Número 20                                         Época IV                              Marzo-abril 2011


EL SENTIDO DE LA REFORMA LABORAL
EN EL TRABAJO ACADÉMICO

El nuevo EPA desecha derechos conquistados y ejercidos
por los trabajadores académicos, impone mayores cargas
de trabajo y exige mayor calificación formal para el trabajo
realizado, sin mejorar en absoluto el salario…

Arturo Meza Mariscal*
*Profesor de asignatura definitivo de la ENP 1. Licenciado y maestro en psicología (UNAM).

Otro rostro de la reforma laboral

La aplicación de una reforma laboral (RL) en nuestro país es necesaria y urgente. Nadie puede sostener que las relaciones actuales entre capital y trabajo pueden ser normadas con instrumentos jurídicos diseñados hace 40 años, cuando menos, para otra realidad económica y social; para otro país.

Pero seamos precisos. La urgencia a la que me refiero no debe ser una que legitime una serie de prácticas lesivas a los derechos laborales, o que considere las excepcionales condiciones que reiteradas crisis económicas han impuesto, como realidades permanentes a las que ahora hay que ajustarse: empleo informal creciente, salarios precarios que paralizan el mercado interno, supresión de las responsabilidades de solidaridad social como la formación y la capacitación productiva de los trabajadores; poder despedir al trabajador injustificadamente, sin costo para el patrón –sin mediar un quinto para el despedido-, ampliar las jornadas de trabajo sin aumentar el salario, preservar el uso pervertido de los grandes sindicatos actuales, utilizados como instrumentos control político, social y electoral de los trabajadores, etcétera.

Éstas y otras medidas semejantes, son “modernas” estrategias que no se interesan en verdad en la productividad, sino sobre todo en someter a los trabajadores al arbitrio de quien los emplea y abaratar hasta niveles miserables el valor de la fuerza de trabajo. El sentido que se revela en la propuesta de RL confeccionada desde el poder es el de una miopía social torpe, el de una visión de explotador colonial, por decir lo menos.

Por supuesto que los tiempos actuales requieren de una RL. Pero una nacida del ejercicio de la democracia y no de actos autoritarios. La realidad internacional reciente demuestra –por si el sentido común no fuese suficiente– que el trabajo puede convertirse en soporte y apoyo del progreso y la productividad; que el desarrollo económico sin el desarrollo social es una necedad no sólo imposible, sino contraproducente.

Lo que subyace en la necesidad de la urgente RL es la confrontación entre el México que transita hacia la democracia y el que contempla, en su anacronismo, la intención de preservar las prácticas de un capitalismo salvaje, basado más en la explotación del trabajo que en el desarrollo del mercado y la productividad.

La RL ha llegado a la UNAM

No sin preocupación hemos contemplado cómo se trasmina el sentido de la RL que hemos llamado confeccionada desde el poder, al mundo de las relaciones laborales de los trabajadores académicos con la universidad. Como una aparente –y desafortunada–coincidencia, o como una orquestación funesta, el nuevo Estatuto del Personal Académico (nuevo EPA) que han preparado las autoridades universitarias, capta con precisión la infame esencia de la mencionada RL.

Dado que el nuevo EPA desecha derechos conquistados y ejercidos por los trabajadores académicos, impone mayores cargas de trabajo y exige mayor calificación formal para el trabajo realizado, sin mejorar en absoluto el salario, además de otras lindezas; me resulta evidente que se convierte defacto en un instrumento que regula las relaciones laborales.

Podríamos no objetar el hecho, si no fuese por la circunstancia de que la regulación de las relaciones laborales se hace a través del instrumento que conocemos como Contrato Colectivo de Trabajo. El vil trinquete –para emplear una expresión técnica– que estamos observando, requerirá de una presentación de antecedentes que paso a exponer, esperando tanto como ustedes, ser breve.

Necesaria presentación de antecedentes

El trabajador académico, por su condición legal de trabajador especial, transita en un espacio de doble regulación, en donde las condiciones del aspecto propiamente laboral son reguladas por la negociación de las condiciones contractuales (jornada, salarios, y prestaciones asociadas a la representación y organización de índole gremial) y, por otra parte, las condiciones de trabajo que se corresponden a los mecanismos de organización académica y a los procesos de la evaluación del trabajo académico, en relación al ingreso, la promoción y la permanencia, en tanto naturaleza del trabajo académico.

