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Legado Sindical No. 5                      Nueva Época                        Septiembre de 2010
 
   

 


A OCHENTA AÑOS DEL SURGIMIENTO DE LA PRIMERA ORGANIZACIÓN SINDICAL
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL (1929-2009): EL PRIMER STUNAM,
LA NUEVA LEY ORGÁNICA Y LA CONSTRUCCIÓN
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA (1945-1963)

Lic. José Enrique Pérez Cruz

La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que se promulgó el seis de enero de 1945 había sido discutida y aprobada por el Consejo Universitario durante los últimos meses de 1944. Ese ordenamiento establecía que el personal universitario docente y administrativo se regiría por estatutos especiales que serían elaborados y aprobados por el Consejo Universitario en los seis meses siguientes a su promulgación.

En la sesión del Consejo Universitario del doce de febrero siguiente se dio lectura y se aprobó la exposición de motivos del proyecto del Estatuto General, se formaron las comisiones correspondientes y se inició la discusión del mismo.

El nueve de marzo, fue aprobado por el Consejo Universitario el Estatuto General de la Universidad Nacional. El mismo día, los representantes de los empleados ante esa instancia -Federico Barajas Lozano y Miguel C. Barranco- le entregaron al Rector Alfonso Caso un “Proyecto de Reglamento de Trabajo para los servidores de la Universidad Nacional Autónoma de México”, con el propósito de influir en la solución para la regulación de las relaciones laborales a través de un Reglamento; en dicho documento se establecía lo siguiente:

“Los suscritos, Representantes Propietario y Suplente de los Trabajadores al servicio de la Universidad ante el H. Consejo Universitario Constituyente, nos permitimos enviar un Anteproyecto de Reglamento de Trabajo para los servidores de la Universidad, a fin de que sea servido de turnarlo a la Comisión respectiva del H. Consejo Universitario, paraque éste lo tome en cuenta, sea discutido y aprobado a la mayor brevedad que le sea posible.
Dicho Proyecto, servirá para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 13 de la Ley Orgánica vigente”.

En ese proyecto se hacía mención de todo lo que desde su punto de vista debía estar contenido en el Reglamento y tenía que ver con las contrataciones, horarios, días de descanso, salarios y enfermedades. Incluso se pedía que en caso de fallecimiento la Universidad se comprometiera a pagar a los deudos la cantidad de setecientos días de salario; en cuanto al salario establecían un mínimo de $4.00 diarios. Esta propuesta finalmente no fue aprobada.

El veinticuatro de marzo el Rector Alfonso Caso presentó un informe final ante el Consejo Universitario, ya que él había mencionado como condición que sólo sería Rector mientras se hacían las reformas necesarias a la Legislación Universitaria; en la misma sesión se designó como Rector al Lic. Genaro Fernández Mac Gregor.

En julio se llevaron a cabo elecciones para designar a los Consejeros por los empleados. En ellas se eligieron a Manuel Barranco como Consejero Propietario y a Enriqueta Alarcón como Suplente, llevándose a cabo la toma de posesión el último día de ese mes.

El surgimiento de una nueva organización sindical haría patente que la situación de los trabajadores de la Universidad Nacional no se había resuelto con el paso de los años (desde 1929), durante los cuales no se definió el instrumento que regulara las relaciones laborales en la Institución, además de que se habían reducido sus prestaciones y seguían siendo víctimas de las autoridades universitarias de todos los niveles, pues no comprendían como era posible que en la mayor institución de educación superior del país, en la que existían los mejores especialistas en Derecho Laboral, no se hacía nada para resolver el problema.

Nace el primer STUNAM

Luego de un intenso trabajo de convencimiento entre los trabajadores administrativos, el nueve de noviembre se llevó a cabo en el Salón de Actos de las instalaciones de la Escuela Nacional de Economía -ubicada en la calle de Cuba Número 92- la Asamblea Constitutiva del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM). El Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera: Secretario General, Hugo Martínez Moctezuma; Secretario de Organización, Cornelio Rosas Aceves: Secretario de Trabajo y Conflictos, Emilio Pineda; Secretaria Tesorera, Elena Turincio; Secretaria de Actas y Acuerdos, Lucía Guerrero. En ese acto se tomó el acuerdo de que su lema sería “Por el mejoramiento del trabajador universitario” y también que no se cobrarían cuotas para el sostenimiento del Sindicato y que eso se haría más adelante, con el fin de no obstaculizar la afiliación de los nuevos miembros.

Posteriormente Hugo Martínez Moctezuma manifestaría que: “Los objetivos que se propusieron alcanzar fueron los siguientes: Organización, concientización y búsqueda del Registro Sindical. Naturalmente, se elaboraron de inmediato los Estatutos y se empezaron a atender los problemas laborales planteados por los compañeros. Debo decir que, durante ese periodo, tuvimos  algunos éxitos, muy escasos, en estas gestiones; pero la nota predominante la constituyeron los constantes rechazos, desdenes y hostilidades”. Hay que tomar en cuenta que muchos trabajadores tenían temor a las autoridades

Así mismo, afirmó que: “Las primeras delegaciones que se constituyeron fueron: Patronato, Departamento Escolar, Talleres, Biblioteca Nacional, Ciencias Químicas, Derecho, Instituto de Geología, Música, tal vez alguna otra escapa de mi memoria. Otras más se fueron organizando y sus representantes constituyeron el Consejo Sindical (lo que actualmente se conoce como Consejo General de Representantes) previsto en los Estatutos”.

Las autoridades universitarias se retrasaron en elaborar el instrumento de regulación laboral para el personal de la UNAM. Un ejemplo de ello fue lo sucedido el diez de diciembre: el ex Rector, Lic. Mario de la Cueva (especialista en Derecho Laboral), presentó ante el Consejo Universitario su declinación para formular el Reglamento de los Empleados Universitarios que establecía el Artículo 13 de la Ley Orgánica, perdiéndose así una importante oportunidad para definir esta situación en la Institución. Durante esa sesión también se comenzó a discutir un proyecto relacionado con la fundación y construcción de la Ciudad Universitaria y la necesidad de destinar una parte de los terrenos para construir viviendas de los profesores y empleados universitarios, debido a la lejanía en que se encontraban los terrenos.

