La resistencia sindical

En tanto que los canales gubernamentales 11 y 13 de TV se sumaron a la "Universidad extramuros" impartida hasta esa fecha por los canales 2, 4, 5 y 8 de Televisa, el STUNAM recibió la solidaridad de más de 15 organizaciones obreras, estudiantiles y comunidades académicas, tal era el caso de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, el Sindicato del Metro, el SITUAM, y la Unión Sindical de Catedráticos de la Universidad Autónoma de Guerrero (USCUAG).

El 29 de junio, el STUNAM organizó una exitosa manifestación en su apoyo, comparada únicamente con las marchas estudiantiles de 1968 y las sindicales convocadas en 1975 y 1976 por la Tendencia Democrática del SUTERM, encabezada por Rafael Galván. Ese día la movilización partió de la glorieta del Metro Insurgentes hasta el Hemiciclo a Juárez; en el acto se destacó la presencia de decenas de contingentes obreros, campesinos, estudiantiles y de colonos venidos tanto del D.F., como del interior de la República. Durante el mitin se denunció que la huelga había estallado por la intransigencia de las autoridades universitarias; se dijo también que ésta no es ilegal, sino constitucional; se pidió consignar al Dr. Soberón por "daños a la nación", debido a que se paralizó la investigación científica al verse afectada con el corte de la energía eléctrica y el agua en la Ciudad Universitaria por parte de las autoridades.1 En ese mismo acto se leyeron dos importantes mensajes. Uno de ellos suscrito por dos de los pocos diputados constituyentes de 1917, que para entonces quedaban vivos: Alberto Terrones Benítez y Cándido Avilés.2 El otro de los mensajes fue la carta de renuncia del Dr. Julián Adem, director del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, enviada al rector Guillermo Soberón, sin duda, una de las manifestaciones de dignidad más significativas en la historia de la UNAM.3

Otras acciones desarrolladas en favor de la huelga fueron las de 35 sindicatos de 20 universidades del país a través de la FSTU, quienes anunciaron que efectuarían un paro en apoyo al STUNAM. También algunos planteles del IPN como la Escuela Superior de Economía (ESE), la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), se sumaron al apoyo solidario. Lo mismo hizo la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH).4 En cuanto a la ENAH, en asamblea general acordó: repudiar la política laboral del Estado impuesta por la represión, testimonio de ello -se indicó en un documento- son las acciones represivas contra el STINFO-NAVIT, ANAMERE, la TD del SUTERM, etc.5 Esta última manifestó en un desplegado que la ofensiva contra las universidades "parece ser la táctica seleccionada para iniciar las provocaciones en gran escala, que propicien un ambiente de represión y de agitación social (...). La huelga es un derecho natural de los trabajadores. Y los maestros y empleados de las Universidades lo son en plenitud. Por ello, la tendencia democrática expresa su absoluto apoyo a la lucha del STUNAM".6

La rectoría, agudizando la polarización

El mismo 29 de junio, el rector Soberón señaló que "la posición de la UNAM seguía siendo firme en cuanto a mantener la vida académica en forma continua. Más adelante, acotó que antes de acudir a la fuerza pública (lo cual quiere decir que tampoco la descartaba) todavía existen muchos medios que pueden ponerse en juego".7 Entre tanto, varios senadores y un grupo de militantes priístas, luego de asegurar que sí procede el despido masivo en la UNAM, propusieron la acción penal en contra de los huelguistas "porque su pretendida acción laboral es ilícita y el Estado mexicano ha perdido hasta la fecha 400 millones de pesos".8 En otro orden de ideas, la Secretaría de la Defensa Nacional declaró que "el ejército entraría en acción sólo si el presidente José López Portillo o el titular de la misma lo pidieran".9

