Número 17                                         Época IV                               Marzo 2010


 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL EN MÉXICO

La discriminación racial, étnica, de género, y de orientación sexual, son formas de violencia que se generan cotidianamente en todos los espacios que ocupa la sociedad. La falta de respeto a la diversidad cultural en México se expresa en la ausencia de reconocimiento a los grupos originarios, que fueron desplazados culturalmente por parte de los grupos hegemónicos dominantes.

Marcos Bonilla González

La violencia estructural se refiere a los efectos que se producen cuando se interrelacionan pobreza extrema, exclusión laboral y exclusión social, tales como discriminación racial, étnica, de género y de orientación sexual.

La población de nuestro país, en los últimos tiempos, se ha caracterizado por la exacerbación de la pobreza y pobreza extrema, en la que cuando menos 40 millones de personas la enfrentan. Otra de los grandes problemáticas que se enfrentan hoy día es la exclusión laboral, tanto en el campo como en la ciudad; miles de jóvenes de entre 18 y 25 años no ingresan a los espacios laborales, pues no se crean las plazas necesarias para absorberlos, tanto en el sector público como en el privado. En épocas de crisis económica, como la actual, los trabajadores se enfrentan al desempleo, que ha sido recurrente por el gobierno como medida para resolver la contracción económica.

En lo que se refiere a la exclusión social, los jóvenes tampoco tienen el acceso a los espacios educativos en los diversos niveles, provocándose con ello un rezago educacional, sufriendo con ello abandono institucional y social. Con ello se provoca un peligroso caldo de cultivo, que puede arrojar a los jóvenes a buscar instancias no deseables y que puede generar altos costos sociales: delincuencia, consumo de drogas, actos ilícitos de todo tipo.

La discriminación racial, étnica, de género, y de orientación sexual, son formas de violencia que se generan cotidianamente en todos los espacios que ocupa la sociedad. La falta de respeto a la diversidad cultural en México se expresa en la ausencia de reconocimiento a los grupos originarios, que fueron desplazados culturalmente por parte de los grupos hegemónicos dominantes.

Los miembros pertenecientes a las diversas etnias que viven en nuestro país son violentados en sus derechos, sólo por ser “indios”, por realizar prácticas políticas, económicas, sociales y culturales fundamentadas en usos y costumbres y por una cosmovisión diferente al contexto occidental.

Las mujeres, los ancianos, los discapacitados, los individuos con preferencias sexuales diferentes, los defensores de los derechos sociales (activistas políticos), son vulnerados y violentados; los casos recientes de los pobladores de Atenco en el Estado de México, y los profesores de la sección 22 en el Estado de Oaxaca, muestran claramente la violencia estructural que proviene de las altas esferas del Estado Mexicano, y lo importante es someter cualquier intento de protesta social, criminalizando a los actores políticos que cuestionen las acciones de los grupos hegemónicos institucionales y fácticos.

A finales de los años sesenta, la estructura política-económica de nuestro país ha conformado múltiples formas de violencia, además de provocar y reproducir altos grados de pobreza, expulsa del país a millones de mexicanos a los Estados Unidos. La descomposición política y social de este régimen de explotación provoca que decenas de familias mexicanas abandonen el país acosados por la delincuencia organizada, portadora de otro tipo de violencia y en cuyas filas participan incluso miembros de los poderes político y económico.

La pobreza, por su parte, constituye situaciones de exclusión de grandes sectores de población, y de sus derechos más inherentes a la dignidad de la persona humana. Tanto la carencia de recursos materiales y su consiguiente secuela de insatisfacción de necesidades básicas, como la privación de capacidades que impide el desarrollo tanto del individuo como de los grupos y de los pueblos.

La falta de acceso a canales de comunicación que permitan expresar sus opiniones sobre asuntos de la vida pública fundamentales, la ausencia de espacios de participación que permitan tomar decisiones acerca de cuestiones que afectan su vida y su destino como miembro de una comunidad y una sociedad, son expresiones concretas de violencia estructural, en donde las instituciones juegan un papel importante.