Una de las primeras acciones del recién formado Sindicato fue la que se realizó el veinte de diciembre. En esa fecha, Hugo Martínez Moctezuma y Cornelio Rosas Aceves -Secretario General y el Secretario del Interior del STUNAM, respectivamente- enviaron un telegrama urgente al Presidente de la República Manuel Ávila Camacho:

“(En) vista de la penosa situación (de los) servidores (de la) Universidad, suplicamos (a) usted ordene (la) incorporación (al) subsidio general (de una) partida destinada (al) sueldo suplementario y (una) partida destinada (al) último aumento (de) treinta pesos mensuales, (para que en) efecto dichos salarios consolídense (en un) sueldo único en (el) Tabulador; rogándole (de) manera muy especial recomiende nuevos presupuestos (para) la Universidad (que) consideren (una) Partida (para el) pago (de) sueldos fusionando (el) sueldo inicial, (el) suplementario y (el) aumento (de) treinta (pesos) mensuales”.

El Oficial Mayor de la Presidencia de la República, Lic. Roberto Amorós G., les contestó en diciembre veintiuno “que por Acuerdo del Presidente de la República, el Secretario de la Presidencia les indicaba que el mensaje que le dirigieron al Presidente Ávila Camacho se trasladó al conocimiento de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Educación”.

Un mes después los empleados de la Biblioteca Nacional, encabezados por Roberto Ramos Vigueras, representante del personal administrativo (de 1938 a 1940) ante el Consejo Universitario, enviaron un escrito el veintiuno de enero de 1946 al Rector Lic. Genaro Fernández Mac Gregor exponiéndole la situación de los empleados universitarios por no haberles resuelto nada con respecto a sus prestaciones. En este documento los compañeros presentaban las siguientes consideraciones y propuestas para que se contemplaran en el Reglamento que le solicitaban expidiera:

“En virtud de que de la Universidad Nacional que tan dignamente preside usted, es la Institución de donde salen los hombres más prominentes que dirigen los destinos de nuestra Patria así en lo legal como en lo económico, social, etc., creemos que ha llegado el momento para bien de sus servidores al tenerlo a usted como Rector, pues estamos seguros de encontrar su ayuda para la expedición de un reglamento que venga a proteger nuestros intereses así como los de nuestros familiares, pues en nuestra Máxima Casa de Estudios, debía ser la primera en dar protección legal a sus trabajadores; ya que a nosotros no nos ampara ni la Ley Federal del Trabajo ni el Estatuto del Servicio Público descentralizado.

Las autoridades universitarias deben reconocer la acrisolada honorabilidad de todo su personal y el derecho que le asiste de protección social, pues muchos de ellos han dejado sus energías al servicio de la Institución, sin esperanza de retirarse a su hogar con una pensión, y aún más cruel es pensar que al morir reciben dos meses de pago de marcha y con esto salva la Universidad su compromiso con sus viejos y fieles servidores. 1.- Que se descuente en las nóminas, medio día de haber a todos los empleados de la Universidad, cada vez que fallezca uno de sus servidores. 2.- Que se cree la Dirección de Pensiones de Retiro para los empleados de la Universidad Nacional de México. 3.- Que ésta sea manejada bajo la exclusiva responsabilidad de las Autoridades Universitarias. 4.- Que para iniciar el Fondo de la Dirección de Pensiones, la Universidad le otorgue $100.000.00 (cien mil pesos). Que se haga figurar en el Presupuesto de Egresos de la Universidad, un subsidio permanente para la Dirección de Pensiones. 5.- Que se tome como base para la tabulación de descuentos el que existe en la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, con las modificaciones que vengan a beneficiar a sus miembros. 6.- Que se instituya el Préstamo a Corto Plazo y el Hipotecario, para la adquisición de casas para sus miembros. 7.- Que sean pensionados los empleados que tengan más de 25 años de servicios y 55 de edad, y lo soliciten. 8.- Que se haga el descuento de medio día de sueldo a todos los empleados de la Universidad, para que sea entregado a los deudos del que fallezca, aún cuando sea pensionado. 9.- Para los beneficiarios del artículo anterior que los empleados otorguen un testamento manuscrito”.

Al día siguiente Roberto Ramos Vigueras envió una copia del escrito al Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Hugo Martínez Moctezuma y a los Representantes de los Empleados ante el Consejo Universitario (Manuel Barranco y Enriqueta Alarcón). Al primero le solicitaba que lo difundiera por medio de una impresión mimeográfica a todos los empleados y a los segundos para que respaldaran la petición ya que se trataba de una causa justa.

El veinticinco de febrero de 1946 presentó su renuncia el Rector Fernández Mac Gregor y fue hasta el cuatro de marzo que se dio la designación provisional del Rector Salvador Zubirán en el Consejo Universitario. Prácticamente a finales de ese mismo mes se realizó una visita del Rector al Presidente Manuel Ávila Camacho.

Por su parte, el profesor Salvador Moreno, la empleada María Segura, el coronel Manuel Vázquez Cadena, el profesor Federico Barajas Lozano y el mozo Medardo Rodríguez –todos de la Hemeroteca Nacional-, firmando como “Comisión Mixta de la UNAM”, enviaron al Presidente Ávila Camacho un escrito exponiendo lo siguiente:

“En atención a la grave crisis económica que prevalece en la Universidad Nacional Autónoma de México, y tomando en cuenta el alto y comprensivo espíritu de usted, con todo respeto nos permitimos encarecerle que, si usted no tiene inconveniente, se digne acordar:

I.- Que el gobierno de la República otorgue un subsidio extraordinario para aumentar los sueldos a los funcionarios, profesores, empleados y servidumbre de la Universidad Nacional Autónoma de México.

II.- Que el Gobierno del Distrito Federal obsequie los terrenos necesarios para la fundación de la Colonia de los Servidores de la Universidad, y
III.- Que el Ejecutivo de la Nación expida una Ley de Pensiones, para beneficio del personal de la Universidad.

