Número 17                                         Época IV                               Marzo 2010


LAS MÚLTIPLES CRISIS DEL ESTADO MEXICANO

¿Narco-Estado, Estado fallido?, desde el exterior llegaron estos epítetos, pero los dos leviatanes negros siguen presentes como una alternativa atrás del trono.

César Horacio Espinosa Vera*

El gobierno –¿desgobierno?– de Felipe Calderón en el último tercio de su paso por Los Pinos lo hace ver carente de candidato válido para el 2012 y en franca desbandada respecto a su propio partido y a las acciones políticas y públicas que le corresponden a un jefe de Estado.

Después de las elecciones intermedias de 2009, que marcaron una debacle electoral para el partido gobernante, el PAN, el presidente Calderón simplemente se recluyó de nuevo atrás de su descuadrada “ofensiva militar” contra el narcotráfico –virtual y real guerra civil– y jugó dos endebles cartas política: su “decálogo” de gobierno, en el mes de septiembre, con varias buenas intenciones y cero instrumentos para aplicarlas, y su “proyecto de reforma política”, un mero bosquejo según él mismo confesó, que parece ser una simple cortina de humo para transcurrir su último bienio sin plan ni estrategia visibles y creíbles.

En las elecciones legislativas de 2009 se consumó una muy anunciada y clara victoria del PRI, lo que necesariamente hizo más compleja la política parlamentaria de los últimos tres años del sexenio de Calderón. El PRI obtuvo el 36.89% de la votación, el PAN un 27.98% y el PRD otro 12.20% de los votos. Por ende, en la composición del Congreso el PRI pasó de tercera fuerza a la primera, el PAN quedó como primera minoría y el PRD descendió de la segunda a la tercera fuerza.

La apuesta de legitimarse en el poder sobre la base de golpear sin estrategia al crimen, que fue su quiniela más socorrida desde la discutida elección presidencial y siguió siéndolo en los comicios de 2009, ha traído daños colaterales que pesan sobre la administración, como los reclamos internacionales por la violación de los derechos humanos por la tropa desencadenada; además, con esos desmanes y la falta de resultados positivos se agravió a la sociedad. ¿Comienza a incubarse el huevo de la serpiente?

En el proceso electoral, nuevamente la administración coqueteó y se lanzó en brazos de los poderes fácticos, pero se sintió presionada por éstos y tuvo lugar el desentendimiento, cuando no la ruptura. Al mismo tiempo, no faltaron las acusaciones al PRI de haber aceptado y enquistado la violencia del narco, aunque nunca se rompió la vieja alianza “morganática” –de plebeyos y aristócratas– que viene desde el salinismo.

Con la cuasi renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, el romance sadomasoquista del panismo con el PRI está a punto de terminar en una situación de violencia intrafamiliar: se quiere al priismo como aliado en el campo legislativo y como adversario en el campo electoral. Mientras, por su parte, el perredismo está tentado por la idea de practicar su enroque.

En el típico dilema calderonista de ganar el gobierno sin perder al partido, a la postre está perdiendo a los dos, ahora desde un pragmático doble juego político. Uno que, como el foxismo, desconsidera los daños al Estado. Donde poco importa si prospera o no la reforma política, si se cumple o no el decálogo exhibido como solución a los problemas nacionales, si se confunde o no el combate al crimen con la estrategia electoral, o si se vulneran o no los acuerdos proyectados para alcanzar la estabilidad del país.

En las pasadas elecciones federales hubo otras cosas en juego, relacionadas con la gobernabilidad, el desgaste de la gestión calderonista y las formas en que esto influyó sobre los electores. En los hechos, además de las muchas imprecaciones, desaires y rechiflas que ha originado la política gubernamental, se vuelven a barajar diversos temas polémicos sobre la perspectiva política de México. Veremos algunos aquí.

El Estado fallido… ¿dónde quedó la bolita?

A finales de 2008, las agencias militares de Estados Unidos y los grandes voceros de los negocios mundiales (revista Forbes) calificaron al México actual como un “Estado fallido” (en compañía de Pakistán); a su vez, el ex “zar” antidrogas estadunidense, Barry McCaffrey, secundado días después por el entonces secretario de Economía de Calderón, Gerardo Ruiz Mateos, anunciaban la eventual cercanía (para 2012) del establecimiento de un “narcoestado” en México.
Después de transcurrido el video-show de las elecciones intermedias, ¿superó México esa calidad de “Estado fallido?... En realidad, seguimos viviendo tres, cuatro, cinco crisis al mismo tiempo. Los principales comentaristas políticos han pasado revista de éstas, para llegar a una conclusión que salta a la vista, pero que siempre termina disfrazada tras los árboles del vocinglerío mediático o los spots del propio gobierno: que el país carece de un verdadero mando político, aunque no de una voraz “clase” política que hace y deshace sin control y se reparte cuanto quiere de los restringidos recursos públicos.

