Número 13                                               Época IV                                     Febrero 2008


REFORMA UNIVERSITARIA

Sobre la abierta oposición a los concursos de oposición

El hecho es que la mayor parte de los profesores de la UNAM son interinos de asignatura(1), por lo cual, además de recibir un salario bajo, padecen la inestabilidad laboral (CCT, Cl. 13), ya que, como bien sabemos, en la UNAM un profesor interino puede ser despedido del modo más sencillo y económico: simplemente, al principio del año o semestre se le informa que no hay grupos disponibles para él.

Eduardo Harada O.

1. La finalidad académica de los concursos de oposición

Los concursos de oposición deberían ser uno de los principales instrumentos por medio de los cuales las instituciones educativas de nuestro país, como la UNAM, ejerzan la autonomía que les otorga la ley(CP, Art. 3ero, fracción VII).

En efecto, esa “autonomía” no sólo se refiere a la libertad de cátedra e investigación, la independencia respecto del gobierno federal en turno o a las facultades para organizarse y gobernarse como mejor les convenga para cumplir su misión educativa sino, igualmente, a la posibilidad de seleccionar, mantener y promocionar a sus trabajadores profesores e investigadores con base en criterios rigurosamente académicos (LFT, Art. 353-L, LO, Art. 14, EG, Art. 83 y EPA, Art. 66).

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, la relación laboral que la UNAM guarda con su personal académico no debe regirse según normas generales aplicables a cualquier otra área de trabajo sino conforme a las características propias de un “trabajo especial” (2): por ejemplo, en su caso no es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de sueldos distintos para trabajo igual si éste corresponde a distintas categóricas académicas (LFT, Art. 353-N y EPA, Art. 6)(3).

Y el hecho es que en la UNAM existen profesores con diferentes funciones y estatus: ordinarios, extraordinarios, visitantes y eméritos. Entre los ordinarios los hay con las figuras de asignatura y carrera (4). Dentro de los de asignatura (o los que reciben un pago sólo por las horas que imparten frente a grupo) encontramos profesores con el nombramiento o la situación contractual de interinos (o contratados por tiempo determinado, en términos del CT, Cl. 2 y la LFT, Art. 253-M), definitivos (o contratados por tiempo indeterminado) y a contrato (es decir, contratados por honorarios o prestación de servicios bajo un contrato de naturaleza civil o por obra y tiempo determinados, EPA, Art. 49). Además, los profesores de asignatura pueden poseer las categorías A o B (PDGAPA, p. 28).

 

Organigrama

Y aunque las autoridades universitarias pueden nombrar y contratar a profesores cuando 1) no haya un profesor definitivo que pueda cubrir un grupo vacante o 2) un concurso de oposición haya sido declarado desierto, la única manera por la cual un académico de asignatura puede alcanzar la definitividad o convertirse personal de carrera es a través de un concurso de oposición abierto (EPA, Art. 23, CCT, Cl. 2 y CI, Of. 7. 1/964 (1988)).

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Como se sabe, a los concursos de oposición abiertos, para ingreso o públicos sepuede inscribir cualquier persona, sea o no miembro del personal académico de la UNAM, siempre y cuando cumpla con los requisitos que señalan en la convocatoria correspondiente (5).

En cambio, los concursos de oposición cerrados, para promoción o ascenso sólo pueden ser solicitados por profesores que cuenten con tres o más años de antigüedad en la misma categoría y nivel dentro de alguna dependencia de la UNAM, pues su principal objetivo es permitir acceder a la categoría o el nivel inmediatamente superiores; es decir, en la práctica, en este segundo tipo de concursos los profesores solicitantes concursan solos, pues es difícil que haya varios profesores en una dependencia con la misma antigüedad en una categoría o nivel (EPA. Art. 66) (6).

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2. Razones para las impugnaciones a los concursos de oposición abiertos

Como señalé al principio, por medio de los concursos de oposición abiertos la UNAM debería seleccionar, mantener y promocionar, con base en criterios estrictamente académicos, a los mejores candidatos a profesores, investigadores y técnicos.

Sin embargo, en los últimos años, de manera cada vez más frecuente, los concursos de oposición han sido impugnados por algunos de los participantes.

Las razones para ello son muy variadas, pero la principal, la de fondo, es que, junto con los programas de estímulos (o “pilones”), los concursos de oposición son el único medio real para que los académicos mejoren su situación salarial y, con ello, su calidad de vida.

En efecto, las revisiones contractuales que cada año pactan las APAAUNAM con Rectoría dan como resultado “aumentos salariales” que no sólo son inmediatamente absorbidos por la inflación sino que ni siquiera equivalen a ésta. Así que si un profesor que ingresa a la UNAM no consigue ascender de categoría académica o nivel de estímulos después de poco tiempo paulatinamente irá ganando cada vez menos (7).

Y el hecho es que la mayor parte de los profesores de la UNAM son interinos de asignatura (8), por lo cual, además de recibir un salario bajo, padecen la inestabilidad laboral (CCT, Cl. 13), ya que, como bien sabemos, en la UNAM un profesor interino puede ser despedido del modo más sencillo y económico: simplemente, al principio del año o semestre se le informa que no hay grupos disponibles para él.

Por otra parte, aunque, en principio, la definitividad como profesor de asignatura no supone una mejora salarial, después de tres años el profesor definitivo puede solicitar que se le abra un concurso de oposición cerrado para convertirse en Profesor de Asignatura B definitivo y, entonces, sí, obtener una ligera mejora salarial (EPA, Art. 37) (9).

Es decir, aunque en las autoridades de la UNAM se tratan de mantener artificialmente la diferencia entre lo laboral y lo académico, para los profesores de asignatura la definitividad tiene dos claras implicaciones laborales (10).

Otra razón, no menos importante, la legislación universitaria establece con claridad una serie de condiciones y plazos para que los concursos de oposición se lleven a cabo, sin embargo, esas condiciones y plazos no siempre son respetados pues, en ocasiones, las autoridades, los consejeros técnicos, los miembros de las comisiones dictaminadoras, el personal de confianza que colabora con ellas, etc., es decir, quienes intervienen en su realización, ni siquiera los conocen.

El principal ejemplo de incumplimiento de la legislación universitaria es que el Estatuto del Personal Académico señala que el principal medio para que el personal académico ingrese a la UNAM deben ser los concursos de oposición abiertos (EPA, Art. 51), siendo que en la práctica la mayor parte es nombrado o contratado por las autoridades (11), lo cual, obviamente, se presta a la discrecionalidad por parte de éstas, es decir, a que contraten por razones políticas o afectivas y no propiamente académicas.

