; “Capacitación para el Autoempleo”, “Capacitación Productiva” y “Proyectos de Inversión Productiva” para quienes deseen desarrollar una actividad productiva por cuenta propia; “Empleo Formal” para los llamados “buscadores activos de empleo“; “Repatriados Trabajando” y “Capacitación para el Trabajo en las Zonas Expulsoras y Receptoras”, para los mexicanos que ante la ausencia de oportunidades en sus localidades de origen se vieron en la necesidad de emigrar a los Estados Unidos con la esperanza de encontrar el empleo que no encuentran en su país, y para quienes para su buena o mala fortuna fueron detenidos por la “migra” y devueltos a México.

Si bien –por razones de espacio- no es posible explicitar en qué consisten cada una de las modalidades, es importante señalar que los apoyos del gobierno, dependiendo de la modalidad, contemplan la incorporación a los servicios de salud para que los beneficiarios cuenten con atención médica de primer nivel, seguro contra accidentes, beca económica en los cursos de capacitación que puede ser entre uno y tres salarios mínimos mensuales, apoyo para pasajes, un apoyo económico por una sola ocasión, otorgamiento de materia prima o un “crédito” que se va al llamado “fondo perdido” para adquisición de maquinaria herramienta y equipo.

El SNE y los servicios estatales de “colocación”

El Programa de Apoyo al Empleo con todo y la importancia que pudiera tener, no es la tarea fundamental de los servicios de empleo de las entidades federativas. Ésta es solamente una actividad complementaria del ser y la razón de ser de estos servicios: lograr “colocar” en un empleo a la gran cantidad de desempleados y subempleados que existen en el país. Esa es su tarea primordial.

Para lograr la consecución de esa misión que hasta ahora ha resultado imposible alcanzar, se diseñaron varias estrategias de colocación gratuitas(22) que se abordan a continuación: ”Chambatel” es un servicio telefónico al cual pueden recurrir los “buscadores activos de empleo”; ”MI Chamba” es una publicación periódica destinada a los desempleados; “Chambanet”, “Kioscos Chambanet” y “Centros de Intermediación Laboral” son servicios que se proporcionan por la Internet a quienes buscan un empleo; “Ferias de Empleo”, “Talleres para Buscadores de Empleo”, “Abriendo Espacios” y la “Bolsa de Trabajo” coordinan los servicios estatales de empleo.

La operación de las estrategias de colocación enfrenta múltiples dificultades que las alejan cada vez más del cumplimiento de sus objetivos. Independientemente del espíritu mercantil que inspiró su creación y de la ausencia de una política económica que promueva la inversión productiva para contribuir, entre otras cosas, a la disminución del desempleo, los servicios estatales de colocación luchan contra la adversidad porque no existe una legislación que defina con claridad quién debe promover la inserción en el trabajo de los casi dos millones de desempleados que existen en el país.

En el numeral XXV del Artículo 123 constitucional se establece: “el servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia”.(23)

La ley reglamentaria de este artículo dice sobre el servicio de colocación de los trabajadores que “invariablemente será gratuito para éstos” y debe ser proporcionado por la STPS y los servicios de empleo de los Estados; pueden participar también otras instituciones públicas o privadas con los mismos fines. Inexplicablemente, la ley permite que pueden participar empresas particulares “con fines lucrativos” para ofrecer este servicio, en cuyo caso deberán obtener su registro y “sólo podrán otorgarse excepcionalmente, para la contratación de trabajadores que deban realizar trabajos especiales”(24) contemplados en el Título Sexto de la propia ley.

La constitución es imprecisa. Solamente establece que el servicio de colocación es gratuito para los trabajadores, y con el prurito “legaloide de que lo que no está prohibido está permitido”, pululan por doquier empresas privadas de colocación en todo el país. Por otra parte la STPS demuestra su irresponsabilidad al no frenar sino incentivar su funcionamiento.

Basta ver las inserciones en los periódicos, las publicaciones especializadas, y consultar la Internet para darse cuenta de que, sin rubor alguno, estas empresas se anuncian; más aún, existen las llamadas “Juntas de Intercambio” y los “Sistemas de Empleo” estatales en los cuales participan los representantes de las empresas que sí necesitan contratar personal para que laboren en sus instalaciones, los representantes de los gobiernos y otras instituciones públicas que proponen candidatos a ocupar puestos de trabajo, así como representantes de bolsas de trabajo privadas que ofrecen plazas en diferentes ramas de la producción y los servicios para que sea contratado personal disponible.

A estas empresas con fines lucrativos no se les pide que muestren su permiso para promover “la contratación de trabajadores que deban realizar trabajos especiales”, de acuerdo con la tipología que define la ley; al contrario, se permite su participación con el argumento de que proporcionan “cartera de vacantes”. Es cierto parcialmente, pero qué utilidad pueden tener unas “juntas” y “sistemas” promotores del empleo si cada mes que se reúnen es mínima la colocación que logran; en cambio, las bolsas de trabajo lucrativas incrementan desmesuradamente su cartera de solicitantes de empleo.

