La "operación rescate"

El 6 de julio la rectoría anunció, por medio del abogado general, la rescisión de los contratos de trabajo de 37 dirigentes sindicales. Se trataba además de conocidos activistas, de los exmiembros de los comités ejecutivos de los desaparecidos STEUNAM y SPAUNAM.1

Para contrarrestar la ofensiva de la rectoría, a las 17:00 horas, del día 6 de julio, el STUNAM realizó una majestuosa manifestación. Ésta se vio nutrida de contingentes de los diversos sectores de la UNAM, de todas las instituciones de enseñanza superior de la capital y algunas de provincia, de grupos y partidos políticos de izquierda, de diversos sindicatos, colonos, etc., que reunieron casi 200 mil personas. Esa fue, sin duda alguna, la manifestación más grande del movimiento. Para la tarde, la columna partió de la explanada del Museo de Antropología e Historia y llegó hasta el monumento a la Revolución. Desde el momento del arribo de los primeros contingentes, hasta la llegada del último grupo de manifestantes, transcurrieron una hora con 45 minutos. Luego se efectuó un mitin. Durante éste, los oradores insistieron en que para concluir la huelga hacía falta el diálogo con las autoridades.2

No obstante la majestuosidad del acto político sindical, la rectoría, aliada con el gobierno, determinó iniciar su ofensiva final en contra del sindicato y de la huelga. En esta dirección, los diferentes pasos, seguramente muy bien calculados, fueron en esencia los siguientes:

Primeramente, la tarde del mismo 6 de julio, Álvaro Lechuga Wences, secretario del interior del STUNAM, en un boletín enviado y publicado por algunos periódicos, manifestó que los trabajadores del STEUNAM "decidieron rescatar al sindicato; (...) nos constituiremos en comisión negociadora para obtener además de los puntos de rectoría, el cese a la represión y el pago de salarios caídos, ya que las condiciones actuales imponen el levantamiento de la huelga".3

Con la actitud de Álvaro Lechuga, totalmente coincidente con la política antihuelga de la patronal universitaria, quedaba muy claro que en su desesperado afán de acabar con el movimiento y de paso dividir al STUNAM, la rectoría había logrado cooptar a este dirigente para que cumpliera -junto con otros trabajadores administrativos- el triste papel de esquirol.

Alrededor de las 20:30 horas, poco después del mitin, fueron detenidos en diferentes partes de la ciudad por agentes vestidos de civil, los profesores Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto Parrodi, Jorge del Valle Cervantes y Alejandro Pérez Pascual; los tres primeros eran integrantes del Comité Ejecutivo del STUNAM. Cer-ca de las 10 de la noche del mismo día 6, el Dr. Rosalío Wences Reza (exrector de la Universidad de Guerrero, y entonces secretario de Asuntos Académicos del STUNAM) también fue detenido afuera de su domicilio.4

Después de que la rectoría no había logrado sus objetivos ni a través del caso "Lechuga" ni con los despidos de las 37 personas ni con las detenciones de algunos de los principales dirigentes, sólo le quedaba jugarse la última carta, aparentemente la más efectiva, pero también la más riesgosa ante la posibilidad de radicalizar y extender a otros ámbitos del país, el conflicto sindical universitario: la represión policiaca.

Fue en esta dirección en la que el 7 de julio, a las cinco de la mañana, tras la señal de una luz de bengala, 12 mil elementos de la DGPyT del D.F., comandados por Arturo Durazo Moreno, que previamente habían rodeado la Ciudad Universitaria, cerraron su cerco y en 75 minutos desalojaron totalmente las instalaciones ocupadas desde el día 20 de junio por los huelguistas del STUNAM.

En esta medida, mejor conocida como la "Operación rescate", además de los 12 mil elementos uniformados, también intervinieron un número indeterminado de agentes vestidos de civil, que se identificaron entre sí con brazaletes en el brazo izquierdo. En la actividad policiaca se ocuparon 330 vehículos, incluyendo tanques antimotines, autobuses foráneos y urbanos, patrullas y ambulancias, y dos helicópteros que continuamente sobrevolaron el campus universitario durante todo el lapso que duró ese desalojo.5