Podemos observar que los objetivos para los cuales éstas fueron creadas no se cumplen, según lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a los servicios básicos, a la participación social, al desarrollo de la persona; es decir, al acceso a los bienes tanto materiales como culturales que permiten la construcción de un ser integral (material y espiritual), han sido negados, profundizando la pobreza que enfrentan millones de mexicanos. Esta exclusión, por sí misma, constituye violencia de la pobreza como concepto complejo y, por tanto, multidimensional. En este sentido, el concepto de pobreza se conecta de manera más efectiva con la categoría de “Cultura de la pobreza”.

La violencia se expresa también en formas características y denominaciones particulares según el ámbito y los espacios donde ocurre, por ejemplo, ecológica/ambiental: contaminación, destrucción, extinción, etc.; violencia política o institucional: corrupción, represión, adoctrinamiento, explotación, dictadura, etc.; violencia intrafamiliar, educacional, etc.; incluso manifestaciones de la violencia difíciles de encuadrar dentro de una sola categoría: adicciones, ignorancia, deserción escolar, enfermedades orgánicas o psíquicas, hacinamiento, desamparo, consumismo, escepticismo, individualismo, egoísmo, indiferencia.

Rolando Cordera, expone: “Lo complejo es que no sólo varias formas de violencia se superpongan, sino que toda situación de violencia y discriminación está atravesada por varias dimensiones (políticas, económicas, culturales, históricas, etc.). Si bien la violencia es un círculo vicioso que se retroalimenta, es muy importante poder discernir aquello que son causas de los efectos”.

La peor violencia es estructural, de raíz, de base; las manifestaciones particulares y cotidianas de esa violencia estructural sostienen, alimentan, perpetúan y reproducen la espiral creciente de violencia.

En momento actual, los acontecimientos se han desencadenado de tal manera que nos muestran la degradación de la vida pública nacional y la declinación acelerada de la clase política, que es incapaz de ofrecer garantías de seguridad a la población a la par de que continúa impulsando políticas que, en los últimos años, han enriquecido a unos cuantos y empobrecido a millones de mexicanos, provocando la desintegración del tejido social, y por supuesto reproduciendo la espiral de violencia.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, la violencia tiene una vertiente fundamental en la estructura misma de un sistema que genera inequidad y exclusión, y que pone en el centro del desarrollo humano egoísmo y lucro, permitiendo que las garantías individuales sean violentadas por los mismos integrantes que administran la justicia en México.

El término violencia estructural es aplicable a aquellas situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas: supervivencia, bienestar, identidad o libertad, como resultado de los procesos de estratificación social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa.

El modelo político-económico (neoliberal) aplicado en México desde los años 80, ha impuesto una brutal reconcentración del poder que ha dado como resultado un creciente proceso de exclusión de un amplio sector de la población de los derechos a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura, a la seguridad social, a la vivienda, a un medio ambiente adecuado.

Podemos decir, entonces, que la violencia estructural, se refleja en el incremento del número de desempleados, y su consecuencia en la emigración, en la economía informal, en la afectación de los lazos familiares y otros problemas que de ahí se derivan; debilitando el derecho a una educación pública de calidad, erosionando el derecho a la cultura al permitir que los intereses de los consorcios televisivos inunden los hogares con programación que transmite la violencia en todas sus formas: estructural, cultural, verbal, física, de género, etc., imponiendo modelos de cosmovisión del mundo ajenos a la cultura de los mexicanos, provocando la reproducción de la violencia.

Por otro lado, podemos decir que los medios de comunicación masiva difunden diariamente las expresiones de violencia hacia las mujeres, los jóvenes, los individuos de preferencias sexuales diferentes, los ancianos, los discapacitados, los niños, los trabajadores del campo y la ciudad, los indígenas.

La ciudad por su parte, se convierte en el espacio de violencia, expresada en la discriminación y agresión, en las múltiples formas de explotación, y de todas las formas en que los ciudadanos pueden ser degradados. Es el contexto que nos ofrece la satisfacción de nuestras necesidades materiales y espirituales, pero en medio de una competencia desleal y violenta.
En lo que respecta a la base de la sociedad, los sujetos nos relacionamos a través de múltiples formas de violencia, considerando al otro de menor jerarquía social, política, económica y cultural que la nuestra, ya sea por su color de piel, por ser homosexual, por ser joven, por ser “indio”, discapacitado, anciano, pobre o luchador social, obligados a competir por un lugar en la sociedad.

