Reforma Universitaria

Bases para una reforma universitaria en general, y sindical en particular

Que la figura del plebiscito adquiera fuerza legal en toda la UNAM y en cada una de sus dependencias, de modo que éstas puedan ponerla en práctica para la remoción o apoyo de funcionarios y autoridades locales, cada dos años, si las condiciones lo exigen

José Castillo Farreras*

Introducción

Si se desea una reforma universitaria que involucre todo, no se puede prescindir de una clarificación de todos los derechos y de todos los deberes fundamentales de los universitarios, así como de los recursos para posibilitar el ejercicio de unos y el cumplimiento de los otros, a fin de que no se conviertan en letra muerta. Es esto lo que consideramos que pudiera ser la base inevitable de una reforma universitaria. Pensar en ello nos hizo transcribir las siguientes reflexiones y enlistar las propuestas finales, sin olvidarnos de que el mejoramiento de la institución en cuanto tal implicará, sin duda, el de nuestro sindicato.

La fuerza y el poder arbitrarios en el gobierno civil casi no pueden combatirse con nada si no es con otra fuerza que, con frecuencia, carece de futuro, a menos que se convierta en una fuerza popular que configure una revolución social. Y aun ésta puede ser vencida, a corto, mediano o largo plazo. Los ejemplos están a la vista en la historia contemporánea. Quien tiene el poder civil tiene, concomitantemente, la fuerza, y oponerse sin fuerza a un poder civil despótico es oponerse casi a lo ineluctable.

Pero en la UNAM es posible, sin poder y sin fuerza, vencer a quien los tenga, y se logra no de otra manera que con la razón y el derecho, poniéndolos en práctica. Si no se ponen en práctica de nada valdrá que existan; la fuerza se impondrá irremediablemente, con o sin derecho, con o sin razón.

Para combatir la fuerza con la razón y el derecho, ahora que tenemos cercana la posibilidad de una Reforma, habrá qué exigir que de la parte más débil (trabajadores, profesores, investigadores y estudiantes) –sin que desaparezcan sus obligaciones–, sus derechos se hagan más transparentes en la ley, hasta la obviedad, de ser posible, y lo mismo se pediría para la parte fuerte (los administradores, las autoridades, los funcionarios; de la Rectoría hacia abajo), pues la transparencia de sus derechos, cuando alguien los tenga, le impedirá simular que los tiene, si es que no los tiene, y la claridad de sus obligaciones daría pie para que se le exijan y las cumpla.

Sólo así –con una igualdad real en la transparencia de la ley– habrá esperanzas de reformar, a corto o mediano plazo, la UNAM. Quien no deseara ejercitar sus derechos, por los motivos que fueren, sea por su propia voluntad o por el temor a la fuerza de los fuertes, puede no hacerlo y estaría en su libertad, pero no deberá olvidar que la ley en la mano, además de la decisión y el arrojo personales, son casi la única fuerza con la que se puede contar.

También hay qué saber que quien omite el cumplimiento de sus obligaciones, con o sin poder, con o sin fuerza, quedará en la total indefensión, y si tiene la fuerza ésta se reducirá ante la razón y el derecho e, inclusive, se extinguirá. En El Espíritu de las Leyes Montesquieu decía que para que no se pueda abusar del poder es necesario que, por la disposición de las cosas, el poder frene al poder, y eso sólo puede lograrse, sin amarguras ni traumas físicos ni morales, con la razón y el derecho.

Pero, ¿qué camino tomar para hacer valer el derecho ante la fuerza despótica y sus deberes incumplidos, cuando la fuerza simplemente desprecia y relega, sin más, al derecho, cuando omite, cuando desestima y calla, cuando se obceca y finge ceguera ante auténticos problemas? ¿Cómo hacer ver, a quien no quiere reconocerlo, que en la UNAM se está al servicio de la academia y de todo lo que signifique su buena marcha, y que la academia es “trabajo”, trabajo “académico” precisamente?

Hace l6 años dijo el doctor Marcos Moshinsky en un articulo periodístico muy interesante (Excelsior, 21/III/84, p. 7-8) que hay la tendencia en la burocracia universitaria “a pensar que más que estar al servicio de aquellos que crean, critican o comunican el conocimiento, la situación debe ser a la inversa”. No sólo eso, añadiríamos, sino que eso que llamamos trabajo académico no es trabajo. Afortunadamente, aun sin la esperada Reforma, existen instancias superiores ante las cuales se puede denunciar, instancias que no pueden ser del todo indiferentes para recibir y desahogar las denuncias que, si fallaran, darían pie para acudir, no digamos a la Defensoría de los Derechos Universitarios, que también es una posibilidad; se podría acudir a la denuncia pública, bien formulada y sin ofensas para lograr efectividad.

