Número 17                                         Época IV                               Marzo 2010


LA CRISIS EN LA COYUNTURA NACIONAL

La crisis proviene de treinta años de transferencia de ingreso del trabajo al capital. En esos años se produjo una serie de procesos de destrucción-reestructuración de los sistemas productivos, así como de las instituciones y de las políticas económicas de los gobiernos.

Laura Becerra Pozos*

La coyuntura del 2010 nos remite definitivamente a referenciar la crisis global y nacional, aun cuando los responsables de la política económica y el propio Felipe Calderón insistan en que lo más grave ya pasó, que el escenario para este año que comienza es alentador y que esperan un crecimiento económico del 3%, meta que califican de “optimismo moderado”. En todo caso, hay que decir que aun teniendo alguna base de realidad, dicho crecimiento sólo confirma lo mal que se encuentra México frente a otros países de la región, que no aplican la ortodoxia neoliberal.

Además de las consecuencias de la crisis económica, México padece una crisis social y política que tiene su expresión más clara en el incremento de la pobreza, el desempleo, el crimen organizado y la violencia generalizada, esto es, la violación recurrente y el no ejercicio de los derechos humanos. La sociedad mexicana está descontenta, lastimada e incrédula frente a los gobiernos y la clase política en general, mientras los movimientos populares no consiguen las reivindicaciones mínimas por las que luchan, a pesar de la presión, protesta y movilizaciones.

La soberanía del país se encuentra vulnerada. El gobierno ha sido incapaz de promover políticas públicas para utilizar el petróleo y a PEMEX como palanca del desarrollo nacional, convirtiendo a México en un simple e incondicional abastecedor de petróleo a la economía estadunidense. Con el capital trasnacional se controla ya una tercera parte de la generación de energía eléctrica en México. Además de un campo crecientemente explotado por trasnacionales, que expulsan a millones de mexicanos y mexicanas, en un escenario de creciente narcotráfico y violencia generalizada.1

Dimensión de la crisis

La crisis proviene de treinta años de transferencia de ingreso del trabajo al capital. En esos años produjo una serie de procesos de destrucción-reestructuración de los sistemas productivos, así como de las instituciones y de las políticas económicas de los gobiernos. Entre las trasformaciones impulsadas, tanto por gobiernos, como por los representantes del gran capital, destacan la ofensiva del capital contra el trabajo, que aún continúa, y que, entre otras cosas, significa el uso de métodos inflacionistas en la fijación de precios; el incremento de la intensidad del trabajo; la “flexibilización” de las normas laborales; el desmantelamiento de la seguridad social y de los sistemas de bienestar; y la utilización de políticas de abatimiento de costos.2

Como lo hemos destacado en otras reflexiones, la crisis global, involucra fenómenos como el encarecimiento mundial de los alimentos, la crisis energética internacional, así como el deterioro del medio ambiente y los recursos naturales. Los expertos la definieron en suma, como una crisis que sacude todos los componentes de la producción a escala mundial; es una crisis sistémica.

La crisis en América Latina

La crisis -presente en toda América Latina- con un desarrollo diferenciado entre países y sectores, a pesar de que tuvo sus orígenes en el centro, adoptó formas particulares en la región, que al menos reflejan los límites del modelo neoliberal aplicado en las últimas décadas.3

Entre las consecuencias comunes de la crisis en la región de América Latina se destaca que la inversión extranjera directa se redujo en un 37%; el desempleo se incrementó de 1% a un 8.3%, además de un aumento general de la pobreza. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que 3 millones de personas cayeron en la extrema pobreza en América Latina y El Caribe en el 2009, llegando a un total de 71 millones. Otros 110 millones de latinoamericanos son clasificados como pobres.4

Ahora se dice que el impacto de la crisis financiera en América Latina irá amainando en el 2010, pero otros factores –económicos, políticos y climatológicos- podrían retardar la recuperación. Dicha crisis financiera, aunque no fue tan severa en otras regiones en desarrollo, como Europa Oriental, golpeó duramente a América Latina y El Caribe. La CEPAL informó a principios de enero que el Producto Interno Bruto (PIB) regional cayó en 1.8% en el 2009 luego de casi una década de crecimiento ininterrumpido.5

La crisis en México

México fue el más afectado de los 20 países evaluados por la CEPAL. En su Informe del 2009, señala que México habría desaprovechado oportunidades para contener la recesión y tuvo el peor desempeño económico de AL al registrar un crecimiento negativo interanual del 7% en 2009, cuando el promedio regional se limitaría a una recesión de 1.8%.6

Por tanto, entre 2003 y 2007, según la CEPAL, México ocupa el lugar 24 de los 32 países de América Latina en cuanto a ritmo de crecimiento. Cuando entre 1994 y 2002 ocupaba el lugar 16.7

El pronóstico es que nuestro país tendrá que esperar hasta el 2012 para recuperar el nivel de actividad económica que tenía antes de la crisis. Lo que desmiente el “optimismo moderado” del presidente del México y de su incondicional gobernador del Banco de México, Agustín Carstens.

