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     Abril 2006                                                                          No. 5
 
 

 

Antecedentes de la lucha de los trabajadores
Universitarios por la defensa de su pensión

En 1929, luego del movimiento estudiantil que conquistó la Autonomía de la Universidad Nacional, con la promulgación de la correspondiente Ley Orgánica, el personal administrativo y docente de la institución dejo de tener el carácter de empleados federales, como lo habían sido desde 1910, cuando se fundó la Universidad Nacional en plena celebración del Centenario de la Independencia, todavía durante el régimen porfirista. Posteriormente, al triunfar la Revolución Mexicana, el personal universitario fue objeto de sospecha de haber apoyado a los enemigos de la Revolución y se pidió a los funcionarios que enviaran las listas de quienes se hallaran en esa situación para quitarles el puesto y poner en su lugar a quienes sí habían luchado en las filas de la misma. Por fortuna no se dio esa situación.

Sin embargo, no se legisló de inmediato para darles a los trabajadores del Estado una protección social. Fue hasta el 12 de agosto de 1925 cuando se promulgó la Ley de Pensiones Civiles de Retiro que creó la Dirección de Pensiones Civiles, destinada a otorgar las prestaciones a los trabajadores federales. Y también amparaba a los trabajadores de la Universidad Nacional.

Como ya mencionamos, la Ley Orgánica le retiró esa personalidad jurídica al personal universitario, pero sin definirles en qué calidad serían considerados en adelante; se dejó esa tarea al Consejo Universitario para que lo definiera en los siguientes seis meses. Estos cambios dejaron a los trabajadores sin ningún instrumento que los protegiera, por lo que decidieron organizarse de manera gremial. Con la asesoría de la Federación de Sindicatos Obreros del D.F., el 3 de septiembre de 1929 se constituyó la Unión de Empleados de la Universidad Nacional de México Autónoma.

El primer Comité Ejecutivo tuvo carácter provisional, por lo que se propuso que en diciembre se llevarían a cabo elecciones para designar a una mesa directiva definitiva para el periodo de 1930. Xavier Chávez Montiel, quien trabajaba en la Secretaría General de la Universidad, fue elegido como Secretario General. El 26 de noviembre presentó un Proyecto de Reglamento de Previsión Social, porque se dio cuenta de que las autoridades universitarias no estaban haciendo nada en beneficio de los empleados.

Ese proyecto tenía como objeto fundar la Caja de Ahorros, Auxilio y Préstamos, el Fondo de Defunción y el Fondo de Reserva para los agremiados a la propia Unión y se formaría con el 1% del salario que aportarían los miembros de la Unión con sus cuotas. Sin embargo, eso no se llevó a cabo.

El 30 de diciembre tuvieron lugar las elecciones y resultó triunfador Raúl Cordero Amador, que el 11 de enero de 1931 envió al Rector una interesante propuesta que a continuación reproducimos:

“Enero 11 de 1930.

Al C. Rector de la Universidad
Nacional Autónoma
P r e s e n t e .-

Con referencia a la amable indicación que se sirvió, usted hacer a esta Unión, en su atenta carta de fecha 8 del corriente,-para que emitiera su parecer acerca de la situación de los empleados de la Universidad con relación a la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, siendo portadores del sentir de nuestros compañeros, exponemos atentamente a usted el criterio de la propia Unión, acerca de este asunto:-

Aun cuando no se lleven a efecto las modificaciones de la Ley de Pensiones Civiles de Retiro, de que ha hablado últimamente la prensa,- las cuales han sido recibidas con general descontento,- La Unión de Empleados de la Universidad está de acuerdo en que el Consejo Universitario resuelva separar de la Dirección de Pensiones los descuentos de sus servidores, para constituir la base del fondo de pensiones de los mismos.

Apoyamos esta determinación en la confianza que tenemos en el porvenir de la Universidad, y estamos seguros de que, mediante un espíritu de recíproca cooperación, podrán mejorarse las condiciones que actualmente prevalecen en la referida Dirección de Pensiones, tanto por las dificultades con que se tropieza para disfrutar de los derechos que concede la Ley, como por la mezquindad de las pensiones con que se recompensan largos años de servicios; porque deseamos mayores consideraciones y facilidades en el goce de nuestros derechos sobre dicho fondo y, también porque anhelamos tener una participación en su manejo como consecuencia de esos derechos, aspiración que no podríamos conseguir estando nuestros fondos reunidos con los demás de la Dirección de Pensiones, dado el considerable número de personas e intereses que se mueven dentro de ella. Creemos pues que la Universidad está animada de un sano propósito con relación al personal que vive y padece con ella unido por el ideal de su engrandecimiento y prestigio, por lo que la Unión ha resuelto confiar a su custodia los fondos de que se trata.