Pero si todo esto fracasara, entonces no estaríamos hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución que, pese a sus defectos (defectos de las personas que la ponen en marcha, incluyéndonos), ha sido generosa las más de las veces. Un famoso revolucionario, cuyo nombre omito deliberadamente, decía que las denuncias que se hacen públicas en el centro de trabajo y fuera de él, mediante volantes y notas periodísticas, suelen fructificar en la conciencia de quienes se encuentren en similares situaciones o, también, en espíritus sensibles y justicieros que entienden y se indignan con lo que sucede, aunque a ellos no les suceda, y la fuerza, sin la razón y sin el derecho, tiene que ceder, o las fuerzas clandestinas externas que la mueven (si así fuera) le exigirían hacerlo. Esto es aplicable en la UNAM.

Propuestas

Por lo anterior, nos permitimos hacer las siguientes propuestas que, de llevarse a cabo –así nos parece y es nuestra convicción– podrían conformar una verdadera base para la Reforma Universitaria, sindicatos inclusive.

l. Que, paralelamente a la de los gobiernos civiles, se apruebe en la UNAM una Ley de Responsabilidades, de ser posible abarcante de los altos funcionarios sindicales. (Nadie podrá enriquecerse inexplicablemente, ni ilícitamente, a costa de la Universidad y de los universitarios). Aquí puede añadirse la prohibición definitiva del nepotismo, de manera que ningún funcionario universitario ni, en especial, sindical, pueda recomendar a parientes ni amigos para ocupar un puesto, mientras dure su gestión. Así se verá la auténtica vocación de servicio, en vez del interés por ocupar a toda la familia.

2. Que se hagan explícitos en nuestra legislación los derechos y deberes de funcionarios y autoridades (incluyendo sus percepciones totales, sus horarios de trabajo, etcétera) y, con el fin de que cualquier miembro de la comunidad pueda enterarse de ellos con facilidad, se publiquen en folleto aparte, semejante al que existe de los estudiantes.

3. Que la figura del plebiscito adquiera fuerza legal en toda la UNAM y en cada una de sus dependencias, de modo que éstas puedan ponerla en práctica para la remoción o apoyo de funcionarios y autoridades locales, cada dos años, si las condiciones lo exigen. Así como se utilizó recientemente (l999) aunque sin fuerza legal pero sí emocional y social, debe ahora implementarse oficialmente para perfeccionar la estructura de poder y de gobierno de la institución en general y de sus dependencias en particular, incluyendo los sindicatos.

4. Que si es la UNAM, como lo es, en donde mejor se enseña la teoría de la democracia, se estudie la forma de que autoridades y funcionarios sean nombrados democráticamente, pues, como es sabido, el actual procedimiento suele ser no más que una defectuosa y a menudo inexistente auscultación y al final se impone el criterio de una junta de notables, si no es que el de las más altas autoridades civiles, suprimiendo en esto, sin duda, la autonomía.

5. Que se busque la manera de que los profesores practiquen la democracia en el salón de clases.

6. Que se instaure nuevamente en la Gaceta UNAM el “Foro universitario”, tribuna que en su momento sirvió como instrumento crítico y autocrítico excelente.

7. Que la autoridad en turno de cada plantel o dependencia propicie una reunión anual de toda la comunidad, en la que, mediante debates respetuosos realizados en los tiempos interanuales, se traten los problemas locales, relacionados con los profesores, los investigadores, los estudiantes y los trabajadores sindicalizados y, por supuesto, los de confianza (que a veces actúan ante los propios maestros como jefes, sin serl o), etcétera. Y que se imprima obligatoriedad temporal a los acuerdos hasta en tanto no se celebren otras reuniones en el año y si no contravienen la legislación en general de la UNAM, los contratos colectivos y la legislación de la República.

8. Que se estudie e implante un procedimiento (que tendría que ser discutido ampliamente por toda la comunidad universitaria) para cancelar toda posibilidad de que se repita el ingreso de la fuerza pública (1999), que supuestamente fue para “salvaguardar el orden”. El orden interno en la UNAM atañe a los universitarios.

* Colegio de Filosofía, Preparatoria 7