Mientras Felipe Calderón enarbolaba cuentas alegres de su combate al narco o al virus de influenza, dedicó los meses anteriores a los comicios exclusivamente a la ruleta de las elecciones intermedias –federales, estatales y locales–, las de ese verano y las que vendrán tres años más adelante (en el fatídico 2012).

México baila hoy en la cuerda floja enfrentando al menos tres graves crisis que coexisten y se contagian, que se agravan recíprocamente: con varios miles de ejecuciones en todo el país, no cede la inseguridad; la crisis económica dista de ver fondo, pues seguimos a tumbos en la recesión, en un repunte incierto, cuando la administración pública y el país carecen aún de respuestas viables para salir del atolladero (las medidas anticíclicas detuvieron la caída libre, pero seguimos en declive).

La crisis política, por su parte, crece sin freno y tal parece que nos hemos acostumbrado a ella, conjuntamente con otra muy evidente de falta de liderazgo en casi todas las actividades públicas; con ellas necesariamente se cruza la crisis de confianza frente a la impunidad de que gozan los “crímenes políticos” (crimen es cualquier delito grave, no sólo el asesinato), como el aún sin culpables de la guardería de Hermosillo, que ha llegado a superar en momentos a la impunidad de la violencia criminal organizada (aquí sí con asesinatos en vivo y en directo).

Tras el biombo de la mayor visibilidad mediática de las crisis criminal, económica y sanitaria, la impunidad política llegó para quedarse... durante más de 20 años hemos visto, impávidos, cómo se desmorona un sistema político y cómo se descompone la respectiva élite del poder.

CUATRO DÉCADAS DE CRISIS…
LA “CRISIS MEXICANA”

Los últimos 40 y pico años de vida del país han estado signados por crisis recurrentes –básicamente financieras– al final de los periodos de gobierno. Se llegó a hablar de una “crisis mexicana” que, en general, se remonta hasta mediados de los años sesenta; inicialmente fue política (1968-1972 y los años de la “guerra sucia”) y después económica (1976 y 1982-1988…), luego se caracteriza como una crisis social (1988-1994, 2000…) y en los tiempos más recientes aparece como una crisis de motivación institucional (¿2006-2009…?).

En su etiología, esa serie ininterrumpida de fracturas y desequilibrios presenta elementos que tienden a ser repetitivos: muy sumariamente, la crisis política obedeció a una incapacidad de las instituciones para mantener el consenso sobre una base de inclusividad; la crisis económica respondió al agotamiento del ciclo de la sustitución de importaciones, pero se mantuvo una planta productiva subsidiada e ineficiente, alimentada con inflación, monopolios estatales y privados, y endeudamiento (interno y externo), que de hecho todavía perdura.

La crisis social, por su parte, se manifestó en los años más cercanos como un crecimiento desmesurado de la pobreza y la marginalidad, producto de una política económica altamente desigual y excluyente; por último, la crisis de motivación institucional se presenta como un nuevo tipo de desigualdad que afecta, sobre todo, el espacio de la ciudadanía política, erosionando las bases de credibilidad y legitimidad del régimen político mexicano, cuyos primeros episodios han sido la defenestración del PRI del Palacio Nacional, así como la severa erosión de las bases institucionales políticas y administrativas en los periodos panistas foxista-calderonista, y no pocos traspiés en los gobiernos perredistas-priistas.

Existe, desde inicios de los noventa hasta la actualidad, un pacto o mixtura panpriísta (con un Congreso dividido y de muy baja productividad), que junto con la reforma que limitó la sobrerrepresentación de los partidos en el Congreso y las capacidades de la Presidencia trae consigo una marcada carencia de dirección política, para conducir la organización de los intereses económicos y políticos del país en el marco de las propias instituciones.

Asi, podemos distinguir la existencia de al menos tres nudos o cuellos de botella en el timón nacional. Primero, el país vive en medio de un vertiginoso proceso de fragmentación social, acicateado por el estancamiento económico y las condiciones de deterioro en la seguridad pública. Segundo, los actores sociales y políticos que tendrían como función central articular y cohesionar las demandas ciudadanas –sindicatos, asociaciones y partidos– no lo están haciendo, salvo excepciones como la UNT. Tercero, los incentivos para la acción cooperativa son muy débiles y frecuentemente se contradicen entre sí.