La crisis económica

La crisis se manifiesta en el estancamiento económico y del mercado interno; en el crecimiento exponencial del desempleo, contracción del crédito y de los recursos para el desarrollo, deterioro brutal de los niveles de vida de la población y una desigualdad social que se dispara. Lo que significa que no sólo estamos frente a una crisis financiera y económica, sino que vivimos una crisis mucho más amplia y profunda: de civilización, de principios y valores, y en estas dimensiones es que tendrán que buscarse sus soluciones.8

Desde el inicio de los gobiernos provenientes del Partido Acción Nacional (2000) la economía se estancó. El crecimiento anual promedio del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2001 y 2007 fue tan sólo del 2.3% (INEGI, 2008). La caída del PIB en el primer semestre del 2009 alcanzó el 8.2%. Ahora se reconoce que la economía mexicana en el 2009 se desplomó en un 7%.

Las Inversiones Extranjeras Directas (IED) en México en el 2009 cayeron en un 41% igual que el porcentaje registrado para el conjunto de la región latinoamericana, según el estudio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicado en México el 19 de enero de 2010.

El saldo levemente favorable entre exportaciones e importaciones, anterior a la crisis, sin embargo no se reflejó en la generación suficiente de empleos para los mexicanos; el número de desempleados, para marzo del 2009, alcanzó a 2.4 millones de personas.9 La tasa de desempleo para octubre del 2009 se ubicó en 5.9%, la más elevada en los últimos 12 años. Entre otros factores por el pobre dinamismo del sector manufacturero (1.3%) y por el abandono crónico del campo. Así,31 millones de mexicanos (33% de la población) viven con un ingreso de tres salarios mínimos o menos, 1.9 millones están desempleados y 11.8 sobreviven en el comercio informal.10

No es posible hablar de superación de la crisis si el problema del desempleo continúa. En México, 28 de cada 100 personas en edad de trabajar está subempleada, es decir, sin prestaciones sociales y menos seguridad social.11 En tal sentido, el Instituto Nacional de Geografía (INEGI) calcula que la población mexicana que conforma la economía informal alcanza a cerca de 25.7 millones de personas, que representan casi el 60% de mayores de 14 años en edad y condiciones de trabajar.12

El crecimiento de la informalidad se asocia en principio con el cierre de más de 700 mil empresas de la construcción, en el último trimestre del 2009. El mismo Instituto agrega que por causa de la crisis, en 14 meses (octubre de 2008 a diciembre de 2009) quebraron 12,500 empresas.

La más visible fue el cierre, por decreto, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009 por parte del Gobierno Federal, que significó el despido injustificado de cerca de 50 mil trabajadores y que refleja -entre otras atrocidades- el irrespeto a las organizaciones sindicales, que son fruto de las luchas sociales del pueblo de México, de muchas décadas atrás, así como la violación a los derechos laborales.

Para junio del 2009 se calculó en 2.3 millones, el número de personas desempleadas, esto es el 6% de la PEA nacional.

Los graves impactos de la crisis en el ámbito del trabajo y el empleo, colocan al movimiento sindical en una circunstancia adversa, pues tales efectos son usados como un instrumento de chantaje para congelar o reducir salarios, para precarizar, flexibilizar y tercerizar aún más, para reducir derechos y, con todo ello, restringir el radio de acción de los sindicatos.

La crisis, incluso, está siendo un pretexto, aun en sectores o áreas en las que no necesariamente tiene un impacto directo, para profundizar pérdida de derechos. Además de que se pretende aprobar una reforma laboral flexibilizadora y regresiva, supuestamente como parte de un paquete de emergencia frente a la crisis.13

Durante 2009, el 34% de las empresas mexicanas habían congelado las remuneraciones de sus empleados. En el 2010, los trabajadores tendrán que lidiar con el alza de impuestos, el alza incontenible de las gasolinas, el aumento de tarifas en los servicios públicos, como el transporte y la reducción de sus salarios respecto a la inflación, que podría ser superior al 5%, según predicciones del Banco de México.

