Reforma Universitaria

Propuesta de Reformas
al Estatuto del Personal Académico

Separar los derechos laborales del EPA y transferirlos al Contrato Colectivo de Trabajo permitiría mejorar las condiciones de trabajo y aumentar las posibilidades para abrir juicios de demanda.

Secretaría de Trabajo y Conflictos Académicos del STUNAM

Con relación al Estatuto del Personal Académico (EPA), consideramos que este ordenamiento debe separar todos los derechos laborales y conservar únicamente lo relativo al ingreso, promoción y permanencia, todo ello sin detrimento de los derechos ya establecidos.
Separar los aspectos laborales del EPA y trasladarlos al Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico daría una mayor facilidad para plantear cambios y reformas por la misma naturaleza del ordenamiento. Será menos complicado modificar e implementar mejoras laborales en el CCT que en el EPA y se tendría la posibilidad de exigir respeto a los derechos y reclamar mejores prestaciones para los académicos.
Igualmente, separar los derechos laborales del EPA y transferirlos al Contrato Colectivo de Trabajo permitiría mejorar las condiciones de trabajo y aumentar las posibilidades para abrir juicios de demanda en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia que tiene ingerencia para interpretar y juzgar en materia laboral. Inclusive se podría ejercer el derecho de huelga por violaciones a los derechos laborales del Personal Académico.
Los Consejos Técnicos, en su calidad de órganos de carácter académico, ejercen resoluciones que repercuten en el ámbito laboral de los académicos y que, sin embargo, no pueden ser dirimidos o atacados en la Junta de Conciliación y Arbitraje bajo el argumento de que son facultades derivadas de la fracción séptima del Artículo 3° constitucional.
A su vez, de la interpretación lógica, sistemática e histórica del artículo 3º constitucional se desprende que el alcance o sentido de dicho artículo permite separar las cuestiones académicas sobre ingreso, promoción y permanencia de los derechos estrictamente laborales.
En ese sentido la redacción de los artículos 3º y 123 apartado “a” constitucionales únicamente implica un problema de interpretación, no por parte de las juntas o los tribunales donde cabe señalar que ya existe jurisprudencia sobre la interpretación de los ordenamientos que pueden presentar dudas en su aplicación. Por otra parte, las autoridades universitarias violentan tanto los derechos académicos como laborales interpretando la legislación a su conveniencia.
Sin embargo, coincidiendo, con un amplio sector académico que ve en el concurso de oposición o la evaluación académica un filtro ineludible y muy importante para lograr la excelencia del sector académico y de la enseñanza en la Universidad, existe la necesidad de pactar un esquema de relaciones laborales rescatando las instancias colegiadas académicas y laborales.
Ello será necesario hasta que el STUNAM conquiste la titularidad del Contrato Colectivo y logre, con ello, que los académicos queden representados legítimamente por el STUNAM, organización sindical democrática e independiente de las autoridades. Con ello se establecerá un sistema de relaciones verdaderamente bilateral, que redundará en la mejora de las condiciones laborales del sector académico garantizando salarios dignos y justos.
Para garantizar un procedimiento de evaluación académica y concurso de oposición limpio y apegado a la norma, la equidad e igualdad bajo un régimen de derecho, se requiere de órganos independientes del control de los directores, por lo que se plantea la creación de:

COMISIONES DICTAMINADORAS POR ÁREAS

Actualmente, en la Universidad Nacional Autónoma de México los organismos facultados para determinar el ingreso, promoción y permanencia son: los Consejos Técnicos, Comisiones Dictaminadoras, Comisiones de Evaluación, incluyendo las Comisiones Especiales de Revisión, las cuales funcionan de manera vertical y son presididas directamente por los directores de las escuelas, facultades, institutos y centros de investigación. Estos organismos académicos tienen una estructura de funcionamiento burocrático, en razón de lo cual se ha creado una red de intereses económicos y políticos que se desvirtúa gravemente el carácter académico de estos órganos; se han fomentado vicios y prácticas nepotistas que violentan la legislación uUniversitaria y los derechos académicos y laborales del personal.
Son los propios directores quienes presiden los Consejos Técnicos con voto de calidad y la facultad de vetar los acuerdos que consideren no apropiados y de aprobar los que convengan a sus intereses. A costa de violentar la legalidad institucional, imponen su “principio de autoridad” por sobre la voluntad cualquier autoridad superior, como sería el Consejo Universitario, para poner orden y corregir; antes bien, generalmente estas instancias si acaso emiten su opinión o hacen recomendaciones a los directores, pero en la mayoría de los casos se impone la voluntad de los directivos.
Por lo anterior, se hace imperioso crear una instancia central, independiente del control de los directores, misma que funcione de manera colegiada conforme a los preceptos de Ley y del orden jurídico institucional; con un carácter verdaderamente académico y de representación democrática, que sea nombrada por voto universal, secreto y directo, con un periodo de duración de dos, tres o cuatro años, según se convenga.
De conformidad con lo antes señalado, se propone la creación de cuatro Comisiones Dictaminadoras por Áreas, las cuales serían:

1) de las Ciencias Físico Matemáticas y de las Ingenierías.
2) de las Ciencias Biológicas y de la Salud.
3) de las Ciencias Sociales, y
4) de las Humanidades y las Artes.