La violencia es recurrente; los ciudadanos nos convertimos en “vecinos distantes”, cada quien resuelve sus necesidades como le es posible, si alguien se organiza es un “revoltoso”, “la gente que no tiene trabajo por floja”, “ese indio es ignorante, pues porque es indio”, “esa niña es muy lista y eso que es mujer”, “el que no transa, no avanza”, “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”, etc. Frases que llevan entrelazadas múltiples formas de violencia, pero que trascienden al ámbito del discurso, cuando se llevan a la práctica.

En las altas esferas del poder encontramos el desprecio de los funcionarios de cualquier color ideológico a los múltiples sectores que componen la sociedad mexicana, por no pertenecer a su espacio de poder, a su jerarquía política, a su credo religioso, a su partido.

El ámbito religioso no es excluyente al uso de la violencia. Como parte de la estructura política de la sociedad, las diversas instituciones religiosas estigmatizan y señalan a los miembros de otros credos diferentes al propio, imponiendo una concepción ideológica del mundo. Pero a través de formas violentas de excomunión, de castigo, de amenazas, etc.; limitando el derecho de hombres y mujeres a usar su cuerpo, prohibiendo el uso de anticonceptivos y condenando a quienes los utilizan al “Castigo Divino”.

Martín Luther King: “La Iglesia no es el Estado, pero es la conciencia del Estado”.

El Estado y la iglesia comparten entonces la violencia estructural, porque es a través de éstos que se controla a los individuos que se instalan fuera del contexto, espiritual e institucional. La Iglesia a través del castigo a los pecados, las instituciones mediante la aplicación del Estado de Derecho.

La violencia legítima, le permite al Estado preservar la paz de la nación, aun a costa del desempleo, de la decadencia en la educación, de la corrupción, de la desintegración familiar, de la inseguridad y del delito, de la migración y desestructuración del campo, de la violencia contra las mujeres, de la exclusión de los jóvenes en la educación y el empleo, del olvido de los ancianos, indígenas y discapacitados.

De la inequidad económica a la violencia simbólica

La violencia simbólica se puede entender como el proceso a través del cual sistemas simbólicos (tales como palabras, imágenes y prácticas) promueven los intereses de grupos dominantes al mismo tiempo que profundizan diferencias jerárquicas y legitiman el dominio de los grupos de mayor poder, “convenciendo” a los dominados a través de procesos de hegemonía en donde la ideología dominante tiene un papel preponderante.

“Mientras que las reglas están basadas en coerción directa, la hegemonía se logra a través de un complejo sistema de interacciones de fuerzas políticas sociales y culturales que organizan los significados dominantes y los valores a través del campo social con la intención de legitimar las estructuras de inequidad social”. (Gramsci 1970, Williams 1977, 1982).

Estigma y discriminación están más en función de inequidades sociales y estructurales que funcionando en el contexto de la diferencia (como Goffman y Foucault tienden a enfatizar). Y, más importante aún, la estigmatización no actúa simplemente de una manera abstracta sino que es parte de complejas luchas y tensiones de poder en la vida cotidiana. En forma más concreta, estigma es expresado por actores concretos que buscan legitimar su propio estatus de dominio entre las estructuras sociales existentes.

Se identifican nuevas formas de violencia expresadas en múltiples formas de exclusión, asociadas con una reestructuración económica y política en medio de las transformaciones globales que casi siempre refuerzan inequidades y exclusiones preexistentes, tales como racismo, discriminación étnica y conflictos religiosos.

Esta intensificación de las interacciones entre las múltiples formas de inequidad y exclusión ofrece un modelo general para el análisis de las múltiples formas de estigma que ha sido parte de la historia de discriminación contra la mujer y minorías sexuales, y que permite su observación con un acercamiento mayor, pues hoy la presencia de estos actores sociales es cada vez mayor, aún dentro de la violencia que se encarna con mayor fuerza.