Sin embargo, la operación ni fue pacífica ni carente de armas por parte de la policía, como entonces se dijo. Efectivamente, mientras que se realizaba la operación, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego, razón por la cual el general Enrique Corona Morales, jefe mayor de la DGPyT, responsable de la operación, así como el comandante de Motociclistas, Federico Balderas, respondieron: "Lanzamos algunos cohetes y tronamos palomas para facilitar la operación". También se supo que en esa ocasión un grupo de reporteros de diferentes medios, fue amagado con armas de fuego por la policía participante en el desalojo.6

Pero si la violencia se ejercía contra periodistas y vehículos que se encontraban en el campus universitario, (estos últimos fueron destrozados por la propia policía y llevados con grúas al corralón de Tránsito) ¿qué actitud se podía esperar contra los huelguistas detenidos?. Éstos, que oficialmente sumaban 531, pero que en realidad eran más de 1,000, fueron conducidos al Cuartel de Granaderos de Balbuena, en donde inicialmente fueron identificados por Álvaro Lechuga Wences, quien acompañó a la policía. Luego, los aprehendidos fueron interrogados por 25 agentes del Ministerio Público Federal coordinados por el director de Averiguaciones Previas de la PGR, Lic. Rodolfo Chávez Calvillo.7 Asimismo, decenas de golpeados con contusiones y fracturas de huesos (que mostraron los avances de la civilización policiaca) fueron atendidos en el hospital de Balbuena.8

A las 10:30 de la mañana del mismo día de la "Operación rescate", la policía entregó las instalaciones universitarias al rector Soberón, quien junto a otros funcionarios universitarios que lo acompañaron hasta CU, declaró: "Se ha llegado a una situación que hubiéramos preferido evitar (...) -y añadió- "quiero expresar que ante la intransigencia, la Universidad se ha apegado estrictamente a la aplicación del derecho. Vivimos en un régimen de derecho y la Universidad no es ajena a la jurisdicción nacional".9

Sin embargo, no conformes con los resultados obtenidos en la "Operación rescate", la policía extendió su radio de acción sobre los locales sindicales del STEUNAM y SPAUNAM ubicados en las calles de Chilaque 9 y Nicolás San Juan 1442, respectivamente, así como a los del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA).10

De estos locales, que no eran propiedad de la UNAM, y por consiguiente no se tipificaba absolutamente ningún delito contra los huelguistas, los agentes se llevaron además de los utensilios de oficina (máquinas, papelería, escritorios, mimeógrafos y copiadoras), los archivos.11 Lo que demostraba pues, que la escalada policiaca no sólo iba dirigida exclusivamente sobre las personas del STUNAM, sino contra otros grupos, organizaciones, centros y documentación. ¿Entonces, de qué otra manera podrían entenderse las acciones represivas en contra de las oficinas y archivos del STUNAM, CLETA y Cencos?

Aproximadamente a las 16 horas de ese mismo día 7, y una vez que registraron todos los locales, aulas, bibliotecas, etc., y convencerse completamente de que los huelguistas ya no volverían, la mayoría de los policías, agentes y granaderos participantes en la acción, abandonaron CU. Dentro del campus universitario, sólo se quedó una pequeña guardia, la que, sin embargo, pocos días después fue retirada.

Inmediatamente de haber sido ejecutada la denominada "Operación rescate", vino la discusión para determinar quiénes eran los autores intelectuales de la misma. En esta tesitura, el general Enrique Corona Morales indicó que la acción había sido ordenada por el general Arturo Durazo Moreno, jefe de la policía metropolitana durante el sexenio de José López Portillo, acatando un mandato de la PGR. A su vez, el director de Averiguaciones Previas de la PGR, Rodolfo Chávez Calvillo, en su empeño por encubrir la política de la rectoría, señaló que "la detención de universitarios y la ocupación de las instalaciones no requería orden judicial, porque estaban en flagrante delito de despojo".12

Por lo demás, era totalmente falso -como se decía en la declaración- que la multicitada "operación" fuese responsabilidad exclusiva de la PGR, arguyendo la tipificación del delito de despojo. Lo cierto es que en su preparación habían intervenido tanto autoridades universitarias como gubernamentales de alto rango, ya que en México, con una fuerte tradición presidencialista, por no decir autoritaria, estaba claro que un acto tan delicado como es el de allanar un recinto universitario, y particularmente el de la máxima casa de estudios del país, para detener a profesores, investigadores y empleados administrativos, cuyo único "delito" era el de demandar sus derechos laborales estipulados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto que no era sólo obra del procurador general de la República, sino del presidente y el rector Soberón, quien seguramente solicitó el apoyo de la fuerza pública. Hay que recordar que en el mes de agosto de 1973, siete meses después de asumir la rectoría, el Dr. Soberón había hecho exactamente lo mismo.