Ante el declive de las capacidades de gobierno entra al relevo la partidocracia, entendida como un arreglo institucional basado en reglas formales e informales, que cierra los espacios de mayor participación ciudadana en los procesos electorales por medio de acuerdos oligárquicos. Es importante aclarar que la denuncia de este arreglo no trae consigo el rechazo a una idea central de la democracia moderna: la necesaria existencia de un sistema sólido de partidos políticos, que permitiera la participación ciudadana sin erosionarse.
El síndrome de descalificar a lo político es el problema de nuestro tiempo, incubado desde hace tres décadas por el radicalismo del neoliberalismo detractor del Estado, que hizo eclosión en tiempos de Reagan y Thatcher; desde el propio Reagan y con los Bush se convirtió en cruzada contra el “imperio del mal” para disfrazar las guerras petroleras contra su antiguo socio Bin Laden… En México, la cruzada antipolítica la encabezan los poderes fácticos bajo la batuta del duopolio televisivo y los grandes capitalistas que medran presionando al gobierno.

La partidocracia y el desgobierno...
¿Estado fallido, narco estado?

La instauración y predominio de la partidocracia hace suponer la existencia de un virtual "cogobierno", de manera que ésta se convierte en una fuente de empleomanía para sus afiliados y el centro de las negociaciones y la explotación de la influencia política llevada a cabo con el poder público, al margen de la ciudadanía. De esa suerte, dice el pueblo, ambas fuerzas "se hacen una”: la de los directivos de los partidos y la del gobierno.

Hemos acumulado décadas en las que el ritornelo ha sido suponer que no pasa lo que pasa; que, aun con tasas de impunidad muy superiores al 90%, las cárceles están a reventar; que priva la corrupción en los tres partidos principales y las desavenencias entre ellos terminan cuando cualquiera de los suyos tiene que ser procesado; que la delincuencia no está penetrando en todos los ámbitos del Estado. Entonces, la clase política cierra filas y se gana sobradamente la desconfianza de cuatro de cada cinco mexicanos.

La realidad es que Calderón enfocó sus dos primeros años en una guerra que lleva más de 15 mil muertos, que toma visos de convertirse en una guerra civil y atenta contra la viabilidad del Estado.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no muestra aún la condición de un estado fallido y está combatiendo bien o mal a las organizaciones criminales, para revertir las tendencias que preocupan a nuestros vecinos. Dentro de ese precario statu quo, suponer que no resulta necesario crear y desarrollar escenarios que prevean el colapso resulta una manera poco razonable de enfrentar las responsabilidades públicas. Al final de cuentas, tarde o temprano el veredicto sobre este tema habrá de llegar.

Existen conceptos asaz gelatinosos, como el de "Estado fallido" (failed states), popularizado por el índice anual elaborado por la revista Foreign Policy. Hay quienes piensan que México está en camino hacia esa categoría ominosa, otros la pasan por alto. A su vez, el Estado sigue atrapado en la incoherencia; la élite política no advierte (o finge no darse cuenta) del peligro de la inestabilidad, del crecimiento de la violencia y del descontento social, valga decir, de la ya muy presente ingobernabilidad.

En consecuencia, se muestra muy alejada de modificar en un ápice su conducta tradicional, mientras que la circunstancia exige precisamente cambiar. La gravedad de la situación nacional no conmueve a esa élite. Antes bien, apoyada por el tamborileo y la estridencia mediáticas, su lógica supone: mientras no se sepa la gravedad de lo que ocurre, la realidad no existe; mientras el problema se maneje como un asunto de imagen, importa muy poco lo que suceda.

De esa suerte, el grupo en el poder mantiene un talante tan alegre (“¡Aquí nadie renuncia!”) como irresponsable, precisamente por la senda que conduce a un Estado fallido. La circunstancia actual de México es la de un Estado frágil en razón de la pérdida del dominio y el control del territorio; frágil, porque ya no es suyo el monopolio de la fuerza ni el del tributo (los narcos imponen exacciones por “protección”), y frágil también por la distancia que el gobierno y los partidos ensanchan con la sociedad, poniendo en riesgo el concepto de nación.

Desde el momento en que la impunidad, el cinismo y la desvergüenza se instalan como el modo de ser de la élite que lo gobierna, cualquier Estado acaba por resentirlo. Más aun cuando arrastra rezagos tremendos, fallas de dirección y estrategia, así como problemas estructurales.

