Número 20                                         Época IV                              Marzo-abril 2011


BREVE HISTORIA DE LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO

Las diversas modificaciones que se pretenden hacer
a la Ley actual atentan contra las condiciones y derechos laborales,
como es el caso de los Artículos 35 y 39, los cuales establecen
los tres tipos de relaciones de trabajo…

Pedro Rodríguez Fuentes,
Juan Sánchez Vázquez y
Simón Salamanca Rodríguez

La primera declaración de los derechos sociales de la historia de México se plasmó en los Artículos 27 y 123 de nuestra Carta Magna de Querétaro, en 1917. La presión del movimiento obrero ya había hecho reflexionar a muchos diputados sobre la imperiosa necesidad de abrir, en la nueva Constitución, un capítulo especial que señalara los derechos de los trabajadores. El Artículo 123 resultó un cambio revolucionario en comparación con el viejo orden porfirista, dando paso a una nueva concepción sobre los derechos de los trabajadores y a una nueva doctrina protectora del derecho laboral que pusiera un freno a la voracidad de la explotación capitalista. El 14 de enero de 1918 aparece la Ley de Trabajo del Estado de Veracruz, que es el primer ordenamiento integral del trabajo de nuestro continente.

Más tarde -con la crisis económica mundial de 1929- se agudizó en México la lucha entre el capital y el trabajo. La necesidad de dar un paso más en la reglamentación del derecho del trabajo provocó que se promulgara la Ley Federal del Trabajo -el 18 de agosto de 1931-, una de las más completas de la cuarta década del siglo. En el año de 1962 se hizo una reforma constitucional bajo el gobierno de Adolfo López Mateos para dar participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades de las empresas, lo que provocó, a nivel nacional y en el extranjero, una gran euforia que recorrió todos los centros de trabajo.

Después del 68, en el último año de gobierno de Díaz Ordaz, se dio continuidad a la reforma de su antecesor extendiendo el reparto de utilidades en 1970, y durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez se hizo llegar -en el año de 1972- una iniciativa de reforma sobre el carácter irrenunciable de los derechos laborales, lo que dio independencia al derecho del trabajo sobre los derechos comunes.

En 1980 -después de una larga lucha de los trabajadores universitarios- se logró el reconocimiento de este sector, lo cual quedó plasmado en la Fracción VII del 3º Constitucional y la inserción de un capítulo especial, XVII, titulado “Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley”, dentro de la Ley Federal del Trabajo y varios artículos del 353-J al 353-Q. Después, se realizaron otras reformas a la Ley en algunos artículos que tenían que ver con la capacitación y la seguridad e higiene en el trabajo. Pero las reformas más importantes no tuvieron, esta vez, fines productivos ni ideológicos; se trató, fundamentalmente, de una reforma de carácter procesal que modificó los Artículos 14 y 15 de dicho ordenamiento.

En 1995 se inicia la polémica acerca del cambio en la Ley Federal del Trabajo, la cual fue reforzada por los planteamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno zedillista, insistiendo en la “flexibilización laboral” y una “Nueva Cultura Laboral”; sobre todo, la Secretaría del Trabajo hizo un llamado a la CTM y a la COPARMEX a ponerse de acuerdo; las negociaciones se iniciaron con el mutuo reconocimiento de la necesidad de una nueva cultura laboral. En este contexto, el Partido Acción Nacional presentó en el Congreso de la Unión, en 1996, su propuesta donde participó el prestigiado abogado Néstor de Buen y a la que se conoce como “Proyecto Abascal”, pero en cuanto la mayoría del Congreso no era panista fue congelada.

El “Proyecto Abascal” garantizaba la continuidad del autoritarismo sindical y fue la mejor expresión del llamado “gobierno del cambio” foxista; no se encontraba comprometido con la Reforma Democrática del Estado y, por el contrario, estaba en una etapa de alternancia política en la que se planteaba el objetivo de refuncionalizar el modelo autoritario del sindicalismo corporativo para el control de los trabajadores. Así mismo, se pretendía suprimir de la Ley Federal del Trabajo su carácter tutelar y protector del derecho laboral.

El 12 de diciembre del 2002, un grupo de diputados del PRI, PAN y del Verde Ecologista presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Esta propuesta de reforma era el resultado de las negociaciones de la Mesa Central que el Secretario del Trabajo, Carlos Abascal, instalara en agosto del 2001 con la participación de representantes de organizaciones empresariales y sindicales. En dicha mesa de negociaciones y en el primer periodo de discusiones participó la Unión Nacional de Trabajadores como expresión del sindicalismo democrático.