En este conjunto de expresiones tendientes a acorralar a los huelguistas, por supuesto que no podían faltar las declaraciones de dos de los más importantes líderes obreros oficialistas: la del viejo dirigente de las gafas oscuras, Fidel Velázquez, secretario general de la CTM desde 1941 hasta 1997, quien aprovechó el momento para manifestarse en contra del sindicalismo independiente, al que acusó de querer desestabilizar al país manipulando a movimientos como el del STUNAM, ANAMERE, ST-INFONAVIT, etc.10 La otra declaración, relativamente similar a la anterior, fue la del líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Carlos Rivapalacio, quien arremetió en contra de los supuestos "grupos ultraizquierdistas encabezados por el Partido Comunista Mexicano por su afán de crearle problemas al gobierno del presidente José López Portillo".11

Para esta fecha, el movimiento había tomado tanta relevancia en los di-ferentes ámbitos de la vida pública nacional, que hasta el propio presidente José López Portillo, en una entrevista que tuvo con los corresponsales extranjeros, hubo de referirse a él, al señalar que existen dos alternativas de solución del problema laboral en la Universidad Nacional Autónoma de México: "o el rescate de la idea de comunidad, adecuado a la universidad de masas, fortaleciendo al poder legislativo, ejecutivo y sobre todo el judicial dentro de la universidad (...) o que se deseche la idea de la comunidad universitaria y se instituya el régimen laboral en el que deberán inscribirse los trabajadores en este sistema 'sui generis' de empleo que es la Universidad". Más adelante, señaló que la huelga en la UNAM es "la crisis del problema universitario, por lo que resulta necesario manejar muy bien la situación para darle una solución adecuada, ya que no es el momento de hacer planteamientos radicales".12

Un día después de estas declaraciones, interpretadas por el rector Soberón "como una clara advertencia para quienes pretenden usar las casas de estudios como arietes con fines políticos",13 el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), hizo un llamado a las dos partes en conflicto para que buscaran un acercamiento. Asímismo, se propuso como mediador.14 Por otro lado, los rectores de las universidades autónomas de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Sinaloa, en lo que se concibió como un verdadero espaldarazo al movimiento huelguístico, dijeron que la intransigencia y el autoritarismo deben ser desechados en las relaciones entre universitarios, y que el reconocimiento de los derechos laborales no impide el desarrollo de la vida académica.15

El día 30 de junio, el expresidente Miguel Alemán, uno de los principales accionistas del grupo Televisa y ampliamente conocido por su trayectoria reaccionaria, calificó como "un delito de lesa patria" a la huelga en la UNAM. En tanto el rector Soberón expresó que la rectoría estaba abierta para buscar una solución del conflicto. Aprovechó la ocasión para insistir en su propuesta del apartado "C", luego de que dijo: "hace falta legislar las relaciones laborales entre la Universidad y sus trabajadores". Concluyó su declaración manifestando que "no estaba en contra del sindicalismo independiente".16 Al parecer, estas fueron algunas de las pocas declaraciones, para no decir que las únicas, por parte del jefe nato de la UNAM, que no tuvieron el tono inflexible que desde antes de que estallara el movimiento huelguístico caracterizaron a las autoridades universitarias centrales.

Cabe subrayar que este aparente cambio del rector no tenía nada casual, sino que en gran medida se debió al amplio apoyo solidario que para esas fechas había logrado el sindicato y su movimiento. Aunque es importante destacar que lo declarado por el rector sólo fue una falsa y efímera expectativa, ya que inmediatamente después el Dr. Valentín Molina Piñeiro, secretario de la rectoría y ampliamente conocido por representar la "línea dura" en la UNAM, expresó que "la UNAM no aceptará la mediación de nadie" (se refería a la propuesta del Consejo Universitario de la UANL, hecha apenas un día antes). Y con relación al corte de energía eléctrica, agua y teléfono en la Ciudad Universitaria, indicó: "Si los integrantes del STUNAM se encuentran allá y nosotros aquí (en el Instituto Nacional de Nutrición) ¿quién lo pudo haber hecho?.17 Era evidente pues, que para estas fechas, la posición intransigente de la rectoría seguía aún en pie.