Desde EEUU, en la mira de los halcones del Pentágono

Desde la perspectiva de la discusión en EEUU el enfoque ha sido otro: uno de los estudios –obviamente patrocinado por alguien, ¿el Pentágono?– originados desde una organización de análisis geopolítico llamada Stratfor, el gobierno mexicano tiene pocas fuerzas policíacas confiables y éstas están concentradas en la frontera y en las regiones clave para el narcotráfico.

Mientras eso ocurre, los cárteles han estado golpeando al gobierno y asesinado a numerosos oficiales gubernamentales. El gobierno enfrenta a múltiples organizaciones bien armadas que lo están combatiendo con capacidad estratégica y táctica de golpearlo en sus puntos débiles.

La revista Forbes retomó el tema con una portada, en diciembre de 2008, en la que cuestionó: "¿Está cayendo México en un caos criminal y económico? ¿Estado fallido?" (22 de diciembre). En la publicación se exponía la visión de lo que implica para Estados Unidos la lucha contra los cárteles de las drogas en México, según declaraciones de John Walters, en ese momento director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca.

"Si el presidente Calderón falla y las instituciones del gobierno, cuando menos en la parte norte de su país, caen bajo el control de las mafias terroristas; bueno, nos preocupan los espacios no gobernados lejos de Estados Unidos, y esto está justo enseguida de nosotros", enjuició Walters.

"Lo que está en juego en México es enorme, no podemos permitirnos el lujo de tener un narco-Estado de vecino... El fracaso del sistema político mexicano para controlar la ausencia del Estado de derecho y la violencia podría resultar en una ola de millones de refugiados cruzando la frontera, para escapar de la miseria, de la violencia, pobreza, hambre, desempleo y la crueldad e injusticia desbrujulada de un Estado criminal", agregó en otro escenario el ex zar antidrogas de Bush, Barry McCaffrey.

Según datos y análisis ofrecidos por Jorge Luis Sierra, en las hipótesis de guerra del Pentágono sobre México están previstas acciones militares “ante la posibilidad de que en los próximos 25 años, el Estado mexicano ‘se derrumbe´, como resultado del embate prolongado y cada vez más intenso del narcotráfico” (El Universal, 24/1/09).

Los escenarios del Comando de Fuerzas Conjuntas del DoD (Departamento de Defensa), han emplazado a México “en el contexto mundial de los estados débiles, cuyo fracaso puede presentar ‘desafíos muy serios’ a los planificadores estratégicos y operacionales de la fuerza militar de EU” (ibid), en un texto de 51 páginas elaborado por el Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos con el título JOE 2008 (Junta Operativa Ambiental).

John Saxe-Fernández planteó que el DoD utiliza estos argumentos “para planificar el uso de su fuerza en las siguientes décadas, lo que haría evidente que la intervención militar debe estar considerada dentro de los escenarios posibles en la relación EU-México” (La Jornada, 29-1-09).

Por su parte, en México el Ejército ha anunciado que esa lucha continuará siendo una “cruzada” suya. (Milenio 11/28/08). Este mensaje de la Defensa Nacional hace reconocer, desde el poder, que el riesgo de la polarización de fuerzas existe y que, al admitir la beligerancia operante, una eventual derrota del gobierno puede ser factible. O la virtual hegemonía castrense, que de pronto se vuelven el poder “providencial”.

Como ha planteado Noam Chomsky, autor del concepto de “estados fallidos”, y también el think tank conocido como Fondo para la Paz (que coloca a México en el sitio 105 de los “estados fallidos”), un Estado deja de ser viable cuando tiene un gobierno central débil, pierde el control de su territorio o el monopolio del uso de la fuerza; o, lo que es igual, cuando deja de proteger a sus ciudadanos contra la violencia, o se encuentra inmerso en la corrupción y el crimen y acaba colapsándose y siendo incapaz de funcionar e incluso satisfacer sus funciones más elementales.

Una realidad inmediata viene a ser la impunidad con que el crimen organizado extorsiona y vende protección en un creciente número de ciudades y regiones del país, acompañado del secuestro y de la delincuencia en general. Ante lo cual las autoridades judiciales y civiles se muestran cada vez más despreocupadas. Así, pasó el plazo que les pusieron determinadas fuerzas ciudadanas y no se vieron nunca (ni cerquita) ante la obligación de renunciar.

