Número 13                                               Época IV                                     Febrero 2008


REFORMA UNIVERSITARIA


Ciencia y tecnología en el gobierno de Vicente Fox

La tónica de la política seguida en C&T en el país ha sido la siguiente: un creciente sometimiento a los intereses del capital, convirtiendo los conocimientos generados por la investigación científica en una mercancía, y un evidente incumplimiento de la ley que obliga a invertir el 1% del PIB en el desarrollo de esas actividades. a los intereses del capital y del mercado

Jaime Ornelas Delgado

Primera aproximación

En términos de creación y uso de recursos y riquezas, e incluso en el ejercicio de la hegemonía, el conocimiento científico ha sido y es poder efectivo para las clases sociales que son capaces de producirlo y utilizarlo en su favor.

Desde el punto de mira de los promotores del neoliberalismo, la ciencia y la tecnología (C&T) tienen una función primordial en el crecimiento económico, la competitividad y la productividad. Se trata, en este caso, de una visión estrictamente economicista en tanto que la C&T se conciben como actividades puestas al servicio exclusivo del capital –a su ganancia y reproducción– y que poco, o nada, tienen que ver con la atención a las necesidades sociales, o con un proyecto nacional que procure el bienestar de la población en un marco de independencia política, económica, científica y cultural.

Pero cualesquiera que sea la posición que se asuma frente a la C&T, es tal su importancia en la sociedad que las decisiones y actividades relacionadas con su producción y desarrollo, así como del uso de sus resultados, tienen un ineludible carácter político;esto es,no se definen por sí mismas sino que, más bien, son el resultado final de la imposición de los intereses, las necesidades y exigencias de la clase que controla la producción y el poder político, aunque sin duda bajo determinadas circunstancias y condiciones el desarrollo científico y tecnológico resulta influido también por los intereses y necesidades de otros sectores sociales opuestos al poder, o aun lejos de él.

En todo caso, las determinaciones en C&T dependen de la correlación de fuerzas sociales prevaleciente en los momentos en que se define la política en ese sector. En otras palabras, las relaciones entre las distintas fuerzas sociales reales, más que las estructuras y las instituciones formales, son las que realmente cuentan en el desarrollo y orientación de la ciencia y la tecnología.

Siguiendo la visión neoliberal, las actividades científicas y tecnológicas en México han sido reconocidas, en el discurso gubernamental y privado, incluidos muchos científicos y tecnólogos universitarios, como tareas fundamentales para el crecimiento de la economía.

De esta manera, y para cumplir con ese propósito económico, en 2002 el presidente envió al Legislativo una iniciativa de ley para impulsar el desarrollo de la C&T, que al tiempo de separar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de la Secretaría de Educación lo convirtió en el organismo rector del desarrollo de esas actividades en el país. A la Ley de Ciencia y Tecnología, en 2004 se le añadió el artículo 9bis, donde se obliga al gobierno a invertir el 1% del PIB al desarrollo de esas actividades(1).

En general, el Conacyt ha tenido como propósito alentar la participación del capital privado en el C&T y se había fijado como meta para 2006 que la inversión total en el sector llegara a 77 mil 161 millones de pesos, que representarían aproximadamente el 1% del PIB, “60% provenientes del sector público y 40% de la iniciativa privada” (Parada, 2006: 3a). Sin embargo, finalmente ni siquiera se llegó a la mitad de ese mandato legal y la iniciativa privada mantiene escaso interés por invertir en esos rubros.

La tónica de la política seguida en C&T en el país ha sido la siguiente: un creciente sometimiento a los intereses del capital, convirtiendo los conocimientos generados por la investigación científica en una mercancía, y un evidente incumplimiento de la ley que obliga a invertir el 1% del PIB en el desarrollo de esas actividades. Lo esencial de la investigación que se hace en México, conviene enfatizar, incluida la que se realiza en las instituciones públicas debido a una consentida ingerencia del Banco Mundial, tiende a supeditarse cada vez más a los intereses del capital y del mercado(2).