El mismo 30 de junio la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal (DGPyT) aseguró que no intervendría en el problema universitario, a menos que se lo pidiera oficialmente el regente del DDF, profesor Carlos Hank González. En su declaración, la corporación policiaca también desmintió el rumor en el sentido de que se estuvieran introduciendo granaderos y policía montada en la CU.18

A su vez, la diputada Federal priísta, Ifigenia Martínez de Navarrete, exdirectora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM (ya para entonces Facultad), en un tono mucho más mesurado que el usado por otros integrantes del PRI, recomendaba que el problema no tenía por qué salir de la UNAM.19 Casi en los mismos términos al de la maestra Ifigenia se manifestaron sus compañeros de partido, también diputados federales; Rodolfo González Guevara y Antonio Tenorio Adame, cuando dijeron que "el problema de la UNAM se debía a la falta de democracia en esa institución".20 Hoy día, estos tres declarantes militan en el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por otra parte, mientras que el STUNAM indicaba que con la unidad y la cohesión "se lograría vencer la intransigencia de Soberón, avalada por el gobierno",21 la Comisión Coordinadora Estudiantil del Valle de México, que aglutinó a un significativo número de estudiantes de facultades y escuelas del Distrito Federal, discutió la posibilidad de demandar la renuncia del rector.22 Empero, esta posibilidad nunca llegó a cristalizarse.

El día 1º de julio, y ante la imposibilidad de las autoridades universitarias para dividir y acabar al movimiento por conducto de la intensa campaña de declaraciones y amenazas, la rectoría de la UNAM, a través de su director general de personal, el C. P. José Romo Díaz, solicitó empleados para cubrir los servicios administrativos.23 Esta medida, que iba acompañada de la amenaza de rescisión de contratos a los huelguistas, constituyó uno de los actos más indignos y vergonzantes de la administración soberonista. Una verdadera burla no sólo a la UNAM, sino a la opinión pública, y particularmente a los miles de desempleados que acudieron a ese llamado con la ilusión de obtener un trabajo "de lo que fuera", dentro de la institución.

En otro orden de ideas, es importante señalar que mientras se montaba todo este engañoso espectáculo con la finalidad de restarle militantes al STUNAM, desde el día 28 de junio persistía la amenaza de rescisión de contratos por parte de la rectoría, si es que el 1º de julio a las 20 horas los huelguistas no regresaban a sus labores.

Paralelamente a esta amenaza, el sindicato siguió recibiendo múltiples manifestaciones de apoyo. Entre éstas las de tres agrupaciones estudiantiles y sindicales del IPN, de varias organizaciones de maestros e investigadores universitarios, así como de grupos de intelectuales. En todos los casos, reprobaron tanto la amenaza de rescisión de contrato al personal sindicalizado como la intransigencia de la rectoría. En forma muy diferente a lo propuesto por la patronal universitaria, se manifestaron porque se iniciaran las pláticas como la única salida al conflicto.24

La noche del 1º de julio, al vencer el plazo fijado por la rectoría para que los trabajadores volvieran a sus labores, millares de éstos asistieron a los piquetes de huelga, y los convirtieron en auténticas verbenas populares con bailes, música y cena para celebrar el fracaso soberonista. Simultáneamente, el STUNAM anunció que la huelga proseguiría. Por su parte, la rectoría, no conforme con su fracaso, decidió ampliar el plazo hasta el día siguiente a las 12 horas, con el objeto de recoger las firmas en su apoyo.25

Como una medida complementaria a la amenaza de despido masivo de huelguistas y posiblemente teniendo como marco referencial las sugerencias hechas por el abogado Ignacio Burgoa, el mismo viernes primero de julio el Lic. Diego Valadés, abogado general de la UNAM, presentó una demanda contra el STUNAM ante la Procuraduría General de la República (PGR). Ahora no se trataba del delito de "disolución social" (derogado del Código Penal del D.F., en 1970), muy usual para acabar con los movimientos sociales opositores al régimen como fue, entre otros casos, el de la huelga ferrocarrilera de 1958-59, sino de una nueva modalidad que dicha normatividad contiene: los delitos de sabotaje y despojo, tipificados en los artículos 140 y 395, respectivamente.26