Pero, sobre todo, el EPA indica que después de tres años de antigüedad cualquier profesor interino tendrá el derecho de solicitar la apertura de un concurso de oposición para obtener la definitividad (EPA, Art. 48). Por su parte, en el Contrato Colectivo de Trabajo señala que el anterior derecho es correlativo de la obligación de la UNAM de abrir ese concurso (CCT, Cls. 13 y 15) (12). Y, obviamente, si se cumpliera esto en poco tiempo la mayor parte de los profesores de asignatura de la UNAM dejarían de ser interinos. Sin embargo, bien sabemos que esto no cumple: muchos profesores ingresan y permanecen siendo interinos durante décadas, inclusive hasta que se jubilan.

Un ejemplo de violación de plazos es que mientras en su Artículo 72 el EPA establece un plazo máximo de 60 días hábiles, es decir, máximo unos cuatro meses naturales, para que los concursos de oposición abiertos finalicen una vez que se ha publicado su convocatoria, la realidad es que normalmente pueden tardar todo un año en concluir (también el CCT, Cl. 13) (13).

Esto último opera, desde luego, en perjuicio de los concursantes ya que al final del concurso los profesores pueden encontrase en una situación laboral y académica completamente diferente a la que tenían cuando se inscribieron (por ejemplo, pueden tener menos horas asignadas, por lo cual los beneficios que recibirán en caso de resultar vencedores serán menores) (14).

Y aunque el ganador de un concurso de oposición recibe de manera retroactiva o desde la fecha en la que el Consejo Técnico ratifica el dictamen de la comisión el sueldo correspondiente a su nueva categoría o nivel (15), sin embargo, la cantidad de dinero que se puede recibir después de dos o tres años estará devaluada y será cargada con mayores impuestos.

3. Realización de los concursos de oposición abiertos en la ENP

En la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM solicitar la revisión de los concursos de oposición abiertos (16) se ha convertido una práctica habitual (EPA, Art. 106): no sólo se impugna los concursos para conseguir la plaza de profesor de carrera (lo que de manera errónea se conoce como “de tiempo completo” (17) sino también los que sirven para obtener la definitividad como profesor de asignatura.

Una de las razones por las cuales esto ocurre es que suele existir un desfase y hasta una contradicción entre 1) las finalidades que señala la legislación universitaria respecto de la ENP, 2) las finalidades que se fijan en el plan de desarrollo de su director general en turno, 3) las finalidades que persigue éste en la práctica, 4) las finalidades que aparecen en los programas institucionales dirigidos a los profesores, 5) los criterios particulares que establecen las comisiones dictaminadoras o la manera en que éstas interpretan y aplican los criterios generales que estableció el Consejo Técnico de la ENP para los concursos de oposición y, por último, 6) las finalidades que los profesores creen que deberían perseguir como académicos de la ENP.

De lo anterior se deriva que, frecuentemente, los profesores de la ENP reciban señales confusas o equivocadas acerca de cuál debería ser el tipo de formación, actualización, productividad académica, etc., que tendrían que lograr para conquistar una mejor categoría académica o nivel de estímulos (18).

Otra razón para el incremento de las solicitudes de revisión en la ENP es que el número de plazas que se abren resultan siempre insuficientes respecto del número de profesores con los méritos para obtenerlas. Por ello, es común que a un concurso para obtener la categoría de profesor de carrera asociado B se presenten por diez o más candidatos.

De hecho, un fenómeno cada vez más frecuente en la ENP es que, como los profesores se prepararán cada vez más y las plazas que se abren a concurso son pocas y de las categorías y niveles más bajos, muchos profesores se presentan a concursar, por decirlo así, “sobre-calificados” o con méritos apropiados para categorías y niveles superiores (por ejemplo, con grado de maestro y estudios de doctorado para acceder a la categoría de profesor de asignatura definitivo, la cual sólo requiere del título de licenciatura) (19).

Pero, en mi opinión, el motivo de la mayor parte de las impugnaciones a los concursos de oposición que se efectúan en la ENP es que en ella se ha violentado el espíritu de la legislación universitaria, es decir, el precepto de que deben consistir en una evaluación estrictamente académica llevada a cabo por pares (otros académicos) (20) ya que se ha introducido como criterio de valoración el “desempeño docente” o la evaluación que efectúan de los profesores el director del plantel, el jefe de departamento y el coordinador del colegio.

Órganos y autoridades que pueden y deben intervenir en el ingreso y promoción del personal académico de la UNAM (EPA, Art. 81):

  1. Consejo universitario (autoridad colegiada).
  2. Consejos técnicos (autoridad colegiada).
  3. Directores (autoridades unipersonales) *.
  4. Consejos internos (órganos colegiados).
  5. Comisiones dictaminadoras (órganos colegiados auxiliares de los consejos técnicos).
  6. Jurados calificadores (órganos colegiados auxiliares de los consejos técnicos y de las comisiones dictaminadoras).
  7. Consejos asesores (órganos colegiados).

Para la conformación de las comisiones dictaminadoras la regla que se sigue en la ENP, de acuerdo con el Art. 84 del EPA, es que dos miembros son nombrados por el Consejo Académico de Bachillerato (CAB), otros dos designados por su Consejo Técnico y los dos restantes son electos por los profesores del colegio en cuestión. Los primeros cuatro generalmente son profesores de definitivos de CCH, licenciatura o investigadores de la UNAM, es decir, “externos” (EPA, Art. 83).

Criterios de valoración para los concursos de oposición (EPA, Art. 68):

  1. Formación académica y grados obtenidos.
  2. Labor docente y de investigación.
  3. Antecedentes académicos y profesionales.
  4. Labor académico-administrativa.
  5. Antigüedad en la UNAM.
  6. Intervención en la formación de personal académico.
  7. Opiniones del consejo interno o asesor *.
  8. Resultados de los exámenes y pruebas específicas (que se enumeran en el Art. 74).