Tendrían por objeto evaluar, dictaminar y resolver sobre el ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como la aplicación de los Programas de Estímulo a la Docencia e Investigación, de Estímulo a la Trayectoria Académica Sobresaliente, de Beca de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico, y fijar la categoría y el nivel del personal académico. Esta comisión estaría integrada por SEIS académicos electos más TRES académicos propuestos por el Rector de la Universidad.
Para su funcionamiento, estas Comisiones Dictaminadoras por Áreas se auxiliaran por Comisiones Dictaminadoras Auxiliares Locales por Áreas en cada una de las dependencias y estarían integradas por un número de seis académicos electos localmente y uno más propuesto por los directores, con carácter meramente operativo y de apoyo a la Comisión Dictaminadora de Área; estarían conformadas por destacados académicos que no se encuentren ocupando cargos de responsabilidad administrativa o académica o de autoridad en el momento de la elección.
Estas Comisiones, las centrales y las auxiliares, se regirán por un Reglamento General de Comisiones Dictaminadoras por Áreas. Y sus atribuciones y facultades estarán determinadas por lo que se establece en el marco legal constitucional y la Ley Federal del Trabajo y las demás reglamentaciones, todas ellas en materia educativa, que definen las atribuciones que tienen las Instituciones de Educación Superior Autónomas por Ley, donde se faculta a este tipo de Instituciones para fijar los requisitos académicos en los procesos de ingreso, promoción y permanencia.

COMISION DE VIGILANCIA Y FIZCALIZACIÓN

Es de conocido derecho que la Universidad Nacional Autónoma de México tiene facultades derivadas de la Constitución para determinar los criterios de selección de su personal académico a través de los mecanismos que ella misma establezca; en ese tenor, fija no sólo las condiciones de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, mediante las disposiciones de su Ley Orgánica, los estatutos y reglamentos que de ella emanen, sino también el arbitrio para determinar los criterios de valoración y evaluación establecidos en el artículo 68, 69 y 74 del Estatuto del Personal Académico, los cuáles tomarán en cuenta al formular sus dictámenes las diversas comisiones encargadas de seleccionar al ganador del concurso de oposición correspondiente, de acuerdo con las necesidades de la institución.
Por lo que se propone conformar un organismo único y central -la Comisión de Vigilancia y Fiscalización-, con la atribución de recibir todos los recursos de Inconformidad, supervisar el buen funcionamiento de las Comisiones Dictaminadoras por Área y las Comisiones Dictaminadoras Auxiliares.
La Comisión de Vigilancia y Fiscalización será electa en el mismo proceso de elección de la Comisión Dictaminadora por Área. Esta Comisión de Fiscalización, se conformará por seis académicos electos y tres más propuestos por el Rector de la Universidad; esta comisión fiscalizadora contará con un reglamento.
Para la elección de las Comisiones Dictaminadoras por Áreas y las Comisiones Auxiliares, así como la elección de la Comisión de Vigilancia y Fiscalización, se hace necesario conformar un Comité Electoral Central y Colegios Electorales Locales por dependencias. La constitución de estos organismos electorales se hará a través de un proceso de insaculación, el cual será organizado por el Consejo Universitario y por los Consejos Técnicos Académicos de las escuelas, facultades, centros e institutos. Dichos procesos de insaculación se harán públicos y abiertos para que la comunidad universitaria participe como observadora y sea un testigo honorable para garantizar su transparencia.


¡LA FIGURA DE AYUDANTE DE PROFESOR E INVESTIGADOR!

La figura de ayudantes de profesor y de investigador, a pesar de que el EPA lo considera como un equivalente de capacitación para la docencia, es una herencia de la época colonial y un vestigio de siglos pasados, el ayudante de maestro o aprendiz. Es una figura que no cabe en la época actual de la universidad moderna, donde el profesionista que concluye sus estudios lo hace con calidad y eficiencia académica.
Estas figuras deben desaparecer por ser contrataciones simuladas, al margen de la Ley, como se demuestra con los Artículos 353-K y 353-L de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dicen: “Que todo trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia e investigación, además de realizar actividades que se relacionan conforme a los programas establecidos en la institución”.
Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por tiempo indeterminado, además de realizar tareas que tengan ese carácter es necesario que sea aprobado en la evaluación académica que efectué el órgano competente conforme a los requisitos y procedimientos que las propias universidades establezcan. Por lo anteriormente expuesto, proponemos que la figura de ayudante de profesor e investigador desaparezca y los académicos que actualmente desempeñan ese puesto sean promovidos a la categoría de Profesor de Asignatura “A”.
Al igual que los ayudantes de profesor e investigador, los académicos contratados por honorarios y tiempo determinado o de carácter interino, también son contrataciones simuladas al margen de la Ley Federal del Trabajo; en la actualidad, la excepcionalidad en la regla se convierte en una constante de la regla general. No es posible que un académico contratado interinamente se mantenga contratado durante muchos años sin obtener su definitividad, por lo que se hace necesario que al año se le convoque a examen de oposición para que los profesores interinos puedan promover su definitividad.


PARA EFECTOS DE LA ESTABILIDAD LABORAL DEL PERSONAL ACADÉMICO

Consideramos que la calidad de Definitivo de un trabajador académico debe ser por ÁREA y no por materia, lo que beneficiaría al trabajador así considerado para los efectos de la estabilidad en el empleo, derogando así el artículo 55 INCISO C, del EPA, y evitando con ello que un cambio en un plan de estudios con la consecuente desaparición de una materia implique u otorgue derecho a la Institución para rescindir el contrato al trabajador académico escudándose en una resolución del Consejo Técnico, el cual puede señalar que no existe materia afín o equivalente para reincorporar al académico afectado por dicho cambio.