Como usted sabe, los servidores universitarios no tenemos ningún apoyo social, por tanto, esperamos que usted bondadosamente atenderá esta solicitud”.

Por otro lado, Roberto Ramos Vigueras envió un escrito al Presidente de la República, Gral. Manuel Ávila Camacho, con fecha del siete de septiembre y en donde exponía la situación en la que se encontraban los trabajadores:

“Los empleados universitarios constituyen uno de los casos especiales del trabajador mexicano, puesto que no están amparados por la Ley Federal del Trabajo, ya que repetidas veces se ha negado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al registro de los sucesivos sindicatos que se ha intentado formar; no están amparados por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado porque se ha considerado que la Universidad es autónoma y que como organismo descentralizado no puede considerarse como dependencia federal; no está amparado por el Estatuto Universitario ya que se ha negado a considerar el problema los trabajadores.

Ante esta situación anómala en que el servidor de la Universidad no tiene ningún amparo ni pensión de retiro, ni caja de ahorros, ni facilidad de adquirir vivienda propia; en una palabra, sin consideración de ningún género, recurrimos a usted confiados en que su reconocida probidad nos hará justicia y declare que los beneficios de la Ley de Pensiones se hagan extensivos a nosotros, o en su defecto, a que se promueva por usted ante el Rector de la Universidad, que el Consejo (Universitario) como autoridad máxima de nuestra Casa de Estudios, considere las medidas necesarias para ponernos en nivel semejante al del resto de los trabajadores del país.

Existe un buen número de empleados que han prestado sus servicios más de 50 años consecutivos y, que por su avanzada edad, inútiles para desempeñar cualquier otro trabajo, no tienen más perspectiva que la de la miseria más completa al ser desechados por su incapacidad para seguir desempeñando sus labores con la eficacia que lo hacían cuando tenían mayores energías. La Ley de Pensiones señala el disfrute de un sueldo íntegro para el trabajador que preste 30 años de servicios, de manera que para esos viejos empleados de la Universidad, habría un merecido descanso después del empleo de toda su vida en el servicio de la institución.
Confiamos en que usted que ha tomado especial empeño en modificar la Ley de Pensiones y extender sus beneficios al mayor número de personas, considere la justicia que nos asiste, y dicte las medidas necesarias para reparar el mal que se nos ha hecho y evitar el que se nos pueda hacer en el futuro”.

Cuatro días después -el once de septiembre- el Presidente de la República firmó un decreto expropiando 730 hectáreas a los ejidatarios establecidos en las delegaciones de Tlalpan y Magdalena Contreras, con el objeto de destinarlas a la fundación y construcción de la Ciudad Universitaria de México.

El Consejo Universitario discutió y aprobó el Reglamento de Jubilaciones para el Personal al Servicio de la Universidad, los días veintitrés y veintiséis de  diciembre de 1946, como resultado de las solicitudes hechas al Rector y al Presidente de la República, pero con menores prestaciones de las solicitadas; aunque no cubrió las expectativas de los trabajadores, ese fue el primer paso en beneficio de los empleados universitarios y del personal académico.

A principios de 1947 el Secretario General del STUNAM, Hugo Martínez Moctezuma, logró el primer incremento salarial para todo el personal universitario.

El dieciséis de julio se dieron a conocer las “Disposiciones que regirán las licencias de los profesores y empleados administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México, en caso de enfermedades”, que se computaban de acuerdo a la antigüedad del trabajador; el documento lo firmaba el Director General de Previsión Social y Servicios Administrativos de la Universidad, Lic. José María de los Reyes.

En esa misma fecha se inició la aplicación de las reglas para la entrada y salida de los empleados de nuestra Universidad, que establecían los horarios de trabajo y los descuentos por retardos y faltas de asistencia, así como las instrucciones para reportarse en caso de enfermedad y las jornadas ordinarias y extraordinarias. El documento fue firmado por el Rector Zubirán, el Tesorero de la Universidad, Lic. Alfonso Ramos Bilderbeck, y el Contralor, Manuel Resa, C.P.T.

Para noviembre se publicó la convocatoria invitando a llevar a cabo elecciones para Comité Ejecutivo del STUNAM, a realizarse durante el mes de diciembre.

A mediados de diciembre se llevó a cabo la Asamblea Electoral para la conformación del Comité Ejecutivo, pero fue boicoteada por un grupo de personas que, sin ser trabajadores, intentaron imponer a una persona ajena al sindicato, por lo que se suspendió dicho evento.

Fue hasta el diez de enero de 1948, cuando Hugo Martínez Moctezuma y Alfredo Aldana, secretarios General y del Interior del STUNAM respectivamente, expidieron una segunda convocatoria para la renovación de Comité Ejecutivo; en ella se comunicaba que el plazo para registrar planillas se cerraba el treinta y uno de enero y que la Asamblea Electoral se realizaría el dos y catorce de febrero, con la concurrencia de los agremiados. Se informaba también que se aceptarían solicitudes de nuevo ingreso al Sindicato hasta el treinta y uno de enero.

El catorce de febrero resultaron electas como integrantes de la nueva Mesa Directiva las siguientes personas: Secretario General, Alfonso Lobato Salas; Secretario del Interior y de Actas, Manuel Cuevas y Cuevas; Secretario del Exterior, Félix Sánchez Juárez; Secretario de Trabajo y Previsión Social, Francisco Flores Cano; Secretario de Hacienda, Juan Manuel Hinojosa; Secretario de Justicia, Alfonso Estrada; Secretario de Legislación, Ofelia Pastrana.

El 20 de abril se inició una huelga estudiantil en contra del incremento de cuotas en la Universidad Nacional que había dispuesto el Rector Dr. Salvador Zubirán; tres días más tarde el Rector presentó su renuncia. La huelga se levantó el primero de junio y en la sesión del Consejo Universitario de ese día de 1948 se designó como Rector al Dr. Luis Garrido.