Los hechos en los que la rectoría fundaba su denuncia, misma que representaba una amenaza abierta de represión formal y concreta contra la huelga, el sindicato y los trabajadores, eran: "La toma de instalaciones, la suspensión total de las actividades desde el día 20 de junio y por causar daños que suman -según la versión de la rectoría- 220 millones de pesos".27 Esta denuncia, aunque falsa, se sumó a la escalada represiva tendiente a abonar más el terreno contra el movimiento, culminando una semana después con la intervención policiaca dentro de la Ciudad Universitaria.

La amenaza penal del Lic. Diego Valadés se vio significativamente fortalecida con la declaración del ingeniero Javier Jiménez Spriú, secretario general administrativo de la UNAM, quien luego de afirmar que el día 2 de julio a las 12 horas (fecha y hora definitiva para volver al trabajo) habían firmado un total de 19,460 empleados, puntualizó que, "con-figurados los delitos por los que la Universidad hizo la denuncia ante la PGR, la autoridad continuará los procedimientos que se requieren en el caso, y deberá llegarse el momento en que se tenga que tomar una decisión de cómo y en qué forma se sacará a las personas que estén posesionadas de las instalaciones universitarias". Finalmente, el funcionario ratificó la posición de la UNAM en el sentido de no negociar con el STUNAM los principios académicos de la institución.28

El STUNAM en respuesta, además de rechazar la supuesta cifra de firmantes que presentaba la rectoría, por estar totalmente falseada, se comunicó con el rector de la UANL para solicitarle que interviniera como mediador en el conflicto, a fin de iniciar lo más pronto posible las pláticas con las autoridades universitarias de la UNAM. Simultáneamente, el sindicato siguió recibiendo el apoyo solidario de varias organizaciones sindicales independientes de diferentes partes del país. Asimismo, para el STUNAM fue muy significativo el apoyo de la Asociación del Personal Académico de Carrera (APAC), que aglutinaba a profesores e investigadores de tiempo completo y medio tiempo de la UNAM, la que reprobó "El uso de una política empresarial utilizada por rectoría", como forma de solución de la huelga. En su lugar, este agrupamiento pidió un diálogo abierto entre el STUNAM y las autoridades.29

En tanto, la Dirección General de Información (DGI) de la UNAM manifestó, a través de un desplegado periodístico publicado el día 3 de julio en todos los diarios matutinos de la capital mexicana, que "El STUNAM quiere suprimir al Consejo Universitario y a la legislación universitaria al establecer contractualmente los lineamientos para la admisión, promoción, adscripción y definitividad del personal académico (...), administrar los horarios de los profesores (...), eludir el concurso de oposición para el personal académico (...)".30 Simultáneamente a todo esto, el rector prometía, sin señalar día ni método, que "El conflicto en la universidad quedará resuelto en pocos días".31 Es muy probable que para estas fechas ya se había pensado qué método se utilizaría en contra de la huelga.

Siguiendo con las opiniones y declaraciones sobre el conflicto universitario, el PST, pensando tal vez en congraciarse el apoyo oficial para obtener su registro, dijo en un desplegado, el cual dejó mucho que desear: "La huelga es un error político en las actuales circunstancias, pues se eligió la forma y el momento de la lucha pensando más en las particulares necesidades para mantener la hegemonía al interior del sindicato, que en los intereses de los trabajadores (...)".32

El día 4 de julio el STUNAM dio a conocer una declaración cuya principal finalidad fue desmentir la versión de la DGI de la UNAM, en el sentido de que dicho agrupamiento pretendía suprimir al Consejo Universitario. En su respuesta, el sindicato precisó: "La versión de la UNAM sobre nuestro Contrato Colectivo, distorsiona dicho proyecto, por darlo a conocer sólo fragmentariamente, ya que en ningún momento se pretende desaparecer al Consejo Universitario, ni a los concursos de oposición (...)".33

En esa misma fecha, se anunció en todos los periódicos capitalinos que más de siete mil solicitantes de trabajo causaron serios destrozos en el Hotel Romano a donde acudieron en tumulto, previa oferta que la rectoría de la UNAM les había hecho. Ante estos acontecimientos, las autoridades decidieron aplazar las contrataciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, dicho aplazamiento se convirtió en indefinido, porque nunca se concretó.