La separación de la regulación de lo laboral y lo académico quedó asentado desde 1980 en la Ley Federal del Trabajo, en la adición del Capítulo XVII Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley, particularmente en el Art. 353-L, al establecer que “corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas por ley regular los aspectos académicos”.

Delimita la misma ley que los tales aspectos académicos se refieren al ingreso, la promoción y la permanencia del trabajador académico, los que en todo caso “...deberán ser aprobados en la evaluación académica que efectúe el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias autoridades o instituciones establezcan (Art 353-L)”.

Queda claro, entonces, que el ingreso, la promoción y la permanencia del trabajador académico, son materia exclusiva de las instituciones.

Sin embargo, hay que evidenciar las prácticas institucionales que subyacen a los conceptos precedentes.

Por principio, el mecanismo de ingreso del trabajador académico se efectúa mediante concurso de oposición, no pudiéndose aplicar, en ningún caso, “...la admisión exclusiva o la separación por expulsión a que se refiere el artículo 395 (Art-353-Q)”.

Se desprende, además, del Art. 353-L que la permanencia (definida en el artículo que se cita como poder ser considerado “...sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado”) es, asimismo, resultado de una evaluación académica mediante concurso de oposición.

Desde este orden de ideas, en lo que se refiere al concepto promoción, la existencia de diversos programas de becas y estímulos a los que se entregan los profesores e investigadores, permiten obtener los puntajes necesarios que podrán ser utilizados a efectos de participar en los concursos de oposición y otras formas de evaluación, a fin de obtener la promoción de categoría y nivel a la que se aspira.

Sin embargo, lo cierto es que tales programas de becas y estímulos han devenido en una forma de mejorar los salarios correspondientes, antes que en parte de un mecanismo de promoción. Esta especie de perversión tiene su origen, en principio, en el hecho de que la emisión de la correspondiente convocatoria que permitiría someterse a una evaluación –por concurso o cualquiera de los mecanismos contemplados– depende del arbitrio de la autoridad universitaria y, nunca, de consideraciones de tipo académico.

La participación en programas de becas y estímulos es parte de la precarización del trabajo académico, que ha sido definido como una perspectiva coherente con efectos a largo plazo, donde prevalecen los contratos temporales y por horas, la pérdida de derechos y prestaciones laborales, así como la reducción de los salarios y su condicionamiento bajo la forma de los programas de becas y estímulos que estamos comentando.

De los diferentes métodos que pudieran emplearse para demostrar la precarización del trabajo docente, he seleccionado un indicador comparativo que se circunscribe al ámbito de la Universidad Nacional y del que difícilmente puede objetarse su idoneidad.

Hasta el año de 1997, en nuestra universidad la orientación educativa fue una materia de trabajo desarrollada por trabajadores administrativos, que ostentaban nombramiento de profesionistas titulados. En ese año, mediante convenio acordado entre el STUNAM, en tanto representación profesional de los orientadores educativos, y las autoridades de la Universidad Nacional, se acordó que estos trabajadores pasarían a formar parte del sector académico con el nombramiento de profesor de asignatura A, 30 horas, dado que tal nombramiento permitiría equiparar las funciones a realizar y los niveles salariales devengados por el personal así academizado. Las nuevas funciones y el nuevo nivel salarial del flamante personal académico resultó ser beneficioso para el salario del trabajador, en un 10% adicional.

Cabe decir, por cierto, que algunos de nuestros compañeros, ateniéndose a los acuerdos del convenio en cuestión, decidieron no transitar al sector académico y continuar desempeñando sus funciones de orientador educativo, manteniéndose como trabajadores administrativos, con su nombramiento de profesionista titulado.

Debe insistirse: la Universidad Nacional estableció para el profesionista titulado de orientación educativa una equivalencia en la rama académica correspondiente al nombramiento de profesor de asignatura A, 30 horas, si bien en principio el sueldo base del trabajador docente resultaba ligeramente superior al del trabajador administrativo. Lo que tenemos aquí es un indicador comparativo a contrastar, del valor del trabajo administrativo y del valor del trabajo académico.

