Reforma Universitaria


EL ESTATUTO, EL PERSONAL ACADÉMICO Y LOS REGLAMENTOS.
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACADÉMICOS.
OPINIONES Y PROPUESTA

Edwin Stephan-Otto*

Los instrumentos que se utilizan en la UNAM datan de varios años, a veces décadas. Muchos de ellos han sido objeto de añadidos en diferentes momentos, sobre todo en épocas de situaciones de conflicto y para salir mejor librados de los mismos. En 1974 se modificó el Estatuto del Personal Académico (EPA), desde entonces han pasado 30 años, en los cuales se ha añadido y modificado sin decidir su revisión completa. ¿Por qué debería hacerse en esa forma?, y ¿por qué en estos momentos?

En principio, la discusión que se llevará a cabo en el Congreso deberá ser en forma integral. Las disposiciones contenidas en el EPA han dejado de ser actuales, a causa del crecimiento de la plantilla del personal académico; igual sucede con los instrumentos más recientes que de alguna manera tienen que ver con la regulación de las funciones de los académicos. No puede imaginarse la modificación de una legislación o reglamento en el cual se dejara de revisar todos los que derivan de ellos o los que tienen alguna relación. Además, se han ido añadiendo programas que sin lugar a dudas debieran formar parte del EPA (o como se defina su nombre para el futuro), como es el caso del Pride, por ejemplo.

Además, no hay que olvidar que desde hace más de 20 años existe un Contrato Colectivo para el sector académico que regula las relaciones laborales entre la UNAM y su personal académico. Nunca se aclararon los límites entre lo académico y lo laboral, por lo que se ha prestado a interpretaciones que no permiten a los funcionarios definir los programas ni las formas de relación con los que detentan la titularidad del Contrato.

A esto debemos sumar los reglamentos que se han originado en los instrumentos de antes y de los nuevos. En ellos se establecen procedimientos que literalmente se omiten para lo que compete a la legislación universitaria. Los instructivos que se derivan de los reglamentos todavía se alejan más de los procedimientos establecidos y las acciones concretas de dictaminación se dejan a la subjetividad de los representantes de académicos y autoridades. Si encima le agregamos la parte administrativa del mismo procedimiento nunca acabamos de entender los ritmos, los plazos, las fechas y los acuerdos, y su comunicación a los interesados.

La relación con los demás instrumentos nos lleva a entender a la nueva universidad como un ente integrador. Si deseamos que los servicios académicos sean de alta calidad, los mecanismos deberán serlo. Si los derechos amparan la libertad de cátedra e investigación, asimismo la administración -al contrario- deberá establecer procesos únicos para todos los universitarios. Si de los derechos se derivan obligaciones, y a la inversa, aquellos deben ser cumplidos a cabalidad. La laxitud con la cual se ha llevado la administración de lo académico condujo a la baja calidad de la propia institución. Podrá ser -lo es y seguirá siendo la mejor en muchos ámbitos, pero dejamos mucho que desear en esta parte de la eficiencia en la prestación de los servicios y la excelencia académica de todos los universitarios. Entiéndase esto como la dificultad para evaluar los contenidos de la duración, los procesos para llegar a ella, los niveles de resultados en la docencia y la investigación, y sobre la función básica de la universidad pública: su compromiso con la sociedad.

Y en ello hemos sido responsables todos. En uno u otro momento fuimos partícipes de circunstancias, permitimos que las componendas y los arreglos sustituyeran a las reglas claras y generales para todos. La introducción de lo político ha provocado fracturas en la calidad académica, en aras de una solución concertada que resuelve el momento pero que no propone la real alternativa. Los cambios en la estructura intelectual de los académicos, la situación de masificación, la problemática económica del país y las frecuentes alternancias en los modelos de educación no han ido aparejados con la modificación de actitudes y tratos de lo académico y lo administrativo.

En esto recae especial responsabilidad en la función de la autoridad. Si bien el nivel de conocimiento en el personal académico y el hecho de que académicos pasen a formar parte de la estructura administrativa de la Universidad, la práctica del quehacer al gobernar no se apega a la legislación y a los reglamentos establecidos.

Hablamos de procesos viciados, de incapacidad para evitar atropellos, de manejos tortuosos, de acuerdos distintos a los que se señalan en el manejo del poco presupuesto de cada dependencia y, en fin, de falta de experiencia para modernizar procesos de trabajo para hacerlos más eficientes.

El mayor presupuesto de institución educativa alguna del país lo tiene la UNAM, y sin embargo resulta insuficiente para la autoridad actual. Debe haber algún cambio que permita aprovechar mejor los recursos y darles usos óptimos. En ello somos responsables todos, con la participación del Consejo Universitario y los Consejos Técnicos e Internos. Ahí estamos presentes siempre, y sin embargo no vemos que se asuman como la máxima autoridad de la dependencia académica. Dejan que los procesos administrativos queden en la responsabilidad exclusiva de la autoridad administrativa y los directores.

Con su acción/omisión, aquellos que dirigen los destinos de nuestra universidad generan vacíos que propician fugas constantes de eficiencia y talento, elementos indispensables para avanzar en la calidad de la educación.

*Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.