Así el aumento salarial autorizado de 4.8% no significa mejoría alguna. El nuevo salario mínimo, cuyo importe varía según las tres zonas geográficas, alcanza una media de 55 pesos diarios (3 euros), 2.6 pesos más que el año pasado. En general, a lo largo de los últimos seis años, los trabajadores que cobran salario mínimo han visto derrumbarse en 22% su poder adquisitivo.14

El modelo económico aplicado acríticamente en México por tanto, ha reducido drásticamente el poder adquisitivo del salario. De 1977 a 1988 se vivió la mayor pérdida del salario, con una caída anual promedio de 7.9%. Para el periodo de 1989 a 2007, la caída en promedio fue de 4.4%.15

Como lo dice Jorge Robles, en su artículo citado, la reducción real del salario se ha dado al menos por cuatro camino: uno es la inflación con la que cada vez alcanzamos a comprar menos; otro son los impuestos que dejaron de convertirse o traducirse en servicios de salud, educación y otros; es decir, el Estado abandona crecientemente sus obligaciones sociales y el trabajador resta a su ya mermado salario, el pago de estas prestaciones que le han ido retirando o recortando; el tercero es el sistema de crédito y las altas tasas de interés, y por último está la desagregación del salario diario en salario base, bonos y prestaciones ligadas a la productividad.16

En el campo mexicano los problemas no son menores, desde hace años la ausencia de una justa política agraria, e incluso la indiferencia, han provocado tres tipos de impactos, agravados por la crisis: especulación con los alimentos en las bolsas de valores; invasión de los mercados nacionales con alimentos producidos y comercializados por las trasnacionales; inundación de semillas genéticamente modificadas.

Por tanto, las exportaciones a precio de dumping destruyen los sistemas productivos nacionales, sobre todo los tradicionales. La especulación con los alimentos los pone fuera del alcance de las familias más pobres. La invasión de semillas arrasa con la dotación de simientes naturales y con ecosistemas antiguos. La necesidad de competir con las altas productividades de las transnacionales hace que se sacrifiquen suelos, bosques, mantos acuíferos para poder ganar la loca carrera productiva y librecambista.17

Una prueba del descuido y desprecio por los trabajadores del campo es el hecho de que en el 2009 se desplomó en 60% el crédito del gobierno para apoyar la producción y actividades agropecuarias, que regularmente entrega a través de Financiera Rural. De acuerdo con datos del INEGI, los créditos se redujeron en 60.6% en promedio general -entre enero y septiembre del 2009- respecto al mismo periodo de 2008, Entre los estados más afectados, se mencionan Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato y Guerrero.

Para los migrantes y en particular para sus familias en México, la crisis ha significado serias consecuencias por la caída de las llamadas remesas, que son la segunda fuente de ingresos de divisas. En octubre del 2009 descendieron estrepitosamente en 35.8% respecto al mismo periodo del año anterior. El 40% de los beneficiarios de estas remesas pertenecen a los estratos más pobres de la población y muy probablemente caerán o ya se encuentran en la extrema pobreza. Mientras, se habla de “remesas al revés”, pues se sabe que muchas familias desde México están apoyando a su gente que en Estados Unidos está desempleada.18 El banco central informó que durante el 2009 cayeron a 21 mil 181.17 millones de dólares, cantidad inferior en casi 16% de las recibidas en 2008.

La crisis social

En el mes de julio de 2009, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) reportó, con base en cifras del INEGI, que de 2006 a 2008 el número de pobres se incrementó. Pasó de 46.1 a 50.6 millones de personas. El aumento fue de 5.1 millones de pobres alimentarios y 6 millones de pobres patrimoniales, lo que da un total de 50.6 millones de mexicanos en pobreza.

Aunque algunos analistas serios aseguran que la cifra rebasa los 70 millones. Por lo demás, se prevé que seguirá en aumento el número de pobres alimentarios y patrimoniales. Todo esto significa que estamos en los mismos niveles de hace 16 años, según los especialistas.