La Unión, por tanto, estima pertinente someter a la consideración de usted las siguientes sugestiones:

1a.- Con el fin de que los fondos a que nos hemos referido pasen a poder de la Universidad, la Unión es de parecer que la Rectoría al merecido cargo de usted, nombre una comisión que gestione ante la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, la entrega de los mismos fondos, pertenecientes al personal en servicio activo en la Universidad y que no esté próximo al retiro, por hallarse dentro de la edad que previene la Ley.

2a.- Que una vez en poder de la Universidad dichos fondos, sean manejados por un Consejo o Junta de Administración asesorado por los consultores financieros de la propia Universidad y supervisado por una junta de vigilancia, órganos en los que estuvieran representados tanto la Universidad, como la Unión, formularía un proyecto de reglamento o estatutos que rigieran la inversión de fondos y señalaran el monto de las pensiones que deban pagarse.

3a.- Como el total a que asciende actualmente los fondos seguramente no alcanzará a producir el importe de los gastos de administración, pedimos a usted resuelva que la Universidad pague los sueldos que sea necesario utilizar en este servicio, al menos mientras el producto pueda cubrir, sin peligro de la integridad del capital, el monto de esos casos.

4a.- Como un acto de reciprocidad por parte de los empleados, estamos conformes desde ahora en que del producto de utilidades se señale un tanto por ciento a favor de la Universidad, el cual podría servir de modesta ayuda para la construcción de la Ciudad Universitaria, significando así el deseo de secundar la importante iniciativa de usted para la cultura de la juventud.

5a.- Finalmente, la Unión cree que, por principio de equidad, debe establecerse la distribución, como dividendos, de una parte de las utilidades entre el personal que sufre los descuentos que constituyan dicho fondo, reparto que podría hacerse una vez separados el fondo de previsión, el monto de los gastos y la porción cedida a la Universidad, para que el resto sea abonado a la representación de cada uno de los copartícipes del mismo fondo.

Pendientes de la resolución de usted y dispuestos en cualquier momento a acudir a su llamado para prestar nuestro contingente al arreglo de un asunto de capital importancia para todo el personal de la Universidad esperamos que estos conceptos sean de alguna utilidad para orientar la solución del problema y nos subscribimos de usted respetuosamente.

El Secretario del Exterior.- Daniel Sánchez Uribe
(firmado)
El Secretario General Raúl Cordero Amador
(firmado)”.

Este escrito fue analizado en el Consejo Universitario y aun cuando Raúl Cordero dejó de ser el dirigente de la Unión de Empleados, su propuesta fue enviada en agosto del mismo año a todo el personal docente y administrativo para que dieran su punto de vista.

El 18 de marzo de 1930 se realizaron elecciones y resultó elegido Secretario General Miguel Carrillo Martínez.

En mayo de ese año, al no haberse tenido respuesta de las autoridades, la Unión de Empleados tomo el acuerdo de establecer el Seguro del Empleado Universitario; la propuesta consistía en medio día de haber que se pagaría a los beneficiarios del fallecido, como el que ya existía para los profesores. Esta solicitud fue rechazada por el Consejo Universitario, que era quien debía aprobar el descuento a los afiliados. Esta era una actitud no entendible puesto que el personal administrativo estaba en peores condiciones económicas que los docentes.

Sin embargo, esa situación no prospero y fue hasta la llegada de un nuevo dirigente, Miguel Carrillo Martínez, que en julio del mismo año demandara de las autoridades un Reglamento del Servicio Civil y un Seguro de Vida como lo podemos apreciar en la convocatoria a su toma de posesión en el siguiente Texto:

C I T A T O R I O .


Muy cordialmente invitamos a todos los compañeros de trabajo, para que estrechemos cada vez más los lazos de cooperación y solidaridad, que nos unen, con el fin de hacer reales los nobles propósitos que nos animaron cuando se fundó nuestra Unión. Es, pues, urgente que comprendamos la necesidad inmediata de esa cooperación, cuyos frutos tendremos muy pronto si perseveramos con una conducta constante de ayuda, de mutuo estímulo y de verdadera unión.
Para señalar algunas de las múltiples ventajas que obtendríamos si los empleados responden, como lo esperamos, a este cordial llamado, indicamos los dos siguientes:

a) La expedición del Reglamento del Servicio Civil en la Universidad (a nadie escapa la trascendencia de ello)
b) la organización inmediata del Seguro de Vida del Empleado Universitario y la formación y funcionamiento de una Cooperativa de Consumo y Caja de Ahorros, y Créditos, de la Unión.

La buena inteligencia que existe entre los altos jefes de la Universidad y los miembros de la Unión, es una prueba palpable de las ventajas que tendrán los socios que pertenezcan a ella.

