Número 19                                         Época IV                              Octubre 2010


EL SINDICALISMO EN LA UNAM 1910-2010
BALANCE DE LAS LUCHAS POR LA REGULARIZACIÓN
DE LAS RELACIONES LABORALES

El STUNAM, fiel a su trayectoria y principios, debe afianzar su posición como parte de la comunidad universitaria y seguir formulando propuestas que redunden en la democratización de la UNAM.

José Enrique Pérez Cruz*

Al cumplirse 100 años de historia de la Universidad Nacional, y en los cuales el sindicalismo universitario ha existido desde hace más de ocho décadas, a partir de que se fundó en Alma Mater en 1910 a instancias del maestro y Ministro de Instrucción Pública, don Justo Sierra, integrada entonces por las escuelas de Altos Estudios, Bellas Artes, Jurisprudencia, Ingeniería, Medicina y Nacional Preparatoria, mismas que ya existían con anterioridad.

Se hace aquí un balance de los logros alcanzados por el personal de la Universidad en cuanto a su lucha por la regularización laboral, considerando que el personal docente y administrativo que se sumó desde un inicio a la Institución ya tenía algunos años de antigüedad, aunque en ese entonces no existía una relación laboral regulada.

Antecedentes

Al estallar la Revolución mexicana ese mismo año y, posteriormente, al celebrarse la Convención de Aguascalientes, se comenzó a pensar en la protección laboral de los trabajadores en general y de los trabajadores al servicio del Estado en particular.

Los trabajadores universitarios no contaban con una legislación y ni reglamentación que los incluyera como empleados federales, por lo que adolecían de diversas carencias; conviene hacer mención del señalamiento del 11 de noviembre de 1912 que hizo el diputado José Natividad Macías (quien más tarde sería Rector de la Universidad) sobre los trabajadores mexicanos: "Los obreros tienen hambre. Los obreros no pueden vivir con el mísero salario que hoy ganan en las fábricas y es necesario que empecemos por darles, aunque no sea toda la parte que les corresponde, sino una mínima parte de ella".

Sin embargo, fue hasta que se expidió la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, en 1925, cuando se les dio una protección.

En 1927 tuvo lugar el primer intento de formación de una organización sindical entre el personal administrativo, el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Nacional. Sin embargo, esto se vio frustrado al amenazar con el cese a quienes se organizaron.

La autonomía

El sindicalismo en la Universidad Nacional pudo desarrollarse a partir de 1929, con la expedición de la Ley Orgánica que otorgó la Autonomía de la Institución, al cambiar las condiciones jurídicas del personal docente y administrativo y dejar de ser considerados como personal federal. Por esa razón, quedaron al margen de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que desde 1925 los había protegido. En la Ley Orgánica se había establecido que en los siguientes seis meses el Consejo Universitario definiría la situación jurídica del personal de la Universidad Nacional.

A partir de la Autonomía de la Universidad se dieron las condiciones para que el personal se organizara gremialmente. Sin embargo, el sector docente lo hizo de manera local, es decir, siempre adecuándose a las condiciones internas de la legislación universitaria. Así se constituyó la Sociedad de Profesores, Preparadores y Ayudantes de la Escuela Nacional Preparatoria, el 3 de julio de 1929, con el propósito de velar por los intereses universitarios de sus miembros en todos los aspectos derivados de la Ley.

La primera organización de empleados

En lo que respecta al personal administrativo y luego de llevar a cabo una campaña de concientización entre los trabajadores, se cumplió con los requisitos establecidos por las autoridades federales. El 3 de septiembre de 1929, Emilio Portes Gil expidió un Acuerdo Presidencial para que se constituyera la “Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México”, como una organización de resistencia y que con ese nombre se constituía una sociedad de carácter gremial integrada por los empleados y servidores de dicha institución.

También se estipuló que los fines que perseguía eran hacer valer ante las autoridades universitarias el respeto y acatamiento de los derechos que tenían como trabajadores quienes sirven a la Universidad, y se hacía un llamado a congregar energías, inteligencias y voluntad de hombres útiles, compenetrados de las ideas de reivindicación social, para construir así una entidad digna de todo respeto.

A fines de 1929, al fallecer un profesor de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y no contar la Universidad con recursos para indemnizarlo, el Consejo Universitario autorizó un Seguro de Vida para los Profesores y lo reglamentó.

El Secretario General de la Unión de Empleados presentó un Proyecto de Previsión Social para los empleados, que incluía una Caja de Ahorros, Auxilio y Préstamo dotada de un Fondo de Defunción. Sin embargo, ese intento no prosperó. Al año siguiente, la Unión solicitó al Consejo Universitario la aprobación de un Seguro de Vida para los Empleados como el que ya existía para los profesores de la ENP, consistente en medio día de haber, pero no fue aprobado. También en 1930, al tomar posesión una de las mesas directivas demandó la expedición de una Ley del Servicio Civil que regulara las relaciones laborales de los empleados.