El primer fracaso de esa mesa central fue precisamente la salida de la UNT, de manera que los acuerdos a los que finalmente llegaron no se efectuaron con el método de consenso previamente acordado, a pesar de que la UNT generó una gama de propuestas coincidentes con los verdaderos reclamos de los trabajadores de los diversos sectores productivos, orientados a recuperar sus representaciones auténticas, así como la mejora en las condiciones de trabajo, la contratación colectiva, la libertad y registro sindical, la autonomía e independencia sindicales y el derecho de huelga, entre otras propuestas.

La intervención de la Unión Nacional de Trabajadores y la participación de destacados académicos expertos en derecho laboral, así como la acción y movilización de los trabajadores que salieron a la calle a manifestar su decisión de defender las conquistas y derechos laborales consagrados en la actual Ley Federal del Trabajo, fueron los factores determinantes que impidieron en aquel entonces que se impusiera la Reforma Laboral. Así se ganó la primera batalla contra el Proyecto Abascal.

En la actual Legislatura, los grupos parlamentarios de corte neoliberal intentarán nuevamente poner a discusión su pretendida iniciativa de reforma laboral. De aprobarse, provocará la precarización de las condiciones de trabajo y se incrementaría la sobreexplotación de los trabajadores. Las diversas modificaciones que se pretenden hacer a la Ley actual atentan contra las condiciones y derechos laborales, como es el caso de los Artículos 35 y 39, los cuales establecen los tres tipos de relaciones de trabajo: por obra, por tiempo determinado y por tiempo indeterminado, cuando señalan: “Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia”. El Proyecto Abascal propone eliminar la materia de trabajo como circunstancia definitoria para prorrogar la relación de trabajo.

De igual forma, se propone adicionar dos periodos de prueba para el caso de las relaciones de trabajo de tiempo indeterminado con dos Artículos: el 39-A, para un periodo de prueba de 30 días en los casos en que se desempeñan funciones técnicas; y el 39-B, para el periodo de 180 días de prueba en labores de profesionistas. Al término del periodo de prueba, de no acreditar competencia el trabajador, se dará por terminada la relación laboral sin responsabilidad del patrón. Esta reforma adicional atenta contra la estabilidad laboral porque le deja al patrón la atribución de calificar el periodo de prueba y definir a su criterio si el trabajador es apto o no para desempeñar el puesto.

Otra reforma que se pretende implantar es la de extender el tiempo de trabajo mediante la contratación por horas, desapareciendo la jornada de ocho horas a través de la autorización y suscripción de convenios entre los patrones, autoridades laborales y sindicatos. Esta propuesta resulta muy ambigua si consideramos que en la actualidad el 80% de los contratos son de protección patronal (contratos simulados. concertadamente entre patrones, autoridades y representantes charros).

Con la llegada del actual gobierno panista, la propuesta de la administración también tiene como eje incorporar la flexibilidad al marco que rige las relaciones laboralesen el país, a fin de que los trabajadores desempeñen “tareas conexas o complementarias a su labor principal, por lo cual recibirán la compensación salarial correspondiente”. Cuando exista ausencia de contratos colectivos de trabajo, que los patrones puedan pactar directamente con el trabajador la realización de tareas anexas y complementarias a su función principal (multifuncionalidad y polivalencia).

La LXI Legislatura recibió, a través de los legisladores del Partido Acción Nacional, la iniciativa calderonista sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT),donde plantea un viraje en la estructura de contratación individual para incluir figuras como “periodo de prueba” y de “capacitación”.Además, amplía los requisitos para exigir la firma de un contrato colectivoy para el emplazamiento e inicio de una huelga. En este último caso, la autoridad laboral podría resolver -de manera unilateral- dar por terminado el paro.

En la actualidad, la Ley permite estallar las huelgas en caso de no haber arreglo entre empresas y sus trabajadores, y posteriormente la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje califica el movimiento de huelga de legal o de inexistente; la propuesta de Abascal es condicionarla a que el emplazamiento se califique previamente de legal o ilegal y, de esa manera, obstaculizar cualquier estallido de huelga.