Pero el problema es que, pasando a los criterios de valoración que se emplean en la ENP para la evaluación en los concursos de oposición, en 1987 su Consejo Técnico estableció -por medio de la “Guía para evaluar al Personal Académico de asignatura, profesor de carrera, asociado o titular, en sus diferentes niveles, que solicita definitividad o promoción en la ENP” (21) - que la calificación de los concursantes se obtendría de la suma de tres tercios iguales (de acuerdo con un “ejercicio de normalización”): el primero correspondiente a los “conceptos curriculares” y el segundo a las “pruebas específicas”. Lo cual se haya en conformidad con el Art. 74 del EPA (22)

Pruebas y exámenes específicos entre los cuales pueden elegir los consejos técnicos para los concursos de oposición de su dependencia (Art. 74):

  1. Crítica escrita del programa, de estudios o investigación.
  2. Exposición escrita de un tema.
  3. Exposición oral de los puntos anteriores (réplica).
  4. Interrogatorio sobre la materia (prueba de conocimientos).
  5. Prueba didáctica (clase frente a grupo).
  6. Formulación de un proyecto de investigación.

Y aunque es verdad que los consejos técnicos están facultados para emitir las disposiciones relativas como reglamentos o sistemas de valoración o puntaje para ser aplicados para los concursos de oposición de su dependencia (como la GENP), no obstante, deben ceñirse a lo que dicta el EPA (CI, Of. 7.1/1374/1200/1531/213/41/217). Es decir, los consejos técnicos pueden seleccionar algunas de las seis pruebas que establece su Art. 74 o tomar en cuenta los ocho criterios que se menciona en su art. 68, pero no agregar otras pruebas o criterios que no se establezcan explícitamente en dicho estatuto (23).

Sin embargo, en la ENP el tercer tercio de la calificación lo constituye el llamado “desempeño docente” (en realidad, laboral) que es la calificación que otorgan el director del plantel, el jefe de departamento y el coordinador del colegio (24).

Así, aunque la GENP fue aprobada por el Consejo Técnico de la ENP para que las comisiones contarán con un “marco de referencia” para efectuar su tarea evaluadora “con arreglo al requisito esencial de objetividad y con alto espíritu universitario” (GENP, p. 3), la realidad es que provoca que los estudios cursados, las publicaciones realizadas, las conferencias impartidas, los proyectos de investigación encabezados, etc. (25), pueden recibir, a final de cuentas, el mismo puntaje, o incluso menos, que el “visto bueno” las autoridades.

Ahora bien, el director de un plantel de la ENP es una autoridad unipersonal designada con base en criterios que no siempre son académicos sino, más bien, políticos, por la Junta de Gobierno; el jefe departamento es designado por el Director General de la ENP y el coordinador del colegio es nombrado por el Director del Plantel, con la anuencia de Rectoría. (26) Es decir, ninguno de ellos obtiene su cargo gracias a algún tipo de concurso de méritos académicos y, mucho menos, a una votación democrática (27).

Obligaciones y facultades de los directores de las dependencias respecto de los concursos de oposición:

  1. Solicitar la apertura de los concursos abiertos (tarea administrativa).
  2. Recibir las solicitudes de apertura de los concursos cerrados (tarea administrativa).
  3. Recibir los recursos de revisión (tarea administrativa).
  4. Ofrecer opiniones sobre los recurrentes en caso de revisión (tarea académico-administrativa) *.
  5. Tramitar los nombramientos de los ganadores (tarea administrativa).

La legislación universitaria y el CCT (Cl. 17) son claros en el sentido de que la evaluación en los concursos de oposición debe ser puramente académica y que las autoridades colegiadas (como el CAB y los consejos técnicos) pueden participar en ellos sólo designando a cuatro académicos como miembros de las comisiones dictaminadoras (EPA, Art. 84) o, en caso de revisión de un concurso, el director de la dependencia, al igual que el consejo interno, puede ofrecer su opinión sobre los profesores involucrados (EPA, Art. 106). Y en ningún lado se señala que las autoridades unipersonales o el personal a sus órdenes puedan participar directamente en la evaluación de los candidatos y, mucho menos, con un tercio de la calificación total. (28).

Facultades y obligaciones de los órganos y las autoridades que intervienen en los concursos de oposición:

  1. Solicitud de apertura: directores de las dependencias * y consejos técnicos.
  2. Conformación de las comisiones dictaminadoras: rector (normalmente delega esta facultad en los consejos académicos) *, consejos técnicos y colegios de profesores.
  3. Ratificación de los miembros de las comisiones dictaminadoras: consejo universitario (normalmente delega esta facultad en los consejos académicos).
  4. Exención de requisitos para la inscripción: consejo universitario.
  5. Recepción y evaluación de los expedientes de los concursantes: consejo técnico a través del secretario de la comisión dictaminadora.
  6. Evaluación académica de los concursantes: consejos técnicos a través de órganos auxiliares, es decir, las comisiones dictaminadoras y los jurados calificadores.
  7. Ratificación de los dictámenes: consejos técnicos.
  8. Formación de la comisión especial para la revisión de los concursos: consejo técnico (consejero del colegio en cuestión)
  9. Opinión sobre el recurrente: directores de las dependencias * y consejos internos o asesores.
  10. Resolución final: consejos técnicos.
  11. Trámite del nombramiento: directores de las dependencias *.

En realidad, el “desempeño docente” suplanta “las opiniones del consejo interno o asesor [cuyos miembros son electos por profesores y alumnos), en los casos que así proceda”, que se menciona en el inciso h) del Art. 68 del EPA como uno de los ocho criterios de valoración a tomar en cuenta por las comisiones dictaminadoras (29).

De hecho, en el Art. 83 del EPA se señala explícitamente que el director y los miembros del consejo técnico, interno o asesor no pueden pertenecer a las comisiones dictaminadoras de su dependencia, ya que, como es obvio, esto puede prestarse a que influyan o distorsionen de manera decisiva los resultados, favoreciendo o perjudicando a algunos de los concursantes, según sus preferencias personales e intereses políticos (en los formatos de evaluación por parte del director del plantel, jefe de departamento y coordinador del colegio, se incluyen, principalmente, preguntas sobre si los profesores cumplen con sus obligaciones fundamentalmente laborales, pero, también, una acerca de si han “tenido problemas” con autoridades, otros profesores o alumnos) (30).

A lo anterior hay que agregar que algunas veces los miembros “externos” de las comisiones dictaminadoras desconocen por completo qué es la ENP, únicamente se interesan por participar en sus comisiones dictaminadoras por los puntos que les pueden reportar, no asisten a todas las sesiones ni participan en todas las pruebas, sólo se presentan cuando hay que firmar los dictámenes y a pesar de que mantienen una relación personal con algún concursante que pudiera dar lugar a suspicacias no se excusan de participar en la comisión (RC, Art. 3) (31).