Con ese propósito, el gobierno de Vicente Fox creó un Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico en beneficio de las empresas privadas que decidan realizar investigación para mejorar su competitividad, es decir, en apoyo “al desarrollo y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico propios de la empresa contribuyente y orientados a la creación de nuevos productos, materiales, procesos y servicios que representen un avance científico y tecnológico”. (Programa, 2005: 8.)

El programa funcionó de inmediato y entre las empresas favorecidas se pueden encontrar desde compañías hospitalarias (Ángeles y Médica Sur), hasta corporaciones industriales transnacionales (como la General Motors, IBM, Hitachi, Motorota, DuPont, y Hewlett Packard) o productoras de comida “chatarra” (Barcel y Bimbo), pasando por establecimientos financieros como Inbursa; y compañías de entretenimiento (Disquera BMG), cuya vinculación con la investigación científica dista mucho de ser evidente.

El subsidio total a estas y otras empresas privadas, entre 2001 y 2003, ascendió a mil 411 millones 884 mil pesos (La Jornada, 17 de octubre de 2004: 2) y para 2004 se habían canalizado en su favor dos mil 4 millones de pesos para apoyar tres mil 561 proyectos de compañías privadas, de las cuales 585 (61%) eran pequeñas y medianas, mientras que 368 (39%) fueron empresas grandes. (Programa, 2005.) En 2005, este fondo dispuso de un monto superior a los 3 mil millones de pesos. De esta manera, los recursos públicos son puestos al servicio de la ganancia de empresas de capital privado, incluidas algunas transnacionales que posiblemente ni siquiera requerirían del estimulo, en detrimento de la investigación como bien público.

Esta política, ha significado también el desprecio por la investigación básica. En este sentido, Alejandro Alagón Cano, Premio Nacional de Ciencias, puso de relieve los rasgos que definen la política de desarrollo científico y tecnológico durante el sexenio de Vicente Fox, de la siguiente manera:

En el gobierno foxista, se ha calificado igual una investigación científica en el sentido más estricto que otra que de ninguna manera lo es, como por ejemplo hacer un trabajo de mercadotecnia para saber si la defensa de un conche es mejor de tal o cual forma. Con ello, añade, muchas empresas transnacionales se han beneficiado con los estímulos o programas otorgados por el gobierno federal, al tiempo que se descuidaron los apoyos a la ciencia básica. A esto, enfatiza, yo lo llamaría un apoyo tecnócrata desaprovechado.” (La Jornada de enmedio, suplemento científico-cultural de La Jornada, 3 de noviembre de 2005: 2a.)

La orientación de la política del gobierno federal en C&T, tendiente a someter el desarrollo de la investigación a la lógica del mercado, termina por empobrecer sus resultados pues se limitan a favorecer a la empresa privada más que a un proyecto nacional que utilice el conocimiento adquirido en beneficio del bienestar social.

En estos momentos, México se encuentra aún lejos de la llamada “sociedad del conocimiento” debido a que a la orientación mercantil del desarrollo científico y tecnológico, se agrega el hecho de que los escasos recursos gubernamentales destinados a impulsarlo se orientan a satisfacer, prioritariamente, las necesidades de las empresas que, por su parte, han emprendido una estrategia de vinculación cada vez más estrecha con diversas universidades públicas y privadas. Estrategia que es impulsada por las autoridades educativas, recomendándolas incluso como forma de sobrevivencia.

Financiamiento al desarrollo científico y tecnológico.

El gobierno de Vicente Fox, en materia de C&T se manejó bajo la consideración de que resultaba más barato importar los resultados de las investigaciones que producirlos en el país. Con esto, el gobierno y el sector privado en México han dado mayor impulso a una actividad adaptativa de los resultados científicos y tecnológicos alcanzados en otras latitudes, sobre todo en los países desarrollados, que a la investigación original y que busca soluciones a las necesidades del país.

Esta visión significa que tanto el gobierno como el sector privado destinan pocos recursos al financiamiento del desarrollo científico y tecnológico. En total, ambos sectores gastan en esas actividades alrededor de 46 mil 599 millones de pesos, de los cuales al gobierno corresponde el 66%, mientras el restante 34% lo invierte directamente la empresa privada(3).