Por su parte, la PGR, que como órgano administrativo depende directamente del presidente de la República (quien nombra y remueve discrecionalmente a su titular), también fue responsable de la violación a la autonomía universitaria desde el momento en que ordenó la ocupación, luego de que el DDF tipificó el delito de despojo, previsto en el artículo 168 del Código Penal.13 Es decir, una dependencia administrativa se convirtió en judicial y obedeció a un escrito dirigido por el procurador general de la República, Óscar Flores Sánchez, al regente de la Ciudad, Carlos Hank González, quien a su vez aprobó la acción y ordenó a la DGPyT del DDF, misma que ejecutó materialmente toda la operación.

Estaba claro que la parcialidad y decisión unilateral de las autoridades gubernamentales, más que realizar una simple operación policiaca, tendía a terminar con el derecho de huelga y de paso dar un escarmiento al sindicalismo universitario y a las fuerzas de izquierda.

Mientras que la policía aparecía como la responsable inmediata de todos los hechos ocurridos en el campus universitario, el ejército había permanecido al margen (al menos oficialmente) de los acontecimientos. Pero el mismo día del allanamiento al campus, el secretario de la Defensa Nacional, general Félix Galván López, después de salir de una reunión con el presidente de la República en Palacio Nacional, señaló: "Las condiciones en que vive el país son muy diferentes a las de 1968. Por lo tanto, en cuanto se aplique la ley y haya elementos suficientes para apoyarla, no se producirán sucesos como los ocurridos en aquel año". Más adelante informó que el ejército estaba acuartelado para intervenir en caso de que hubiere alguna reacción que afectara la paz interior del país.14 Por su parte, el presidente José López Portillo, inquirido por los reporteros respecto a los hechos ocurridos en la CU, se limitó a decir, horas después de la operación: "ya haremos comentarios oportunamente".15 En efecto, días más tarde, el presidente de la República oficializó públicamente su punto de vista sobre la intervención policiaca en la Ciudad Universitaria, luego de manifestar que había sido "la decisión más adecuada".16

El mismo día 7 de julio, aún cuando dirigentes y trabajadores de base del STUNAM permanecían presos, varios locales sindicales ocupados y saqueados por la fuerza pública, y una persistente amenaza de ampliar las detenciones contra más líderes y activistas stunamitas, Evaristo Pérez Arreola, en un improvisado mitin que se efectuó en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, al que concurrieron aproximadamente 2,000 personas, entre trabajadores, maestros y estudiantes, manifestó que las demandas que condujeron a la huelga "siguen vigentes como respuesta a la represión ejercida esta mañana contra el sindicalismo independiente universitario". Recordó que el rompimiento de la huelga y la represión, sólo se realizó en la CU y no así en las demás instalaciones de la UNAM localizadas en el D. F., y en la zona metropolitana, donde la bandera rojinegra continuaba. En el acto sindical, exigió la liberación de los detenidos, al tiempo que formuló serias y enérgicas acusaciones en contra del rector por haber pedido la entrada de la policía. Asimismo, dio a conocer el acuerdo del Comité de Huelga, en el sentido de expulsar de las filas del sindicato a Álvaro Lechuga "por traidor y cómplice de la represión que tuvo lugar el día anterior".17 Finalmente, ratificó una vez más que el STUNAM estaba abierto a la negociación.18

En tanto que el Comité de Huelga stunamita decidía proseguir el movimiento, varios sindicatos universitarios, diversos partidos políticos sin registro, organizaciones estudiantiles y varios comentaristas, hicieron una enérgica protesta por la flagrante violación de la autonomía universitaria y la represión policiaca. Algunas de estas personas, escuelas y sindicatos fueron entre otras: el rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), 6 secciones del SNTE, el SITUAM, varias escuelas del IPN, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y el INAH.