El CONEVAL, organismo encargado de medir la pobreza en México, reveló que sólo el 18%% de la población tiene ingresos suficientes para vivir. El resto se reparte en tres categorías: vulnerabilidad, pobreza moderada y pobreza extrema. En otras palabras, la inmensa mayoría de las y los mexicanos viven o sobreviven en condiciones precarias. Sobre una población de 103 millones de habitantes, 36 millones viven con menos de 1,920 pesos mensuales (100 euros) y 11 millones con menos de 830 pesos al mes (40 euros).19

La pobreza no sólo consiste en la falta de ingreso, la misma fuente citada indica que 69 millones de personas no tienen acceso a seguridad social y 43 millones no tienen derecho a los servicios de salud.

La situación crítica de las familias también ha elevado dramáticamente el “empleo” infantil. La OIT reveló recientemente que 3.6 millones de niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, se ven obligados a trabajar. Se calcula que 23 millones viven en condición de pobreza.

El más reciente Informe de la UNESCO descubre que en nuestro país hay un millón 300 mil jóvenes que se ubican en el índice de “penuria y marginación” de la enseñanza (no asisten a la escuela), además un 13% de niños padecen “raquitismo moderado y grave”, con efectos irreversibles.

No puede dejar de mencionarse la violencia extrema en que vive el país en el marco del combate al narcotráfico. La Comisión de Derechos Humanos indica que en el 2009 se contabilizaron 8 mil ejecuciones. Hay una gran coincidencia en que la decisión del presidente Calderón de combatirlo a través de las fuerzas armadas no ha servido y muy por el contrario ha generado una violencia generalizada que cobra cada vez más víctimas inocentes. En lo que va del sexenio se suman ya cerca de 17 mil ejecutados (uno cada hora en el 2009).

El Informe de Human Rights Watch del 2010, Capítulo México ha sido contundente para denunciar los verdaderos efectos de esa política. “El presidente Felipe Calderón ha delegado mayormente en las fuerzas armadas la lucha contra la violencia relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado. En el marco de sus actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. México permite sistemáticamente que las fuerzas militares se investiguen así mismas a través de un sistema de justicia militar que garantiza la impunidad de los abusos cometidos por el Ejército.

“El sistema de justicia penal en México padece graves problemas de derechos humanos, como el uso de la tortura y el maltrato por parte de las autoridades de aplicación de la ley, y no juzga adecuadamente los delitos. La creciente violencia contra los periodistas que denuncian al crimen organizado y la corrupción gubernamental ha generado un clima de autocensura en varias partes del país.

“Los soldados mexicanos continúan cometiendo abusos aberrantes durante su participación en actividades de seguridad pública. La cantidad de denuncias de abusos cometidos por el Ejército presentadas ente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México se sextuplicó entre 2006 y 2008, y llegó a 559 durante el primer semestre de 2009”.

Mención aparte merecen las mujeres, además de ser parte de todos los problemas mencionados, incluso en muchos casos con mayores riesgos y vulnerabilidad que los hombres, frente al desempleo, la migración, la carestía de la vida y ni qué decir de la violencia. En el 2009 se retrocedió drásticamente en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, al decidir castigar con cárcel el aborto otrora justificado al menos en el caso de violación. En 17 entidades del país (la mitad) se aprobó dicha reforma.

En todo caso esta medida y el rechazo a los matrimonios gays ha descubierto a un gobierno atrasado y conservador que impone por la fuerza “valores”, que desconoce y desprecia la diversidad y los derechos humanos de mujeres y hombres.

La crisis política

En la coyuntura política, vivimos el creciente descrédito de los partidos, instalados ya en la coyuntura del 2012, en medio del debate sobre las alianzas entre la izquierda y la derecha, antes no imaginadas, en las que la opinión pública o ciudadana no tiene la menor consideración y en las que al menos queda claro que no es el proyecto ya no digamos de país, sino uno social a nivel local lo que los une.

En cuanto a la reforma política propuesta por Felipe Calderón en diciembre pasado, que tendrá traducciones e implicaciones importantes no solo en lo electoral sino particularmente en la formalización de los mecanismos de participación ciudadana, igualmente estamos fuera o al margen.

Sorprende que un gobierno que durante tres años ha dado muestras de su desinterés por formalizar o fortalecer la participación ciudadana, por abrir espacios de verdadero diálogo-debate sobre las políticas públicas y decisiones que interesan o afectan a la población, se erija en el promotor más destacado de la participación ciudadana, cuando dice que “Tenemos que encontrar la forma de ampliar los canales de participación ciudadana en las decisiones colectivas”.