El treinta y uno de diciembre de 1948 se promulgó la nueva Ley de Pensiones Civiles que otorgaba la previsión social a los trabajadores al servicio del Estado.

En la Asamblea Sindical del STUNAM del ocho de abril del siguiente año –1949- se acordó que el Comité Ejecutivo se abocaría a solicitar el registro sindical para la organización ante las autoridades laborales, considerando que ya en 1933 había ocurrido lo mismo con el Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México, por lo que el Secretario General del STUNAM, Alfonso Lobato Salas, procedió a hacer la solicitud de registro ante la Junta Central de Conciliación el nueve de abril.

El dos de mayo, el Comité Central de Trabajadores al Servicio de la Universidad -residente en la Biblioteca Nacional- envió un escrito al Rector Dr. Luis Garrido en el que se comentaba que debido a que la Universidad era considerada como “una Institución de Servicio Público Descentralizado”, los trabajadores a su servicio no estaban amparados por la Ley Federal del Trabajo ni por el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que se encontraban sin ninguna protección a la que tenían derecho. Debido a lo anterior, le solicitaban gestionar ante el Presidente Miguel Alemán, la incorporación de los servidores de la Universidad a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro.

El Rector Dr. Luis Garrido envió su respuesta al Comité Central de Trabajadores el treinta y uno de mayo, por medio de un oficio en donde se establecía que “Es deseo de la Universidad el que los servidores de la misma y sus familiares disfruten de un régimen jurídico satisfactorio, en armonía con la naturaleza de la propia Universidad y con esta finalidad ha venido realizando minuciosos estudios sobre el particular, tomando en consideración los puntos de vista de los trabajadores.” Por otro lado, señalaba que desde diciembre del 1948 se había constituido una Comisión integrada por un representante de la Rectoría, otro del Patronato y uno del personal administrativo, que se abocó al conocimiento del caso para su mejor resolución:

“Aún cuando dicha Comisión ha dejado de funcionar transitoriamente por causas ajenas a la Universidad, como lo fue primero por el permiso solicitado por el representante de los trabajadores para ausentarse por motivos de salud y después la separación de la misma del Lic. Alfonso Ramos Bilderbeck, que representaba al H. Patronato, los trabajos que se iniciaron continuarán verificándose hasta llegar a obtener los resultados a los que antes se ha hecho referencia, ya como que, como antes indicaba, es propósito de la Universidad obtener el mayor bienestar de sus servidores”.

El seis de septiembre de 1949 el STUNAM solicitó su registro a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que el tres de octubre de ese año respondió que, atendiendo a las reformas a la Fracción XXXI del Artículo 123 -efectuadas en 1942-, resolvió cancelar el registro que había otorgado al SEOUAM el dos de noviembre de 1933, desconociendo así varios años de lucha de los trabajadores universitarios.

En representación del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Cornelio Rosas Aceves solicitó, el cinco de noviembre, un amparo contra actos del Jefe de Trabajo y Previsión Social, por violación de los artículos 9, 14, y 123 constitucionales consistentes en: “I.- La resolución dictada en el expediente 10/245(29)/1567, mediante la cual se negó el registro del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. II.- La misma resolución, por cuanto que de ella se desprende la negativa de la expresada autoridad a reconocer la personalidad de los representantes del sindicato y a extender las credenciales que les acrediten como tales”. El Lic. Juan Enrique Domínguez, Juez Segundo de Distrito en el Distrito Federal en Materia Administrativa, dio entrada a la demanda mencionada el día ocho de noviembre.

El veinte de enero de 1950, el Lic. Domínguez inició una audiencia, “sin la comparecencia personal de las partes, la secretaria dio lectura a las constancias de autos, y dio cuenta con el pedimento del C. Agente del Ministerio Público de la adscripción formulada en el sentido de que se niegue el amparo solicitado”. Más adelante se asentaba que “como los quejosos de este juicio no han traído a los autos los motivos, datos o pruebas en las que la responsable se fundó los actos que se le reclaman, debe negarse el amparo que se solicitó en la demanda de garantía: Por lo expuesto y apoyado en los artículos 76, 77, 78, 149 y 155 de la Ley de Amparo es de resolverse y se resuelve: Primero:- la Justicia de la Unión no AMPARA NI PROTEGE A CORNELIO ROSAS ACEVES Y COAGRAVIADOS, contra actos del C. Jefe del Departamento de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. Así, se posponía una vez más la solución a las demandas de personal administrativo universitario.

En lo que toca al personal docente, el diez de febrero se celebró la Asamblea Constituyente de la Asociación de Profesores Universitarios de México (APUM), “con el objeto de Constituir una agrupación de maestros universitarios que pugna por el mejoramiento de las condiciones de vida del personal docente de la Universidad Nacional y consecuentemente por la superación de la propia Institución” y para defender los derechos de los profesores y lograr la promulgación del Estatuto del Personal Académico. Sus finalidades supremas serían: a).- La superación de la Universidad en todos sus aspectos, y b).- Condiciones de vida más decorosas para los catedráticos universitarios. La directiva de la APUM estaba constituida de la siguiente forma: Presidente, Dr. Eduardo Llera Domínguez; Secretario, Lic. Agustín Peña Hernández; Tesorero, Lic. Jesús Andraca y Herrera.

A mediados del mes de febrero se realizó la Asamblea Electoral para nuevo Comité Ejecutivo del STUNAM con el siguiente resultado: Secretario General, Dr. José Gómez Robleda; Secretario del Interior, Oscar S. Frías; Secretario del Exterior, Alfredo Aldana Pérez; Secretario de Trabajo, Pedro Armas Rojas; Secretario de Finanzas, Elena Turincio Semery; Secretario de Legislación, Lic. Javier Molina Flores; Secretario de Justicia, Lic. Rigoberto Topete Miramontes.

En el Consejo Universitario, en su sesión el veintitrés de febrero, se aprobó la propuesta de la Escuela de Jurisprudencia para que se concediera el grado de Doctor Honoris Causa al Lic. Miguel Alemán Valdez, y el veintiocho de aquel mes se hizo la imposición de las insignias correspondientes.