De esta manera, la inversión nacional destinada al desarrollo de la investigación científica y tecnológica resulta similar, y es en muchos casos inferior, a la que empresas transnacionales como la General Motors o la IBM dedican a esos rubros. En otro caso, que muestra la mezquindad de los recursos destinados en México a la C&T, es el presupuesto ejercido por el Conacyt en 2004, que fue de 5 mil 76 millones de pesos, monto similar al que anualmente destina a las tareas de investigación la Universidad de Arizona: 450 millones de dólares. (López, 2005: 10.)

De acuerdo con esta política, determinante en el refuerzo de la dependencia científica y tecnológica del país, el gobierno de Vicente Fox destinó cada vez menos recursos a esas actividades. El caso es que a lo largo del sexenio foxista el financiamiento de esas actividades fue apenas poco más de un tercio de la exigencia legal de destinar por lo menos el 1% del PIB a la C&T, que ha sido además una demanda constante de la comunidad científica nacional(4). (Cuadro 1.)

CUADRO 1
MÉXICO: GASTO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
(2001–2006)

 AÑO

GFCT*

GFCT como % del PIB

2001

22,932

0.42

2002

24,408

0.42

2003

24,860

0.40

2004

29,809

0.43

2005

28,852

0.38

2006

30,599

0.35

* Gasto Federal en Ciencia y Tecnología. Millones de pesos corrientes.
Fuente: 2000–2004, CONACYT/SEP. Indicadores de Ciencia y Tecnología 2004. Para 2005: CONACYT, Informe General de la Ciencia y la Tecnología, 2005. Para 2006: Roberto Garduño. “Migajas, propuesta de Fox para ciencia y tecnología.” La Jornada, 19 de noviembre de 2005: 17.

Como puede resultar evidente, el nivel del gasto en C&T en México se encuentra por debajo de los montos que, a nivel internacional, se consideran como los mínimos necesarios para desencadenar un proceso evolutivo autorreforzante de la actividad científica, tecnológica y de innovación con la economía y la sociedad.

De los países europeos, asiáticos y americanos incluidos en el cuadro 2, México es el que menos invierte en el desarrollo científico y tecnológico, incluso naciones con menos ingreso per cápita que la nuestra, como China y Malasia, muestran un mayor gasto en actividades científicas y tecnológicas como plataformas del desarrollo competitivo de su economía. (Cuadro 2.)

De esta manera, mientras países como Corea, Singapur, Vietnam o China han elevado su competitividad desarrollando y explotando sus tecnologías, México en cambio ha mantenido su precaria presencia en el mercado internacional pagando bajos salarios a los trabajadores y como eso tiene serias limitaciones se ha ido perdiendo competitividad. Así, en tanto la industria manufacturera china tuvo un crecimiento del 16% en los últimos seis años, en México el PIB de ese sector de la economía apenas lo hizo en 0.78% en el mismo lapso. (Gutiérrez, 2006.)

 

CUADRO 2
INVERSIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN RELACIÓN AL NIVEL DE DESARROLLO (PAÍSES SELECCIONADOS, 2004)

Continente y país

Investigadores por millón de habitantes

Gasto en Ciencia y Tecnología % del PIB

PIB per cápita miles de dólares

EUROPA.

Islandia

6592

3.0

36,500

Suecia

5186

4.6

33,700

Reino Unido

2667

1.9

30,200

Finlandia

7110

3.4

30,900

Alemania

3153

2.5

29,100

Francia

2718

2.2

28,600

Noruega

4377

1.6

48,400

ASIA.

Japón

5321

3.1

33,700

Corea del Sur

2880

3.0

12,600

Singapur

4052

2.1

20,895

Vietnam

276

2.0

4,000

China

584

1.2

4,500

NORTE Y SUR AMÉRICA.

México

225

0.4

6,200

Estados Unidos

4099

2.8

37,600

Canadá

2970

2.0

27,100

Brasil

323

1.1

7,000

Fuente: UNESCO Institute for Statistics 2004.

Aún más, en el sexenio de Vicente Fox la productividad media por trabajador (que es uno de los factores determinantes para atraer inversiones), en la industria manufacturera creció en México 3%, mientras que en Estados Unidos avanzó 5.2% y en el caso de China, aumentó 12% al año. (Gutiérrez, 2006.) Esto permite explicar las razones por las cuales, sin tener tratado de libre comercio, los productos chinos han desplazado a las mercaderías mexicanas en el mercado estadunidense.