En el mismo tenor, en la Escuela Superior de Economía del IPN se efectuó un acto estudiantil donde se decidió realizar un mitin en la explanada de la Unidad Profesional de Zacatenco para el día 8 de julio a las 16 horas en apoyo al STUNAM. Por su parte, la FSTU ratificó su decisión de realizar el paro anunciado desde días antes, también para el día siguiente, en más de 20 universidades del país en apoyo de la huelga.19

Por la noche de ese mismo día, en un informe televisivo dirigido a la Comunidad Universitaria, el Dr. Soberón mantuvo la misma posición de inflexibilidad que había tenido desde que surgió el STUNAM, luego de afirmar que sólo una minoría participó en el movimiento, encabezados por "agentes de partidos que sólo buscaban militantes cautivos, amplio subsidio y sede inexpugnable".20 Es muy probable que se haya referido al Partido Comunista Mexicano, supuesto autor de los males habidos y por haber dentro del campus universitario.

En otro orden de ideas, y mientras el sindicalismo universitario independiente se reagrupaba, después de los últimos golpes recibidos, algunos organismos oficiales, agrupamientos laborales pertenecientes al Congreso del Trabajo, los cuatro partidos políticos registrados hasta ese momento (PRI, PAN, PPS y PARM), así como las asociaciones patronales de la iniciativa privada y la denominada "prensa nacional" (Ovaciones, Excélsior, El Día, El Heraldo de México, La Prensa, El Sol de México, El Universal, etc.) se congratularon, apoyaron y aplaudieron la decisión de la rectoría y el gobierno de romper la huelga como la forma más acertada para la solución del conflicto. No cabe ninguna duda que en este tipo de actos el control gubernamental sobre los diferentes medios de comunicación masiva era absoluto.

Por esa razón, a la posición anterior, también habría de sumarse la totalidad de los canales televisivos, incluidos los estatales (11 y 13), la CTM, la FSTSE, la Federación de Cámaras de Comercio de Sonora, el ex-presidente Miguel Alemán, entre muchos otros.21 En todos los casos, éstos coincidieron en que con la intervención policiaca en la Ciudad Universitaria, se acabaría "la subversión en todo el país".

Al día siguiente del asalto a la Ciudad Universitaria, y con la sola excepción de los profesores Eliezer Morales Aragón, Pablo Pascual Moncayo, Erwin Stephan Otto, Rosalío Wences Reza, José Woldenberg y Jorge del Valle Cervantes, aprehendidos desde el miércoles 6 por la noche,22 la totalidad de los 525 trabajadores detenidos en la madrugada del 7 de julio fueron liberados, según informó la PGR.

Por otra parte, mientras que la DGPyT señalaba que la policía seguiría vigilando dentro de la CU hasta que el rector pidiera su retiro, Valentín Molina Piñeiro anunció que se levantarían actas sobre los daños y perjuicios ocasionados por los huelguistas en la Universidad. A su vez, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES), por boca de su presidente, el Dr. Rafael Velasco Fernández, estimó que "la entrada de la policía no significa que se haya violado la autonomía".23 En tanto que el rector Soberón, refiriéndose a la incursión policiaca en este recinto universitario, expresó en un tono menos agresivo que antes: "No es un triunfo ni una derrota de nadie, es simplemente un incidente de la vida universitaria".24 Refiriéndose también a los últimos acontecimientos, el líder del Senado y connotado dirigente sindical cetemista en el D.F., Joaquín Gamboa Pascoe, apoyó y aprobó las medidas adoptadas por la rectoría el día anterior.25

La tarde del 8 de julio, apoyado por más de 20 mil personas, entre maestros, estudiantes y trabajadores, se efectuó el mitin anunciado en la Unidad de Zacatenco del IPN. En éste, Evaristo Pérez Arreola declaró que el sindicato no está vencido y que seguía en pie de lucha. Paralelamente, cerca de 20 sindicatos universitarios y algunas escuelas del Politécnico, llevaron a cabo paros y movilizaciones solidarias con las demandas del STUNAM, para exigir la inmediata y definitiva desocupación policiaca de la CU, la libertad incondicional de todos los detenidos y la pronta negociación con el sindicato. A éstos se sumaron otros sindicatos independientes, rectores universitarios, varios núcleos de intelectuales y otras casas de estudio, como el Colegio de México, los que mediante declaraciones y múltiples desplegados, condenaron enérgicamente la entrada de la policía a los recintos universitarios.26

 