La Unión de Empleados logró, en 1931, la reinstalación de prácticamente todos los casos de cese en la UNAM, por lo que había incomodidad entre las autoridades universitarias. Ante esta situación, el secretario general propuso que en adelante antes de cesar a los empleados se informara a la Unión, para solucionar previamente el asunto. Esto molestó al rector García Téllez, quien buscando algún motivo cesó al secretario general acusándolo de falta de probidad. Lo cual era falso y tuvieron que reinstalarlo e indemnizarlo.

A principios de 1932, la Rectoría dispuso que se hiciera una rebaja a los sueldos del personal administrativo, a lo que se opuso la Unión que logró posponer la medida, si bien poco después se aplicó en razón de la mala situación económica de la Universidad.

El rector García Téllez había propuesto a la Unión de Empleados suscribir un Contrato Colectivo de Trabajo y, con motivo del cambio de Comité Ejecutivo, durante la Asamblea Sindical en que se llevó a cabo esa elección se discutió que se demandara a la Universidad por la firma del Contrato Colectivo. Allí se propuso que antes de hacer una demanda ante la Junta Central de Conciliación se hablara con el Rector. Así se hizo y de esa manera se firmó lo que habría de ser el primer Contrato Colectivo de Trabajo entre la Universidad Nacional y la Unión de Empleados, el 1º de marzo de 1932. Sin embargo, el Rector había incluido una clausula en la que se hacía mención que lo firmaba de manera provisional, en tanto lo ratificaba el Consejo Universitario o la Gran Comisión del propio Consejo.

Poco tiempo después, el rector García Téllez dio marcha atrás y desconoció la firma del Contrato, solicitándole al Consejo Universitario integrar una Comisión que elaborara una Ley del Servicio Civil para los empleados de la Máxima Casa de Estudios. Cuando la Comisión presentó su proyecto y lo aprobó el Consejo, fue enviado al Presidente de la República, porque así lo establecía la Ley Orgánica, quien lo vetó, se ignora el porqué pero así fue.

La Unión de Empleados intentó oponerse a las maniobras de las autoridades universitarias, porque el Contrato había sido presentado ante la Junta Central de Conciliación, pero no obtuvo el apoyo del gobierno federal.

El SEOUAM

En 1933 tuvieron lugar elecciones en la Unión de Empleados y meses después, en medio de un conflicto estudiantil que trajo como consecuencia la expedición de una nueva Ley Orgánica, se le retiró el carácter de Nacional a la Universidad. Se cambió a su vez el nombre de la Unión de Empleados por el de Sindicato de Empleados de la Universidad Autónoma de México (SEOUAM), el cual incluso obtuvo un registro sindical ante las autoridades del Departamento del Trabajo. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores no estuvo de acuerdo con el cambio de nombre y desconoció al Secretario General y al Secretario del Interior. Se procedió a nombrar un nuevo Comité Ejecutivo.

En 1935 se llevaron a cabo elecciones y se decidió retomar el nombre de SEOUAM. El año siguiente, el rector Luis Chico Goerne aceptó que se firmaría un Contrato Colectivo de Trabajo, pero incumplió su ofrecimiento y se enfrentó al SEOUAM y en agosto 1937 cesó al Comité Ejecutivo. Fue necesario un nuevo conflicto estudiantil para derrocarlo y que las nuevas autoridades reinstalaran a los miembros del Comité, excepto al Secretario General, en 1938.

En febrero de 1936, cuando se constituyó la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal (FSODF), a la que pertenecía la Unión de Empleados de la Universidad Nacional, en alianza con la Confederación General de Trabajadores (CGT), la Federación Obrera Local del Distrito Federal (FOLDF) y la Cámara Nacional del Trabajo, formalizaron un pacto que dio origen al Consejo Nacional del Trabajo como alternativa a la CTM, el 15 de agosto. Afirmaban que se había hecho evidente el fracaso de la pretendida Central Única.

En 1936 se otorgó a los empleados de la UNAM la posibilidad de tener tres representantes ante el Consejo Universitario, al aprobarse el Estatuto de la UNAM.

También en 1937, como respuesta a la petición del SEOUAM para la firma de un Contrato Colectivo, las autoridades apoyaron la formación de la Unión de Profesores, Empleados y Obreros de la Universidad Nacional Autónoma de México que, por su parte, apoyaba el punto de vista de las autoridades universitarias de que se debían regir por una Ley del Servicio Civil. Esa Unión no tuvo mayor vigencia.