Importantes regiones del país son escenario de una batalla campal por el control de las mismas. Más de 15 mil muertos, muchos de ellos miembros de las propias organizaciones criminales, revelan con claridad la violencia que ha habido en el país en los últimos años. Y también ilustran el acelerado crecimiento de una diversidad de organizaciones criminales que podrían llegar a poner en jaque al gobierno federal, como ya lo han hecho con varios gobiernos locales.

La Reforma Electoral de Tercera Generación

En paralelo con los factores reales de poder, desde diversos ámbitos de las ciencias sociales –tales como la sociología, la ciencia política y las ciencias de la comunicación– se advierte que el funcionamiento y la calidad de la democracia están vinculados a la forma en que se realiza el debate público.

En ese sentido, viene al caso preguntar: ¿quiénes son los actores en este debate?, ¿qué temas y qué agenda son abordados?, ¿qué rol ejercen periodistas y propietarios de los medios como intermediarios y actores en el debate público?, y ¿cuál es la calidad y oportunidad de la información que recibe la ciudadanía?

Después de varias décadas de que el Estado mexicano renunció a ejercer su responsabilidad rectora y equilibradora en el terreno de la comunicación colectiva, sería hasta el año 2007, a través del veredicto que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a la Ley Televisa, cuando el Estado retomó las funciones perdidas desde las privatizaciones de canales televisivos de Salinas y la reentrega de Fox al sector privado del 12.5% de tiempo fiscal destinado para la utilidad pública.

De esa forma, la segunda acción que realizó el poder republicano para rescatar al Estado nación el influjo político comunicativo se efectuó cuando siguiendo los pronunciamientos previos que fijó la Suprema Corte de Justicia sobre la esencia del proyecto de comunicación nacional, el Poder Legislativo modificó nueve artículos de la Constitución Política Mexicana y aprobó sorpresivamente la Reforma Electoral el 12 de septiembre del 2007, en el Senado de la República, con 111 votos a favor y 11 en contra.

Con la aprobación de esa reforma, la sociedad mexicana alcanzó en principio, entre otros, los siguientes beneficios generales en el ámbito comunicativo:

1.- Se creó un nuevo modelo de comunicación política que expulsó a los intereses fácticos mediáticos de los procesos electorales. De esta forma, las dinámicas electorales se liberaron del “dinero oculto” y de la presión que imponían los monopolios mediáticos de la información masiva a la clase política.

Con dicha acción, los partidos dejaron de “vender su alma al diablo” como estilaban con tal de conseguir recursos para financiar campañas, viéndose obligados a acudir a tocar las puertas traseras de las empresas de información electrónica para impulsar sus campañas (El Universal, 13 septiembre 2007).

2.- Se redujeron las campañas presidenciales de 186 días a sólo 90 días (50%) con lo cual se logra un ahorro para el erario de más de 3,000 millones de pesos que representaban el oneroso costo de las campañas políticas en etapas de sucesión presidencial. Por cierto, ¿en la reciente elección intermedia pudo verificarse algo de este ahorro?

Se dice que hasta antes de la apenas estrenada Reforma Electoral las campañas políticas en México eran las más caras del mundo. ¿Disminuyó realmente su costo en esta elección intermedia?

3.- Ni partidos, ni terceras personas podrán contratar propaganda en radio y televisión. 4.- Se dispuso de los tiempos de Estado (Tiempos Oficiales) para la difusión de la propaganda de los partidos. 5.- El Instituto Federal Electoral (IFE) distribuirá los tiempos oficiales entre los partidos.

6.- Se prohibió la “campaña negra” o los recursos para denigrar al adversario. 7.- Se impidió la propaganda gubernamental durante las campañas electorales. 8.- El IFE ordenará la inmediata cancelación de las transmisiones de radio y televisión, en el supuesto que violen las leyes electorales. 9.- Se elevó a rango constitucional el Derecho de Réplica a favor de los ciudadanos.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) establece (artículo 186) la obligación de que la propaganda electoral evite todo tipo de ofensa, difamación o calumnia, que denigre a los candidatos, partidos políticos, instituciones y terceros. Asimismo, el artículo 38 determina como una obligación de los partidos políticos la de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos.

A través de tales ordenamientos, el Instituto Federal Electoral (IFE) quedó convertido en la única autoridad responsable de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión destinados a la pro­paganda de los partidos políticos y a la difusión de campañas institucionales de las autoridades electorales. Cualquier persona u organización distinta del IFE tiene prohibido comprar o difundir mensajes electorales en esos medios.