La labor de Roberto Ramos Vigueras

El Director de Pensiones Civiles de Retiro, Lic. Esteban García de Alba, envió un oficio el diecinueve de abril a Roberto Ramos Vigueras (ex Consejero Universitario de los Empleados de la Universidad de 1938 a 1940), en el que informaba que, en respuesta a su escrito de fecha trece de abril, su petición había sido turnada a la H. Junta Directiva de la Institución para su resolución.

Roberto Ramos envió un oficio el veintiséis de abril al Rector Dr. Luis Garrido en el que hacía un recuento de las solicitudes que había hecho al Rector Lic. Genaro Fernández Mc Gregor y las respuestas que de él había obtenido, resumiendo todo en cinco puntos que consideraba deberían ser resueltos a la mayor brevedad posible. “1.- Que se reglamenten por el Consejo Universitario las relaciones entre la Universidad y su personal de acuerdo con el Artículo 13 de la Ley Orgánica. 2.- Jubilaciones. (De ser posible incorporar al personal a la Dirección de Pensiones Civiles). 3.- Servicios médicos, de laboratorios y medicinas, sin costo alguno para los servidores de la Universidad. 4.- Terrenos y casas. 5.- Absoluto respeto al escalafón, tomando en consideración la eficiencia y antigüedad del personal”.

Con fecha veintiocho de abril, el Dr. José Gómez Robleda, Secretario General del STUNAM, envió un oficio al Lic. Miguel Alemán, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el que le exponía lo siguiente:

“El Comité Ejecutivo, en representación de 2,000 trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, ante usted respetuosamente comparecemos a exponer:

1.- Los trabajadores de la U.N.A.M. acordamos organizarnos sindicalmente y para el efecto llenamos todos los requisitos que exige la Ley.

La Secretaría del Trabajo a quien se solicitó el registro de nuestro sindicato, se opuso a la formación del mismo, negándonos el derecho de sindicalizarnos por considerar que los empleados de la universidad no somos sujetos de derecho obrero, en virtud de que nuestras relaciones con dicha institución deben estar sujetas a estatutos de tipo especial.

La Universidad que en su funcionamiento y organización defiende su autonomía frente al Estado, al tratar de establecer normas que rijan las relaciones con sus trabajadores se considera hija del Estado y pretende asimilarlos al estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del Estado, olvidando que este no solamente define, sino enumera, quienes son los sujetos que quedan amparados por este estatuto.
La negación del derecho a sindicalizarnos por la Secretaría del Trabajo y la posición de la Universidad nos ha colocado fuera de un estado de derecho y al margen de las leyes mexicanas, pues nuestros conflictos de trabajo no pueden ser juzgados por ninguna autoridad, primero por no ser servidores del Estado y, segundo por negársenos nuestra categoría de sujetos de derecho obrero.

Por lo expuesto a usted C. Presidente, solicitamos atenta y respetuosamente gire sus órdenes a las autoridades correspondientes para que en primer lugar, se nos revalide nuestro registro sindical y como segundo punto sea reconocido nuestro Comité Ejecutivo.

2.- La Universidad Nacional es una institución que paga los salarios más bajos en el Distrito Federal; en ella encontramos servidores con 14 años de servicios y con un salario de $140.00 mensuales. El sueldo promedio de los empleados de la Universidad es de $8.00 diarios, cantidad insuficiente para cubrir las más elementales necesidades de alimentación, vestido, habitación y educación para nuestros hijos.

Por lo que respecta a servicios médicos los trabajadores de la Universidad no somos la excepción de la clase obrera pues no contamos con servicio médico y únicamente disfrutamos de un 50% de medicinas.

Existen en la Universidad compañeros que han dejado sus energías sirviendo a la misma, trabajadores que tienen más de 30 años de servicios y a los cuales la institución no les ofrece ninguna garantía de jubilación. Estas personas se ven obligadas a continuar trabajando pues pesa sobre ellas el espectro de la miseria en virtud de que la Universidad no les otorga ninguna garantía por jubilación, invalidez, incapacidad o riesgo profesional.
Venimos a pedir su intervención para resolver esta angustiosa situación de los trabajadores del centro de cultura más importante de la República y solicitamos atentamente se designe una partida especial para la solución de todos los problemas antes expuestos”.

El Director de Pensiones Civiles, Esteban García de Alba, envió un escrito el dieciocho de mayo al Jefe del Departamento Jurídico de la misma dependencia en el que se informaba el siguiente acuerdo: “En sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de esta Institución, el 2 del actual, se presentó a consideración de la misma el escrito del C. Roberto Ramos, miembro del Consejo (Universitario) de la Universidad Nacional de México, quien, en representación del personal de la mencionada institución, solicita se les conceda acogerse a los beneficios de la Ley de Pensiones Civiles en vigor.- La Junta acordó que esta petición sea turnada al Departamento Jurídico para que emita dictamen sobre el particular”. Del mismo oficio se turnó copia a Roberto Ramos Vigueras.

Al día siguiente, Roberto Ramos agradeció por escrito al Lic. Esteban García de Alba su información y le solicitaba “su valiosa cooperación como universitario para resolver este problema a nuestra Casa de Estudios, que como usted sabe, no cuenta con los elementos económicos suficientes para jubilar a su personal y darle las prestaciones que gozan los empleados federales con la Ley de Pensiones Civiles”.