Es importante señalar que la violencia opera en contextos culturales específicos de poder. Es utilizada tanto por los individuos como por el Estado, los cuales producen y reproducen inequidades sociales al diferenciar a las personas y grupos en categorías e insertarlas en sistemas de estructuras de poder. La violencia estructural, por tanto, la reproducimos los individuos y las instituciones, dependiendo la posición y la relación que ocupamos en el espectro social que nos permite ejercer cierta dimensión de poder.

Incompleto Informe de México sobre Derechos Humanos, alerta AI a la ONU

En vísperas de que el Estado mexicano sea evaluado en el seno del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, Amnistía Internacional (AI) entregó a ese organismo un informe en el que advierte que el gobierno de México “dio una valoración incompleta” a la ONU sobre la situación de las garantías fundamentales en el país.

El documento subraya que el informe de las autoridades mexicanas no señala que en el país aún no se ha hecho rendir cuentas a nadie “por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas” cometidos durante la guerra sucia, y que tampoco informa que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos –como tortura, abusos sexuales y homicidios– perpetradas durante los hechos en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, no han sido sancionados.

El organismo de la ONU evaluó a México el 10 de febrero, en el contexto del examen periódico universal. A finales del año pasado, las autoridades mexicanas entregaron el informe oficial a ese órgano, lo que también hicieron grupos nacionales de defensa de los derechos humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para esas garantías.

El informe entregado por AI al consejo subraya “que el gobierno mexicano no ha reconocido la frecuente falta de aplicación o impacto de sus políticas y el empeoramiento de la situación de esas garantías en muchas zonas del país”.

La organización internacional de defensa de derechos humanos subraya que otra de las faltas de México en la materia es que a pesar de que ha firmado decenas de tratados internacionales para garantizar y cumplir esos derechos, al momento no han sido reconocidos explícitamente en la Constitución.

Para AI, una carencia más del informe oficial nacional es que no reveló a la ONU que las violaciones a derechos humanos cometidas por militares continúan siendo atraídas por los tribunales castrenses, “cuando las normas internacionales insisten en que estos casos deben ser juzgados por autoridades civiles”.

Agrega que a partir de que el gobierno actual empezó los operativos para combatir el crimen organizado se han incrementado las acusaciones por abusos de militares contra la población civil, como detención arbitraria, torturas, malos tratos, violencia sexual y homicidio.

Asimismo, la ONG internacional refiere que los defensores de las garantías fundamentales en el país, especialmente en zonas rurales, “a menudo sufren persecución y en ocasiones detenciones prolongadas por cargos penales falsos o de motivación política”.

Añade que existen comunidades en marginación, en su mayoría indígenas, que constantemente son acusadas por oponerse a desarrollos económicos e industriales que afectan sus pueblos, recursos naturales y modo de vida.

AI alerta que otro elemento que el gobierno mexicano no expone en el informe entregado a la ONU son los delitos cometidos contra migrantes centroamericanos que atraviesan por México para llegar a Estados Unidos, quienes “sistemáticamente son objeto de malos tratos y violencia sexual por agentes de Estado o de otro tipo de bandas criminales”.

Otro de los señalamientos del organismo internacional es que, a pesar de los avances en la legislación para proteger a las mujeres, “su aplicación es tenue” pues los índices de denuncia, procesamiento y condena de los responsables de violencia intrafamiliar, abuso, violación sexual y homicidios de mujeres “siguen siendo extremadamente bajos”.

Refiere que a dos años de la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en dos entidades aún no se introduce la legislación necesaria para hacerla respetar.

Agrega que la pobreza y la marginación continúan privando en cientos de comunidades rurales, con lo que se vulneran los derechos a una vida digna, al desarrollo y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población.

Como “buena noticia” en la materia, AI destaca que la lista de reformas e iniciativas enumeradas en el informe del Estado mexicano dirigido a la ONU es un avance.

La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo.