Empero, lejos de que estos hechos hubieran preocupado y avergonzado a las autoridades universitarias, fueron aprovechados en un desmesurado afán de atemorizar a los huelguistas, luego de que el Lic. Diego Valadés declaró: "Esto revela en toda su magnitud el problema del desempleo, -y añadió- el hecho será observado también por quienes tienen un empleo y están a punto de perderlo o lo han perdido en la Universidad, con lo cual llevan inseguridad a sus familias".34

Mientras tanto en la PGR, donde habían asistido a declarar los líderes del sindicato: Evaristo Pérez Arreola, Eliezer Morales Aragón y Álvaro Lechuga Wences, así como el Lic. Juan Manuel Gómez Gutiérrez, asesor legal del STUNAM, manifestaron en la diligencia que se inició a las 12:30 horas y terminó a las 15:40 horas de ese 4 de julio: "El STUNAM colocó las banderas rojinegras en las instalaciones universitarias apegándose estrictamente a lo establecido en el artículo 123 de la Constitución, inciso "A", por lo cual la base legal para la ocupación de las instalaciones es un apego irrestricto al derecho de huelga en virtud de que las autoridades universitarias se han negado a firmar el contrato colectivo".35 Ahí mismo, los dirigentes demandaron que se investigue a quien o quienes ordenaron la suspensión de los servicios del agua, el teléfono y la energía eléctrica en las instalaciones universitarias, ya que la falta de éstos ha provocado que aumenten las pérdidas padecidas por la UNAM.36 Por su parte, el Lic. Gómez Gutiérrez, declaró que no se puede acusar a los miembros del sindicato por abandono de empleo, toda vez que éstos se encuentran en su sitio de trabajo.37

El día 5 de julio, el conflicto se encontraba en su punto más álgido, luego de que ambas partes se acusaron de intransigentes. Así, por un lado, la rectoría dio a conocer dos nuevos comunicados públicos.38 A uno lo denominó "La UNAM abierta al diálogo", y al otro, "Condiciones de trabajo en la UNAM". El primero de éstos iba dirigido directamente contra el STUNAM, al cual regresó el calificativo de "intransigente", que el agrupamiento sindical había utilizado anteriormente contra la patronal universitaria, mientras que el segundo buscaba esconder detrás de las conquistas de los trabajadores académicos y administrativos, el sutil argumento de que han sido las autoridades universitarias y no los sindicatos, las que han hecho realidad esas conquistas.

Sin embargo, la intención de las autoridades universitarias al emitir estos dos comunicados no era la de llegar a una solución del conflicto por medio de la negociación, y tampoco lo afirmado en el segundo de éstos era cierto. Al fin de cuentas, el verdadero propósito que se escondía detrás de aquéllos, era confundir y mediatizar a la opinión pública, con miras a situar al STUNAM como el intransigente y con ello legitimar cualquier tipo de medida represiva.

Por su parte, el STUNAM, al referirse a ambos comunicados, señaló que la "universidad sabrá sortear la crisis institucional que le ha sido impuesta. Pero cualquier solución -añadió-, no podrá hacerse sobre la base de conculcar los derechos sindicales de los trabajadores".39