Por si fuera poco, a veces los profesores de la ENP que participan en las comisiones dictaminadoras, debido a celos profesionales u otras actitudes anti-académicas, se constituyen en el principal obstáculo para que sus “compañeros” obtengan la definitividad o una promoción (32).
 En cuanto a los recursos de revisión, la legislación universitaria establece que este procedimiento debe concluir en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados a partir del momento en que la comisión especial formada para tal fin sesionó por primera ocasión (esto incluso lo reitera el Of. 7.1/641 (1991) de los CI de la Oficina del Abogado General de la UNAM). Sin embargo, de nuevo, este proceso puede tardar varios meses, entre otras cosas porque el representante de la comisión dictaminadora puede decidir no presentarse a las sesiones de revisión (33).

Así, a las irregularidades que pudieron haber ocurrido durante la realización del concurso de oposición, se suman las que ocurren durante el propio desahogo del recurso de revisión.

Además, debido a que el Consejo Técnico es el órgano encargado de ratificar los dictámenes o resolver de forma definitiva las impugnaciones (de acuerdo con el EPA, Arts. 75 y 76 y los CI, Of. 7. 1/699 las comisiones dictaminadoras solamente son “órganos auxiliares” de los consejos técnicos EG, Art. 83) (34) , algunos concursantes llegan a la conclusión que lo importante no es tanto el concurso sino lo que sucede después de éste: saber cabildear entre los consejeros técnicos o conseguir mover emocionalmente a éstos durante la sesión en la que se resuelva la impuganción (35).

Otro de los obstáculos para el cumplimiento de la legislación universitaria respecto de los concursos de oposición es que el personal de confianza o académico-administrativo de la Dirección General de la ENP (ojo, no de la Secretaría Académica, como uno supondría) que “colabora” con las comisiones dictaminadoras muchas veces no entiende ni conoce de cuestiones académicas, desconoce por completo la legislación universitaria y tampoco comprende la importancia de su cumplimiento. De hecho, de manera irresponsable, llega a destruir documentación esencial para la revisión de los concursos.

Lo anterior es sumamente grave ya que, de hecho, ese personal se hacer cargo de todas las funciones que según el Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico le corresponderían al Secretario de la comisión dictaminadora, por ejemplo, recibir y revisar los expedientes, llevar el archivo de la comisión, citar a las sesiones, etc. (Art. 18).

Todo lo mencionado provoca y justifica que en la ENP se tenga la idea de que quien ganó los concursos de oposición no necesariamente poseía mayores méritos académicos que los otros concursantes sino que, más bien, gozó del favor de los miembros de la comisión dictaminadora, las simpatías del Consejo Técnico, el apoyo de las autoridades de su plantel y de dirección general o, simplemente, contó con un buen representante en el recurso de revisión (36).

Es decir, la idea que generalmente se tiene en la ENP acerca de los concursos de oposición abiertos es que en ellos predominan no sólo criterios extra- sino, inclusive, anti-académicos.

4. Espíritu y desarrollo de la legislación universitaria sobre los concursos de oposición

En la sección anterior vimos que entre los criterios de valoración que se emplean en la ENP para los concursos de oposición se incluye el “desempeño docente”, es decir, una evaluación que no realiza la comisión dictaminadora sino el director del plantel, el jefe de departamento y el coordinador del colegio. Sin embargo, un estudio de la historia de la legislación universitaria, desde 1910 hasta 1974, respecto al ingreso de los académicos, los concursos de oposición y las comisiones dictaminadoras revela con claridad que ese proceder es contrario al espíritu y la evolución histórica de dicha legislación (37).

Efectivamente, lo que encontramos en ella es que el ingreso de los profesores ordinarios para cubrir grupos vacantes o de nueva creación, obtener la definitividad o mejorar de categoría tradicionalmente se ha llevado a cabo en la Universidad por medio de concursos de oposición (38), es decir, a través de procedimientos de evaluación académica y no mediante la contratación directa por parte de las autoridades.

El Rector y el Consejo Universitario siempre han tenido la facultad de nombrar y contratar personal académico, pero sólo en los casos en los que la legislación universitaria no prevé su ingreso por medio de un concurso de oposición.

Precisamente, para calificar los concursos de oposición se crearon, primero, lo que se denominó “jurados” o “comisiones docentes” y, luego, “comisiones dictaminadoras” (39).

Durante algún tiempo dichas comisiones estuvieron integradas por miembros designados por el Rector, el Consejo Universitario y/o los consejos técnicos (antes denominados “asambleas” o “academias de profesores y alumnos”) de las escuelas y facultades involucradas, pero, como sucede hoy día, casi siempre sus dictámenes debían ser ratificados por otras instancias, preferentemente una autoridad colegiada, como el Consejo Universitario o los propios consejos técnicos.

En ese sentido, las comisiones dictaminadoras siempre han sido consideradas “órganos auxiliares”, constituidos para un fin específico y sujetos a la ratificación o resolución final de alguna autoridad universitaria colegiada.

Lo importante es que aunque las autoridades unipersonales, como el Rector o los directores de las facultades y escuelas, podían proponer a algunos o todos los miembros de las comisiones dictaminadoras, sin embargo, está propuesta no era definitiva sino que debía ser aprobada por el CU o los consejos técnicos respectivos.

Los miembros de las comisiones dictaminadoras han sido normalmente escogidos entre los profesores más distinguidos de la escuela o facultad, preferentemente entre los profesores definitivos o titulares, es decir, que hubieran pasado por un proceso similar de evaluación al que participarían como jurados y que gozaran de una estabilidad laboral que les permitiera una independencia de juicio.

En algunos casos el rector o los directores de las escuelas, facultades e institutos formaban parte de las comisiones dictaminadoras. Pero esto ha ido despareciendo con el tiempo (solamente en el caso de los institutos las “comisiones dictaminadoras” llegaron a estar formadas sólo por dos miembros: el director del instituto y el coordinador de ciencias o humanidades).