El ocho de junio el Rector Garrido le envió a Roberto Ramos la respuesta al oficio que éste le enviara desde el veintiséis de abril en el que insistía que “Como lo expresé a usted anteriormente en el oficio número 1175 fechado el treinta y uno de mayo de 1949, ya había sido designada una Comisión que se abocó a la elaboración de un ordenamiento jurídico que rigiera las relaciones entre esta Universidad y el personal a su servicio con intervención de un representante de los propios empleados.” Así mismo, mencionaba que esa Comisión había elaborado un anteproyecto que, aunque no concluyó, si quedó muy avanzado. Por lo anterior le recomendaba que se pusiera en contacto con el Lic. Alfonso Herrera Gutiérrez, que fue designado como representante de la Universidad, y con el Lic. Alfonso Ramos Bildelberck, Tesorero de la Máxima Casa de Estudios, que había quedado como representante del Patronato para que les expusiera su criterio sobre la parte del anteproyecto de Estatuto de los trabajadores al servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El veintiuno de junio se elaboró un documento con diez puntos básicos para la formación del Anteproyecto del Sanatorio para Profesores y Empleados Universitarios, en el que se contemplaban las formas de recaudar fondos para hacer posible el planteamiento, y se proponía también la creación de una farmacia con crédito que otorgaría la Universidad o acciones que se colocarían entre el personal Universitario, así como con la participación de los mejores alumnos pasantes de Medicina para el servicio médico interno, que serían debidamente premiados con diplomas y medallas.

Por su parte, Roberto Ramos envió siete días después un escrito al Rector Luis Garrido en el que se hacían las siguientes consideraciones:

“1.-No desconocemos las facultades que la Ley Orgánica le otorguen a usted para expedir disposiciones reglamentarias que beneficien a la buena marcha de la Institución. 2.-Que se ha malinterpretado el acuerdo de usted, que se refiere a descontar de los sueldos de todos los servidores de la Universidad, el tiempo no laborado por causa de retardos, que en buena parte, han sido originados por el cambio de horario motivado por el ahorro de energía. 3.-Por ser de estricta justicia, esperamos se sirva usted aclarar su acuerdo a fin de que no se aplique con carácter retroactivo ya que desde el punto de vista legal, no debe interpretarse en esa forma por los encargados de cumplirlo. 4.-Que se está prestando a mala interpretación su disposición en la forma en la que se está aplicando, motivando agitación entre el personal contra sus autoridades. 5.-Que no se olvide la abnegación, honradez y bajos sueldos que tiene el personal de la Universidad y el alto costo de la vida, motivado por el bajo poder adquisitivo de la moneda. 6.-Solicitamos de usted que siga siendo el C. Secretario General de la Universidad el encargado de aplicar las sanciones al personal, porque lo hace con criterio y estricta justicia social. 7.-Que se cite a los representantes de la Rectoría y del Patronato, a fin de que se active el estudio de la reglamentación del artículo 13 de la Ley Orgánica, para fijar los derechos y obligaciones entre la Universidad y sus servidores”.

El cinco de julio, en la página 14 del periódico Ovaciones, se publicó una entrevista hecha al señor Roberto Ramos denominada “Los empleados de la Universidad trabajan sin el menor amparo...”. En ella se hacía mención de los puntos contemplados en el documento del veintiocho de junio y también se afirmaba que la medida dictada por el Rector en el mes de junio pretendía hacerse retroactiva a enero; además, agregaba que “no hay que olvidar la abnegación, honradez y bajos sueldos que tiene la Universidad ya que deseamos que las sanciones al personal se impongan con criterio y estricta justicia social”. Finalmente afirmaba que hasta el día cuatro de junio no se había recibido ninguna respuesta de la Rectoría.

En el mes de junio se convocó a elección para Representantes ante el Consejo Universitario y tuvieron mayoría de votos Roberto Ramos Vigueras como Propietario y Manuel Barranco Palacios como Suplente. El día siete de julio de 1950 tomaron posesión de sus cargos; para ell día diecisiete del mismo mes el Director de Pensiones Civiles comunicó al Consejero Roberto Ramos V. que su solicitud continuaba en estudio en el Departamento Jurídico de esa Institución.

En el Anfiteatro Simón Bolívar el Sr. Roberto Ramos, Representante de los  Empleados ante el Consejo Universitario, rindió un informe de sus actividades durante el periodo del veintisiete de marzo al cinco de agosto de 1950, en el que se hacía mención de un proyecto de viviendas para los empleados y profesores de la Universidad en los terrenos donde se erigiría la Ciudad Universitaria, gracias al apoyo de algunos funcionarios de la Institución y a los dirigentes sindicales; por otro lado, mencionaba que el Jefe de los Servicios Médicos de la Universidad le había mostrado la necesidad de que los empleados y sus familias se sujetaran a un examen médico-radiográfico para conocer y conjurar sus padecimientos incipientes y crónicos, ya que se había detectado un alto porcentaje de enfermos tuberculosos dentro del personal, lo que constituía un peligro. Así mismo, informaba que ante el Consejo Universitario seguía gestionando la necesidad de expedir el Estatuto de los Empleados de la Universidad, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica en el que quedarían establecidas las relaciones entre la Universidad y sus servidores y que “En ningún caso, los derechos de su personal serán inferiores de los que concede la Ley Federal del Trabajo”; de esto último mencionaba que ya se había elaborado parte de un Anteproyecto al que habían agregado sus puntos de vista y ya se había enviado al Consejo Universitario para ser discutido y posteriormente a las Cámaras de Diputados y de Senadores.

Sobre las gestiones para lograr el ingreso del personal al régimen de Pensiones Civiles informaba que se le había comunicado que la solicitud se encontraba en estudio en el Departamento Jurídico de la Dirección de Pensiones Civiles, y que en caso de no conseguirse, la Universidad tenía la obligación de pensionar a sus servidores con treinta años de servicio cualquiera que sea su edad.

Mencionaba también que se proponía “buscar todos los medios económicos posibles, para la extensión de los servicios médicos universitarios en beneficio de los empleados que necesiten hospitalización, relevándolos del costo”. Finalmente comentaba que había logrado que en tanto no se expidiera el Estatuto fueran ascendidos todos aquellos que por su capacidad y antigüedad tenían derecho.

El ocho de agosto el Dr. Juan José González Bustamante, Secretario General de la Universidad, informaba a Roberto Ramos que había recibido con fecha veinticuatro de julio una copia del Anteproyecto de Estatuto de los Trabajadores Administrativos al servicio de la Universidad y que lo había turnado al Lic. Alfonso Herrera Gutiérrez, que era la persona designada por el Rector para hacer el estudio de referencia.