Para quienes laboran en los servicios estatales de empleo es desolador publicar una gran cantidad de vacantes, atender una enorme suma de solicitantes de empleo y lograr una mínima colocación de trabajadores desempleados. No es su culpa, pero su trabajo está en riesgo porque se les paga para dar resultados, si no positivos cuando menos alentadores; por ello, es posible que recurran al maquillaje de las cifras oficiales.

A principios de año, el SNE publicó un resumen global de los resultados obtenidos el año pasado. El informe indica que se atendió un millón 772 mil 493 personas; de éstas, al servicio de colocación le correspondió atender a un millón 456 mil 846, el 82.3%; para el PAE fueron canalizadas 313 mil 647, el 17.7%. Del total de atendidos lograron ser colocados en un empleo un total de 377 mil 747 personas, de las cuales le correspondió colocar al PAE 221 mil 547, el 58.65%; en cambio, el servicio de colocación solamente pudo conseguirle empleo a 156 mil 200 personas, 41.35%.(25)

Ocho entidades de la federación contribuyen con el 63.3% de la producción bruta total del país: El Distrito Federal con el 23.3%, Estado de México con el 8.5, Nuevo León con el 8.4, Jalisco con el 6.0, Campeche con el 4.5, Veracruz con el 4.3, Guanajuato con el 4.3 y Coahuila con el 4.0%. Todas ellas atienden a un millón 078 mil 038 personas, el 60.82%, mientras que las otras 24 atendieron a 694 mil 455, el 39.18%, entre un total de un millón 772 mil 493 personas. Los colocados que tuvieron estas ocho entidades en sus servicios de empleo y el PAE fueron 171 mil 690, el 45.46%, en tanto que las otras 24 lograron colocar en un empleo a 206 mil 057, el 54.54%, de un total de 377 mil 747 colocados en el país.(26)

El total de colocados en el PAE fue de 221 mil 547; de éstas, las ocho entidades federativas colocaron a 59 mil 552 personas, el 26.88%, mientras que las otras 24 lograron ubicar en un trabajo a 161 mil 995 personas, que representan el 73.12% del total. La colocación que realizaron los servicios de empleo fue de 156 mil 200 personas; de éstas, 112 mil 138, el 71.79%, las hicieron las ocho entidades de referencia, correspondiéndole colocar por esta vía a 44 mil 062 personas al resto de las entidades, esto es, el 28.21%.(27)

A manera de conclusión

De acuerdo con las cifras que se presentan en este ensayo, pareciera ser que el empleo formal que se ofrece se parece cada vez más al informal, porque la mayoría de vacantes disponibles son eventuales, no se contrata a la gente de acuerdo con las prestaciones que la ley establece, los salarios son exiguos y existe una gran rotación de personal debido a que la gente se contrata en un empleo por necesidad y no porque éste cumpla con sus expectativas. De ahí que su permanencia sea transitoria.

Mientras no haya una reactivación económica capaz de generar empleos productivos, que vaya con el paso del tiempo satisfaciendo una oferta de mano de obra que cada vez se acrecienta más y que no se ha agudizado porque cientos de miles de compatriotas emigran año con año a los Estados Unidos, en búsqueda del trabajo que en el país no existe, la laxitud en el mercado laboral seguirá y la migración persistirá. Lamentablemente, el bajo crecimiento de la economía en los últimos 25 años parece ser que continuará manteniéndose en el mismo nivel en el futuro próximo.

La primera fase del contrató de préstamo del BID concluyó en diciembre pasado, para contratar la segunda debieran reorientarse sus objetivos. Ya que no habrá cambios en la política económica, sí puede pensarse en hacer más eficientes los servicios del SNE si sus modificaciones se encaminan a la descentralización para que los cursos de capacitación en y para el trabajo que proporcionan las entidades federativas a los desempleados y subempleados tengan como punto de partida las necesidades locales, estatales y regionales.

Esto se puede lograr con unas reglas de operación flexibles que le permitan a los Estados y al DF planificar la operación del PAE sin cortapisa alguna. Las reglas deben dejar de ser una “camisa de fuerza”. La federación, mientras persista en seguir centralizando la aplicación de los programas sociales e imponiéndole las condiciones a los estados, los resultados no serán los mejores. El objetivo fundamental debiera ser apoyar a las unidades productivas y no a las personas en los casos que proceda, y en los otros promover cursos de capacitación que realmente garanticen la inserción de los egresados en el mercado laboral con posibilidades reales de contratación.