El balance de la campaña electora federal habrá de determinar la validez, o no, de los enunciados anteriores, en términos cuantitativos y de sentido político. Hay quienes la han llamado “contrarreforma” electoral, según un talante de liberalismo a ultranza que impone el universalismo kantiano a las condiciones culturales y políticas que ha creado la humanidad en los últimos dos siglos.

Así, el 27 de diciembre de 2007 un grupo de inconformes integrado por intelectuales y comunicadores –entre los que están Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar Camín, Luis Rubio, Ángeles Mastretta, Leo Zuckerman, Gerardo Estrada e Isabel Turrent–, así como el Consejo Coordinador Empresarial, solicitaron amparo contra la reforma constitucional señalando la acción de inconstitucionalidad en contra del articulo 41, que prohíbe a particulares contratar propaganda en radio y televisión para hacer campaña a favor o en contra de algún candidato a puesto de elección popular, pues consideraron que inhibía la participación social y atentaba contra la libertad de expresión al prohibir a los particulares la contratación de mensajes políticos y electorales en radio y televisión.

En un primer momento, la juez quinto de distrito en materia administrativa, Rafaela Franco Flores, desechó “por notoria improcedencia” el amparo que promovieron esos politólogos, artistas e intelectuales, así como agencias empresariales. El tema no quedó agotado con este dictamen, ya que todavía sigue pendiente un debate más profundo en el marco de la todavía intocada reforma a la Ley de Radio y Televisión.

Cabe aquí presentar la opinión del ahora diputado panista y teórico de la reforma de la legislación sobre comunicación electrónica, Javier Corral Jurado. Manifiesta no estar de acuerdo con la anterior interpretación, pues “a nadie se cancela su derecho de expresarse en los medios, atacar, defender, criticar o favorecer con su opinión a algún partido o candidato”.

Lo único que se restringe –agrega– es que eso lo hagan mediante pago. “¿O qué están diciendo, aceptando y promoviendo estos intelectuales en el fondo de su postura? ¿Qué nos tenemos que acostumbrar a que en México la libertad de expresión sólo se pueda ejercer mediante una transacción comercial?”

Plantea su acuerdo con la exposición de motivos que los legisladores ofrecieron para esta prohibición: “La política y la competencia electoral van quedando sujetas no sólo a modelos de propaganda que les son ajenos, sino también al riesgo de sufrir la influencia de los dueños o concesionarios de estaciones de radio y canales de tv, o de otros grupos con el poder económico necesario para reflejarlo en esos medios, que de tal situación derivan un poder fáctico contrario al orden democrático constitucional”.

De hecho, la inequidad para el acceso de los ciudadanos y, claro, de los grupos sociales a la radio y la tv en México a partir de la compra de propaganda, es proporcional a la desigualdad económica que concentra 40% del ingreso en 10% de la población.

También la libertad de expresión actúa en un marco de derecho, en el que el Estado debe asegurar las reglas de equidad e igualdad de quienes participan en el proceso electoral. “¿Sabrán los promotores del nuevo amparo lo que cuesta un spot de tv de 20 segundos en cualquiera de los dos cadenas nacionales? ¿Que hay grupos ecologistas, defensores de los derechos humanos, organizaciones campesinas y sindicales que agotarían sus recursos de un año en la compra de un solo spot? El modelo mercantil de la comunicación está amenazado, no la libertad de expresión.”

Y la batalla comenzó de inmediato. Algunos candidatos comenzaron a tocar la puerta de las televisoras para asegurar que ellos echarían abajo el artículo 41 constitucional (en lo tocante a la compra-venta de spots); otros más no tocaban esas puertas porque salían de ellas para ir a San Lázaro a representar, sin intermediarios, los intereses precisamente de los grandes concesionarios.

Cínicamente, como es su divisa, el Partido Verde destacó en esa misión. Se comprende, ahí encuentra garantías para asegurar y acrecentar el rentable negocio político que representa ese partido. Por ello, postuló como candidatos a representantes directos de los concesionarios. Por eso, compró spots disfrazados de "informes de trabajo" de los diputados salientes, o bien colocó "reportajes" en revistas de una de las televisoras que, luego, se anuncian por tele.

Y los “vergonzantes” del PAN… Fueron senadores y diputados de ese partido los que respaldaron la reforma electoral, pero tras la campaña parte de sus candidatos a San Lázaro, incluida desde luego Josefina Vázquez Mota, anunció, sin decirlo, que doblará las manos ante las televisoras.