En el continente asiático, donde según la UNESCO más recursos se destinan al desarrollo científico y tecnológico y el crecimiento económico es de los más altos del mundo, el gasto en C&T representa el 31.5% del gasto mundial en esas actividades y desde hace tiempo se dio en esa región un importante impulso al desarrollo científico en seis áreas: tecnologías de información; biotecnología; tecnología de nuevos materiales; tecnologías de fabricación de vanguardia; aeronáutica y actividades espaciales, lo que ha hecho crecer de manera impetuosa el sector manufacturero en términos de procesos de innovación que ha puesto a esa nación a la vanguardia del comercio mundial. En México, en cambio la innovación y el desarrollo de tecnología se concentra en dos sectores: el de alimentos y el automotor.

Por su parte, respecto del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país ocupa el último lugar en inversión para el desarrollo de la C&T. En la OCDE el promedio de gastó en C&T de los 30 países que la integran fue, en 1985, equivalente al 2.08% de su PIB y lo incrementaron a 2.26% en 2004; a su vez, los países de la Unión Europea pasaron de 1.7 a 2.26% en esos mismos años y en el “Acuerdo de Lisboa” establecieron el compromiso de elevarlo a 3% en 2010. (Foro, 2006: III.) Lastimosamente en México no se ha podido pasar del 0.4% y en 2006 el país se alejó todavía más del 1% propuesto.

Por otra parte, las restricciones que el gobierno de Vicente Fox impuso a las universidades públicas provocaron que la formación de investigadores y la existencia de posgrados de calidad sean escasas. En México, en 2003 se graduaron mil 433 doctores, en Brasil Fueron 7 mil 729, en España 6 mil 436, y en Corea del Sur 7 mil 623. Ante esta desolada situación, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, advirtió enfático:

“México no puede pretender avanzar en un mundo más competitivo cuando apenas gradúa mil 500 doctores al año, mientras que en Estados Unidos se titulan 50 mil doctores anualmente y 20 mil en Canadá.” (La Jornada, 21 de noviembre de 2006: 48.) Actualmente, en el Sistema Nacional de Investigadores hay registrados 10 mil 400 investigadores, cuando los estándares internacionales establecen un mínimo de 200 por cada millón de habitantes.

De igual manera, el número de personas dedicadas a las actividades de investigación y desarrollo por cada mil empleos en México es alrededor de 0.9; en Alemania 12.2; Hungría 6; Japón 13.6; Corea 8.4; España 8.5 y la Unión Europea 10.1. (Foro, 2006: II.)

Pero no termina ahí los problemas, pues si bien es cierto que se forman pocos doctores e investigadores los que se gradúan difícilmente encuentran empleo, o lo encuentran con salarios irrisorios. En realidad, el estancamiento económico en el mismo sexenio de Vicente Fox ha implicado el desperdicio de las mujeres y hombres que se forman en las universidades públicas y por eso no extraña que cada vez emigren más graduados de nuestras universidades hacia Estados Unidos: “En México persiste –advirtió Caglar Ozden, investigador del Banco Mundial– el desperdicio de cerebros. Esta situación se evidencia en el bajo nivel de ocupación de universitarios y posgraduados en ámbitos vinculados con su área de estudio y en la creciente migración de éstos hacia países desarrollados.” (La Jornada, 3 de diciembre de 2005: 16.)

El fracaso de la política foxista en materia de C&T es evidente, aún considerando sus propios parámetros, pues la competitividad perseguida como único propósito del sistema de C&T ha caído bruscamente del lugar 33 en el mundo al 56 y si en la economía mundial la mexicana ocupaba el noveno lugar, ahora está en el 14.

Las universidades públicas y la investigación.

A las universidades públicas, donde se realiza la mayor parte de la investigación científica en México, la continua disminución del subsidio gubernamental las obliga a buscar fuentes alternas de financiamiento, propósito para el cual se han diseñado e impulsado programas de vinculación de la universidad con las empresas capitalistas que operan en el mercado. La importancia que recientemente han adquirido esos programas, impone orientar los esfuerzos de las instituciones, de sus docentes e investigadores, a la frenética obtención de fondos externos a la manera de cualquier empresa mercantil participante en el mercado de bienes y servicios. (González, 2001: 102.)