Para transitar en esa perspectiva es necesario que los gobiernos de las entidades federativas sean capaces de crear y desarrollar mayores y mejores vínculos de colaboración con quienes integran los “Consejos Estatales para el Diálogo con los Sectores Productivos” (CEDISP), conformados paritariamente por las dependencias gubernamentales federales y estatales, asociaciones de empresarios y trabajadores e instituciones educativas, con los cuales se supone que se deben analizar y proponer “políticas y estrategias tendientes a procurar el desarrollo de proyectos específicos de inversión, la estabilidad y el aumento de oportunidades de empleo y la vinculación de la oferta y la demanda del mercado de trabajo” en cada entidad.

Es posible buscar un acuerdo de consenso en estos consejos, para lograr que el Catálogo Nacional de Ocupaciones que publica el SNE determine cuáles son los trabajos especiales para acotar a las bolsas de trabajo constriñéndolas a lucrar solamente con esos puestos de trabajo; mientras se hacen leyes estatales de Bolsa de Trabajo que garanticen la gratuidad no sólo a los desempleados, también a los empresarios, y que éstos se obliguen a notificar sus vacantes a los servicios estatales de empleo para que les envíen candidatos a ocupar plazas.

De no ser así, el SNE está condenado a la obsolescencia y el PAE terminará convirtiéndose en un simple paliativo a la crisis económica que viven los desempleados y subempleados por medio de las becas y los recursos que se canalizan a los proyectos de inversión productiva que terminan en el llamado “fondo perdido”. El SNE no debe terminar siendo un fraude más a la nación.

El largo y sinuoso camino que le depara el destino al país de seguir por la brecha donde transita es incierto y augura convulsionarse. La problemática del empleo es grave; más lo es el empecinamiento del actual gobierno por seguir la senda que le trazaron sus antecesores.

* Profesor del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, UNAM; Jefe de la Unidad Delegacional del Servicio de Empleo en Miguel Hidalgo en la Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo del GDF.

NOTAS
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 ed., FCE; pp. 161, 163 y 166.
2. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación y de Gestión del Programa de Apoyo al Empleo, Diario Oficial, México, 2-05-2006, p. 45.
3. Consúltese: El capital, 19 reim., V. I., FCE, México, C. I.
4. Véase: Samuelson, Paul A.–Nordhaus, William D. Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica, 17 ed., Mc. Graw Hill, México, 2006, pp. 23 – 42.
5. Véase: Fernández-Vega, Carlos. “México, SA. La triste realidad de la “histórica creación de empleo””, La Jornada, México, 19-12-2006, p. 30.
6. Consúltese: Fernández-Vega, Carlos. “México, SA. En empleo, muchos discursos y ningún resultado”, La Jornada, México, 26-1-2007, p. 30.
7- González G. Susana. “La tercera parte de desempleados, profesionales o bachilleres: INEGI”, La Jornada, México, 4-12-2006, p. 28.
8- Constitución Política ob. cit.; p. 41.
9. Ibidem., p. 55.
10. Ibid.p. 158.
11. Fuente: www@conasami.gob.mx
12. Vèase: Fernández-Vega, Carlos. “Pérdida sostenida del poder adquisitivo”, La Jornada, México, 22-12-2006, p. 25.
13. Márquez Ayala, David. “Reporte Económico. La inflación en 2006”, La Jornada, México, 29-01-2007, p. 28.
14. Véase: Fernández-Vega, Carlos. “La pérdida sostenida del poder adquisitivo”; ob. cit., p. 25.
15. Constitución Política; ob. cit., p.157.
16. Contrato de Préstamo N° 1384/OC-ME, entre los Estados Unidos Mexicanos, representado por el Lic. Francisco Gil Días, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y el Banco Interamericano de Desarrollo, representado por el Lic. Enrique V. Iglesias, Presidente, República Federativa de Brasil, 10-III-2002, p. 2.
17. Contrato de Mandato y Ejecución de Proyecto entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representada por el Lic. Alfonso García Tamés, Director General de Crédito Público; Nacional Financiera, SNC, representada por el Lic. Federico Patiño Márquez, Director General Adjunto de Fomento; y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, representada por el Lic. Carlos María Abascal Carranza, México, diciembre de 2002, p. 1.
18 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo No Autorizado para Uso Público. “México. Programa Multifase de Apoyo a Capacitación y Empleo, Fase I, Propuesta de Préstamo”, México, 27-11-2001, p. 2.
19 Ibidem, p. 3.
20. Ibid., p. 8.
21. Ibid., p. 79.
22. Consúltese: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; ob. cit., pp. 45 a 47.
23. Constitución Política; ob. cit., p. 163.
24. Ley Federal del Trabajo, 49 ed., SISTA, México, 2007, p. 162.
25. Fuente: www.stps.gob.mx/coord_empleo.htm (Nota: a partir del mes de marzo de este año, la información que aquí se proporciona fue borrada por la STPS).
26. Loc. Cit.
27. Loc. Cit.