NOTAS

1. El Día y Excélsior, 7 de julio de 1977. De la relación de rescindidos, 20 eran trabajadores que habían pertenecido al STEUNAM. La lista completa era la siguiente: Evaristo Pérez Arreola, Horacio Zacarías Andrade, Álvaro Lechuga Wences, Nicolás Olivos Cuellar, Josefina Vázquez Torres, Raúl Méndez Spíndola, Pedro Gante Leonides, José Luis Gutiérrez Calzadilla, Ciro Peñaloza García, Miguel Mendoza Padilla, María Teresa O`Connor Rocha, Antonio Castillo Baca, Francisco Javier Elizalde S., Ángel Estrada García, Adrián Pedrozo Castillo, Pablo Pedro Gutiérrez Bardales, Odilón Rodríguez del Ángel, Armando Solares Bazaldúa, Elisa Tapia Benavides y Teresa Contreras López.
Por su parte, los 17 profesores despedidos fueron Eliezer Morales Aragón, Jorge del Valle Cervantes, Erwin Stephan Otto, Pablo Pascual Moncayo, Joel Ortega Juárez, Ricardo Vera Graciano, Rosalío Wences Reza, Lucinda Nava Alegría, Rosalinda Flores Echeverría, Salvador Chapa Galaviz, Enrique Bazua Rueda, César Chávez Castillo, Montserrat Gispert Imaz, Manuel Martínez Peláez, Marcela Neymet Urbina, Ismael Segura Vázquez y José Woldenberg Karavosky.
2. Idem.
3. Idem.
4. Idem.
5. "El mecanismo externo suplió al diálogo", en Proceso, No. 36, 11 de julio de 1977, p. 7.
6. Idem.
7. Entre algunas de las personas detenidas durante la madrugada en la Ciudad Universitaria, se encontraban los profesores Jacobo Casillas Mármol, César Chávez Castillo y José Woldenberg, este último, secretario de Educación Sindical, el único de los tres que no fue liberado de manera inmediata, como sucedió en los otros dos casos, sino que se sumó a la lista de los prisioneros aprehendidos desde la noche del 6 de julio.
8. Idem.
9. Últimas Noticias, Primera edición, 7 de julio y El Día, 8 de julio de 1977.
10. Idem.
11. "El mecanismo externo..." Op. cit., p. 10
12. Ibidem, p. 7
13. Últimas Noticias, Primera edición, y El Día, 7 y 8 de julio de 1977, respectivamente.
14. Idem.
15. Idem.
16. Excélsior, 15 de julio de 1977, p. 1 y 12
17. Además de Álvaro Lechuga Wences, también un reducido grupo de trabajadores administrativos de algunas dependencias universitarias, abandonaron por sÍ mismos al STUNAM. Esto es, nunca fueron expulsados como aquél, teniendo como objetivo el de reconstruir ("rescatar") al viejo STEUNAM que formalmente había desaparecido desde el mes de marzo de ese mismo año, luego de que se unificó con el SPAUNAM.
Pero independientemente del amplio apoyo político y económico que recibiera por parte de las autoridades universitarias y gubernamentales, este grupo, mejor conocido en el ámbito sindical universitario como Los lechugos, nunca logró su objetivo central: ser mayoría y disputarle la titularidad del contrato colectivo de trabajo dentro del sector administrativo al STUNAM.
Siete años después, ya visiblemente debilitados y sin ningún consenso entre el sector administrativo de la UNAM, durante el primer trienio de 1984 el grupo de Los lechugos se reintegró completamente al STUNAM. Una de sus primeras acciones fue participar en los comicios para la elección del Comité Ejecutivo que se efectuaron ese año, mismos que fueron ganados por el Frente Flores Magón, encabezado por Evaristo Pérez Arreola.
18. El Día, 8 de julio de 1977, pp. 1 y ss., y Proceso, No. 36, pp. 8-9.
19. Últimas Noticias, Segunda edición, 7 de julio; Excélsior, pp. 1 y ss.; El Día, pp. 1, 9 y 18; El Universal, p. 13 (todos del 8 de julio de 1977), y Proceso, No. 36, pp. 6-11.
20. Del Alizal, Laura, y Muñoz, Víctor Manuel: "Sindicalismo en la UNAM", Op. cit.
21. Últimas Noticias, Primera edición, 7 de julio, El Día, y todos los periódicos matutinos del día 8 de julio de 1977, tanto en su primera plana como en sus respectivas secciones editoriales.
22. Es importante destacar que los autores intelectuales de las detenciones se cuidaron muy bien de que sólo fueran los profesores e integrantes del Consejo Sindical.
23. El Día, 9 de julio de 1977.
24. Idem.
25. Ibidem, Excélsior y El Heraldo de México, 9 de julio de 1977.
26. El Día y Excélsior, 9 y 10 de julio de 1977.