De esta manera, las actividades de las universidades públicas se han transformado en meros servicios mercantiles. Al mismo tiempo, crece en ellas la importancia de aquellas actividades que sirven para ganar clientes y obtener mayores ingresos. Así, secuestrada su esencia por la visión mercantil, las universidades públicas procuran resolver sus dificultades financieras solucionando problemas a las empresas de capital privado, con lo que se establecen entre universidades públicas y empresas privadas profusas relaciones mercantiles que termina por pervertir las funciones sustantivas de la universidad y de la investigación y sus resultados.

Esto ha hecho que en muchas universidades públicas los investigadores empiecen a dedicar buena parte de su jornada laboral, y sobre todo su inteligencia, talento y voluntad de trabajo, a buscar clientes en el marco de programas de vinculación –tarea convertida en una nueva función sustantiva universitaria–, encaminados a “posicionar” en el mercado correspondiente los servicios ofrecidos por las universidades y sus investigadores.

Este proyecto tiene efectos derivados para las universidades públicas, que empiezan a destinar más recursos a la investigación aplicada –que resuelve problemas específicos de una u otra empresa privada, la que pague el servicio–, que a la ciencia básica –cuyo fin es atender al desarrollo de la ciencia y producir conocimientos sin destinatario ni aplicación particular–, además de aumentar los recursos destinados a las ciencias naturales y a la innovación tecnológica, limitando aquellos orientados al desarrollo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes.

Lo mismo hace el gobierno federal que a través del CONACYT ha disminuido los apoyos a la investigación básica y se han priorizado los apoyos a la investigación aplicada y experimental. Es el caso del Programa de Fondos Mixtos y Sectoriales (donde participan en el financiamiento de los proyectos de investigación el gobierno federal y los gobiernos locales), que en 2005 dispuso de 600 millones de pesos –ciertamente un monto ridículo– para financiar proyectos de investigación en todos los estados de la República, cuya distribución reafirma lo dicho sobre la estrategia del gobierno foxista en esta materia. Según señaló Alejandro Romero Gudiño, director adjunto de Desarrollo Regional y Sectorial del CONACYT: “El 82% se relaciona con la investigación aplicada; 14.5% se enfoca al desarrollo tecnológico y 3.5% concierne a la básica.” (“Investigación y Desarrollo”, Suplemento de Ciencia de La Jornada, julio de 2005: 7.)

Conclusión.

Resulta sencillo coincidir con René Drucker Colín cuando afirma que la desatención del gobierno del presidente Vicente Fox ha hecho de éste “un sexenio negro” para la ciencia y la tecnología, cuyo deterioro, aseguró el científico, será difícil revertir, por lo menos, en ocho o 10 años.

El balance en materia presupuestal es también negativo, pues los recursos públicos destinados a impulsar el desarrollo científico y tecnológico no sólo fueron escasos sino que, incluso, se redujeron. Pero aun en sus propios términos y de acuerdo a sus propósitos, el fracaso de la política foxista en materia de ciencia, tecnología e innovación es evidente, pues la competitividad de la economía mexicana, concebida como el único fin del sistema de C&T, ha caído estrepitosamente, lo que le ha significado perder terreno en el mercado estadunidense. A su vez, la baja productividad impide elevar los volúmenes de inversión lo que redunda en el escaso crecimiento de la economía, la falta de empleo bien pagado y la persistencia de la pobreza.

A pesar de que el impulso a la C&T no es sólo una cuestión de oportunidad, o conveniencia, sino de supervivencia, las características más acusadas del sistema de ciencia y tecnología en el país, son: 1) La falta de apoyo, interés y estímulo a la actividad científica y tecnológica por parte del sector privado(5); 2) Inexistencia de un interés real por parte de todos los órdenes de gobierno por el desarrollo de una estructura científica y tecnológica capaz de actuar contra la dependencia actual en esas materias; y 3) Crecientes limitaciones presupuestarias impuestas al desarrollo de las universidades públicas, lo que atenta contra la escasa actividad de investigación científica que se desarrolla en México.

