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     Abril 2006                                                                          No. 5
 
 

 

LA LEY DE PENSIONES CIVILES DE RETIRO

La Ley de 12 de agosto de 1925

Los trabajadores al servicio del Estado recibieron protección por primera vez, en reconocimiento a sus derechos, en la época del presidente Calles. Indudablemente, las medidas tomadas no resolvieron todos los problemas de la burocracia; pero, en cambio, fueron el punto de partida de una política que maduraría años después.

La primera piedra de este edificio social la constituyó la Ley General de Pensiones Civiles de retiro, expedida por el presidente Calles el 12 de agosto de 1925 y publicada en el Diario Oficial, el 19 de ese mismo mes y año.

Se inicia la organización de los trabajadores del Estado

Los inicios de este movimiento son reseñados en los siguientes términos:

En 1925, la creciente inquietud de sus trabajadores obliga al Estado a buscar algún paliativo a su situación aflictiva. Se crea para tal objeto la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro. Su ley inicial, publicada el 19 de agosto de 1925 desgraciadamente persigue el limitado objetivo de conceder pensiones de retiro y, prácticamente, ninguna otra prestación social. Esta primera tentativa del régimen para dar seguridad a sus trabajadores fracasa en este propósito por no constituir un sistema integral, sino un esfuerzo aislado que satisface muy incompletamente un solo capítulo de las múltiples necesidades de estos trabajadores.

Para los años de 1926 y 1927, la organización magisterial se encontraba tan avanzada a lo largo del país, que su por su propio peso la necesidad de confederarse. Fue así como en esos años se integra la Confederación Nacional de Maestros, cuyo primer Secretario General fue Vicente Lombardo toledano, quien la entregó al profesor Gildardo F. Avilés.

En 1928, con la intervención indebida de algunas autoridades escolares, se escinde el movimiento magisterial y se forma la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza que actúa con independencia de los órganos gubernamentales, y la Confederación Mexicana de Maestros que tolera la intervención estatal .1

Los principales artículos de la Ley de 1925

La Ley de Pensiones Civiles comprendió 94 artículos agrupados en los siguientes capítulos:

1. Disposiciones preliminares.
II. De las pensiones y auxilios.
III. Del fondo de pensiones.
IV. De la Dirección y Administración del Ramo de Pensiones.
V Disposiciones generales.
VI. Disposiciones transitorias.

La propia ley establecía:

Art.1. Los funcionarios y empleados de la Federación y del Distrito y Territorios Federales, tienen derecho, en los términos de esta ley, a pensiones de retiro cuando lleguen a la edad de sesenta años cumplidos o se inhabiliten para el servicio, si en uno u otro caso han servido por un tiempo igual o superior al que como mínimo determina esta ley.
El retiro forzoso con goce de pensión, se ajustará a lo prevenido en los arts. 8 a 10.

Art. 2. Las pensiones pasarán a los deudos del pensionista, cuando éste fallezca, en los términos que se determinan en los arts. 24, 33 y 34 de la presente ley.

Art. 3. Tienen derecho a los beneficios de esta ley, todos los encargados de un servicio público que no sea militar, incluyendo los de carácter docente y cuyos cargos y remuneraciones estén enumerados en las leyes orgánicas del respectivo servicio o en el Presupuesto de Egresos, o que en virtud de disposición legal, sean pagados con cargo al Erario Federal o al del Distrito o Territorio respectivo, con excepción de los siguientes:

I. Los diputados y senadores;
II. Los que sirvan mediante contrato;
III. Los que tengan como remuneración honorarios o comisión proporcionales al trabajo desempeñado o a los resultados obtenidos.

Los que presten sus servicios en calidad de artesanos u operarios, o que formen parte de la servidumbre, se considerarán comprendidos en las disposiciones de esta ley, si se les expide despacho o nombramiento mediante el cual acrediten que sus servicios tienen el carácter de permanentes.2

Sobre las pensiones y auxilios señalaba:

Art. 7. Tienen derecho a pensión:

I. Los funcionarios que cumplan sesenta años de edad, después de quince años, por lo menos, de trabajos;
II. Los deudos de los funcionarios que fallezcan en el cumplimiento de sus deberes o a consecuencia de él, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en funciones;
III. Los funcionarios que se inhabiliten física o intelectualmente, de manera permanente, por causa de su servicio, sea cual fuere el tiempo que hayan estado en funciones, a menos de que la inhabilitación sea producida por culpa del mismo funcionario;
IV. Los que se inhabiliten física o intelectualmente, de manera permanente, por causas ajenas al desempeño del cargo o empleo, si tienen por lo menos, diez años de servicios y que la inhabilitación no sea consecuencia del abuso de bebidas o sustancias nocivas, ni de otros actos que se puedan calificar de mala conducta.