Respecto al mismo tema, el Centro Patronal del D.F., manifestó: "Da tristeza que el capricho de los grupos en pugna (rectoría y STUNAM) tengan semiparalizada a la UNAM (...), demandamos la modificación de las relaciones entre los trabajadores universitarios y la UNAM, y si los propios universitarios no pueden resolver esta crisis que enfrentan, otras entidades deberán hacerlo".40 En tanto, Ángel Olivo Solís, secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria del D.F., en una declaración aparentemente imparcial, luego de insistir en la necesidad de establecer una negociación política entre las partes, dijo: "no es con rescisiones de contrato, ni con represión como se encontrará una salida". Hasta aquí el líder obrero coincidía con la posición del STUNAM y otras organizaciones y personalidades que lo apoyaban. Sólo faltaba su granito de arena en apoyo al Estado y a los grupos antihuelguistas. En esta línea, el dirigente corista acotó: "El STUNAM, está siendo arrastrado a un enfrentamiento con el gobierno por un grupo de provocadores trotskistas".41 Por supuesto que no dio el nombre del agrupamiento y mucho menos el de los supuestos provocadores.

Como se ha observado, para entonces, muy lejos de haberse vislumbrado alguna solución, el conflicto tendía a polarizarse todavía más, al grado de que ya empezaban a presentarse algunos hechos con los cuales era posible prever una futura agresión al movimiento huelguístico. En efecto, desde el 4 de julio por la noche, en un boletín de prensa firmado por Erwin Stephan Otto, secretario de Prensa y Propaganda del STU-NAM, y por ende el vocero oficial de éste, denunció el secuestro, con lujo de violencia, en su propia casa, así como la posterior desaparición, hasta ese momento, del profesor Antonio Martínez Torres, quien además de ser maestro de Historia en el CCH Oriente, "se ha destacado por su participación en las actividades del sindicato".42

El vocero sindical también denunció que desde el inicio de la huelga, en todos los actos públicos realizados fuera de las instalaciones universitarias, la policía siempre había estado presente.43 De igual manera, se conoció que el mismo día 4 de julio un grupo de granaderos, luego de arrancar las banderas de huelga colocadas en la Preparatoria No. 8, de Mixcoac, detuvieron a los promotores de un mitin que ahí se efectuó.44

Pero el objetivo de estos primeros actos de agresión no eran precisamente el de golpear selectiva o aisladamente a los huelguistas como se aparentaba hasta entonces. Atrás se escondía y maquinaba una represión masiva más cruda y violenta que la simple agresión verbal que desde antes de iniciado el conflicto había aparecido como táctica por parte de las autoridades universitarias y sus aliados dentro y fuera de la UNAM.

Ahora para la rectoría, aliada con grupos del interior y exterior de la Universidad, así como con el propio gobierno, le había llegado el momento de asestar el golpe definitivo contra el movimiento huelguístico. Su escalada represiva se había gestado de diversas formas: declaración de la Junta de Conciliación, amenaza de rescisión de contratos, alianza con Televisa para impartir las "clases" extramuros, engaño a los desocupados, corte de los servicios del agua, energía eléctrica y teléfono en la Ciudad Universitaria, acusación penal por los delitos de despojo y sabotaje contra algunos dirigentes del STUNAM, negativa permanente para iniciar pláticas con los huelguistas, etc. Éstos y otros factores fueron los que le allanaron a la rectoría el camino para imponer su decisión y condiciones por medio de la fuerza.

 

