Número 20                                         Época IV                              Marzo-abril 2011


FLEXIBILIZACIÓN Y PRECARIZACIÓN DEL
EMPLEO; SU IMPACTO EN LOS UNIVERSITARIOS

Alfabetizares contribuir a
la dignidad de las personas.
José Narro Robles

Armando Gómez/Mónica Rivera H.

En la última década han egresado 250,000 universitarios anualmente; no obstante, la capacidad de asimilación de los mercados de trabajo ha sido de entre 39 y 45%, reporta la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La iniciativa de reforma laboral presentada por el gobierno federal propone empleos por horas con jornadas flexibles, además de que las empresas contraten jóvenes para capacitarlos y dotarlos de experiencia.

Si después de cierto tiempo cumplen con las expectativas, la empresa debe brindarles un mejor puesto con un salario más alto en actividades relacionadas con su carrera, así como un empleo más estable y mejor remunerado.

La Encuesta Nacional de Empleo 2010, realizada por el INEGI, de 100% de los egresados de licenciatura, sólo 34 de cada 100 encuentra empleo en el primer año y, de éstos, apenas 30% labora en actividades relacionadas con sus estudios.

Al realizar un breve análisis a la propuesta de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo se vislumbra que liquida derechos consolidados a favor de los trabajadores, prioriza la productividad, evidentemente a favor del patrón, y de manera vaga dicta parámetros de “previsión social”.

Son de destacar las siguientes alteraciones a los derechos de los trabajadores y futuros trabajadores:

a) Se flexibiliza aún más la subcontratación: se suprimen los controles de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y del patrón beneficiario sobre el subcontratista; igualmente desaparece la responsabilidad solidaria de ambos patrones en materia de riesgos de trabajo (artículo 15-A).

b) El pago de los salarios caídos se reduce sólo a un periodo de seis meses más, y en su caso, intereses. Con esto prácticamente desaparece la estabilidad laboral y la protección frente a un despido injustificado (recordemos los cambios en materia de aviso de despido, contratación flexibilizadora, etcétera); revirtiéndose a favor del patrón en poder despótico en el centro de trabajo (artículo 48).

c) Las labores conexas y complementarias, que ya han sido criticadas por la flexibilización que representan, ahora se establecen como “un deber” para el trabajador, como una obligación. Lo que abre el camino para que la negativa del trabajador a desempeñar éstas sea causa de despido justificado (artículo 56).

d) Se consagra de manera expresa el pago por hora, dando con ello facultad plena al patrón hacia la precariedad laboral total de la juventud (artículo 83 LFT).

e) Se establece que los sindicatos son asociaciones de interés público. Es decir, que ante todo los sindicatos se constituyen en interés del Estado, el cual por tanto puede actuar sobre tales sindicatos en provecho de la “sociedad”: para evitar un mal público, satisfacer una necesidad colectiva o alcanzar un beneficio común. Esto es la muerte para la autonomía e independencia sindicales (artículo 356).

f) Se consagra el arbitraje obligatorio de las huelgas, el sueño dorado de la patronal (artículos 469, 937 y 937 bis).

g) Se somete la huelga a precalificación, en general a requisitos que la hacen imposible (artículo 920).

h) Con dedicatoria principalmente a los sindicatos, se establece que la aplicación de las multas a los infractores de las normas laboraleses sin “perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos…” (artículo 992).

  • Se suprime la pena de prisión para los subcontratistas fraudulentos (artículo 1004-C, antes 1004-D)

No obstante, esta propuesta debe ser bien revisada, pues existen vacíos legales que podrían hacer que derivaran en una “explotación” de los jóvenes, ya que después del tiempo de capacitación podrían ser despedidos para evitar contratarlos formalmente

Si las capacidades, aptitudes y los perfiles de los jóvenes responden a las posibilidades de la propia empresa, ésta no tiene obligación con ellos ya que tendría valoraciones subjetivas para su contratación sobre el desempeño laboral de los jóvenes, lo cual deriva en explotación.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuatro de cada 10 profesionistas perciben un sueldo equivalente a menos de cuatro salarios mínimos; 29% no cuenta con prestaciones sociales y 23% no tiene contrato.

Otro punto en contra de esta propuesta es que, de aprobarse, la contratación de jóvenes quedaría supeditada a la buena voluntad de las empresas, ya que el gobierno no puede obligarlas a acatar la norma.

Por cierto, qué nos espera si a los que menos han consultado es precisamente a los universitarios, Artículo 39-B. Se entiende como relación o contrato de trabajo para capacitación inicial aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, durante un periodo determinado bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado.

La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración hasta de tres meses y hasta de seis meses cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas...

Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador, a juicio el patrón, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón... y esto nada más es una probadita.

Carreras y empleo

Más de 30% de profesionistas ocupados en las áreas de las Ciencias Económicas Administrativas, Ciencias Biológicas, Ingenierías y las Ciencias Sociales, trabaja en ocupaciones que no son acordes con su formación profesional y universitaria

Más de 70% de profesionistas ocupados en las áreas de Educación, Ciencias de la Salud, Artes, Humanidades, Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y Ciencias Físico Matemáticas, sí trabajan en ocupaciones acordes con sus estudios.

10,000 pesos es el promedio mensual de los profesionistas en el país, siendo el área de Ciencias Físico-Matemáticas la que percibe los ingresos más elevados ($12,779), seguida del área de Arquitectura Urbanismo y Diseño ($11,893) y por el área de las Ingenierías ($11,162).

Ingeniería del transporte, Aeronáutica, Naval, Pilotos Aviadores y Navales son las carreras con un ingreso mensual más alto siendo de aproximadamente $15,945 seguidas de Física y Astronomía con $15,609 y las de Ecología, Ingeniería Ambiental y Ciencias Atmosféricas con $13,670.

Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas, Artes, Humanidades y Educación son las áreas cuyos profesionistas ganan, en promedio, menos de 10,000 pesos, lo que los coloca entre los profesionistas con menores percepciones.

Y ya ni qué decir del promedio de ingresos o su estabilidad laboral para aquellos universitarios que no cuentan con la oportunidad de colocarse en un empleo de acuerdo con su carrera.

Es probable que la pretendida transformación de la Ley Federal del Trabajo afecte la organización de la vida social, laboral, política, y cultural de los jóvenes en México. Ante estas condiciones de exclusión y negación de oportunidades a la juventud, la educación debe conservar e incrementar su poder estratégico, integrador y movilizador en lo concerniente a la organización de las sociedades.

Puesto que, en nuestros días, educar adecuadamente se ha tornado, indudablemente, en un mecanismo de vasta importancia para la construcción de sociedades más desarrolladas, competitivas, equitativas e integradas. He ahí el peligro y la ventaja de apostar –o relegar la apuesta– por una política educativa democrática y democratizante. Alumnos, académicos y trabajadores son una herramienta estratégica para la transformación histórica situacional de los actores y sus grupos sociales de referencia.

Disponiendo de una adecuada gestión y coordinación de alternativas políticas desde la educación, que vayan “más allá de la universidad”, se puede incorporar a múltiples instituciones sociales como: comunidades de base, ONG, centros vecinales, sindicatos, clubes, ligas de familias, centros y dispensarios de ayuda social, entidades públicas y recreativas, etc., con miras a mejorar y diversificar las oportunidades y condiciones de participación en el ámbito educativo, social, civil y laboral de todos los mexicanos.