El compromiso, suscrito por 23 candidatos panistas, de "reintegrar a los ciudadanos su derecho a expresarse libremente durante los procesos electorales, los cuales fueron limitados por la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución", hace sonar el tam-tam de los tambores de guerra dentro de su propio partido. (René Delgado, Reforma, 27 de junio, 2009)

“Reforma política” calderonista

A raíz de la derrota del PRI en 2000, apenas hubo un cambio en algunos puestos del gobierno, los titulares de las carteras, como era de costumbre desde el priato, pero no se llevó a cabo ninguna reorganización institucional que respondiera a las nuevas realidades. Alternancia sin alternativa.

Una vez "divorciada" del PRI –que se llevó los muebles y las escrituras de la casa–, el gobierno que entró a batear no sólo resultó enclenque sino que hizo de la Presidencia el más clamoroso bataclán mediático para estrenar el siglo. De esa forma, sin ninguna resistencia desde el centro, la estructura real del poder se desplazó a los gobernadores de los estados, junto con los líderes de los partidos políticos.

En la década que lleva el panismo ocupando Los Pinos, además de la frivolidad y bufonería del foxismo, esos diez años se distinguen por la carencia de estrategia y capacidad de operación en el trato con el Congreso y por las nuevas limitaciones legales y las extralegales que han asumido los mandatarios panistas con respecto a las facultades que la Constitución y las leyes siguen otorgando al Presidente.

Por su propia inercia, las viejas reglas ya no funcionan. La realidad del poder ha patentizado una evidente incapacidad de la federación (congreso y ejecutivo) para lograr que los gobernadores rindan cuentas: el gasto fluye pero la responsabilidad queda en el aire, junto con la transparencia abandonada. En ese desajuste crucial, se extravió también la capacidad para articular acuerdos y consensos que hacían gobernable al país.

A finales del siglo pasado, al menos dos de las reformas electorales que se aprobaron fueron mecanismos de autocrítica y búsqueda de responsabilidad política. De esa suerte, surgieron fórmulas que permitieron a sus autores un acceso precario al poder, así como aperturas y candados que trataban de darle un sentido moderno y avanzado al ejercicio del poder político. Algo que no se echa de ver en la propuesta sacada del sombrero por Calderón antes de la navidad pasada.

La reforma de 1996, como recordaremos, estableció un candado a la sobrerrepresentación (porcentaje de legisladores referido al porcentaje de sufragios alcanzados) superior al 8 por ciento en el Congreso de la Unión, prohibiendo que cualquier partido rebasara ese límite. Con ello se fincó el actual modelo de composición proporcional del Congreso con la integración a tercios de las cámaras de legisladores y, por ende, los gobiernos divididos, cuando el partido o partidos que elijan al presidente de la República quedan imposibilitados de alcanzar la mayoría absoluta.

En ese marco, la propuesta de reforma política calderonista surgió pasando por alto el apremio económico, el desafío criminal y el calendario electoral, todos éstos factores que determinan de manera real y efectiva las áreas donde será menester concentrar el esfuerzo y la energía políticos.

La iniciativa pretende reformar 22 artículos de la Constitución, para lo cual es indispensable contar con la mayoría calificada en ambas Cámaras y el aval de al menos 17 Congresos Locales. Dada su falta de oportunidad y de la mínima preparación para su viabilidad ante las fuerzas legislativas opositoras, la reforma lucía condenada al fracaso antes de ser puesta en circulación.

Queda claro que más que satisfacer necesidades expresas de los ciudadanos, el contenido de la propuesta y el momento de su presentación implicaban una estrategia diversionista, sin duda orientada a disimular la incapacidad del gobierno para enfrentar las crisis que hostigan y envenenan a la sociedad.

Por el lado político, hace cosa de un año el líder del PRI en el senado presentó una propuesta de reforma bajo el título de "las ocho erres del PRI". Tal bizarro proyecto abordaba temas centrales de la realidad política, pero siempre bajo el enfoque de la distribución del poder, en la actual realidad bipartidista, incluyendo algunas represalias contra enemigos políticos concretos, y muy alejado de ofrecer un escenario para la construcción de un país moderno.

Hoy, el PRI viene de regreso con sus hábitos de aplanadora, sin haberse modificado ni modernizado. Hasta ahora ha centrado su atención en ganar gubernaturas para, desde esa plataforma insular, financiar y pavimentar el camino a Los Pinos.

Frente a esa maquinaria electoral priista, parece ser que la única forma de frenarla es bloquear su avance en estados cruciales hacia la elección presidencial del 2012: Oaxaca, Puebla, Durango, Veracruz e Hidalgo. Se trata, entonces, de impedir el fortalecimiento del "feuderalismo", como ahora se conoce a esa estrategia del priismo que ha logrado implantar en la periferia.