Como lo hemos sostenido en nuestras demandas y agenda como parte del Movimiento Nacional, hace falta contar con un marco legal efectivo para asegurar una participación efectiva y sustantiva, con mecanismos claros que aseguren no sólo la consulta, en lo que tenemos muchas experiencias y nulos resultados, sino el debate y la toma de acuerdos, de seguimiento a los compromisos entre sociedad y gobierno sobre los grandes temas nacionales, igual que en la orientación de las políticas económica, social y cultural.

Llama la atención una iniciativa de Reforma Política que de no ser por el tema de las candidaturas independientes, no toca otros asuntos relacionados con los partidos políticos, su estructura y millonarios recursos que no sirven para fomentar la participación ciudadana, para acercar a la población y recuperar sus demandas y propuestas.

Por tanto, referéndum y plebiscito -siendo una opción para la vida democrática- deberían ser parte de una reforma política que apruebe por fin, a nivel federal la Ley de Participación Ciudadana y el Consejo Económico y Social que hemos propuesto tanto en el ámbito legislativo, como en el ejecutivo.

En este panorama incierto, en el que las desigualdades sociales y la inseguridad se profundizan, la inconformidad ciudadana crece, frente a un gobierno políticamente débil y subordinado a los poderes de facto, es que ha recurrido a las salidas autoritarias para enfrentar el descontento generalizado.

El 2008 y más aun el 2009 se caracterizaron por la persecución y encarcelamiento de luchadores sociales, el cierre de espacios alternativos en los medios, los ataques al estado laico, los intentos de cancelar o reducir derechos laborales y humanos, así como la forma autoritaria y excluyente con que se manejan las principales políticas públicas, son una muestra del grave déficit democrático y los rasgos de ingobernabilidad que vivimos en nuestro país.

En estos escenarios nos moveremos en el 2010, en el horizonte de una coyuntura política adelantada, por las elecciones presidenciales que tendrán lugar a mediados del 2012, que significan un escandaloso desperdicio de recursos y que politiza las políticas públicas, en espacial la social, de la que se echa mano para comprar votos a la ciudadanía.

Por todo lo dicho y en general por la situación crítica que vivimos en México es que se habla de un estado fallido y/o de un estallido social próximo.

*Directora Ejecutiva de Equipo Pueblo, A.C.
Comisión Política de Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC)
Consejo Directivo de la rede de Investigadores de la Sociedad Civil (Remisoc)

Los tres años de Calderón. Una pesadilla para el pueblo mexicano, Sindicato Mexicano de Electricistas, enero de 2010
2 La Crisis Global y la Recesión Generalizada, versión preliminar. Arturo Guillén, Profesor Investigador Titular del Departamento de Economía de la UAM, U Iztapalapa, México, Marzo de 2009
3 Declaración del Coloquio Internacional La Crisis Global y América Latina, en la UAM- U Iztapalapa de México, enero de 2009
4 Lucien Chauvin, América Latina, Lenta Recuperación, Perú, enero de 2010
5 Ibidem
6 CEPAL, Balance preliminar de las economías de América latina y El Caribe 2009, citado en: El Impacto de la crisis en México. El desplome y el despertar post- crisis, Emmanuelle Steels
7 El desempleo es fruto de una estrategia económica equivocada, Alberto Arroyo Picard, Pueblo Unido, Número 1, febrero- abril 2010.
8 Trinidad: como el G – 20 ¿vuelta a los mismo?, Cuauhtémoc Cárdenas, La Jornada, 17 de abril de 2009
9 La PEA actual en México se calcula en 45.2 millones. Desde diciembre de 2006 a la fecha, el aumento de la PEA ha sido de 5.8 millones de personas, lo que implica una desocupación de 1 millón 484 mil. En el marco de una estructura ocupacional en la que 6 de 10 mexicanos está en la llamada economía informal. Información del INEGI.
11 Situación y perspectivas de la economía mundial 2010, Robert Vos, director del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU
12 Reporte del INEGI sobre el cierre de 2009, La Jornada, 25 de enero de 2010
13 Otra Integración es posible y otra salida a la crisis también: Escenarios de las Américas en el 2009 y los retos del Movimiento Sindical. Héctor de la Cueva, México, 2009
14 El Impacto de la crisis… Op, cit.
15 Crisis y salario en México, Jorge Robles, Pueblo Unido, No 1, Febrero – Abril 2010
16 Ibidem.
17 La guerra que Obama ignora, Víctor Quintana, Diputado Federal por el estado de Chihuahua, México. La Jornada, 17 de abril de 2009
18 El Impacto de la crisis en MéxicoOp. Cit.
19 Ibidem.

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