La idea de incluir en la legislación universitaria, concretamente en el EPA, un procedimiento para la revisión de los concursos de oposición surgió como consecuencia de la lucha en los años setenta por la sindicalización académica, es decir, para conseguir que las relaciones laborales entre la Universidad y sus académicos no fueran consideradas meramente “estatutarias” o regidas por ordenamientos internos a la UNAM o aprobados solamente por el Consejo universitario, sino pactadas por medio de un contrato colectivo de trabajo (40). En efecto, en el artículo 106, sobre la revisión de los concursos de oposición, no aparecía en el primer EPA de 1974, pues este artículo fue introducido posteriormente para intentar que las impugnaciones se resolvieran por medios académicos y universitarios antes de convertirse en objeto de instancias laborales externas (41).
            Lo que quiero recalcar es que la tendencia en la legislación universitaria es que las autoridades unipersonales no formen parte de las comisiones dictaminadoras y que, por ello, no puedan evaluar directamente a los candidatos durante un concurso.

La razón de ello es clara: la evaluación en los concursos de oposición no debe ser un mero proceso de contratación laboral ni debe estar sesgada por intereses o diferencias ideológicas o políticas sino que debe basarse en criterios estrictamente académicos, aplicados por profesores que no ocupan un cargo administrativo para el cual fueron designados por una autoridad unipersonal y que gozan de una estabilidad laboral debido a su carácter definitivo, por lo cual pueden evaluar de manera libre y objetiva a sus pares.

Los consejos técnicos y los consejos académicos sólo han podido intervenir en los concursos de oposición designando a algunos de sus miembros, pero su designación ha estado sujeta a la aprobación de otra autoridad colegiada, a saber, el Consejo Universitario. Además, otras las autoridades colegiadas, han intervenido en la ratificación de los dictámenes y la resolución definitiva de los recursos de revisión de los concursos.

También en la historia de la legislación universitaria se observa una tendencia clara a que los miembros de las autoridades colegiadas, en concreto, los consejos técnicos, no formen parte de las comisiones dictaminadoras de su misma escuela o facultad.

Desde hace décadas se ha dejado completamente fuera de la legislación universitaria el “desempeño docente” como criterio de valoración si se entiende por ello la calificación que otorgan las autoridades unipersonales designadas para tal fin o, peor, los académicos comisionados por ellas para cumplir funciones académico-administrativas, pues lo que se persigue en los concursos de oposición es una evaluación académica y no laboral, colegiada y no unipersonal (42).

5. Conclusiones y propuestas

Los concursos de oposición abiertos no cumplen en la ENP la función que establecen para ellos la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica, el Estatuto General y el EPA de la UNAM, es decir, seleccionar, mantener y promocionar a los mejores candidatos académicos, entre otras cosas porque, por principio de cuentas, no se respeta lo que estos ordenamientos indican respecto a las condiciones y plazos bajo los cuales deberían llevarse a cabo.

Actualmente se habla de reformar el EPA, sin embargo, creo que no sólo en la UNAM sino, en general, en nuestro país el principal problema no son las leyes existentes, sino, más bien, su desconocimiento e incumplimiento.

Justamente, los concursos de oposición abiertos son cuestionados en la ENP no tanto en términos teóricos sino prácticos, es decir, lo que se cuestionan no son tanto los principios bajo los cuales se llevan a cabo sino, más bien, la manera en que se realizan.

Por eso, más que proponer cambios a la legislación universitaria actual quiero terminar este trabajo haciendo algunas propuestas para que los académicos de la ENP consigamos que se cumpla la legislación, en teoría, vigente.

Primero, exigir, precisamente, que se cumplan las condiciones y plazos que explícitamente y de forma inequívoca indica la legislación universitaria.

Segundo, exigir que específicamente se respete el artículo 48 del EPA que señala que un profesor con tres años de antigüedad tiene derecho de que se le abra un concurso de oposición para alcanzar la definitividad o estabilidad laboral. Sobre todo porque el CCT indica, en la Cl. 13, que “el derecho de solicitar y participar en el concurso es correlativo de la obligación de la UNAM de abrirlo” (esto último se reitera en la Cl. 15).

Tercero, exigir que las autoridades de la ENP informen a todos los académicos que ingresan a la institución acerca de las obligaciones y derechos que les marca la legislación universitaria, pero, también, sobre los instrumentos institucionales por medio de los cuales serán evaluados para mejorar su categoría académica y su nivel de estímulos.

Cuarto, exigir que en la ENP se elimine en los concursos de oposición, por ser contrario al espíritu y desarrollo histórico de la legislación universitaria, el rubro de “desempeño docente” o la evaluación directa por parte de autoridades unipersonales y el personal designado por estas autoridades unipersonales para ocupar un cargo académico-administrativo y que, de este modo, se evite que su resultado se vea deformestas emocionales.

Sexto, exigir que las autoridades informen a los miembros de las comisiones dictaminadoras, sobre todo, a los externos, antes de que entren en funciones, acerca de las finalidades de la ENP, su plan de estudios, el plan de desarrollo del director general en turno y los programas institucionales dirigidos a profesores (sobre todo, el Sistema de Desarrollo del Personal Académico o SIDEPA), es decir, se les informe sobre el tipo de profesor que se busca seleccionar, mantener y promocionar en ella para que, de este modo, sus dictámenes realmente cumplan con la finalidad académica para la cual fueron creados.

Séptimo, exigir que los miembros externos de las comisiones dictaminadoras se comprometan a cumplir con su responsabilidad asistiendo a todas las sesiones y que en caso de no lo hacerlo, sean sustituidos a la brevedad por quien los designó o eligió (43).

Octavo, exigir que la conformación de las comisiones dictaminadoras sea revisada por el Consejo Técnico cada dos años y, especialmente, que cada dos años se convoque a elecciones para elegir a los representantes de los profesores (EPA, Art. 85) (44).

Noveno, exigir que estos re-presentantes realmente actúen como tales y no como meros empleados de las autoridades o siguiendo intereses personales (por ejemplo, aprovechándose de su cargo para promocionarse); en concreto, que se excusen de participar en las comisiones en caso de que guarden algún tipo de relación personal con los concursantes que pueda ser motivo de una impugnación.

Décimo, exigir que el STUNAM, nuestro sindicato, además de ofrecer apoyo legal a los trabajadores académicos cuando consideren que sus derechos académicos y laborales han sido vulnerados durante un concurso de oposición (CCT, Cláusulas 17 y 18), organice cursos para dar a conocer a sus afiliados los instrumentos institucionales que se emplea para evaluarlos y en los que también se les enseñe cómo preparar un currículum, elaborar trabajos y proyectos de investigación, preparar y presentar una clase frente a grupo, pues de esta manera, sin duda, tendrán mejores posibilidades de resultar vencedores en los concursos de oposición y, así, lograr la ansiada estabilidad laboral y mejores condiciones de trabajo y salariales. Pero con ello también irá disminuyendo en la ENP la abierta oposición a los concursos de oposición y la Universidad podrá seleccionar, mantener y promocionar a los mejores académicos para bien de sus alumnos y de nuestro país.