El fondo de pensiones se formaría, fundamentalmente, con las asignaciones provenientes de los sueldos. Y establecía la Dirección y Administración del Ramo de Pensiones:

Art. 64. La administración del ramo de pensiones corresponderá privativamente a la Dirección de Pensiones, cuyo órgano superior será una junta que se denominará Directiva y que para la ejecución de sus resoluciones tendrá a sus órdenes inmediatas y exclusivas a un funcionario que, con el nombre de Director de Pensiones será el jefe del personal de la oficina que ha de tener a su cargo el trabajo administrativo.

Art. 65. La Junta Directiva se compondrá de siete miembros: uno nombrado por el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda; otro nombrado por el Gobernador del Distrito; dos nombrados de igual manera, con el encargo especial de representar y vigilar, en cuanto pudiere ser necesario, los intereses de los funcionarios de uno y otro Gobierno; y dos que no desempeñen ningún cargo oficial, nombrados por los cuatro antes enumerados, siendo el séptimo el Director de Pensiones.

El presidente Calles informa

La Ley de Pensiones Civiles de Retiro, expedida por el presidente Calles, constituyó una conquista histórica para los trabajadores al servicio del Estado. En su informe del 1° de septiembre de 1925, el presidente Calles explicó los alcances de dicha ley:

La Ley de Pensiones de Retiro: La Ley de Pensiones Civiles de Retiro, que establece un sistema de funcionamiento similar al generalmente adoptado por las naciones más cultas y mejor administradas, no considera ya la pensión como una mera gracia que otorga el Estado, sino como una de las condiciones aceptadas por la administración y los empleados que la sirven, siendo sus características principales que la fuente de fondos para el pago de pensiones se forme, en parte, con el descuento reducido que se hace a los empleados sobre el importe de sus sueldos, en proporción a su edad, y el reconocimiento de la obligación del Estado de contribuir a la seguridad y bienestar de sus servidores cuando éstos pierdan su aptitud para el trabajo, destinando al fondo de pensiones una suma proporcional. Consecuencia del sistema de cooperación de los empleados al fondo de pensiones, es la supresión de muchas taxativas y restricciones para los pensionados que han sido hasta ahora tradicionales, así como la transmisión de la pensión a sus deudos, si aquellos fallecen, considerándose la pensión como una contratación de un seguro.

Las pensiones concedidas con anterioridad seguirán pagándose con cargo al Erario y las nuevas serán con cargo al fondo de pensiones.

El Ejecutivo espera que luego que el nuevo sistema llegue a funcionar normalmente, las erogaciones del Erario por concepto de pensiones sean cada vez menores, pues las de nueva concesión serán cubiertas del fondo y las actuales irán extinguiéndose gradualmente hasta desaparecer.

El fondo estará administrado por una junta especial en cuya formación tendrán parte muy principal el Ejecutivo, el Gobierno del Distrito y los empleados, funcionando dicha junta con autonomía; las resoluciones de esa misma quedarán sujetas a la revisión de la Secretaría de Hacienda cuando lo soliciten lo empleados a quienes afecten.

Con el fin de beneficiar directamente a los servidores de la nación, se establece, por último, que las cantidades sobrantes del fondo sean empleadas en facilitarles la adquisición de terrenos o casas y aun el establecimiento de pequeñas empresas agrícolas o industriales y en la construcción de casas higiénicas para arrendarlas a los propios empleados en condiciones favorables. Es satisfactorio para el Ejecutivo iniciar por medio de esta ley, el establecimiento del Servicio Civil, entre cuyas bases figuran el retiro por edad avanzada y las consiguientes pensiones.

 

1 Sánchez Mireles, Rómulo. “El movimiento burocrático”, en México, 50 años de Revolución, tomo II, 1961.

2 ‘Ley General de Pensiones Civiles de Retiro”, Diario Oficial, 19 de agosto de 1925.