Hoy resulta sorprendente (o, en todo caso, una clara evidencia de la precarización académica a la que he hecho referencia) descubrir que en octubre de 2010 el sueldo base mensual del profesor de asignatura A 30 horas es inferior en poco más de dos mil pesos, al sueldo base del profesionista titulado, diferencia que aumentará a tres mil pesos en caso de que ambos trabajadores posean nivel de posgrado.

La multifuncionalidad del especializado trabajo académico

Desde este indicador se revela la importancia del papel que tienen los programas de becas y estímulos que padece el trabajador académico –sobre todo para los profesores de carrera e investigadores– en el esfuerzo de resarcir un salario precarizado.

Estas becas y estímulos imponen una dirección a la labor del trabajador académico, en el sentido de verse obligado a entregar, principalmente, productos de investigación, en detrimento de la docencia misma, lo que de manera arbitraria redefine la labor del docente al forzarlo a convertirse en docente-investigador. El hecho debe tenerse como una triquiñuela de la autoridad, si nos atenemos a que la definición de trabajador académico (Art. 353-K) implica a “...la persona física que presta servicios de docencia o investigación...”, no de docencia e investigación.

El hecho parte, seguramente, de la consideración –sorprendentemente nunca validada por la investigación científica en pedagogía– de que el buen docente es mejor si además es investigador, y viceversa; de que el generador de conocimiento debe ser quien imparta el mismo. Es esta una concepción que desprecia la labor de la sola docencia, que la considera académicamente insuficiente, y en donde para enmendarla se debe, además, ser investigador.

Por supuesto que la investigación es una función sustantiva de la universidad; pero la docencia también lo es y presionar para que ambas funciones sean desempeñadas con elevada calidad por el mismo sujeto, evidencia el desconocimiento que se padece de los procesos profesionales y cognitivos que se implican en ambas actividades del saber humano, que no son de ninguna manera complementarias, ni tienen por qué ser una especie de sinonimia.

El buen docente lo es en la medida que refina su arte pedagógico y mantiene actualizados sus conocimientos sobre la materia que imparte (ya labor bastante ardua y complicada), y no en la medida que genera conocimiento nuevo. El investigador sí que ha de crear nuevo conocimiento; pero, esperar que además lo imparta es demandar del trabajador académico una multifuncionalidad, que en todo caso habrá de discutirse si beneficia al propio trabajador y a la universidad.

Sin embargo, el punto que me interesa destacar es la superposición que se ha dado sobre lo laboral por parte de lo académico, a través del aspecto de promoción y permanencia.

La ley laboral establece los aspectos académicos a regular por las universidades: ingreso, promoción y permanencia. Hemos estado de acuerdo que en lo referente a ingreso las universidades y los mecanismos que se han dado para el propósito (generalmente los concursos de oposición) son en efecto el recurso idóneo.

El aspecto promoción, que no se encuentra definido en el instrumento que lo regula, el EPA, se ha entendido –desde la práctica– como el paso de un docente a un nivel o categoría superior al que ostenta, por medio de los procedimientos pertinentes.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo sí define lo que ha de entenderse por promoción en tanto aspecto académico a regular por las universidades. Art 353-L: “Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente...”

Es decir, la promoción se refiere no a la posibilidad de transitar a través de niveles y categorías, sino al procedimiento de obtención de la definitividad en el trabajo; a la posibilidad de adquirir la permanencia en la plaza.

Por cierto que, difícilmente podríamos aceptar que la promoción, como tránsito de niveles y categorías, fuese lograda mediante mecanismos diferentes a los que hoy se emplean. Debe advertirse, sí, que en todo caso las autoridades universitarias se han arrogado la regulación de tal promoción, cuando en verdad debiera serlo desde la negociación de la materia de contratación colectiva, toda vez que la emisión de las convocatorias a concurso de oposición y otras formas de promoción, dependen de manera unilateral de la decisión de la autoridad universitaria.

Más aún, sin la presencia de argumentos académicos se ha establecido la existencia de un periodo mínimo de tres años para poder transitar de nivel, periodo que hoy pretende la DGAPA sea de cinco años.