La Federación de Profesores de la UNAM

Durante el siguiente año se organizaron algunas formaciones de docentes, como son:

La Unión de Profesores de la Facultad de Filosofía y Estudios Superiores; la Asociación de Profesores de la Facultad de Medicina; la Unión de Profesores de la Escuela Nacional de Ingenieros; la Asociación de Profesores de la Escuela Nacional de Odontología; la Unión de Profesores de la Escuela Nacional Preparatoria; la Unión de Profesores y Empleados de la Escuela de Extensión Universitaria y el Comité Organizador de la Unión de Profesores de la Escuela Nacional de Música. La finalidad era impulsar mejoras en sus condiciones laborales, pero siempre dentro del marco de la legislación universitaria. Incluso, al no lograrlo, decidieron constituir una organización que los aglutinara a todos.

El 4 de abril de 1938, constituyeron la Federación de Profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus Estatutos se incluyeron los siguientes fines:

a) Realizar los propósitos de la Universidad consignados en su Estatuto;
b) Procurar el mejoramiento intelectual y económico de los profesores de la Universidad;
c) Defender los intereses profesionales y económicos de los catedráticos, haciendo que se respeten sus derechos gremiales en cualquier circunstancia que se vean amenazados.

Algo que llama la atención es el tercer artículo transitorio de esos Estatutos, en donde se aprecia lo siguiente:

Las Uniones que además de ser profesores agrupen también empleados universitarios, continuarán con su misma organización en espera de que se forme, más tarde, la Confederación de Profesores y Empleados de la Universidad.

Otro aspecto de la necesidad de organizarse gremialmente, en busca de una mejoría en sus condiciones laborales, fue la creación del Sindicato de Trabajadores de la Imprenta Universitaria (STIM), surgido por la venta de la cooperativa con la que la Universidad realizaba sus ediciones.

En 1938 se aprobó en el Consejo Universitario un nuevo Estatuto General para la UNAM, en el que se cambió la disposición que daba representación a los trabajadores ante el Consejo, reduciendo de tres a dos los representantes de los empleados.

En octubre de ese año, el Comité Ejecutivo del SEOUAM entregó a los trabajadores una relación de médicos universitarios que, conociendo la carencia de prestaciones del personal, ofreció sus servicios gratuitos a todos los empleados, que serían atendidos con su credencial de la Universidad.

El 2 de noviembre, el SEOUAM envió un telegrama al presidente Cárdenas solicitándole que se abriera una investigación para esclarecer los motivos que ostentaba la Universidad para burlar los Decretos Presidenciales relativos al pago del salario mínimo, pago del séptimo día y la jornada de ocho horas.

En el mes de agosto, el SEOUAM interpuso una demanda a la Universidad Nacional por la firma de un Contrato Colectivo de Trabajo ante la Junta de Conciliación del Departamento Federal del Trabajo, cuyo Jefe era en ese momento el licenciado Ignacio García Téllez, ex rector de la UNAM. En esa etapa, el rector era Mario de la Cueva, considerado académicamente como el mejor especialista en derecho laboral.

Para entonces, la FSODF había desaparecido y el SEUAM ahora tenía nexos con la Federación de Trabajadores del D.F., que ahora lo asesoraba y, por consiguiente, con la CTM. En el proyecto del Contrato Colectivo así se establecía.

Para el 10 de noviembre de 1941, la UNAM había justificado ante la Junta de Conciliación que su mala situación económica era la causa de que el SEOUAM tuviera que retirar con esa fecha su demanda ante la Junta. Pero eso no fue todo, también rescindieron al Secretario General que demandó a la Institución y fue indemnizado, pero no reinstalado.

Como resultado de esa acción, el SEOUAM entró en receso y sucedió bajo el rectorado de Rodulfo Brito Foucher. Los trabajadores estaban temerosos porque si eso le acontecía al Secretario General del sindicato, qué no les podría suceder a ellos.

En 1942, cuando ya no sobrevivía el sindicato, sólo quedaron los representantes de los empleados ante el Consejo Universitario, quienes para ser electos en ese año presentaron un Programa Mínimo de Acción en el que exponían los siguientes puntos:

I. Por la unificación de los trabajadores universitarios.
II. Por el establecimiento de Salario Mínimo no inferior a CUATRO PESOS DIARIOS, a todo trabajador universitario.
III. Por la creación de un Seguro (de vida) pagado por la Universidad y que garantice la situación económica de los familiares del trabajador universitario en caso de fallecimiento.
IV. Por un Reglamento de Escalafón, incluyendo jubilación y pensiones.