Ciertamente, en ese sentido camina la estrategia bipolar de Felipe Calderón: ponerse de acuerdo con sus “aliados” priístas en lo legislativo, mientras en lo electoral entra al terreno de las zancadillas y piquetes de ojos, mediante alianzas “contra natura” con sus presuntos rivales doctrinarios, el PRD, por la gubernatura de estados esenciales para el PRI.

A su vez, bajo la batuta del nuevo pragmatismo esquizoide practicado por el gobierno, el PAN se lanza en campañas ultramontanas contra las demandas del PRD y sus seguidores; contra la legislación a favor del aborto, de las bodas entre preferencias diferentes y su posibilidad de adoptar niños. Detrás asoma la cola del fundamentalismo eclesiástico.

¿Hacia la “posdemocracia”?

Dentro del actual sistema, incluso a pesar de todas sus contradicciones legales y políticas, el ciudadano puede premiar el buen desempeño o sancionar el funcionamiento corrupto y deficiente de los gobernantes. El problema es cómo actúan los políticos en el poder, cómo lo hicieron los priistas en el gobierno federal, cómo lo hacen los panistas en ese mismo ámbito, y cómo lo hacen los políticos de esas filiaciones, y los perredistas y los pertenecientes a otros partidos, en diversos niveles de gobierno.

Podemos concluir anotando las consideraciones de Colin Crouch cuando propone el concepto de posdemocracia en torno a las transformaciones sufridas por el esquema ideal de la democracia. Alude así a los Estados que después de transitar hacia regímenes democráticos, no son capaces de ofrecer resultados satisfactorios para la mayoría y generan un estado de frustración y desaliento entre la población.

A su vez, los poderosos intereses de una minoría amplían y consolidan un poder y una influencia determinantes sobre el sistema político. En este escenario, no puede decirse que no haya democracia ya que, entre otras cosas, los procesos electorales funcionan regularmente, pero existen sociedades con problemas de inclusión y representatividad que se pretendían resolver mediante la democracia liberal.

En la nueva etapa resultante –dice Crouch– podemos observar nuevas posiciones de poder para los medios, una mayor sofisticación de las técnicas para manipular a la opinión pública y de los mecanismos para abrir la política al examen público, al mismo tiempo que se presenta el debilitamiento del poder e influencia de los gobiernos y un paulatino decremento de la importancia de los programas y la rivalidad de los partidos.

¿Nos suena conocido lo anterior? En el último tercio del sexenio, la derecha pripanista buscará renovar su acomodo en la Presidencia, con el candidato “copetón” del Edomex, y desde allí se afianza un amago de “berlusconización” para el 2018 (¿Azcárraga III?); se hace visible un escenario en el que el país será gobernado por los medios electrónicos con sus servidores instalados en Los Pinos y Palacio Nacional (y San Lázaro, como un verdadero reality show). ¿Narco-Estado, Estado fallido?, los dos leviatanes negros siguen en el panorama como una alternativa nefasta atrás del trono.

¿Y la política? Si no vamos con cuidado, tal vez hasta podría desaparecer de los libros de historia nacional. Pero, en definitiva, la política nunca va a abandonar al zoon politikon… Aunque sí puede ser controlada –y hasta “anulada”– por toda la suerte de oligarquías que han desfilado en el devenir histórico; actualmente, el megapopulismo mediático se disfraza atras del show business, los teletones y mañanitas a la Virgen, para ejercer una política de masas y venderle a la clase política aquello que recibió del Estado: las horas de transmisión por el espacio atmosférico. Y cobrar la cuenta en curules, tal vez gubernaturas y puestos en el gabinete.

Así como la censura ha sido rebasada por la red digital tanto frente a la dictadura de los mullahs en Irán, como en China y en Myanmar, aquí no sólo podría darle una plataforma política a los “anulistas” –el fantasma muy vivo del voto nulo– sino también crear opciones abiertas frente al duopolio comercial. Tal vez desde ese debate en línea –ejercicio democrático– surja la alternativa para purgar y renovar efectivamente los esclerosados vasos sanguíneos de la minoría del poder en nuestro país.

* El autor es editor del periódico Unión y de esta revista Foro Universitario, del STUNAM; periodista profesional y docente, ha publicado libros, artículos y ensayos sobre política cultural, comunicación política e ideología, etc. Ha colaborado en diferentes ediciones de Foro Universitario.

REFERENCIAS:

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