Finalmente, de acuerdo con el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología la falta de una política de Estado para el desarrollo de la C&T hace que no se puedan enfrentar adecuadamente los retos que impone la necesidad del desarrollo científico actual, a lo que se suma la fuga interna de vocaciones científicas debido a que muchos jóvenes universitarios estiman que otras áreas del conocimiento y del ejercicio profesional les permiten alcanzar mejores niveles salariales.

Esta situación, sin embargo no puede ser resuelta mediante la creación de una secretaria de Estado. No obstante, diversos investigadores se han opuesto a esta solución pues al final de cuentas la burocracia termina por devorar los escasos recursos existentes. Más bien lo que importa es fortalecer lo que ya se tiene, en especial el Conacyt debe desburocratizarse y orientarse a impulsar, sin prejuicios ni discriminación alguna, el desarrollo de la investigación básica y aplicada; en ciencias naturales, humanidades y sociales. Sólo una visión así podría permitir a la C&T ser un factor capaz de contribuir a elevar el nivel de bienestar de la población y hacer que el país se incorpore al concierto internacional de la competitividad, el empleo y la productividad.

NOTAS
1. Aprobada la inserción en la Cámara de Diputados, la Presidencia de la República alargó su publicación en el Diario Oficial de la Federación; sin embargo, la presión de los científicos y sus organizaciones, así como del Poder Legislativo terminaron por hacer que el presidente Fox publicara el decreto correspondiente. No obstante, en los hechos el gobierno ha incumplido sistemática e impunemente la ley.
2. El Banco Mundial: “Está metido de lleno en la agenda transexenal educativa y científica de México […] y ha logrado introducir en el sistema de educación superior y de investigación científica y tecnológica mecanismos para orientar esas actividades a atender sólo las necesidades del mercado”, concluyó después de una minuciosa investigación Gian Carlo Delgado, investigador del programa “El mundo en el siglo XXI” de la UNAM. (La Jornada, 20 de septiembre de 2006: 30.)
3. Sólo como información, en Japón el sector privado aporta el 73% de la inversión total para investigación y desarrollo experimental; Corea del Sur 72%; Estados Unidos 67%; España 47%; y en el Reino Unido 46%. (Parada, 2005: 3a.)
4. Incluso, la cantidad establecida por la ley. Según reconoce la Comisión de Ciencia y Tecnología de la OEA, la inversión en C&T equivalente al 1% del PIB, meta usual de muchos países latinoamericanos, no resulta suficiente para alcanzar niveles importantes de desarrollo y reducir la creciente brecha científica y tecnológica.” Y en México no se invierte no la mitad de ese indicador. (Foro, 2006: III.)
5. “En México de un universo de de más de 4 millones de empresas, sólo mil invierten en innovación y desarrollo de tecnología, afirmó Guillermo Aguirre Esponda, director adjunto de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación del Conacyt”. (El Financiero, 22 de septiembre de 2006: 16.)

Bibliografía.
López Leyva, Santos (2005). “Formas de capitalismo académico en las universidades mexicanas”, Ponencia presentada en el VII Seminario Nacional Territorio Industria y Tecnología: “Políticas para la innovación en México. Las relaciones Gobierno–Universidad Empresa”, Universidad Autónoma de Guanajuato, mayo.
Gutiérrez, Elvia. “La economía mexicana perdió competitividad industrial, el PIB manufacturero se mantuvo estancado”, “Análisis Económico”, Suplemento de El Financiero, 23 de noviembre de 2006, p. 3A.
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2006). “Ciencia, Tecnología e Innovación en México; Hacia una Política de Estado”, en Investigación y Desarrollo, suplemento de LaJornada, septiembre. González Casanova, Pablo (2001). La Universidad necesaria en el siglo XXI, Ediciones ERA, México.
Programa de Estímulos Fiscales para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico. Programa del Gobierno Federal de Apoyo a las Empresas que Invierten en Desarrollo Tecnológico, México, 2005.
Parada, Jaime. “Foro Crecimiento de Negocios e Innovación”, La Jornada de en medio, Suplemento de La Jornada, 2 de septiembre de 2006: 3a.)