Roberto Ramos solicitó al Secretario General de la Universidad el diecinueve de agosto se sirviera girar una circular a todo el personal de la Institución para indicarles que los asuntos relacionados con los empleados y la autoridades serían tratados por el Consejero Propietario, con el fin de evitar duplicidad en las gestiones.

El siete de septiembre, por medio de un escrito, Roberto Ramos solicitó al Rector Luis Garrido el aumento de los salarios para los servidores de la Universidad en un 30%. Así mismo, cinco días más tarde se envió un escrito al Presidente Miguel Alemán -firmado por el Consejero Roberto Ramos- en el que se le exponía lo siguiente:

“Por estar considerada la Universidad como una Institución de Servicio Público Descentralizado, no ampara a su personal ni la Ley Federal del Trabajo, ni el Estatuto Jurídico, por lo que los servidores de la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentran desde el año de 1929 desamparados de la protección social a que justamente tienen derecho.
Me permito recordar a usted, que son los únicos trabajadores de toda la República, que se encuentran en esta situación.
Conozco la incapacidad económica de nuestra Casa de Estudios para las prestaciones como son: jubilaciones, préstamos a corto plazo, hipotecarios, etc., razón por la que me permito muy atentamente rogar a usted en nombre del personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, se sirva usted ayudarnos a fin de que el señor Lic. Esteban García de Alba, Director de Pensiones Civiles, acepte la incorporación de todo el personal universitario a la Institución a su digno cargo, de acuerdo con la Ley de Pensiones Civiles en vigor.
Señor Presidente, su intervención en este asunto es decisiva para impartir justicia a quienes la merecen, espero como siempre, de su ayuda para mis representados”.

El Oficial Mayor de la Presidencia, Luis García Larrañaga, envió el catorce de septiembre un escrito al Director de Pensiones Civiles de Retiro el siguiente comunicado: “Por acuerdo del C. Presidente de la República y a fin de que esa dependencia a su digno cargo tenga a bien tomar la intervención que proceda, me permito remitir a usted el escrito anexo, firmado por la persona nombrada al calce de este oficio, rogándole al propio tiempo sea muy servido ordenar que en su oportunidad se comunique directamente a la misma el resultado de sus gestiones”.

Para el dos de octubre Roberto Ramos solicitó al Consejo Universitario se acordara la autorización de una gratificación para todo el personal equivalente a una quincena. Por otro lado, solicitó también al Rector que en virtud de la celebración del IV Centenario de la Fundación de la Universidad, autorizara la siguiente petición: “1.- A todo el personal de la Universidad que haya cumplido de 20 a 30 años de servicios ininterrumpidos, debe concedérseles una quincena de gratificación y otorgarles un diploma. 2.- A todos aquellos que hayan cumplido 31 años o más, un mes de sueldo, una medalla y un diploma”. El funcionario sindical presentó -el cinco de octubre- ante el Consejo Universitario un Proyecto de Estatuto de los Trabajadores Administrativos al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En el mismo mes de octubre un grupo de trabajadores encabezados por J. Antonio Zaharas envió un escrito al Rector Dr. Luis Garrido en el que le exponían los problemas que habían detectado en el Consultorio Médico a causa de que se había presentado una emergencia. Mencionaban que se les había indicado que les iban a dar atención “Aunque los empleados no tienen derecho a esa clase de servicios”. Le hacían la observación de que:

“Como antecedentes nos permitimos hacer del conocimiento de usted que (en) el año de 1942 fue establecido el servicio médico de los empleados de la Universidad como una consecuencia de la necesidad de atender a su buen estado de salud.
En virtud de que las autoridades universitarias no habían intervenido en la atención para esta prestación de sus trabajadores y en vista de que los empleados no contaban con elementos económicos suficientes para sostener su atención médica, acordamos por nuestra propia iniciativa, establecer el Servicio Médico de los Empleados.
Posteriormente por razones que ignoramos se dispuso que el Servicio Médico de los Empleados formara parte del Centro Universitario cosa con la que siempre hemos estado inconformes, por no gozar de la justa y debida atención que deben tener quienes contribuyen para su sostenimiento, razón ésta que nos permite proponer a usted lo siguiente: 1.-Que el Consultorio Médico se independice del Centro Médico Universitario; 2.-Que la Universidad proporcione todos los medicamentos y materiales de curación sin costo alguno para sus servidores; 3.-Que se apliquen al sostenimiento del Consultorio Médico, los descuentos que se hacen por faltas de asistencia y retardos a todos los empleados de la Universidad. 4.-Que se integre un Comité de Vigilancia para el buen funcionamiento del Servicio Médico, el cual estará formado por el Representante de los Empleados ante el H. Consejo Universitario, otro por el Sindicato y el tercero por las autoridades. 5.-El Comité de Vigilancia se encargará entre otras cosas de hacer gestiones con el fin de lograr de las Farmacias y Laboratorios el mejor servicio y el mayor descuento posible. No dudamos señor Rector se servirá usted acordar de conformidad la presente solicitud por encontrarse justificada y respaldada por todo el personal de la Universidad.”

A mediados de octubre el Dr. José Gómez Robleda fue invitado por la Presidencia de la República a formar parte de la Comisión que verificaría la autenticidad de los restos de Cuauhtémoc, por lo que renunció a la Secretaría General del STUNAM y se eligió a un nuevo Secretario General Interino que terminara el periodo correspondiente, así como a la nueva Mesa Directiva que se integró así: Secretario General, Cornelio Rosas Aceves; Secretario del Interior, Oscar S. Frías; Secretario del Exterior, Félix Sánchez Juárez; Secretario de Trabajo, Manuel Barranco Palacios; Secretario de Finanzas, Elena Turincio Semery; Secretario de Legislación, Lic. Xavier Molina Flores; Alfonso Estrada; Secretario de Justicia, Lic. Rigoberto Topete Miramontes.

A partir de ese momento, en el papel membretado del Sindicato se agregaba junto al Comité Ejecutivo la leyenda “El Consejero de los Empleados ante el H. Consejo Universitario Roberto Ramos V.”, haciendo ver el apoyo y reconocimiento que se le daba al compañero en cuestión.