NOTAS

1. Ibidem, La Prensa y El Universal, 30 de junio de 1977.
2. El texto íntegro de la carta fue publicado en Proceso, No. 35 (4 de julio de 1977, p. 13); textualmente dice lo siguiente:
"A los trabajadores de México:
En ocasión de la lucha que hoy libran los trabajadores universitarios por el ejercicio de sus derechos constitucionales, queremos declarar que antes de nuestra participación en el Congreso Constituyente de 1917, estuvimos en contacto con la clase obrera y campesina de México. De ellas aprendimos que no bastaba firmar la Carta Magna y por ello hemos luchado y vamos a luchar por el cabal cumplimiento de todos los derechos constitucionales.
Ante la situación que se presenta hoy en la Universidad, sostenemos que hoy como ayer nos oponemos a cualquier medida que tienda a limitar los derechos inalienables de asociación y huelga, para cualquier núcleo de trabajadores del país.
Fraternalmente
Alberto Terrones Benítez
Cándido Avilés
Diputados al Congreso Constituyente de 1917".
3. La carta publicada en Proceso, No. 35 (4 de julio de 1977), decía textualmente:
"Ante la imposibilidad moral de doblegar mi conciencia siguiendo las instrucciones que usted me ordena seguir en lo concerniente a la huelga de los trabajadores universitarios, no me queda otra alternativa que la de presentarle mi renuncia irrevocable al cargo de director del Centro de Ciencias de la Atmósfera.
Lastimosamente el diálogo se ha roto en nuestra casa de estudios. Repudio absolutamente el procedimiento que usted ha escogido para resolver el problema que ahora existe en nuestra Universidad, el cual ha propiciado la división entre los Universitarios y dañado irreversiblemente la coexistencia de una pluralidad de ideologías que por fuerza debe existir en una universidad como la nuestra.
Espero que comprenda que aún existen personas que habiendo trabajado en una institución en donde esa pluralidad era un factor determinante, no pueden aceptar los términos que usted exige para seguir trabajando en calidad de director de un centro de esta nueva universidad que usted intenta crear.
Continuaré desempeñando mis labores como investigador titular de tiempo completo de la UNAM, y como tal no firmaré ninguno de los documentos que usted me exige firmar para continuar siéndolo. Correré la suerte de aquellos que tienen una conciencia tranquila".
4. El Universal, 30 de junio de 1977, p. 1.
5. Excélsior, 30 de junio de 1977, p. 18
6. Ibidem, p. 21
7. El Día y El Universal, 30 de junio de 1977.
8. Ovaciones, 30 de junio de 1977, p. 3.
9. El Heraldo de México, 30 de junio de 1977, p. 5.
10 .Idem.
11. El Universal, 30 de junio de 1977, p. 14.
12. Excélsior, 30 de junio de 1977, pp. 1 y ss.
13. Ibidem, p. 12.
14. Idem.
15. Excélsior, 1º de julio de 1977, diversas páginas.
16. El Día, 1º de julio de 1977, pp. 1 y ss.
17. Ibidem, p. 2
18. Excélsior, 1o. de julio de 1977, p. 3
19. Ibidem, pp. 1 y ss.
20. Idem.
21. Idem.
22. Idem.
23. Ibidem, 2 de julio y días siguientes de 1977.
24. Ibidem, 2 de julio de 1977, p. 23
25. El Día y El Universal, 2 de julio de 1977, pp. 2 y 1, respectivamente.
26. Véase Carrancá y Trujillo, Raúl, y Carrancá y Rivas, Raúl; Código Penal Anotado; México, Edit. Porrúa, 1971, pp. 361-363 y 897-901, respectivamente.
27. Excélsior, 2 de julio de 1977, pp. 1 y 10.
28. La Prensa, Excélsior y El Sol de México, 3 de julio de 1977, pp. 3, 1 y 1, respectivamente.
29. Excélsior y El Sol de México, 3 de julio de 1977, pp. 1, 6, 37 y 12, respectivamente.
30. El Día, 4 de julio de 1977, p. 9
31. El Heraldo de México, 4 de julio de 1977, pp. 1 y ss.
32. El Día, 4 de julio de 1977, p. 12
33. Ibidem, 5 de julio de 1977, p. 2
34. Excélsior, 5 de julio de 1977, pp. 1 y ss.
35. Idem.
36. Ibidem y El Día, 5 de julio de 1977.
37. El Día, 5 de julio de 1977, p. 2
38. Excélsior, 5 y 6 de julio de 1977
39. Excélsior, 16 de julio de 1977, p. 14
40. Ibidem, p. 16
41. El Día, 6 de julio de 1977, p. 6
42. El Sol de México y El Universal, 5 de julio de 1977, pp. 3 y 25, respectivamente.
43. Idem.
44. "La huelga...", Op. cit., p. 32.