Número 08 Época IV Marzo 2006 Educación
Superior: baluarte de la soberanía
Miguel Ángel Ramírez Zaragoza Las precarias condiciones económicas y sociales que nos están tocando vivir a los mexicanos en este inicio de siglo son resultado directo de las políticas económicas de corte neoliberal que se impusieron en las dos últimas décadas del siglo pasado, aunado al factor político de crisis de legitimidad de las instituciones políticas y la falta de efectividad y consolidación del sistema democrático, que sólo se ha quedado en un conjunto de reglas para elegir a los nuevos “representantes” del pueblo y no se ha reflejado en una mejor calidad de vida. La política económica neoliberal ha sido continuada, e incluso acentuada, por el actual presidente Vicente Fox teniendo repercusiones adversas para el pueblo mexicano; principalmente en el ámbito de empleos y de estudios la falta de oportunidades ha sido la constante de lo que supuestamente sería el gobierno del cambio. Más allá del incumplimiento foxista del crecimiento económico sostenido del 7% y de la creación anual de más de un millón de empleos, lo que destaca del gobierno actual es la nula importancia que le da a la educación como motor de desarrollo nacional evidenciada por la falta de apoyo, Fox prometió en campaña ir aumentando gradualmente el presupuesto a la educación hasta alcanzar el 8% recomendado por la UNESCO y sin embargo apenas ha alcanzado el 2% en promedio. La educación superior sigue siendo uno de los niveles más descuidados debido a que, en el fondo, el gobierno empresarial foxista pretende continuar con su proceso privatizador para hacer funcionales a las instituciones de ese nivel educativo a los intereses del capital, dejando de lado su compromiso social. Prueba de ello es no sólo la falta de presupuesto suficiente a las universidades públicas sino el anuncio que hizo la SEP, en enero de 2001, de que se descartaba la posibilidad de crear más universidades públicas en este sexenio a pesar de reconocer que “faltan espacios, pues hay muchos jóvenes que presionan por el incremento de la matrícula”. En esa misma fecha, el destacado universitario Manuel Peimbert afirmó que “México llegará a la democracia cuando todos los mexicanos tengan acceso a una educación de calidad”, cuestión que se ve lejana pues en México para el año 2005 sólo 19 de cada 100 jóvenes en edad de estudiar en una escuela de educación superior están matriculados, situación que deja ver el olvido que ha sufrido dicho sector educativo. Las pocas condiciones que hay en el país para realizar una carrera universitaria, para dedicarse a la docencia y la investigación y para encontrar un buen empleo, están provocando la migración de intelectuales (fuga de cerebros) a países capitalistas desarrollados. Empezando a representar un problema grave que atenta contra la soberanía, pues la falta de una planta importante de científicos mexicanos que estén trabajando en innovación tecnológica para apoyar la industria nacional está permitiendo que México acentúe su dependencia con el exterior. De acuerdo con algunas estimaciones, en Ciencia y Tecnología el gobierno de Fox ha invertido en promedio 0.38% del Producto interno Bruto siendo que su meta era de invertir 1% y cuando lo mínimo recomendable es que sea de 2% del PIB. Esta escasa inversión en ciencia y tecnología provocó que nuestro país ocupara el lugar 56 dentro de las 60 economías más importantes y el último lugar de los países miembros de la OCDE. La universidad pública se ha convertido en el blanco preferido de los ataques neoliberales de los últimos 20 años; son parte de una “nueva guerra fría contra la cultura”, según Pablo González Casanova, y de una “política pro empresarial”, según Adolfo Sánchez Vázquez. Para ambos intelectuales, los ataques infundados a universidades como la UNAM de ser fábrica de desempleados, agitadores sociales e incluso semillero de guerrilleros, son parte de una estrategia neoliberal de apoyo a la educación privada que quiere abrirse paso con el desprestigio de la mejor universidad de América Latina, que tiene un amplio compromiso con la sociedad. El pasado movimiento estudiantil popular en la UNAM, encabezado por el Consejo General de Huelga en 1999-2000, puso en claro la necesidad de defender a la educación pública y gratuita como un derecho social del pueblo mexicano, desnudando el intento neoliberal de hacer de la educación una mercancía, de los alumnos simples consumidores y de las universidades maquilas del conocimiento dedicadas a dotar de mano de obra calificada e investigaciones a las empresas, acrecentando sus márgenes de utilidad, alejándose con ello de la sociedad y dejando su compromiso con la solución o aminoramiento de sus desigualdades. Se requiere una mayor conciencia y compromiso de las autoridades gubernamentales y de la sociedad sobre la importancia que tiene la educación en México, en particular la superior, y que ésta responda a los requerimientos para el desarrollo sustentable y sostenido del país. La UNAM, por ejemplo ha sido un prisma que ha reflejado los cambios sociales en el país a lo largo de su existencia. No se podría pensar en México sin hacer una referencia directa al papel que ha jugado su universidad y sus egresados. La vinculación cada vez más estrecha de las universidades públicas con la sociedad permitirá que ambas interactúen para responder a las necesidades de los sectores populares, sin dejar de tener relaciones con las empresas e industrias nacionales en la generación de conocimientos y tecnología que beneficie al grueso de la población. Las investigaciones en medicina, por ejemplo, o en la genómica e informática, no deben ser privilegio de unos cuantos; el saber y la cultura deben ser un bien público, que como tal debe ser socializado. Los sectores populares deben ser el espacio de legitimidad de la universidad pública, así como el mercado es el de las universidades privadas. Por ello hoy es más que necesario comprender que la educación debe ser una política de Estado, que ayude a reducir la brecha de la desigualdad y que lejos de ser considerada una mercancía, como lo plantean la OCDE y el Banco Mundial, sea un bien público, un derecho social, un elemento imprescindible para que los países pobres como el nuestro alcancen un mejor nivel de desarrollo. La educación superior debe ser uno de los principales baluartes de la soberanía nacional y un soporte imprescindible para el desarrollo de México Sólo viendo a lo destinado a la educación como una inversión y no como un gasto podrá el país ir superando sus atrasos y cambiando gradual y radicalmente a la sociedad. Por lo que incluso la educación debe ser considerada un sector estratégico del desarrollo nacional. De las universidades públicas y del pueblo consciente deben ir saliendo las grandes alternativas al modelo económico neoliberal, así como las propuestas que vayan propiciando una mejor forma de organización política. Es necesario, por tanto, que se eleve a rango constitucional la propuesta de la UNESCO de destinar como mínimo el 8% del PIB a la educación y de éste un porcentaje suficiente a la educación superior. De la misma manera, es menester lograr que la gratuidad de la educación superior impartida por el Estado quede establecida en el artículo tercero de manera clara para evitar ambigüedades, pues aunque para muchos nos queda claro que el Estado debe hacerse cargo de la educación superior y dotar de recursos suficientes a las instituciones públicas encargadas de impartirla, para otros el Estado sólo debe promoverla y, peor aún, optan por su privatización. Hoy más que nunca los mexicanos debemos hacer una defensa irrestricta y decidida de nuestros derechos sociales, empezando por el de la educación, si no permitimos que le quiten el futuro a nuestros hijos estaremos en la posibilidad de poder construir un futuro mejor y más justo.
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