Abreviaturas empleadas

CP = Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SISTA, México, 2001.
CCT = Contrato Colectivo de Trabajo 2005-2007, UNAM-APAAUNAM, México.
CI = Criterios de Interpretación 2000. Tomos I y II, UNAM, México, 2000.
CLU = Compilación de Legislación Universitaria 1910-1997, 2 t., UNAM, México, 1998.
EG = Estatuto General de la UNAM (en) Legislación Universitaria (actualizable), México, 2001.
EPA = Estatuto del Personal Académico de la UNAM (en) Legislación Universitaria, op. cit.
GENP = “Guía para evaluar al Personal Académico de asignatura, profesor de carrera, asociado o titular, en sus diferentes niveles, que solicita definitividad o promoción en la ENP”, Gaceta de la ENP, Suplemento no. 2, mayo de 1987.
LFT = Ley Federal del Trabajo, Porrúa, México, 2006.
LO = Ley Orgánica de la UNAM (en) Legislación Universitaria, op. cit.
PDGAPA = Prontuario sobre trámites para el ingreso, promoción y permanencia del personal académico de la UNAM, DGAPA. http://dgapa.unam.mx/
RCD = Reglamento de las Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico de la UNAM (en) Legislación Universitaria, op. cit.

Esta legislación federal y universitaria puede ser consultada en: http://www.abogadogeneral.unam.mx.