Lo más espinoso de la Reforma son los condicionamientos a que se sujetan los casos de conflictos por la Titularidad de la Contratación Colectiva y el registro de los sindicatos, así como el interés de los patrones por mantener intocable las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

La última propuesta, de Felipe Calderón, de cambios integrales a la LFT lleva el título“Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social con perspectiva de género”.El documento, con fecha 18 de enero de 2010, ya fue entregado a legisladores del PAN para su estudio y posterior defensa en el Congreso. De acuerdo con el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, el Ejecutivo ya está listo para enviar su iniciativa de reforma laboral en el periodo ordinario de sesiones en curso.

El proyecto modifica y/o adiciona prácticamente los poco más de mil artículos que integran la LFT, y al final del documento afirma que para elaborarlo se tomaron en cuenta “algunas de las propuestas planteadas por las diferentes legislaturas y partidos políticos, así como por el ‘Grupo de trabajo sobre la normatividad laboral con perspectiva de género’”.

Una revisión de las 158 cuartillas en que se detallan los pretendidos cambios permite comprobar la similitud entre ésta y la iniciativa que se discutió en el primer tramo del sexenio pasado, misma que sus opositores identificaron como “Ley Abascal” en referencia a Carlos Abascal Carranza, entonces Secretario del Trabajo.

La Unión Nacional de Trabajadores hizo una propuesta integral alternativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en contraposición al Proyecto de Abascal, la cual consiste en: PRIMERO, Fortalecer la igualdad de los trabajadores ante la Ley, suprimiendo los apartados de excepción que mantienen a muchos trabajadores en un estado de indefensión al no poder reclamar sus derechos, como son los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión.

SEGUNDO. Fortalecer la transparencia y democratización de las organizaciones gremiales mediante un sindicalismo moderno y responsable. Para esto se propone suprimir la intervención del Estado en el control de los registros, tomas de nota, el voto universal y secreto en las elecciones sindicales y un conjunto de acciones que impulsen los liderazgos legítimos y la rendición de cuentas a sus representados.

TERCERO. El fortalecimiento de la Contratación Colectiva, entendiendo que es a través de ésta como los patrones y trabajadores logran acuerdos de mutuo interés. Se sugirió la creación de un registro público de asociaciones y contratos colectivos que cambiará radicalmente las prácticas vigentes de corrupción y simulación. Este Registro Público Autónomo sería establecido por la Cámara de Diputados y, además, brindaría transparencia en la vida gremial y contractual.

CUARTO. También se sugirió la creación de un Instituto de Salarios Mínimos, Productividad, Reparto de Utilidades, con el objetivo del fortalecimiento del salario y la seguridad social vinculados al proceso de modernización laboral y productividad.

QUINTO. Considerando que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son lentas en la aplicación de justicia en los conflictos colectivos y juicios individuales de los trabajadores, y para lograr la justicia en el ámbito laboral y de forma expedita y autónoma, se propone resolver los conflictos gremiales otorgándole importancia a la prevención y conciliación, concediéndole al Poder Judicial esta atribución para juzgar en materia laboral.

Por lo anterior, consideramos lo siguiente:

1.- No a la Reforma Laboral de Calderóndenominada “Hacia una reforma laboral para la productividad y la previsión social con perspectiva de género”, porque atenta contra las conquistas históricas plasmadas en la Constitución y la propia Ley Federal del Trabajo.

2.-Nos manifestamos por una reforma laboral democráticaque respete las conquistas plasmadas en la actual Ley y elimine las restricciones y vicios que se han formado en la impartición de justicia en los litigios laborales.

3.-Solicitamos actualizar la Ley Federal del Trabajoen aquellos artículos en donde todavía existen lagunas que en lugar de proteger al trabajador beneficia a los intereses del capital; por ello, pugnamos por salvaguardar los derechos y conquistas laborales, así como el carácter protector y tutelar de la actual Ley.

BIBLIOHEMEROGRAFÍA CONSULTADA
-Mario de la Cueva. Nuevo Derecho Laboral Mexicano, Editorial Porrúa, México, 2000.
-Reforma Laboral. Análisis Crítico del Proyecto Abascal de Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Editorial UNAM, UNT, STUNAM, ASPA, SUTGDF, FAT, STRM y SNTM. México, 2003.
-Saúl Escobar Toledo Los trabajadores en el siglo XX, sindicatos, Estado y sociedad en México: 1907-2004. EditorialSTUNAM. México, 2006.
-Rosa Albina Elías. “Notas críticas al Proyecto Abascal”. Versión de intervención en la Cámara de Diputados, México, 2003.