Por lo expuesto y queriendo que todos los compañeros de trabajo conozcan los nobles fines que persigue esta Unión, se les invita a la Asamblea ordinaria que tendrá verificativo el martes 2 del corriente mes, a las 19 horas, en el Salón “El Generalito” de la Escuela Nacional Preparatoria (Justo Sierra 16).

Suplicamos la puntual asistencia, pues los asuntos que en ella se tratarán son de vital importancia para todos los empleados.

ORDEN DEL DÍA.

1.- Lectura del Acta Anterior.
2.- Toma de posesión del Secretario General y del Secretario del Trabajo y Previsión Social.
3.- Informe de asuntos tratados en el período en que no se han efectuado sesiones.
4.- Nombramiento de comisión para formar el Proyecto del Reglamento del Servicio Civil.
5.- Nombramientos de otras comisiones.
6.- Asuntos Generales.

México, D.F., a 21 de julio de 1930

EL SECRETARIO DEL INTERIOR EL SECRETARIO GENERAL
MARIANO GONZALEZ. MIGUEL CARRILLO.

Como se aprecia en el documento anterior, la demanda de la Unión de Empleados era que se expidiera un reglamento del servicio civil

A continuación se describe como fue que al personal docente se le otorgó el seguro de vida sin ningún problema:

“En el mes de noviembre luego de que el año anterior (1929) había fallecido un profesor de la ENP y los profesores reunieron dinero que le fue de mucha utilidad a sus familiares y se dieron otros casos similares, los propios profesores de la ENP elevaron la solicitud ante el Consejo Universitario en donde se instituyó la Mutualidad del Profesorado Universitario, que más tarde se amplió a toda la docencia de la Universidad Nacional. Esto consistía en que ‘cada vez que fallezca un profesor se descontará del pago próximo a cada uno de los profesores la cantidad igual a medio día de sueldo, que será entregada a la persona que de antemano se haya señalado para el caso; b).- Cuando un profesor, cualquiera que sea su edad o los años de servicio que haya prestado a la Universidad, quede incapacitado para seguir impartiendo sus conocimientos por agotamiento debido a labores intelectuales, previo dictamen médico correspondiente, que mandará practicar el Rector, recibirá una suma de dinero igual a la que establece el inciso anterior, la cual se obtendrá en la misma forma en que este precepto lo dispone. Aprobado en la sesión del veinte de noviembre de 1930, El Secretario General de la Universidad Abog. José López Lira. (Reglamento sobre Provisión del Profesorado, artículo 23)”.

El 22 diciembre de 1930 se llevó a cabo la elección del nuevo Comité Ejecutivo, en la que resultó electo Diódoro Antúnez Echegaray, empleado del Departamento de Administración de la Universidad, quien resultó ser un extraordinario defensor del personal ya que en los casos de ceses que se presentaron durante su periodo logró la reinstalación de todos los trabajadores con su respectiva indemnización. Esto llevó al Director de la Biblioteca Nacional a comentarlo con Antúnez, quien le entregó una propuesta para que la presentara ante el Consejo Universitario, en el sentido de que para evitarle más pérdidas a la Universidad, primero se analizaran con la Unión los casos de conflicto y si era posible llegar a un acuerdo, como podría ser el cambio de Dependencia u otra solución, antes de proceder.

En la Sesión del Consejo Universitario del 18 de enero de 1932, el Rector se molestó con la propuesta y posteriormente tomó la decisión de cesar al mismo Diódoro Antúnez acusándolo falsamente de no realizar su trabajo; como hubo una fuerte reacción de los afiliados, el Rector lo quiso acusar de querer decidir quién trabajaba en la Universidad y quién no. Posteriormente, el propio Antúnez ganó su reinstalación y una indemnización. Este fue el primer caso de despido de un Secretario General de una organización sindical en la Universidad.

Diódoro Antúnez había sentado las bases con las autoridades universitarias para que se firmara un contrato colectivo de trabajo, por lo que se les solicitó la firma de este instrumento de regulación laboral o la Universidad sería demandada ante la Junta Central de Conciliación.

Ahora damos a conocer una parte del texto del acta en la que se tomó la decisión de solicitar a las autoridades universitarias la firma del Contrato Colectivo que el propio Rector García Téllez había ofrecido realizar:

FRAGMENTO DEL ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA UNIÓN DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 19 DE FEBRERO DE 1932.