El Secretario General Cornelio Rosas Aceves, el Secretario de Relaciones Exteriores del STUNAM y el Consejero Universitario Roberto Ramos enviaron el cuatro de noviembre un documento al Lic. Ernesto Enríquez, en el que se mencionaba que de acuerdo a la plática sostenida con el Rector Dr. Luis Garrido el día once de noviembre, se suspenderían las labores con el fin de permitirle al personal trasladarse a conocer las obras de la Ciudad Universitaria que en el futuro serían su centro de trabajo, por lo que solicitaban 25 autobuses para transportar a aproximadamente 1000 empleados.

El Comité Ejecutivo del STUNAM y el Consejero de los Empleados ante el Consejo Universitario, enviaron cuatro días después una invitación al personal de la Universidad a visitar la Ciudad Universitaria el sábado once de ese mismo mes “con el objeto de conocer las obras que se realizan en la misma y los terrenos donde se construirán las casas de los empleados. A la vez se les dará a conocer las gestiones que se han hecho para darles posesión de los mismos. El señor Rector ha concedido la suspensión total de labores. Los autobuses necesarios serán proporcionados por la Gerencia de la Ciudad Universitaria y saldrán de las Oficinas Generales (Justo Sierra No. 16) a las 8.30, horas”. Es de resaltar el hecho de que al Comité Ejecutivo del STUNAM y al Consejero Universitario de los Empleados se les había asegurado que por la lejanía de las instalaciones de la Ciudad Universitaria se les construirían casas a los trabajadores en esos terrenos.

El Representante de los Empleados, Roberto Ramos, y el Secretario General del STUNAM, Cornelio Rosas Aceves, dirigieron un escrito al Consejo Universitario el veinticuatro de noviembre solicitando que, al igual que en tres ocasiones anteriores, se concediera al personal una gratificación de una quincena a fin de año, y que se incluyera en el Presupuesto de Egresos para el año 1951-1952 una partida especial para dicho fin.

En Asamblea Ordinaria que tuvo verificativo el cuatro de diciembre, Hugo Martínez Moctezuma y Federico Barajas González fueron propuestos para integrar una Comisión que debería encargarse de “tramitar todo lo referente a Casas y Terrenos en la Ciudad Universitaria, tratando de obtener para ellos [los trabajadores] las mayores ventajas y garantías”.

El Comité Ejecutivo del STUNAM y el Consejero Roberto Ramos dirigieron el seis de diciembre el siguiente documento al Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México:

“En representación de todos los trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos permitimos dirigirnos a ustedes para exponer lo siguiente:

Consideramos inútil presentar los datos demostrativos de la enorme alza que ha experimentado el costo de la vida puesto que son ampliamente conocidos.

También consideramos innecesario presentar las gráficas que demuestran cómo, mientras el costo de la vida ha ido ascendiendo en proporción astronómica, las mejoras de sueldo de los trabajadores universitarios, que van a la zaga de todos los de México, apuntan apenas, una anémica elevación.

Es también sabido por las autoridades universitarias que, de un total de 1,317 trabajadores, 526, es decir más de la tercera parte, reciben de $201.00 a $300.00; 206 reciben de $301.00 a $400.00; 93 reciben de $401.00 a $600.00 y sólo 16 perciben más de $601 en adelante.

Tampoco deben ignorar ustedes, que para satisfacer las más apremiantes necesidades, el trabajador universitario más humilde, no debe percibir un sueldo menor de $200.00, tomando en consideración que la mayoría del personal está constituido por antiguos servidores de una probada abnegación y honorabilidad.

Muy diversa suerte han corrido por el contrario, los sueldos de los empleados de confianza, a quienes se les han subido los emolumentos en proporción considerable. No es nuestra intención calificar de abusiva esta situación, pues entendemos que la elevación de sus sueldos corresponde a la angustiosa realidad económica que ha venido viviendo el país desde hace muchos años; lo que si consideramos inhumano es que, a los grupos más débiles económicamente se les ha ido postergando hasta dejarlos en condiciones de innegable miseria.
Ahora bien, las condiciones económicas de la Universidad permiten una mejoría en los sueldos de sus trabajadores por las razones siguientes:

1o.- De 1934 a la fecha, se ha venido aumentando el subsidio que el Gobierno Federal proporciona a la Universidad.

2o.- A pesar de haberse votado en los años presupuestos deficitarios, se han cerrado siempre los ejercicios con superávits.

3o.- Existe la posibilidad de suprimir algunas partidas y de recortar otras, que tienen asignadas cantidades muy elevadas, y de aumentar los ingresos por diversos conceptos que son:

a).- Suprimiendo ciertas partidas que sólo aparecen en el presupuesto, pero que se usan posteriormente para fines diversos mediante modificaciones presupuestales.

b).- Haciendo que algunas dependencias de la Universidad produzcan ingresos, como el caso del Observatorio y no que sean una carga muerta para la Universidad.

c).- Suprimiendo personal que cobra sueldo sin devengarlo.

4o.- Por los superávits que se han tenido en las oficinas de Cuentas de Alumnos, Ex-Alumnos, Veteranos de Guerra, etc., durante el presente ejercicio presupuestal.

5o.- Que la Universidad maneje los ingresos que perciben algunas dependencias por concepto de servicios que prestan a instituciones Oficiales y Particulares.

Tomando en consideración todo lo anterior nos permitimos solicitar de ese H. Patronato lo siguiente:

1o.- No descender la categoría actual de todos y cada uno de los empleados de la Universidad.
2o.- Que el sueldo mínimo sea de $200.00 (pesos) mensuales.

3o.- Aumento de sueldos con las percepciones actuales, en las proporciones siguientes, a los empleados administrativos, técnicos, obreros y servidumbre:

Hasta $300.00 el 30%
De $301.00 a $500.00 el 20%
De $501.00 en adelante 10%

Las autoridades de esta Institución siempre han reconocido que los sueldos son bajos, y por lo tanto no dudamos que sean aceptadas nuestras peticiones”.

Continúa...