NOTAS:
1. Cabe mencionar que el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo referente a los “trabajos especiales” tiene como fin proteger a los trabajadores, pues señala que las prestaciones de éstos nunca deberán ser menores a las que fija la ley en general; por otro lado, en caso de duda, indica que siempre debe prevalecer la interpretación más favorable para el trabajador.
Véase E. Harada O., “Adecuación del Estatuto del Personal Académico de la UNAM a las condiciones de los profesores de carrera del bachillerato”, Magíster, No. 102, enero de 2003, pp. 5-8 y “Representación proporcional del bachillerato en el Consejo Universitario y en el próximo Congreso”, Magíster, No. 106, mayo de 2003, pp. 5-9.
2. Según se establece en el Art. 353-L de la Ley Federal del Trabajo, para que alguien obtenga una categoría académica es necesario que “sea aprobado en las evaluaciones académicas [en la UNAM, los concursos de oposición] que efectúe el órgano competente [las comisiones dictaminadoras] conforme a los resultados y procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan [el EPA]”.
3. Indirectamente, los profesores de carrera son considerados en el EPA profesionales de la docencia, es decir, ésta debe constituir su única o principal actividad laboral: sólo pueden impartir, previo permiso del Consejo Técnico, un máximo de ocho horas de clase a la semana fuera de su dependencia (Art. 67).
4. Los concursos de oposición abiertos son un procedimiento académico de evaluación mediante el cual se puede ingresar o llegar a formar parte del personal académico de la UNAM como 1) profesor o investigador de carrera interino o 2) profesor de asignatura definitivo (PDGAPA, p. 25). Los concursos de oposición abiertos tienen como objetivos a) cubrir una plaza vacante, b) otorgar la definitividad al personal de asignatura (EPA, Art. 46) o c) permitir el ingreso como personal de carrera (EPA, Art. 51),
5. Los concursos de oposición cerrados son una prueba de evaluación académica mediante la cual 1) los profesores e investigadores de carrera, interinos o por contrato, pueden ser promovidos de una categoría o nivel o adquirir la definitividad o 2) los profesores de carrera y asignatura definitivos ser ascendidos de categoría o nivel (PDGAPA, p. 35).
6. Otro de los absurdos de la legislación universitaria respecto de los concursos de oposición abiertos es que si, por ejemplo, un profesor de carrera Asociado B definitivo gana un concurso de oposición abierto para profesor Asociado C se convierte necesariamente en interino, es decir, al intentar mejorar su categoría tiene que poner en riesgo su estabilidad laboral.
7. DGAPA informa que 14, 647 de los profesores de asignatura de la UNAM son interinos y sólo 4, 027 de ellos son definitivos. También informa que el 11 % de los profesores definitivos tiene entre 2 y 8 años de antigüedad, el 47 % entre 9 y 20 años y el 39 % entre 20 y 29 años
 (http://dgapa.unam.mx/programas/informacion_aca/estadisticas.html).
8. De acuerdo con DGAPA 16, 213 de los profesores de asignatura posee la categoría A y sólo 2, 500 la categoría B.
9. En el Of. 7.1/187 (1996) de los CI se sostiene que la definitividad es ante todo una calidad académica, aun cuando tenga repercusión laboral, pues gracias a ella el profesor obtiene una relación de trabajo con la Universidad de tiempo indeterminado o estable.
10. En la página de DGAPA se informa que hasta el 95 % de los profesores de asignatura no ingresa a la UNAM como resultado de un concurso de oposición.
11. En el Of. 7. 1/840 (1985) de los CI se sostiene que el Artículo 78 del EPA se refiere únicamente a la obligación de la UNAM de abrir un concurso “cerrado” para ocupar un número determinado de plazas para todos los profesores que cumplan con los requisitos correspondientes y no a abrir un concurso para cada profesor que lo solicite.
Pero no hay que confundir el Artículo 78 del EPA (que se refiere a los profesores e investigadores que ya son definitivos o que quieren obtener un ascenso o promoción a la categoría o el nivel inmediatamente superior), con el Artículo 48, pues en éste se habla del derecho de los profesores interinos con tres años de antigüedad a que se les abra un concurso de oposición abierto o para ingreso, con el objetivo de obtener la definitividad en esta categoría.
Es decir, una cosa son 1) los concursos abiertos, para la selección o ingreso del personal o para cambiar de nombramiento: de interno a definitivo, y otra cosa muy diferente son 2) los concursos cerrados, de promoción o asenso para cambiar de categoría o nivel (aunque también puedan servir para obtener la definitividad).
Por otro lado, es sumamente cuestionable la facultad del Abogado General para emitir “criterios de interpretación” sobre la legislación universitaria: Véase E. Harada O., “El Estatuto del Personal Académico de la UNAM y los ‘criterios de interpretación’ del Abogado General”, Foro Universitario, No. 3, Época IV, Diciembre de 2004.
12. En el caso de los concursos para ayudantes de profesor el Art. 23 del EPA señala que deberán concluir en un plazo no mayor de dos meses (obviamente, “naturales”).
13. En el Of. 7. 1/2232 (1986) de los CI se sostiene que la legislación universitaria no contempla que la ampliación del plazo para un concurso de oposición abierto afecte el resultado del mismo. Sin embargo, habría que preguntar, bajo esa lógica, qué sentido tienen los plazos que se establecen en la legislación universitaria si su no observancia no tiene ningún efecto.
14. La definitividad surte efecto a partir de la fecha de la solicitud de apertura del concurso: CI, Of. 7. 1/408 (1987).
15. En el EPA se habla de ‘recurso de revisión’, mientras que en el CCT de ‘impugnación’.
16. En la UNAM un profesor de carrera puede ser de ‘medio tiempo’ o de ‘tiempo completo’.
17. Por ejemplo, al PAAS o Programa Académico de Actualización y Superación en la ENP se le asignan 400 puntos fijos, siendo que este programa implicó muchas más horas de cursos.
18. Hay que señalar que la búsqueda de una mejor categoría académica o un mejor nivel de estímulos provoca que muchos profesores de la UNAM le otorguen cada vez menos importancia a su clase frente a grupo pues, en términos reales, ésta tarea les puede permitir conseguir muy pocas constancias y, por consecuencia, un reducido puntaje, y que, en cambio, le dediquen la mayor parte de su esfuerzo y tiempo a actividades extra-clase. La “cultura de la puntitis” se traslada a los alumnos quienes saben que pueden mejorar su calificación o hasta aprobar una materia si colaboran con sus profesores en alguna de estas actividades.
19. Según el Of. 7.1/572-3 (1974 y 1975) el “espíritu” del citado artículo es que el personal académico de la Universidad sea el “idóneo” y que su ingreso sea a través de procedimientos objetivos y de aplicación general.
20. Así como en el punto 7 del “Complemento”, aprobado en abril de 2003, a la GENP.
21. En la Legislación Universitaria se señala que todas las pruebas serán “públicas” (EPA, Art. 74), pero en la práctica esto no ocurre.
22. Por su parte, las comisiones dictaminadoras deben sujetarse a las pruebas que señala el CT y que se encuentran insertas en la convocatoria correspondiente (CI, Of. 7.1/1374 (1987)). En efecto, las comisiones dictaminadoras deben ceñirse estrictamente a lo establecido en los artículos 15, 23 y 73 del EPA (CI, Of. 7.1/410).
23. Alguien, con razón, se preguntará cuál es la razón de ser o el origen de esta flagrante violación del espíritu de la legislación universitaria. La respuesta es que en la legislación universitaria siempre se ha establecido una situación de excepción para los profesores de la ENP, es decir, siempre que se han establecido en la UNAM estatutos generales para los académicos se plantea “adecuarlos” a la “situación” de los profesores de bachillerato. Véase E. Harada O., “Incorporaciones y desincorporaciones: relaciones históricas y jurídicas entre la Escuela Nacional Universitaria y la Universidad” (en) Magíster, Julio-agosto del 2000. Tercera época, Núm. 79, pp. 11-17.
Específicamente, en el Artículo Quinto Transitorio del EPA de 1974 se indicaba que la UNAM, a través de sus órganos competentes, procedería a elaborar los instructivos que adecuarían los principios generales contenidos en este estatuto a la situación de los profesores de enseñanza media superior y en el Artículo Decimosegundo Transitorio también se decía que las comisiones especiales del Consejo Universitario y los representantes del Colegio de Profesores de Enseñanza Media Superior estudiarían un proyecto para la creación de la figura de profesor de carrera en ese subsistema, conforme a las bases establecidas en los Acuerdos del 25 de junio de 1975.
De hecho, en el “Instructivo del Profesorado de Carrera en Enseñanza Media superior” de 1976 se habla de dos categorías para los profesores de carrera en este subsistema: A y B (en lugar de asociado y titular, con tres niveles cada uno, como aparece en el EPA de 1974).