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas en crímenes ligados a la sexualidad y por el solo hecho de ser mujeres. En los últimos años los movimientos de mujeres de distintos países vienen denunciando los feminicidios (1), un concepto que pretende dar cuenta de su especificidad, del hecho de ser crímenes sexistas."Al igual que el concepto de violencia hacia las mujeres, se trata de un concepto acuñado como resultado de nuevos enfoques, de una nueva comprensión de prácticas que no resultan nuevas. Mientras que el concepto de violencia sexista tiene ya varias décadas, el de feminicidio es más reciente: cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como 'locos' o a concebir estas muertes como 'crímenes pasionales', o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto o guerra, como si estos contextos justificasen por sí solos la transgresión a las más elementales normas sociales."(Silvia Chejter, "Femicidios e impunidad”, 2005)

La violencia contra las mujeres está reconocida como una violación de los derechos humanos en muchos acuerdos y tratados internacionales, regionales, y compromisos nacionales, que deberían servir como herramientas y garantías reales para trabajar hacia la prevención de estos crímenes. Como ejemplo, basta señalar la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) y el Protocolo Opcional, 1979/1999, que llama a los Estados a llevar una "política de eliminación de la violencia contra las mujeres" y habilita a las mujeres a nivel nacional a reclamar y hacer que sus reclamos se tengan en cuenta; la Declaración de Naciones Unidas (ONU) sobre la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, 1993; el capítulo dedicado a la violencia contra las mujeres en la Plataforma de la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, Beijing 1995; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ICC), 1998, incluye a la violencia sexual –la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada y los embarazos forzados– en la definición de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra; en la revisión de Beijing (Beijing +5) se llama a la criminalización de la violencia contra las mujeres y a contar con medidas para terminar con la violencia contra las mujeres por motivos de raza y se incluyeron por primera vez los crímenes de honor; la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, 2000, plantea "combatir todas formas de violencia contra la mujer", así como el apoyo de algunas de las convenciones mencionadas anteriormente.

Sin embargo, a varios años de firmados esos acuerdos, crímenes como los exterminios masivos de mujeres, las violaciones, abusos y acosos sexuales, la violencia doméstica, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, la violencia en situaciones de conflicto armado, el embarazo forzado, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo del feto a favor de bebés varones, los asesinatos por cuestiones de honor, la violencia por causas de dote, la mutilación genital femenina y otras prácticas y abusos, siguen siendo practicados con impunidad.

Analizando los avances logrados en la legislación internacional y por las campañas y activismo de las organizaciones de mujeres, éstos han conseguido dar visibilidad a la desigualdad existente entre los géneros y las estructuras de opresión que la perpetúan. Se ha logrado el reconocimiento oficial de la violencia sufrida por las mujeres considerándola una violación de sus derechos humanos junto con el compromiso de los gobiernos de condenarla.

Pero, la implementación de estos compromisos queda en manos de la voluntad de los Estados. Ahí es donde muchas veces saltan a la vista las limitaciones de estos logros internacionales, que chocan con la falta de voluntad política para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes.

Hay algunos casos paradigmáticos: desde 1993 hasta enero de 2006, más de 430 mujeres han sido asesinadas y más de 600 están desaparecidas (presumiblemente asesinadas también) en Ciudad Juárez, México, en un escenario donde se concentran la industrialización fronteriza de las maquilas, la marginación, inmigración, machismo exacerbado, narcotráfico, prostitución, impunidad y corrupción política y policial. En Guatemala, al igual que en Ciudad Juárez, cerca de dos mil mujeres fueron asesinadas entre 2001 y 2005. Las víctimas tienen entre 12 y 25 años y viven en las regiones más pobres del país.

Los métodos varían desde la utilización de armas de fuego, e incluyen torturas, violación y posterior asesinato. Junto al incremento de estos crímenes existe también un aumento de amenazas y hostigamiento hacia las distintas organizaciones que asumen la denuncia pública de las masacres.