Si bien el punto es sólo parte de la frecuente superposición de los aspectos laboral y académico, que suele resolverse no en favor de los derechos y el interés profesional del trabajador, debe destacarse que desde la conveniente confusión que se ha decidido mantener en el aspecto académico de promoción, que ya se ha comentado, se pretende construir el nuevo Estatuto del Personal Académico de la UNAM.

Becas y estímulos. Lo complementario se convierte en lo fundamental

En este nuevo EPA (próximo a presentarse para su aprobación e inicio de vigencia) se hace una amplia propuesta respecto a lo que se denomina CarreraAcadémica, que a mi parecer, aunque no de la mejor manera, abre posibilidades a la construcción de una profesionalización del trabajador académico, si bien a un precio excesivo: el de aceptar y perpetuar como mecanismo plenamente formal de pago del trabajo devengado, no principalmente el salario contractual sino modalidades simplificadas de becas y estímulos, cuya obtención dependerá de que el trabajador atempere el ejercicio de la libertad de cátedra en función de dar cumplimiento a los programas institucionales a los que debe someterse para considerarse partícipe de las diversas etapas de tal carrera académica.

Podemos aceptar, sin conceder, que en lo general estamos de acuerdo con la carrera académica propuesta por el nuevo EPA. Sin embargo, cuando desde la redacción de un Estatuto de Personal Académico, apelando a lo académico, se pretenden regular aspectos claramente laborales (simplemente eliminándolos), tales como diversos derechos contractualmente consignados, el hecho debe merecer toda nuestra atención y el nuevo EPA ser sometido a nuestro escrutinio.

Desde el nuevo EPA se “reestructuran” las condiciones laborales de los trabajadores académicos de asignatura, el sector académico más numeroso (el 53% de las clases en la UNAM son impartidas por profesores de asignatura), a la vez que el más débil (por ser mayoritariamente interinos). Lo hace de una manera atroz: no posibilitando su permanencia o garantizando sus derechos, sino estableciendo en 20 el máximo posible de horas de asignatura que podría impartir cada profesor.

En concordancia con la RL confeccionada desde el poder, al tratarse de contratos por horas se elimina el derecho a la seguridad social y prestaciones como aguinaldo y vacaciones, a partir de que tales contratos no generarían antigüedad.

El nuevo EPA, otra vez, manifiesta su vocación de pretender fortalecer la academia, buscando que el mayor porcentaje de la docencia recaiga en profesores de carrera. Sin embargo, no se mencionan los mecanismos que garantizarían la emisión de las correspondientes convocatorias para concurso de ingreso, dejándolas al arbitrio y conveniencia –como siempre– de las autoridades universitarias, colocando a los aspirantes en una situación de auténtica indefensión al restringirles el ejercicio de sus derechos.

Por lo pronto, comienza a dificultarse aún más la posibilidad de acceder a los diversos programas de becas y estímulos, aumentando los requisitos de promoción o, como en el caso de la convocatoria para participar en el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (Pride), modificando los mecanismos de operación del Programa, en detrimento de los derechos del trabajador.

Desde su primera convocatoria, en 1996, el Pride establece que el Consejo Técnico de cada entidad académica, como parte de las funciones otorgadas por la legislación universitaria, “...conocerá y en su caso ratificará o rectificará los dictámenes de las comisiones evaluadoras”, en relación a la asignación de las primas académicas para los docentes que se han sometido a concurso.

El caso es que en la convocatoria Pride de diciembre de 2010 se excluye el término rectificará, dejando la decisión de la asignación de primas sólo en manos de los comités académicos evaluadores, que en la mayoría de los casos desconocen el trabajo de los docentes, dejando sin efecto las resoluciones que pudieran tomar los consejos técnicos da cada entidad, que constituyen la única y mermada representación a la que pudieran apelar los trabajadores de la academia.

La superposición de lo laboral por parte de lo académico a la que me he referido puede notarse en esta nueva muestra de prepotencia, donde no ya sólo se supedita de manera ilegítima lo laboral a lo académico, sino donde además la constricción del precio del trabajo comienza a conocer un nuevo escenario. Ya no sólo el salario se encuentra estancado; ahora los recursos con los que se resarcía (becas y estímulos) se empiezan a cercar de dificultades crecientes, haciéndose pasar decisiones administrativas por criterios académicos que vulneran precarios derechos laborales.

Contemplamos una estrategia que sería brillante, si no fuese tan miserable.