Fue hasta 1985 que, como resultado del “Programa de fortalecimiento de la carrera docente en la enseña media superior” (PCEMS), se abrieron en la ENP y el CCH, como en el resto de la UNAM, plazas para las categorías de profesor asociado y titular de carrera.
Igualmente, en la reforma del EPA de 1988 se estableció como Segundo Transitorio que se mantendría en vigor el Programa de Superación Académica para el Bachillerato de 1985 en aquello que no contraviniera a este estatuto.
Mi hipótesis es que como antes y después de la huelga del CEU la permanencia del subsistema de bachillerato dentro de la UNAM fue duramente cuestionada y, por otro lado, existía un diagnóstico muy negativo por parte de las autoridades sobre el cumplimento de los profesores de sus obligaciones académicas (en 1985 se estableció el “Programa de cumplimento del EPA” en el que se denunciaba su falta de asistencia, de entrega de informes y planes de trabajo, etc.), en 1987, cuando el Consejo Técnico de la ENP aprobó la GENP, se pensó que la mejor manera de controlar a los profesores era a través de los directores de sus planteles, jefes de departamento y coordinadores.
24. De hecho, en la GENP a varios rubros curriculares, por ejemplo, las publicaciones y conferencias impartidas, se les asignan “puntajes máximos”: 200 puntos cada uno (p. 4).
25. El Reglamento de la ENP señala, en su Artículo 10, que son autoridades de la ENP el Director General y el Consejo Técnico; en el Artículo 11 que el Director General será nombrado y en su caso removido por la Junta de Gobierno; en el Artículo 12 que el Director General ejercerá su autoridad indirectamente a través de los directores de los planteles (también artículo 28) y en el Artículo 14 que una de los atribuciones del Director General es proponer al Rector el nombramiento de personal académico, pero sólo una vez que se satisfagan las disposiciones del Estatuto General (artículo 41) y del EPA.
Por otro lado, los cargos de jefe de departamento y de coordinador de colegio son considerados en dicho Reglamento una “comisión especial de confianza” otorgada por el Director General. Es verdad, en el Ar. 43, fracción VI, entre las funciones de los jefes de departamento se señala emitir su opinión (no evaluar a) sobre los candidatos a profesores, pero en el caso de los coordinadores no se habla para nada de esto.
26. Véase E. Harada O., El proceso de designación de los directores. Razones para su reforma (el caso de la ENP), Universidad a debate 7, Ediciones del STUNAM, México, 2003.
27. En el Of. 7. 1/166 (1989) de los CI se dice que es improcedente la participación de cualquier representante sindical en las comisiones dictaminadoras, ya que éstas son instancias de naturaleza “estrictamente académica” (y no laboral); sin embargo, lo mismo sería aplicable a la participación de las autoridades de la ENP en la evaluación de los profesores.
28. Como es lógico, en las convocatorias para los concursos de oposición en la ENP no se menciona nunca que la tercera parte de la calificación será el “Desempeño docente” o la calificación que otorgan las autoridades, pues el CCT es claro en el sentido de que “en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán exigirse mayores requisitos que los estipulados en la legislación aplicable” y que los concursos de oposición que se realicen en contravención de lo dispuesto serán nulos (Cl. 16).
29. Obviamente, no estoy afirmando que los directores, jefes de departamento o coordinadores de colegio no puedan realizar una evaluación académica libre y objetiva, lo que sostengo es que ésta no es su función pues para ello existen otras instancias: las comisiones dictaminadoras, precisamente.
30. Eso sin tomar en cuenta que no siempre las comisiones dictaminadoras emplean los mismos criterios para calificar a todos los concursantes o que a veces los aplican de diferente manera.
31. El número de profesores de carrera titulares C, es decir, con la más alta categoría y nivel, es casi la mitad en la ENP (140) respecto de los que hay en el CCH (214). E igual sucede con los profesores que poseen el nivel más alto del PRIDE (D).
32. La comisión especial revisora está formada por tres miembros: un representante de la comisión dictaminadora, el consejero técnico del colegio en cuestión y un representante de profesor recurrente o que impugna, ya sea del APAAUNAM o cualquier otro profesor definitivo de la dependencia. Lo ideal es que la comisión especial emita un dictamen u opinión razonada en conjunto, pero cada uno de los miembros tiene derecho de emitir un dictamen particular que también será leído por el Secretario General durante la sesión del Consejo Técnico en la que se resolverá de manera definitiva la impugnación.
33. En caso de diferencias de opinión entre la comisión dictaminadora y un consejo técnico este último es quien decide de forma definitiva: CI, Of. 7.1/1450 (1987).
34. En la ENP se ha caído, pues, en el “asambleísmo” que Rectoría siempre ha rechazado cuando se habla de democratizar a la UNAM.
35. De hecho, aunque en la GENP se señala que los cargos académicos y administrativos no deben determinar, por sí solos, la atribución de plazas (p. 4), las autoridades normalmente se promocionan gracias a su cargo.
36. Véase en CLU:
1) Art. 13 de la Ley de la Universidad Nacional (1914) (p. 5);
2) Art. 13 de la Ley Orgánica de la UNAM (1929);
3) Art. 35 del Estatuto de la UNAM (1936) (pp. 135-136);
4) Art. 43 Estatuto General de la UNAM (1938) (p. 159);
5) Art. 8 del Reglamento de oposiciones para ocupar las cátedras vacantes en las diversas facultades y escuelas de la universidad (1940) (p. 188);
6) Arts. 6 y 7 del Reglamento para el personal docente de la ENP (1940) (p. 195);
7) Art. 4 del Reglamento que crea la posición de profesor universitario de carrera en la escuela de bachilleres, en la faculdad de ciencias y en la facultad de filosofía y letras (1943) (p. 243);
8) Art. 5, 6 y 7 del Reglamento para el profesorado universitario de carrera (1945) (pp. 220-221);
9) Base 2 de las Bases generales que regirán las opciones a que deberían someterse los profesores comprendidos en el Art. 5 transitorio de la Ley Orgánica de la UNAM (1945) (p. 329);
10) Art. 12 del Reglamento de oposiciones para profesores ordinarios y designación de ayudantes de cátedra (1947) (p. 354);
11) Art. 9 del Reglamento para el profesorado universitario de tiempo completo (1947);
12) Reglamento para los investigadores de carrera (1946) (p. 333);
13) Arts. 36, 38, 39, 52 y 55 del Estatuto del personal docente al servicio de la UNAM (1963) (pp. 614-615);
14) Base 2 de las Bases para la celebración de concursos con los aspirantes a los cargos de profesor e investigador de tiempo completo y de profesor de medio tiempo que prestará sus servicios en la Ciudad universitaria (1954) (p. 460);
15) Estatuto del Personal académico de la UNAM (1974).
37. Antes en la Legislación Universitaria se hablaba simplemente de “oposiciones” y no de “concursos de oposición”.
38. Actualmente se distingue en el EPA entre las ‘comisiones dictaminadoras’ y los ‘jurados calificadores’ que pueden formarse para apoyar las labores de las primeras (Art.87).
39. Véase E. Harada O., “Algunas notas sobre la historia del sindicalismo académico en la Universidad”, Magíster, Número 92, Octubre de 2001, pp. 10-15;
40. Me refiero a la Comisión Mixta de Conciliación y Resolución y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (CCT, Capítulo IV).
41. Se puede objetar que el rubro “desempeño docente” se justifica en las “obligaciones” de los profesores de las que se habla en el EPA, pero el hecho es que no se le enumera entre los criterios de valoración para los concursos de oposición.
Por lo demás es obvio que sólo podría ser evaluado el “desempeño docente” de los profesores que ya trabajan en la UNAM y que si este rubro vale un tercio de la calificación total en un concurso de oposición entonces éstos no serían “abiertos” sino, en realidad, cerrados.
Pero lo más importante es que, según el EPA, la “opinión” (en ningún modo una calificación con un peso específico) del director de la dependencia, posiblemente sobre el cumplimiento de las obligaciones académicas y laborales de un profesor, sólo se debe tomar en cuenta en caso de revisión del concurso y dicha opinión debe ofrecerse junto con la de un órgano colegiado independiente, formado por profesores y alumnos electos por sus pares, es decir, los consejos internos o asesores.
42 el Art. 5 del RC establece que después de tres faltas injustificadas consecutivas o cinco en un año deberían ser sustituidos
43 En el Of 7. 1/298 (1981) de los CI se indica, de manera absurda, que no es obligatorio para los consejos técnicos aceptar las propuestas que les haga el personal académico y en el Of. 7. 1/1108 (1992) también se señala que la permanencia en una comisión dictaminadora puede ser “indeterminada”.