A estos alarmantes hechos recientes hay que sumar los feminicidios en las guerras, en muchas ocasiones asociados a violaciones masivas, como los ocurridos en la ex Yugoslavia, Rwanda, República Democrática del Congo, por citar sólo algunas situaciones de las últimas décadas. Actualmente, estos crímenes aparecen sancionados severamente en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Edomex y DF, con mayor número de feminicidios entre 2006 y 2007. En ese periodo se registró un total de 2 mil 232 homicidios de mujeres en el país, informó la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios de La Cámara de Diputados.

De acuerdo con un estudio de la instancia legislativa, el mayor número ocurrió en el seno familiar, es decir, el registro de amas de casa asesinadas en su hogar supera a los de la calle o secuestros.

El documento resaltó que las entidades federativas que registraron mayor número de asesinatos de mujeres fueron el estado de México, con 299 casos, y el Distrito Federal, con 244, en dicho periodo.

Le siguieron Michoacán, con 202; Guerrero, con 129; Veracruz, con 135; Jalisco, 119; Puebla, 109; Baja California, 105; Chihuahua, 84; Sinaloa, 80; Tabasco, 59, y Sonora, 57 casos.

En contraparte, las entidades con el menor índice de homicidios de mujeres fueron Colima, con tres casos; Campeche, cuatro; Yucatán, ocho; Tlaxcala y Aguascalientes, 10 cada una; Baja California Sur, 11, y Durango y Querétaro, 16.

Según el documento, los comportamientos de misoginia se han activado en forma paulatina en el país para desvalorizar, denigrar y amedrentar a las mujeres, excluyéndolas del acceso a bienes, recursos, oportunidades y, en general, al goce de sus derechos fundamentales.

Agregó que "la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, las ubica en una relación de desigualdad, opresión, exclusión, subordinación, discriminación, explotación y marginación".

Además, advirtió, también son víctimas de amenazas, agresiones, maltrato, lesiones y daños, que pueden ser físicas, morales, sexuales, educativas, laborales, económicas, patrimoniales, familiares y comunitarias.

Cuando la violencia sucede desde el seno familiar, ésta se ve reflejada en la formación de las niñas, lo que trae como resultado que en su desarrollo como mujeres se incorporen los "lamentables estereotipos vivenciales", indicó.

El documento expuso que en los casos de violencia existe un patrón constante de denuncia de los familiares de las víctimas, así como de diferentes grupos y entidades, las cuales coinciden en la omisión de la justicia.

Explicó que "describen actos de complacencia, displicencia, omisión, falta de voluntad, ausencia de justicia, violación de derechos constitucionales y humanos, procedimientos de inequidad de género en la justicia".

Asimismo, intimidación, conductas misóginas de justicia, impunidad, negligencia, subestimación jurídica, solapamiento y falta de aplicación de la justicia para investigar, castigar y prevenir tales delitos, concluyó el estudio.

En la pobreza, la mitad de los ancianos en México: DIF

Actualmente, en México hay 8.5 millones de ancianos, un millón más de lo previsto, debido a que se incrementó la esperanza de vida en las últimas décadas, precisó la directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Rosa Payán Cervera, quien advirtió que lo grave de esa estadística es que la mitad de las personas de la tercera edad se encuentra en situación de pobreza, y casi dos millones de ellas en pobreza extrema o miseria.

Debido a que México se encamina a una población de adultos mayores –se estima que en el año 2050 en el país habrá más de 40 millones de ancianos–, si no se realizan las reformas suficientes en los sistemas de pensiones y ahorro para el retiro, el Estado se colapsará pues será insuficiente para responder a la demanda de este tipo de prestaciones. Payán Cervera mencionó que la población de la tercera edad creció notablemente en los años recientes.

Ante el incremento de la población de adultos mayores, consideró que se deben hacer ajustes de prevención no sólo en el sector salud, sino también en el laboral, sobre todo en el régimen de pensiones, para hacer frente a la demanda de recursos para ese sector.

Desempleo como forma de violencia estructural

El desempleo es aquella posición de la mano de obra que está desocupada y fuera del mercado de trabajo. La parte positiva la conforman los que están participando en la economía y generando ingresos. Los que están en una posición diferente son quienes independientemente de querer entrar al mercado laboral y generar ingresos no encuentran fuentes de trabajo en donde insertarse.