“… M. Vázquez y dice que también en la Biblioteca Nacional la mayor parte de los comps. aceptaron la rebaja en sus sueldos para evitar que varios se quedaran sin trabajo y como se propusiera y discutiera la conveniencia de proponer a la Rectoría hacer un descuento a los sueldos de todos únicamente por la cantidad necesaria para cubrir el importe de los rebajos, sólo se aprueba hacer gestiones porque se den los puestos que no sufrieron rebajas a los unidos haciendo cambios con los extraños a la Unión y que no se admiten más socios hasta que esté totalmente resuelto el problema de los sueldos para no crear más conflictos entre la Unión y las autoridades universitarias. Proponiendo algunos comps. que se lleve desde luego a Conciliación la demanda por no haber firmado hasta ahora, no obstante repetidos ofrecimientos de la Rectoría, el contrato colectivo de trabajo, sugiere, y así se acepta, el comp. R. Pimentel que el nuevo Comité que resulte electo haga una nueva instancia al Sr. Rector pidiéndole firme el mencionado contrato y si no se obtiene dicha firma entonces proceder a la demanda.- El comp. A. Bravo lee una nota de El Universal en que se dice que, con disgusto de los socios, se hizo el descuento de un día de haber con motivo de la muerte del comp. José Vázquez y que dicho descuento está en poder del Director de Preparatoria y que no se sabe qué hacer con ese dinero. En vista de las falsedades que encierra tal reportazgo, pues ni se ha hecho ese descuento se acuerda hacer la rectificación correspondiente.- Se procede a las elecciones de nuevo Comité, eligiéndose ante una comisión electoral siendo designados los comps. Pedro Rivas M., Velino Ramos y Mariano Madariaga. Después de algunas discusiones se aprueba que las elecciones no se hagan por planillas sino por cada cargo. Así se empieza por la de Srio. General resultando electo el compañero Manuel Vázquez, de la Biblioteca Nacional…”

La Mesa Directiva electa en esa fecha fue la siguiente: Secretario General, Manuel Vázquez Cadena; Secretaría del Interior, Gustavo Escobar; Secretario del Exterior, Manuel Perches; Secretario de Justicia, José Meixueiro Bonola; Secretario de Hacienda, Manuel Barranco (a quien después sustituiría Víctor Manuel López); Secretario de Trabajo, Miguel Saldaña B.; Secretario de Legislación, Jesús E. Robles.

Finalmente, luego de algunas negociaciones el 26 de febrero se firmó el primer Contrato Colectivo de Trabajo entre la Universidad Nacional y la Unión de Empleados de la misma, con el Rector Lic. Ignacio García Téllez, quien “firma con carácter provisional pues deja la aprobación definitiva del convenio al Consejo o a la Gran Comisión de la Universidad” y el Secretario General de la Unión de Empleados de la Universidad Nacional, Manuel Vázquez Cadena. Incluso se depositó ante la Junta Central de Conciliación.

Sin embargo, esto que debería haber sido el final de los problemas laborales no se concreto, pues se vio truncado. El 16 de marzo el Rector García Téllez le solicitó al Consejo Universitario que designara a una Comisión para que elaborara un proyecto de Reglamento del Servicio Civil para los trabajadores administrativos. Los integrantes de la Comisión eran el licenciado Vicente Lombardo Toledano Director de la Facultad de Derecho (que entonces era Secretario General de la Federación de Sindicatos Obreros del D.F. a la que estaba afiliada la Unión de Empleados, Lombardo renunció a la Comisión puesto que ya antes el había dado su punto de vista de manera muy amplia, acerca de que la Universidad si debería firmar un Contrato Colectivo de Trabajo e incluso preguntó la causa de el porque no se les proporcionó el texto del Contrato a la Gran Comisión), Lombardo fue sustituido por Luis Chico Goerne, José Muro Méndez y el licenciado Gabino Fraga, ayudante de la Comisión.

Al concluirse la elaboración del Reglamento del Servicio Civil y aprobarlo el Consejo Universitario, como lo estipulaba la Ley Orgánica de la Universidad, se envió al recién nombrado Presidente de la República, Abelardo Rodríguez, para que le diera su visto bueno. Sin embargo, no fue así y el Presidente lo vetó.

Posteriormente, otro de los Secretarios Generales demandó la firma de un contrato colectivo de trabajo; Daniel Bravo Chávez, como dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros de la Universidad Autónoma de México, obtuvo la promesa del Rector Chico Goerne de la firma de uno, pero se dificultaron las cosas y Bravo Chávez se convirtió en el segundo Secretario General en ser despedido y no fue reinstalado nunca.

Otro caso fue el siguiente Secretario General José Luis Santos Orlaineta, que demandó a la Universidad ante la Junta Central de Conciliación por la firma de un CCT y luego de que la Universidad demostró que no podía pagar los doscientos mil pesos a que ascendían los costos del CCT, el Sindicato de Empleados y Obreros con Santos Orlaineta como dirigente se desistieron de la demanda; sin embargo, éste fue el tercer caso de despido de un Secretario General en noviembre de 1941, aunque en este caso fue indemnizado.

Son estos los pasos más importantes que se dieron para que los trabajadores universitarios tuvieran una protección y que fueron anulados por una u otra causa, durante los primeros años de lucha de los trabajadores universitarios.