Pugnaron, además, por la creación de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que no habría obligación de afiliarse y que bastaría con tener a la mitad más uno de los empleados de base.

En 1942 se dio también la reforma a la fracción XXI del Artículo 123, que establecía que: La aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, no es asunto de las juntas centrales de Conciliación y Arbitraje juzgar las cuestiones de trabajo que se suscitan en un órgano descentralizado del Estado, como era la UNAM; esto es, que ya no volvería a obtenerse el registro sindical por parte de las autoridades laborales.

En marzo de 1943, los consejeros de los empleados protestaron ante la aprobación del Presupuesto del ejercicio del 1º de marzo de 1943 al 28 de febrero de 1944, porque había algunos detalles que perjudicaban a los trabajadores.

En la sesión del 14 de diciembre el Rector Brito Foucher informó ante el Consejo Universitario sobre sus ideas para mejorar la situación de los empleados y los profesores enfermos.

El 22 de noviembre, el rector informó ante el Consejo Universitario sobre el anteproyecto de Ley Orgánica y el día 24 de noviembre se inició su discusión en el Consejo. En el anteproyecto existía un apartado en el que se hacía mención sobre las "Relaciones de la Universidad con sus empleados", con las siguientes consideraciones:

"Es un principio general, reconocido por la Suprema Corte de Justicia en México, que los funcionarios y empleados de los establecimientos o corporaciones públicos, pueden estar sometidos, sin quebranto de ningún texto constitucional, a un régimen extra-contractual, estatutario. En años recientes, cuando por consideraciones diversas el Gobierno ha atribuido a ciertas empresas el carácter de corporaciones públicas, resulta explicable que se haya sometido a ciertos grupos de trabajadores de tales empresas a un régimen contractual. Pero la Universidad no es una empresa; no organiza los elementos de la producción para persecución de ningún propósito lucrativo; nunca ha tenido, no tiene ni se propone tener provechos en sentido económico; es como antes se dijo ya, una comunidad de cultura. Por estas razones, el anteproyecto que ha vuelto a definir el carácter público de la Universidad, acoge en cuanto al problema de las relaciones entre la Universidad y su personal docente o administrativo, una solución que no es nueva, sino que hace más de diez años fue establecida por la Suprema Corte de Justicia.

“Conviene, sin embargo, dejar bien claro que el hecho de que las relaciones entre sus servidores tengan un carácter estatutario y no contractual, no será obstáculo para que, como el proyecto lo indica, un reglamento del Consejo otorgue a los profesores y a los empleados universitarios todos los derechos y prestaciones de orden social que, a estas horas deben considerarse ya incorporados definitivamente al orden jurídico en que vivimos, como elementales exigencias de la civilización contemporánea."

En las discusiones acerca de lo inherente a los trabajadores se volvió a reducir la representación ante el Consejo Universitario, de dos representantes propietarios y dos suplentes a un representante con su suplente. De nuevo se les hacía menos.

En el artículo 13 de la Ley Orgánica se estableció que: Las relaciones entre la Universidad y su personal docente, investigación y administrativo se regirán por estatutos especiales que dictará el Consejo Universitario. En ningún caso, los derechos de su personal serán inferiores a los que concede la Ley Federal del Trabajo. También se estableció que los estatutos serían aprobados en los siguientes seis meses, cosas aspecto que no llegó a concretarse.

Posterior a la aprobación de la Ley Orgánica por parte del Consejo Universitario, se envió a la Cámara de Diputados en donde luego de ser discutida se aprobó y entró en vigor el seis de enero de 1945 (y continúa vigente hasta nuestros días).

El primer STUNAM

Luego de algunos años de haber estado en receso la actividad sindical, el 9 de noviembre de 1945 se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), que para atraer a la mayor parte de los trabajadores administrativos posible resolvió no cobrar cuotas. El lema de la organización sería: Por el mejoramiento del trabajador universitario. Los objetivos que se propusieron alcanzar fueron los siguientes: Organización, concientización y búsqueda del registro sindical. Se eligieron delegados de las dependencias y se constituyó el Consejo Sindical.

En diciembre de 1946, el Consejo Universitario aprobó un Reglamento de Jubilación que no benefició a la gran mayoría de los trabajadores y profesores.

En 1946 se inició la ardua labor de Roberto Ramos Vigueras a fin de lograr la reincorporación del personal universitario al Régimen de Pensiones.

En 1949, el STUNAM solicitó a la Secretaría del Trabajo su registro, como ya lo tenía el SEOUAM desde 1933, pero les fue negado con base en las reformas al Artículo 123 en 1942.

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