Con respecto a los mecanismos formales que existen para contabilizar el desempleo, el INEGI registra que parte de la población se encuentra sin posibilidades de empleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) anota oficialmente a través de los censos, qué parte no es incorporada al mercado de trabajo por las empresas, las industrias, por el sector primario, y también anota qué sector trata de obtener ingresos en otras áreas de la economía. Así, dentro de las principales causas del desempleo en nuestro país en el contexto global es la competencia entre las economías y la incapacidad de los países subdesarrollados para poder absorber su mano de obra, sobre todo la de carácter local.

La grave crisis económica colapsa todas las estructuras productivas: la falta de inversión, el cambio tecnológico y el que las empresas que llegan a solicitar mano de obra no encuentran en ésta la calificación necesaria para poderla incorporar. Además, influye la posición del gobierno en relación con las políticas de empleo. No hay inversión para generar fuentes de trabajo, para que las empresas amplíen su capacidad de contratación y para que el nuevo desarrollo tecnológico le proporcione a la mano de obra calificada una incorporación plena, estable y permanente en la nueva estructura productiva.

En los últimos años, el desempleo ha propiciado el incremento de la economía informal; sin embargo, ésta ha brindado una posibilidad de amortiguar los efectos del desempleo para que no se manifiesten brotes de violencia graves, porque es la que le otorga a los desempleados algunos ingresos. Se da la posibilidad de pacificar este gran descontento y desigualdad social.

El desempleo alimenta la economía informal y brinda la oportunidad de enfrentar la crisis económica. El nuevo reto de las economías modernas es enfrentar una nueva estructura y mercado de trabajo en la informalidad. Que no existan los canales fiscales para recuperar la riqueza que se genera en la informalidad es algo que el Estado no ha podido aún. Trata de controlar la economía registrando formalmente a los establecimientos, las microempresas y los micro negocios, a pesar de que el sector informal no aporta a nivel del fisco o de impuestos, genera y distribuye mucha riqueza.

Las principales tasas de desempleo abierto se expresan en las mujeres y en los jóvenes. Son los dos grupos claves.

En este plano, las mujeres, independientemente de que estén capacitadas y tengan un buen nivel educativo, poseen poca experiencia laboral y por lo tanto son rápidamente expulsadas del mercado de trabajo. Son las que, por resultado histórico de cómo se han incorporado al proceso productivo, siguen siendo a las que primero se despide, a las que menos se les paga, y a las que se les ubica en cualquier puesto o cualquier empleo atípico.

Otro grupo vulnerable es el de los jóvenes. Existe una población que demanda trabajo desde los catorce años en adelante. Pero son a los que menos se les contrata por falta de experiencia y porque al ser jóvenes; si se les otorga seguridad social, representan una carga fiscal para la empresa, Y son también aquellos que tratando de no abandonar la escuela buscan empleos que les permitan la posibilidad de medir su tiempo.

Así, se incrementa el contrato por tiempo parcial, por horas. El desempleo se incrementa aún más en estos grupos que en el caso de los hombres con un título, capacitación y experiencia, que ya están incorporados al mercado de trabajo, a éstos difícilmente les expulsa.

Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el Panorama Laboral 2006, la fuerza de trabajo de las áreas urbanas de América Latina estaba compuesta por aproximadamente 43.7 millones de jóvenes (59% hombres y 41% mujeres). Los jóvenes representan una importante proporción del desempleo total en la mayoría de los países de la región.

Según este reporte, las dificultades que tienen para su inserción laboral se asocian a sus características específicas: aún no culminan su formación para el trabajo, su experiencia laboral es muy baja o nula, tienen poca información sobre los requerimientos y características del mercado laboral y, principalmente en el caso de los jóvenes pobres, carecen de redes sociales que faciliten la inserción, entre otros factores.

BIBLIOGRAFÍA:
ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006
Gramsci, Antonio. Notas, Siglo XXI, México, 1977.
OIT: Informe sobre el panorama laboral en América Latina del 2006
ONU, Informe sobre los Derechos Humanos en México, 2009
Oscar Lewis. Antropología de la pobreza, FCE, México,1975.

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